Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Séptima, Rec. 1267/2022 de 24 de septiembre del 2025

PRIMERO.Se plantea en el presente recurso jurisdiccional la impugnación de la desestimación por silencio administrativo de la solicitud de adquisición de la nacionalidad española presentada por el recurrente.

Las alegaciones de la parte recurrente en la demanda se centran en que se dan todos los requisitos para la obtención de la nacionalidad española, particularmente en lo relativo al tiempo de residencia que es requerido para ello. Se considera, así, en la demanda que conforme al Convenio suscrito entre España y Guatemala, basta un periodo de residencia en España de 2 años para obtener la nacionalidad.

En la providencia del Juzgado Central de julio de 2020, se dispuso lo siguiente:

Dada cuenta; infórmese al promotor de que el permiso de residencia acreditado-temporal autoriza a trabajar. no presenta las características de permanencia y estabilidad exigibles al objeto de concesión de la nacionalidad española con base al convenio de doble nacionalidad con Guatemala; requiérasele a fin de que aporte permiso de residencia de duración igual o superior a cinco años o de larga duración, haciéndole saber que se procederá al archivo provisional de las actuaciones a la espera de éste.

Notifíquese la presente resolución al promotor , informándole de que no es firme y que contra la misma cabe interponer recurso de reposición ante este Registro Civil Central, en el plazo de cinco días hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación.

Frente a esta resolución se interpuso recurso de reposición por el actor, sin acreditar el periodo de residencia mínimo exigido.

SEGUNDO.Una vez fijadas las precedentes premisas que enmarcan las cuestiones que se dilucidan en el presente procedimiento hemos de aludir a la normativa en que se regula la concesión de nacionalidad y la interpretación jurisprudencial de la misma.

Se ha de partir de la consideración de que los artículos 21 y 22 del Código Civil sujetan la concesión de la nacionalidad española por residencia a dos tipos de requisitos: unos de carácter definido como son la formulación de la correspondiente solicitud y la residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición durante los plazos de diez, cinco, dos o un año, que según los casos se establece; y otros configurados como conceptos jurídicos indeterminados, bien de carácter positivo como es el caso de la justificación de buena conducta cívica y el suficiente grado de integración en la sociedad española, o bien de carácter negativo como es el caso de los motivos de orden público o interés nacional que pueden justificar su denegación.

Los primeros no plantean problema para su apreciación, y en cuanto a los segundos, por su propia naturaleza de conceptos jurídicos indeterminados, precisan de la concreción adecuada a las circunstancias concurrentes en cada caso cuya valoración lleva a una única solución justa, jurisdiccionalmente controlable, que debe adoptarse por la Administración ( art. 103 de la Constitución ),sin que propicien soluciones alternativas propias de la discrecionalidad administrativa.

Así ha declarado la sentencia de 24 de abril de 1999 , citando otras muchas como las de 22-6-82 , 13-7-84 , 9-12-86 , 24-4 , 18-5 , 10-7 y 8-11 de 1993 , 19-12-95 , 2-1-96 , 14-4 , 12-5 - y 21-12- de 1998 y 24-4-99 , que en la apreciación de los conceptos jurídicos indeterminados, como orden público e interés nacional, resulta excluida la discrecionalidad de la Administración, porque la inclusión de un concepto jurídico indeterminado en la norma a aplicar no significa, sin más, que se haya otorgado capacidad a la Administración para decidir con libertad y renunciar a la solución justa del caso, sino que viene obligada a la única decisión correcta a la vista de los hechos acreditados, añadiendo que el reconocimiento de la nacionalidad española no es una potestad discrecional sino un deber cuando concurren los requisitos legalmente previstos. Por ello, la propia sentencia señala que la nacionalidad tiene la auténtica naturaleza jurídica de estado civil de la persona, por lo que su adquisición por residencia no puede confundirse con la que se lleva a cabo por carta de naturaleza, pues mientras ésta constituye un genuino derecho de gracia, en que el requisito de la solicitud tiene el significado de ocasión o motivo pero no causa jurídica de la misma, la adquisición por residencia no puede concederse o denegarse sino cuando concurran las circunstancias legalmente previstas, de manera que no se trata de una concesión "stricto sensu" sino de un reconocimiento por concurrir al efecto los requisitos exigibles.

TERCERO.En el presente caso, el recurrente no ha acreditado en momento alguno, cuál es el tiempo que ha permanecido con permiso de residencia en España, para cuya acreditación fue requerido por el Juzgado Central, y con independencia de que este tiempo no sea el de 5 años que se expresa en la providencia del Juzgado Central del 10 de octubre de 2020, es lo cierto que no consta acreditado el tiempo de residencia que es contemplado en el artículo 22 del Código Civil, en cualquiera de las hipótesis previstas en el mismo. Y este es un requisito cuya carga corresponde al recurrente.

Por ello, examinados todos los requisitos que son precisos para la obtención de la nacionalidad, ha de entenderse que no concurre el tiempo mínimo de estancia en España, al no existir, se reitera, prueba alguna de ello.

CUARTO.A tenor de los razonamientos precedentes la demanda ha de ser íntegramente desestimada.

QUINTO.En cuanto a las costas, previene el artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de esta Jurisdicción, en la redacción aplicable a este procedimiento que "En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho". Y en el presente caso, impugnándose una desestimación por silencio, ello genera dudas sobre los motivos de impugnación por lo que no procede su imposición a ninguna de las partes.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,