Sentencia Contencioso-Administrativo 190/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Séptima, Rec. 2369/2021 de 20 de marzo del 2026

PRIMERO.-El recurso se dirige contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 17 de mayo de 2021, que declaró la inadmisibilidad del recurso extraordinario de revisión número 3197/2019 que declaró la inadmisibilidad del recurso extraordinario de revisión número 3197/2019 interpuesto contra resolución de fecha 8 de mayo de 2015 del Jefe de la Dependencia de Aduanas e Impuestos Especiales de la Delegación de Granada, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que desestima la solicitud de devolución de ingresos indebido mediante rectificación de autoliquidación, expediente 201400042935, referencia IVM201400042935, concepto Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH), períodos 1T-2010/ 4T-2010 y cuantía 18.410,18 euros.

El TEAC fundamenta la inadmisión en la naturaleza excepcional y tasada del recurso del artículo 244 LGT y, específicamente, en que el Auto del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2018 (rec. 1817/2016), aportado por Monte Alcalá, S. Coop. como documento esencial, no introduce hechos nuevos referidos al acto impugnado -la denegación por la AEAT de la devolución de ingresos indebidos-, sino una conclusión jurídica derivada de un procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado legislador; además, recuerda que la denegación administrativa se sustentó en la falta de legitimación activa de la entidad, extremo no alterado por aquel Auto.

SEGUNDO. - Sobre la posición procesal de las partes.

Sostiene la recurrente que el Auto del Tribunal Supremo constituye documento de valor esencial a efectos del artículo 244.1.a) de la LGT, al reconocer su condición de consumidor final y el derecho a ser indemnizada, lo que evidenciaría el error del acuerdo impugnado.

Para oponerse al recurso, aduce la Abogacía del Estado que el auto del Tribunal Supremo referido no versa sobre devolución de ingresos indebidos de la AEAT ni aporta hechos nuevos, sino criterios jurídicos de responsabilidad patrimonial y destaca, además, que la falta de legitimación activa fue la causa determinante de la denegación de la devolución, cuestión que no queda afectada por el Auto del Tribunal Supremo indicado.

TERCERO. Juicio de la Sala. Remisión a la sentencia 2371/2021

Sobre esta misma cuestión, esta Sala ya ha tenido ocasión de pronunciarse en supuestos sustancialmente idénticos promovidos por la misma entidad, y en particular en la sentencia de 28 de octubre de 2025 (recurso 2371/2021), a cuyo razonamiento hacemos expresa remisión por identidad objetiva de planteamiento y de motivos. Allí declaramos -con apoyo en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo- que el error que habilita la revisión es un error de hecho (error facti),no de derecho (error iuris),y que no pueden reputarse "documentos esenciales" a efectos del artículo 244.1.a) de la LGT las resoluciones judiciales que únicamente proyectan criterios jurídicos distintos sobre una relación jurídica diversa (responsabilidad patrimonial del Estado) y no revelan hechos nuevos atinentes al acto firme cuya revisión se pretende (devolución de ingresos indebidos), ni alteran la falta de legitimación apreciada por la Administración. En ese marco, se concluyó la desestimación del recurso y la confirmación de la inadmisión acordada por el TEAC.

Sobre el alcance del Auto del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2018 (recurso 1817/2016) invocado como "documento esencial", conviene precisar, para la adecuada delimitación del motivo del artículo 244.1.a) LGT, el contenido y radio de acción del Auto que Monte Alcalá, S. Coop. Andaluza presenta como documento de valor esencial.

El Tribunal Supremo, en el mencionado Auto, no enjuicia un acto singular de devolución de ingresos indebidos ni introduce hechos nuevos relativos al expediente resuelto por la AEAT; lo que hace es extender los efectos de una sentencia previa en responsabilidad patrimonial del Estado legislador por el IVMDH, anulando el acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de noviembre de 2015 y reconociendo el deber de indemnizar según bases tasadas -suma de lo efectivamente abonado y reclamado en ese proceso, posibles minoraciones por devoluciones ya percibidas e intereses legales conforme al artículo 106.2 LJCA-, con la advertencia de que la indemnización no puede exceder la cuantía solicitada en vía administrativa y ha de acreditarse documentalmente la efectividad de los pagos.

Se trata, por tanto, de una resolución jurisdiccional con proyección estrictamente jurídica sobre una relación distinta -la patrimonial derivada de la invalidez del IVMDH- que no altera los hechos del acto firme cuya revisión se pretende ni incide en la falta de legitimación activa apreciada por la Administración como fundamento de la denegación, extremos que quedan fuera del perímetro propio del "error de hecho" exigido por el artículo 244.1.a) LGT.

Aplicando el principio de unidad de doctrina y reiterando íntegramente ese enfoque, la Sala comparte el criterio del TEAC. El Auto del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2018, dictado en vía de extensión de efectos respecto de una sentencia de responsabilidad patrimonial, no acredita hecho nuevo alguno referido a la concreta solicitud de devolución de ingresos indebidos tramitada por la AEAT, ni evidencia un error de hecho del acto administrativo impugnado. Menos aún incide en el fundamento decisorio de la denegación administrativa -la falta de legitimación activa- que permanece inalterado.

Así pues, cuanto se lleva razonando conduce a la desestimación del recurso.

CUARTO. - Costas

Por las razones expuestas, el recurso contencioso-administrativo debe ser desestimado y no apreciando dudas de hecho ni de derecho, procede imponer a la parte recurrente el pago de las costas causadas en esta instancia de conformidad con lo establecido en el artículo 139.1 LJCA si bien, haciendo uso de la facultad prevista en el número 3 del referido artículo la Sala limita el alcance cuantitativo de la condena en costas, que no podrá exceder, por todos los conceptos, de la cifra máxima de 3.000 euros por la intervención del abogado del Estado atendida la facultad de moderación conferida por la Ley y habida cuenta del alcance y la dificultad de las cuestiones suscitadas.

PRIMERO.-El recurso se dirige contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 17 de mayo de 2021, que declaró la inadmisibilidad del recurso extraordinario de revisión número 3197/2019 que declaró la inadmisibilidad del recurso extraordinario de revisión número 3197/2019 interpuesto contra resolución de fecha 8 de mayo de 2015 del Jefe de la Dependencia de Aduanas e Impuestos Especiales de la Delegación de Granada, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que desestima la solicitud de devolución de ingresos indebido mediante rectificación de autoliquidación, expediente 201400042935, referencia IVM201400042935, concepto Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH), períodos 1T-2010/ 4T-2010 y cuantía 18.410,18 euros.

El TEAC fundamenta la inadmisión en la naturaleza excepcional y tasada del recurso del artículo 244 LGT y, específicamente, en que el Auto del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2018 (rec. 1817/2016), aportado por Monte Alcalá, S. Coop. como documento esencial, no introduce hechos nuevos referidos al acto impugnado -la denegación por la AEAT de la devolución de ingresos indebidos-, sino una conclusión jurídica derivada de un procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado legislador; además, recuerda que la denegación administrativa se sustentó en la falta de legitimación activa de la entidad, extremo no alterado por aquel Auto.

SEGUNDO. - Sobre la posición procesal de las partes.

Sostiene la recurrente que el Auto del Tribunal Supremo constituye documento de valor esencial a efectos del artículo 244.1.a) de la LGT, al reconocer su condición de consumidor final y el derecho a ser indemnizada, lo que evidenciaría el error del acuerdo impugnado.

Para oponerse al recurso, aduce la Abogacía del Estado que el auto del Tribunal Supremo referido no versa sobre devolución de ingresos indebidos de la AEAT ni aporta hechos nuevos, sino criterios jurídicos de responsabilidad patrimonial y destaca, además, que la falta de legitimación activa fue la causa determinante de la denegación de la devolución, cuestión que no queda afectada por el Auto del Tribunal Supremo indicado.

TERCERO. Juicio de la Sala. Remisión a la sentencia 2371/2021

Sobre esta misma cuestión, esta Sala ya ha tenido ocasión de pronunciarse en supuestos sustancialmente idénticos promovidos por la misma entidad, y en particular en la sentencia de 28 de octubre de 2025 (recurso 2371/2021), a cuyo razonamiento hacemos expresa remisión por identidad objetiva de planteamiento y de motivos. Allí declaramos -con apoyo en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo- que el error que habilita la revisión es un error de hecho (error facti),no de derecho (error iuris),y que no pueden reputarse "documentos esenciales" a efectos del artículo 244.1.a) de la LGT las resoluciones judiciales que únicamente proyectan criterios jurídicos distintos sobre una relación jurídica diversa (responsabilidad patrimonial del Estado) y no revelan hechos nuevos atinentes al acto firme cuya revisión se pretende (devolución de ingresos indebidos), ni alteran la falta de legitimación apreciada por la Administración. En ese marco, se concluyó la desestimación del recurso y la confirmación de la inadmisión acordada por el TEAC.

Sobre el alcance del Auto del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2018 (recurso 1817/2016) invocado como "documento esencial", conviene precisar, para la adecuada delimitación del motivo del artículo 244.1.a) LGT, el contenido y radio de acción del Auto que Monte Alcalá, S. Coop. Andaluza presenta como documento de valor esencial.

El Tribunal Supremo, en el mencionado Auto, no enjuicia un acto singular de devolución de ingresos indebidos ni introduce hechos nuevos relativos al expediente resuelto por la AEAT; lo que hace es extender los efectos de una sentencia previa en responsabilidad patrimonial del Estado legislador por el IVMDH, anulando el acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de noviembre de 2015 y reconociendo el deber de indemnizar según bases tasadas -suma de lo efectivamente abonado y reclamado en ese proceso, posibles minoraciones por devoluciones ya percibidas e intereses legales conforme al artículo 106.2 LJCA-, con la advertencia de que la indemnización no puede exceder la cuantía solicitada en vía administrativa y ha de acreditarse documentalmente la efectividad de los pagos.

Se trata, por tanto, de una resolución jurisdiccional con proyección estrictamente jurídica sobre una relación distinta -la patrimonial derivada de la invalidez del IVMDH- que no altera los hechos del acto firme cuya revisión se pretende ni incide en la falta de legitimación activa apreciada por la Administración como fundamento de la denegación, extremos que quedan fuera del perímetro propio del "error de hecho" exigido por el artículo 244.1.a) LGT.

Aplicando el principio de unidad de doctrina y reiterando íntegramente ese enfoque, la Sala comparte el criterio del TEAC. El Auto del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2018, dictado en vía de extensión de efectos respecto de una sentencia de responsabilidad patrimonial, no acredita hecho nuevo alguno referido a la concreta solicitud de devolución de ingresos indebidos tramitada por la AEAT, ni evidencia un error de hecho del acto administrativo impugnado. Menos aún incide en el fundamento decisorio de la denegación administrativa -la falta de legitimación activa- que permanece inalterado.

Así pues, cuanto se lleva razonando conduce a la desestimación del recurso.

CUARTO. - Costas

Por las razones expuestas, el recurso contencioso-administrativo debe ser desestimado y no apreciando dudas de hecho ni de derecho, procede imponer a la parte recurrente el pago de las costas causadas en esta instancia de conformidad con lo establecido en el artículo 139.1 LJCA si bien, haciendo uso de la facultad prevista en el número 3 del referido artículo la Sala limita el alcance cuantitativo de la condena en costas, que no podrá exceder, por todos los conceptos, de la cifra máxima de 3.000 euros por la intervención del abogado del Estado atendida la facultad de moderación conferida por la Ley y habida cuenta del alcance y la dificultad de las cuestiones suscitadas.

PRIMERO.-El recurso se dirige contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 17 de mayo de 2021, que declaró la inadmisibilidad del recurso extraordinario de revisión número 3197/2019 que declaró la inadmisibilidad del recurso extraordinario de revisión número 3197/2019 interpuesto contra resolución de fecha 8 de mayo de 2015 del Jefe de la Dependencia de Aduanas e Impuestos Especiales de la Delegación de Granada, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que desestima la solicitud de devolución de ingresos indebido mediante rectificación de autoliquidación, expediente 201400042935, referencia IVM201400042935, concepto Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH), períodos 1T-2010/ 4T-2010 y cuantía 18.410,18 euros.

El TEAC fundamenta la inadmisión en la naturaleza excepcional y tasada del recurso del artículo 244 LGT y, específicamente, en que el Auto del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2018 (rec. 1817/2016), aportado por Monte Alcalá, S. Coop. como documento esencial, no introduce hechos nuevos referidos al acto impugnado -la denegación por la AEAT de la devolución de ingresos indebidos-, sino una conclusión jurídica derivada de un procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado legislador; además, recuerda que la denegación administrativa se sustentó en la falta de legitimación activa de la entidad, extremo no alterado por aquel Auto.

SEGUNDO. - Sobre la posición procesal de las partes.

Sostiene la recurrente que el Auto del Tribunal Supremo constituye documento de valor esencial a efectos del artículo 244.1.a) de la LGT, al reconocer su condición de consumidor final y el derecho a ser indemnizada, lo que evidenciaría el error del acuerdo impugnado.

Para oponerse al recurso, aduce la Abogacía del Estado que el auto del Tribunal Supremo referido no versa sobre devolución de ingresos indebidos de la AEAT ni aporta hechos nuevos, sino criterios jurídicos de responsabilidad patrimonial y destaca, además, que la falta de legitimación activa fue la causa determinante de la denegación de la devolución, cuestión que no queda afectada por el Auto del Tribunal Supremo indicado.

TERCERO. Juicio de la Sala. Remisión a la sentencia 2371/2021

Sobre esta misma cuestión, esta Sala ya ha tenido ocasión de pronunciarse en supuestos sustancialmente idénticos promovidos por la misma entidad, y en particular en la sentencia de 28 de octubre de 2025 (recurso 2371/2021), a cuyo razonamiento hacemos expresa remisión por identidad objetiva de planteamiento y de motivos. Allí declaramos -con apoyo en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo- que el error que habilita la revisión es un error de hecho (error facti),no de derecho (error iuris),y que no pueden reputarse "documentos esenciales" a efectos del artículo 244.1.a) de la LGT las resoluciones judiciales que únicamente proyectan criterios jurídicos distintos sobre una relación jurídica diversa (responsabilidad patrimonial del Estado) y no revelan hechos nuevos atinentes al acto firme cuya revisión se pretende (devolución de ingresos indebidos), ni alteran la falta de legitimación apreciada por la Administración. En ese marco, se concluyó la desestimación del recurso y la confirmación de la inadmisión acordada por el TEAC.

Sobre el alcance del Auto del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2018 (recurso 1817/2016) invocado como "documento esencial", conviene precisar, para la adecuada delimitación del motivo del artículo 244.1.a) LGT, el contenido y radio de acción del Auto que Monte Alcalá, S. Coop. Andaluza presenta como documento de valor esencial.

El Tribunal Supremo, en el mencionado Auto, no enjuicia un acto singular de devolución de ingresos indebidos ni introduce hechos nuevos relativos al expediente resuelto por la AEAT; lo que hace es extender los efectos de una sentencia previa en responsabilidad patrimonial del Estado legislador por el IVMDH, anulando el acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de noviembre de 2015 y reconociendo el deber de indemnizar según bases tasadas -suma de lo efectivamente abonado y reclamado en ese proceso, posibles minoraciones por devoluciones ya percibidas e intereses legales conforme al artículo 106.2 LJCA-, con la advertencia de que la indemnización no puede exceder la cuantía solicitada en vía administrativa y ha de acreditarse documentalmente la efectividad de los pagos.

Se trata, por tanto, de una resolución jurisdiccional con proyección estrictamente jurídica sobre una relación distinta -la patrimonial derivada de la invalidez del IVMDH- que no altera los hechos del acto firme cuya revisión se pretende ni incide en la falta de legitimación activa apreciada por la Administración como fundamento de la denegación, extremos que quedan fuera del perímetro propio del "error de hecho" exigido por el artículo 244.1.a) LGT.

Aplicando el principio de unidad de doctrina y reiterando íntegramente ese enfoque, la Sala comparte el criterio del TEAC. El Auto del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2018, dictado en vía de extensión de efectos respecto de una sentencia de responsabilidad patrimonial, no acredita hecho nuevo alguno referido a la concreta solicitud de devolución de ingresos indebidos tramitada por la AEAT, ni evidencia un error de hecho del acto administrativo impugnado. Menos aún incide en el fundamento decisorio de la denegación administrativa -la falta de legitimación activa- que permanece inalterado.

Así pues, cuanto se lleva razonando conduce a la desestimación del recurso.

CUARTO. - Costas

Por las razones expuestas, el recurso contencioso-administrativo debe ser desestimado y no apreciando dudas de hecho ni de derecho, procede imponer a la parte recurrente el pago de las costas causadas en esta instancia de conformidad con lo establecido en el artículo 139.1 LJCA si bien, haciendo uso de la facultad prevista en el número 3 del referido artículo la Sala limita el alcance cuantitativo de la condena en costas, que no podrá exceder, por todos los conceptos, de la cifra máxima de 3.000 euros por la intervención del abogado del Estado atendida la facultad de moderación conferida por la Ley y habida cuenta del alcance y la dificultad de las cuestiones suscitadas.