Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Séptima, Rec. 129/2023 de 25 de marzo del 2025

PR IMERO.-El presente recurso de apelación se ha interpuesto frente a auto del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo Núm. 1 de 9 de 24 de octubre de 2023, el cual declaraba la falta de jurisdicción del orden Contencioso-Administrativo para el conocimiento del recurso interpuesto por D. Cosme, parte apelante en esta segunda instancia, frente a resolución de 25 de abril de 2023 dictada por la Secretaría de Función Pública por la que se aprueba la adjudicación de plaza a las personas aspirantes que superaron el proceso selectivo para el ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M2, M1, E2 y E1, sujetos al IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado y contra la Resolución dictada por la Secretaría de Estado de Función Pública (AP/A/000844/2023 (LG) de fecha 13 de julio de 2023 notificada el día 25 de julio del mismo año, en la cual se resuelve inadmitir el recurso potestativo de reposición interpuesto por el actor en el procedimiento de primera instancia, apelante en esta segunda, contra la resolución de 25 de abril de 2023.

La fundamentación de la parte actora, antes que en la defensa de los motivos de fondo sobre la posible competencia de esta jurisdicción para el conocimiento del asunto, se refieren a la incorrecta expresión de los recursos procedentes por parte de la resolución recurrida al pie de la misma, expresando:

"E s decir, en todo momento todas y cada una de las Resoluciones dictadas por la Secretaría de Estado de Función Pública, han remitido a la vía administrativa induciendo a error a mi representado cuando, en realidad, es la administración quien tiene la carga de acompañar a la notificación de sus resoluciones, el denominado "pie de recursos", es decir indicar la hoja de ruta de recursos administrativos y jurisdiccionales que puede plantear el particular para revisar el acto notificado. La finalidad de esta exigencia es no dejar sumido al ciudadano que recibe un acto administrativo de importancia en la errada idea de que tal decisión es inapelable; y como el laberinto administrativo es complejo al existir muchos tipos de actos, autoridades y tipos de recursos, lo menos que puede pedirse es que sea la propia administración quien aclare el panorama y le diga al ciudadano como puede defenderse".

SEGUNDO.-No podemos sino estar a los argumentos del auto apelado, que transcribe la sentencia del Tribunal Constitucional núm. 145/2022, de 15 de noviembre, recaída en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 2568/2022, promovida por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en razón, esencialmente, al desbordamiento del ámbito material propio de las leyes de presupuestos generales del Estado, que es recogida por la sentencia que cita de esta Sala de 2 de febrero de 2023 número de recurso 32/2022. Se dice así:

"El alto Tribunal argumenta que resulta indudable que la norma cuestionada no forma parte del contenido propio o "núcleo esencial" de las leyes presupuestarias; afirma también que "El atribuir a un concreto orden jurisdiccional -el contencioso-administrativo en lugar del social- el conocimiento de los recursos deducidos contra los actos administrativos dictados en las fases preparatorias de los procesos selectivos para la contratación de personal laboral no guarda una conexión directa e inmediata con el objeto del presupuesto -ejecución de la oferta de empleo público para el año 2022-: cuál sea el orden jurisdiccional competente para resolver los eventuales conflictos en la ejecución de la oferta de empleo público de personal laboral no tiene que llevar aparejado un incremento de gasto público o la dotación de una nueva partida, ni, al contrario, una reducción del gasto o un incremento de los ingresos." Y finalmente rechaza la medida constituya un complemento necesario para la mayor inteligencia o mejor ejecución del presupuesto. Correlativamente concluye la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de la disposición final vigésima de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre , de presupuestos generales del Estado para 2022. En consecuencia, erradicado dicho precepto del cuerpo procesal laboral, habremos de retornar a la situación precedente acuñada por la Sala, y que determinaba, por los razonamientos anteriormente indicados, residenciar la competencia en el orden social de la jurisdicción"

TERCERO.-Frente a esta absoluta claridad jurídica no pueden prevalecer los argumentos sobre inadecuada expresión de los recursos al pie de la resolución recurrida, pues este error no puede prevalecer sobre las normas de orden público de las que deriva la competencia del orden jurisdiccional social, para el conocimiento de procesos selectivos de personal laboral.

Es por ello procedente la desestimación del recurso debiendo estarse a lo establecido en el auto apelado sobre atribución de la competencia al orden jurisdiccional social.

CUARTO.-En cuanto a las costas de esta segunda instancia, de conformidad con el artículo 139.2 de la LJCA, desestimado el recurso de apelación, procede la imposición de las de esta segunda instancia a la parte apelante, debiendo estarse respecto a las de primera instancia a lo acordado en el auto apelado.

En aplicación del principio de moderación, del que se hacen eco diversas sentencias del Tribunal Supremo, como son las de 19 y 25 de febrero de 2010, en atención a la dificultad del asunto y la labor efectivamente realizada en el procedimiento, se considera que la cantidad máxima a que debe ascender la tasación de costas a realizar por todos los conceptos, excepto el Impuesto sobre el Valor Añadido, ha de ser la cifra de 1000 euros.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,