Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Séptima, Rec. 2950/2021 de 04 de febrero del 2026

PRIMERO. - Ámbito de la revisión judicial. Cuestiones planteadas.

Se impugna ante la Sala el acuerdo del TEAC de fecha 19 de julio de 2021 desestimatorio de la reclamación formulada por la recurrente contra el acuerdo Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de la Delegación Especial en Canarias de la AEAT de fecha 2 de enero de 2018, que le declaró responsable solidaria de la deudas de la entidad Hifi Comunicación S.L.U,( liquidación y sanción por la comisión de la infracción tipificada en el artículo 191 de la Ley General Tributaria, Impuesto sobre el Valor Añadido, ejercicio 2011), al amparo del artículo 42.1 a) de la Ley General Tributaria, para quienes son responsables solidarios de la deuda tributaria, sanciones inclusive, las personas o entidades que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción tributaria.

Los motivos de impugnación del acuerdo recurrido expuestos en demanda que fundamentan la causa de pedir del presente recurso son los siguientes:

1ºinfracción del régimen jurídico de la prejudicialidad ex artículo 44 de la LOPJ. Se hace mención a la existencia de un proceso penal en paralelo (procedimiento abreviado número 0000097/2021, instruido por el Juzgado de Instrucción Nº 5 de Las Palmas de Gran Canaria) en el que se habría formulado acusación contra la recurrente, tanto por el Ministerio Fiscal, en el ejercicio de la acción pública como la Abogacía del Estado como acusación particular. Si a la fecha en que se formuló escrito de conclusiones, se encontraba pendiente de celebración de juicio oral, con posterioridad a este acto procesal, ha sido aportada sentencia del Juzgado de lo Penal nº1 de Las Palmas de Gran Canaria de fecha 5 de septiembre de 2024, que absuelve a la recurrente del presunto delito de defraudación tributaria de que era acusada.

2ºInexistencia de prueba suficiente para acreditar la colaboración activa de la recurrente, de profesión asesora fiscal en la comisión de la infracción tributaria por la que resultó sancionada Hifi Comunicación S.L.U.

SEGUNDO. - Infracción del régimen jurídico de la prejudicialidad. El criterio de la Sala.

Los antecedentes relevantes para determinar si existe infracción del régimen jurídico de la prejudicialidad , basado en la regla que impone la preferencia del orden jurisdiccional ,se resumen en el acuerdo del TEAC recurrido en la forma que sigue : " En el presente caso las actuaciones inspectoras realizadas por la Administración respecto a la deudora principal tenían por objeto el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de los ejercicios 2011 a 2014, resultando que respecto al ejercicio 2011 prosiguieron en vía administrativa por considerar la Inspección que habría prescrito el posible delito contra la Hacienda Pública, dando lugar a la liquidación y sanción posteriormente derivadas a la responsable, y respecto de los ejercicios 2012 a 2014, la Administración ha dictado liquidaciones vinculadas a posibles delitos, y ha remitido las actuaciones al Ministerio Fiscal, dando lugar a la presentación de una querella por tres presuntos delitos contra la Hacienda Pública, tramitándose a tal efecto diligencias en el Juzgado de Instrucción número 5 de las Palmas de Gran Canaria, frente a diversas personas, y entre ellas la ahora reclamante, habiéndose acordado por la Juez Instructora el 4/1/2021 la apertura de juicio oral."

Para añadir detalle a estos antecedentes, debe señalarse que la notificación a la recurrente, Sra. Mariana, del acuerdo de iniciación procedimiento de declaración de responsabilidad solidaria del pago de la liquidación y sanción del IVA del ejercicio 2011 de Hifi Comunicación S.L.U. tuvo lugar en fecha 4 de septiembre de 2017 , poco antes o después ( el Tribunal no ha podido determinar las fechas exactas ) de la interposición de la querellas por la AEAT y el Ministerio Fiscal contra su persona, pero en todo caso en fecha anterior a su admisión por auto de fecha 9 de enero 2018 del Juzgado de Instrucción número 5 de los de Las Palmas de Gran Canaria.

Conferido trámite de audiencia a la interesada, tras la formulación de las correspondientes alegaciones, la Dependencia Regional de Recaudación dictó acuerdo de fecha 2 de enero de 2018 que la declaró responsable solidaria de las deudas de Hifi Comunicación, lo que tiene el significado de que la sustanciación del proceso penal , en el que hubo de esperarse a que en fecha 21 de marzo de 2024 tuviese lugar la celebración del juicio oral, tras el que recayó la sentencia absolutoria reseñada, no impidió ni la iniciación ni la continuación del procedimiento de derivación de responsabilidad de que trae causa el presente recurso contencioso-administrativo.

La práctica de liquidaciones en caso de existencia de indicios de delitos contra la Hacienda Pública está regulada desde la entrada en vigor de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre ( fecha : 12 de octubre de 2025),en el artículo 250 de la Ley General Tributaria, que en los supuestos en que la liquidación se refiere a elementos de la obligación tributaria que se encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda Pública establece como regla que " la Administración se abstendrá de iniciar o, en su caso, continuar, el procedimiento sancionador correspondiente a estos mismos hechos. En caso de haberse iniciado un procedimiento sancionador, de no haber concluido éste con anterioridad, dicha conclusión se entenderá producida, en todo caso, en el momento en que se pase el tanto de culpa a la jurisdicción competente o se remita el expediente al Ministerio Fiscal, sin perjuicio de la posibilidad de iniciar un nuevo procedimiento sancionador".

Si pensamos que en este supuesto encaja la situación de la recurrente, por cuanto coinciden el elemento personal de la obligación tributaria en que se concreta su responsabilidad y la posición subjetiva de autora del delito fiscal de que fue acusada, no se aprecia la infracción de las reglas que rigen la relación entre procedimientos tributarios y penales denunciada en demanda. Se alcanza esta conclusión desde el momento en que la Sra. Mariana, si bien sometida a un procedimiento de recaudación, no fue objeto, en sentido literal y estricto, de un procedimiento tributario sancionador que conforme al tenor literal del precepto transcrito, por excepción a la posibilidad general de liquidar, queda sometido a la abstención de inicio o a la suspensión de que habla la Ley General Tributaria.

TERCERO. -. Inexistencia de prueba suficiente para acreditar la colaboración activa de la recurrente, de profesión asesora fiscal en la comisión de la infracción tributaria por la que resultó sancionada Hifi Comunicación S.L.U. El criterio de la Sala.

Nuestra misión como Tribunal del orden contencioso-administrativo se reduce a determinar si las apreciaciones del órgano de recaudación, refrendadas por el TEAC, responden a la razón o a la lógica, o más bien resultan arbitrarias carentes de fundamento, o contrarias a las reglas de la carga de la prueba. Lo cierto es que, en este caso, conforme a las reglas generales en materia de valoración de la prueba, resulta razonable haber deducido que la recurrente, prevaliéndose de su condición de asesora fiscal, sí favoreció la comisión de la infracción cometida por Hifi Comunicación S.L.U., con origen en el acta incoada en regularización del Impuesto sobre el Valor Añadido período 4T del 2011. La infracción tipificada en el artículo 191 LGT se califica de muy grave, al haberse apreciado la concurrencia del criterio de calificación de utilización de medios fraudulentos, en el sentido del artículo 184.3.b) de la LGT, por empleo de facturas, justificantes y otros documentos falsos o falseados, consistentes en facturas emitidas consignando como dirección del establecimiento la DIRECCION000 en Las Palmas de Gran Canaria, a sabiendas de la falsedad de este dato. Recordemos que la regularización practicada por la Inspección de los Tributos a Hifi Comunicación S.L.U., se basó en que esta entidad no había desarrollado nunca su actividad de comercialización de tráfico telefónico desde el domicilio declarado en Las Palmas de Gran Canaria, sino en Valencia, por radicar en la ciudad levantina sus medios personales , empleados y apoderados ,y materiales , alterando el fuero que la obligaba a tributar en territorio común de aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido, con el fin de beneficiarse de la inaplicación de este tributo en territorio insular canario.

A partir de ahí, tomando como centro de atención la condición de asesora fiscal de la recurrente, que es obvio refuerza su comprensión del alcance de las normas tributarias y, por tanto, de su culpabilidad, la Administración reunió un cúmulo de indicios conducentes a acreditar su cooperación en el ilícito tributario sancionado. Es revelador que la sociedad sancionada se domiciliase en Canarias, haciendo constar la modificación de domicilio en escritura pública otorgada ante un notario canario el 6 de abril de 2009, eligiendo a estos efectos una vivienda previamente alquilada el mes noviembre de 2008 como residencia por la propia Sra. Mariana, en virtud de contrato en el que expresamente se hacía constar que la finca se destinaba exclusivamente a vivienda permanente de los arrendatarios prohibiendo al arrendatario la cesión total o parcial del inmueble, así como su subarriendo. La Sra. Mariana manifestó en diligencia nº 28 de octubre de 2016 ante la Inspección de los Tributos "que D. Conrado ( el administrador y socio único de la entidad sancionada) le pidió como favor temporal, poner allí su domicilio, pero que él, nunca ha vivido allí, que era un domicilio de buzón". La recurrente estuvo presente en el otorgamiento de la escritura notarial de modificación estatutaria, acompaño al Sr. Conrado al Ayuntamiento canario y presentó la correspondiente declaración censal de cambio de domicilio ante la AEAT y la Administración Tributaria Canaria .Si como se expone en el acuerdo de derivación, el asesoramiento fiscal, laboral (mediante la supervisión de los contratos de sus trabajadores, en su totalidad ajenos a las Islas Canarias) y la llevanza de la contabilidad de la entidad sancionada estuvieron a cargo de la Sra. Mariana, por más que estas funciones se ejerciesen instrumentalmente a través de una sociedad, Jarape Gestión,resulta extremadamente difícil considerar que pudo ser ajena al entramado organizado para eludir la tributación del Impuesto sobre el Valor Añadido en territorio común. Descrita en estos términos el ejercicio por la recurrente de su función como asesora activa, a cargo de gestiones específicas de la entidad sancionada, se infiere racionalmente acreditado el fundamento de su responsabilidad ,que depende no solo del conocimiento entre la discordancia entre el domicilio declarado a efectos tributarios de la sociedad asesorada y su realidad empresarial, sino de la voluntad de colaborar en el aprovechamiento de los efectos fiscales que reportaba la simulación creada exprofeso.

Siendo cierto que la sentencia condenatoria de la autoridad judicial impide la imposición de sanción administrativa por los mismos hechos, la absolución en la vía penal es compatible, como hemos, visto, con la liquidación dictada en un procedimiento de recaudación. Además, la sentencia del Juzgado de lo Penal nº1 de Las Palmas de Gran Canaria de fecha 5 de septiembre de 2024 no contiene una relación de hechos probados que vincule positivamente a la Administración sino, para ser exactos, la declaración en negativo de que, por las pruebas practicadas, no había quedado acreditada en sede penal la autoría de la recurrente.

Como quedo apuntado arriba, la recurrente ejercía sus funciones de asesoramiento y gestión través de una sociedad, Jarape Gestión, pero la instrumentalización de una persona jurídica, jurídicamente lícita, no representa un obstáculo para que, por encima de formalismos, la conducta determinante de su responsabilidad se le atribuya como un acto personalmente imputable, verificando la hipótesis legal del artículo 42.1 a) de la LGT.

CUARTO. - Costas procesales.

Con imposición de costas a la parte recurrente que ha visto desestimado su recurso, hasta un máximo de 2.000 euros por todos los conceptos.