Es ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Felipe Fresneda Plaza.
PRIMERO.Se plantea en el presente recurso jurisdiccional, la impugnación del acuerdo de la Subsecretaria del Interior, actuando por delegación del Ministro del Interior, de 16 de noviembre de 2022 por el que se deniega el derecho de asilo así como la protección subsidiaria a los recurrentes, referidos en el encabezamiento de la presente resolución.
En el expediente administrativo se extractan las alegaciones del recurrente en la entrevista efectuada de la siguiente manera:
"El solicitante manifiesta que empezó a tener problemas el 18 de abril de 2018 cuando se encontraba finalizando sus estudios universitarios en la Universidad Centroamericana de Managua.
Dice que en ese momento había protestas universitarias por la reserva indio maíz.
Cuenta que se encontraba en la universidad haciendo unos trámites y las juventudes sandinistas comenzaron a apedrear la universidad dejando a los estudiantes atrapados en ella ya que si salían podían ser agredidos, detenidos y encarcelados.
El solicitante dice que a las pocas horas pudo salir por la parte de atrás. Continúa relatando que la situación en Managua, y especialmente en la universidad, fue muy complicada, hubo muchos jóvenes heridos y fallecidos.
El solicitante dice que permaneció encerrado en casa dos días y después regresó a su actividad laboral y todo continuo más o menos con normalidad. En mayo dice que comenzaron sus problemas ya que a la salida y entrada del trabajo le paraban policías, paramilitares e incluso el ejército.
Dice que iban armados, y que cuando pasaba le apuntaban. Entre julio y agosto cuenta que cada vez que iba al trabajo le detenían y le interrogaban sobre donde vivía y le decían que se fuera a su casa. También dice que aprovechaban la ocasión para robarle, en concreto dice que le robaron el portátil y también teléfonos móviles.
Debido al trabajo que realizaba, el solicitante dice que debía vestir formal, y que eso hizo que los grupos de paramilitares y policía le identificaran como gay y que cuando pasaba le insultaban llamándole "marica, vas a ir al infierno". Dice que incluso llegaron a tocarle colocándose un policía delante y otro detrás suya armados y diciéndole "No vas a gritar que eres un hombre".
El solicitante explica que esto solo fue el comienzo, que la situación fue a peor. Relata que vivía en una urbanización militar y siempre había policías. Dice que había mucha vigilancia armada y esto intimidaba. Dice que la situación que en ese momento se vivía en Nicaragua era muy complicada, ya había habido más de 400 muertos y también detenían gente acusándole de terrorismo. También desparecía gente.
Por ello, cuenta que no podía salir de casa, tan sólo para ir al trabajo al cual sólo iba dos veces por semana.
En enero de 2019 explica que cogió un taxi para ir a su casa, pero en el trayecto se encontraron con una manifestación donde había tiroteos y heridos. Dice que el taxista le hizo bajar y se quedó en medio de la manifestación y una bala rozó su rodilla izquierda (aporta foto de la cicatriz).
A pesar de ello, continuó yendo al trabajo. Dice que su empresa le facilitaba trabajar desde casa, pero para algunas gestiones era imprescindible acudir al trabajo. A mediados de marzo de 2019 dice que la situación era insostenible y que dejó el trabajo. Cuenta que intentó trabajar por su cuenta y que mientras buscaba otro lugar más seguro para vivir.
A principios de junio relata que se fue a Chinandega, pero la situación de violencia era igual. Dice que se llevaban a la gente presa acusada de terrorismo de manera infundada y que esa situación le daba miedo porque pensaba que cualquier día le podría pasar a él.
Además, dice que al pertenecer al colectivo LGTB le daba más miedo que le pudieran atacar por ese motivo. Por lo que finalmente decidió salir del país y vino a España porque su madre y su tía viven aquí.
Se le preguntó al solicitante si recibió amenazas de muerte por razones de su condición sexual, ideas políticas, religiosas o por la raza a la que pertenece, a lo que el solicitante dice que sí, tales como "no debería haber existido" o "no debería estar aquí", dice que se lo decían los oficiales que estaban en el perímetro cerca de casa del presidente diariamente.
También se le preguntó si denunció los hechos que estaba sufriendo en alguna organización de derechos humanos, a lo que contestó que no, porque no le iban a tener en cuenta y no le iban a hacer caso".
Es decir, se alega por el recurrente un contexto general de inseguridad en Nicaragua y su participación en diversas protestas frente al Gobierno, así como su condición de homosexual.
La resolución recurrida, en relación con la situación sociopolítica de Nicaragua tras exponerse la situación general de Nicaragua en lo que respecta a los hechos específicos que afectan al actor expresa:
La homosexualidad ha sido perseguida como delito en Nicaragua hasta el año 2008, año en el que, con la promulgación de un nuevo código penal, fue abolido el delito de sodomía que condenaba las relaciones entre personas del mismo sexo a penas entre uno y tres años de prisión. Tras la despenalización, el país se dirige a un progresivo reconocimiento de derechos y libertades del colectivo LGTBI observándose avances a nivel legislativo e institucional. En la actual legislación, la discriminación por sexo u orientación sexual se considera un agravante del tipo penal y se penaliza la discriminación laboral por opción sexual. Por otra parte, la Ley 820 sobre promoción, protección y defensa de los derechos humanos ante el VIH y SIDA promulgada en 2012, incluye como principio ético la no discriminación basada en la orientación sexual en el acceso a la salud y tratamiento de estas enfermedades.
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Por otro lado, y en cuanto a la situación socio política del país, cabe señalar que tras unos meses en los que se convocaron distintas manifestaciones de descontento por las actuaciones gubernamentales en materia social, económica y medioambiental, en abril de 2018 estallaron de forma simultánea un conjunto de protestas pacíficas contra la reforma de la Seguridad Social que fueron reprimidas de forma violenta. El uso abusivo de la fuerza fue seguido de una serie de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y generalizadas, torturas y malos tratos, y violaciones del derecho a la libertad de opinión, expresión y reunión pacífica.
De acuerdo con el informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la violencia estatal ha estado dirigida a disuadir la participación en las manifestaciones y sofocar la expresión de disenso político en las protestas pacíficas. Según su análisis, la respuesta estatal se ha caracterizado por un uso excesivo y arbitrario de la fuerza policial y la participación violenta de grupos parapoliciales, también llamados "fuerzas de choque" o "turbas". Asimismo, se han identificado graves obstáculos en el acceso a la atención médica de urgencia a los heridos, como forma de represalia por su participación en las manifestaciones.
Para sofocar las protestas y prevenir su reanudación, han sido referidas detenciones arbitrarias de personas que participaban en las manifestaciones y se han lanzado campañas de estigmatización contra quienes convocaban o asistían a las concentraciones. Según el Informe Anual 2018, sobre Nicaragua, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dichas detenciones se habrían producido, mediante un uso excesivo de la fuerza, por parte de agentes estatales y/o fuerzas de choque encapuchadas y armadas, a partir de listas levantadas con el trabajo de inteligencia de los Consejos de Poder Ciudadano (CPC). En cuanto a la relación entre la situación política anteriormente descrita y el colectivo LGTBI, según el Informe de la CIDH de 21 de junio de 2018, en el marco de su visita al país, la Comisión recibió diversos testimonios sobre actuaciones conjuntas entre actores estatales y terceros armados
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La persona solicitante fundamenta su petición de protección internacional en el temor a sufrir una persecución política a pesar de no haber participado en las manifestaciones en contra del gobierno ni haber prestado ayuda a los manifestantes en contra del gobierno, y a la discriminación social y violencia psicológica y sexual sufrida por su orientación sexual.
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el solicitante relata haber sido víctima de persecución por parte de la policía y de grupos paramilitares por ese motivo.
No obstante, se trata de un hecho puntual acaecido cuando el solicitante vivía en Managua en 2018 y por tanto si bien la conducta sufrida es desde todo punto de vista reprochable, no se observa que de ella se derive un riesgo de ser nuevamente perseguido o agredido en caso de regresar a Nicaragua ya que en 2019 el solicitante se fue a vivir a Chinandega y allí no se repitieron tales hechos.
Tampoco ha sido probada una participación o activismo político y por tanto no puede afirmarse que exista un temor fundado de persecución hacia el solicitante por motivos políticos. El solicitante sufrió una agresión física por el roce de una bala cuando debido a circunstancias ajenas a la política se encontraba en medio de una manifestación, pero dicha agresión no fue debida a una persecución individualizada sino a una agresión a nivel colectivo de la policía hacia los manifestantes.
Si bien el solicitante alega un temor a ser perseguido y víctima de violencia por parte de las autoridades policiales, militares y fuerzas paramilitares que operan en el país, su relato parece encajar más bien con la situación de inseguridad general en la que se encuentra Nicaragua en la actualidad. Así, las citadas amenazas, cabría entenderlas dentro del clima de crispación política en el que no comulgar con las ideas del Gobierno sitúa a los ciudadanos nicaragüenses en un gran contingente de los llamados "opositores". No obstante, ello en sí mismo no deja de ser un reflejo de un clima político polarizado sin que el simple hecho de ser llamado "opositor" y ser víctima por ello de amenazas genéricas por parte de grupos afines al régimen de Leoncio suponga una persecución singular y concreta que permita inferir respecto de todas las personas que no comulgan con el ideario del Gobierno que están en necesidad de protección internacional.
En este sentido, más allá de la credibilidad del relato, es preciso señalar que los hechos referidos por la persona solicitante no pueden ser considerados como un acto de persecución en los términos que señala la normativa de protección internacional. Así, el artículo 6 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre determina que los actos en que se basen los fundados temores a ser objeto de persecución deberán ser suficientemente graves por su naturaleza o carácter reiterado como para constituir una violación grave de los derechos fundamentales; o bien ser una acumulación lo suficientemente grave de varias medidas, incluidas las violaciones de derechos humanos, como para afectar a una persona de manera similar.
En las alegaciones del recurrente, frente a lo razonado en la resolución recurrida se considera que existen circunstancias que justifican el otorgamiento de la protección solicitada y concretamente, tras efectuar un relato fáctico coincidente con las alegaciones efectuadas en la vía administrativa, que en lo esencial han sido previamente extractadas, se alega que se cumplen los requisitos precisos para la obtención de la protección solicitada. Se alega también falta de motivación de la resolución recurrida.
SEGUNDO.Se alega, en primer lugar, por la recurrente falta de motivación en la resolución recurrida.
En relación con ello ha de decirse que dicha resolución se encuentra suficientemente motivada, a los efectos previstos en el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ha de entenderse que existe una expresión suficiente de las razones que justifican la solicitud de asilo.
Dicha motivación, aun escueta, ha de entenderse que es suficiente a los efectos de reputar que no ha existido indefensión en el actor, que ha podido conocer los motivos existentes en la resolución administrativa, que exteriorizan la causa del acto y que permitieron a dichos recurrentes reaccionar frente a dichos motivos interponiendo el recurso pertinente.
Si insistimos en ello ha de considerarse toda la argumentación que se da en la resolución recurrida sobre los hechos alegados por la recurrente -anteriormente reproducidos-- para solicitar la protección, y la consideración de que los mismos no son subsumible en la normativa reguladora del derecho de asilo, todo lo cual es suficiente a los efectos de dar respuesta a las alegaciones expresadas en vía administrativa por la parte actora, que no expresó sino unas genéricas alegaciones carentes de respaldo probatorio.
Sobre esta cuestión ha de decirse que como resulta del relato fáctico transcrito y alegaciones del demandante en la vía administrativa se ha aludido al clima político general de Nicaragua, en que se integran las expresadas alegaciones del actor, y desde tal óptica ha de considerarse que ello no es subsumible en una posible persecución por motivos ideológicos, por lo que ha de entenderse que la respuesta es suficiente como para conocer los motivos de la denegación, posibilitando la interposición de los recursos pertinentes, no causándose indefensión alguna al actor.
TERCERO.En cuanto al fondo, como preceptos de aplicación se ha de aludir al art. 2 de la Ley 12/2009, de 13 de octubre del derecho de asilo y de la protección subsidiaria que expresa: "El derecho de asilo es la protección dispensada a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de refugiado en los términos definidos en el artículo 3 de esta Ley y en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados , hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y su Protocolo, suscrito en Nueva York el 31 de enero de 1967".Y el art. 3 de la Ley 12/2009 que: "La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9".
En el presente caso, la parte actora se basa en consideraciones generales sobre la situación en Nicaragua, y aunque se hubiera intervenido en protestas, extremo no acreditado, no se alega ningún específico elemento a tener en cuenta del que pueda deducirse que existe un concreto riesgo de persecución para el recurrente, al margen de las consideraciones generales sobre la situación nicaragüense y el contexto político general de aquel país. Por otro lado, la persecución alegada y en absoluto acreditada se basa, antes que en actos de persecución por parte de órganos gubernamentales, en posibles represalias por su intervención en actos de protestas, sin individualización frente a otros ciudadanos que participan en los mismos actos, lo que no es un elemento fáctico subsumible en los supuestos contemplados en la normativa de asilo para otorgar la protección solicitada.
Sobre la condición de homosexualidad alegada no existe prueba alguna, de la existencia de actos de persecución por este motivo.
Son trasladables al presente caso los argumentos de la sentencia de esta Sala, Sección 3ª, en sentencia de 22 de diciembre de 2021, recurso 0000815/2020, al expresar:
......" lo que el demandante no ha acreditado, es que como consecuencia de su participación en las diversas manifestaciones y protestas convocadas, a las que han acudido miles de personas, haya sido identificado de forma personal como opositor al régimen político, ni tampoco se ha acreditado que, como consecuencia de su manifestación pública como opositor, haya sido amenazado o denunciado por los partidarios del régimen político existente, ya que sobre este aspecto el demandante se ha limitado a mencionar algunos hechos, pero no están apoyados en pruebas que puedan llevar a esta Sala a la convicción de que efectivamente ha sido perseguido y amenazado por la fuerza policial de su país.
Por otro lado, en relación a la inseguridad del país del recurrente, como se declara en la Sentencia de la Sección Segunda de esta Sala de 5 de marzo de 2015 -recurso nº. 406/2014-: "... el clima general de inseguridad de un país no puede ser suficiente, por sí solo y con desconexión de las particulares circunstancias del actor y de otras posibles alternativas que pudieran existir, para el otorgamiento del asilo, pues, en caso contrario, éste debería concederse a todos las personas que provinieran de dicho país".
(En el mismo sentido, Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, Sentencia de 30 junio 2021, Rec. 1191/2020, Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 4ª, Sentencia de 14 julio 2021, Rec. 377/2020, Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 6ª, Sentencia de 22 marzo 2021, Rec. 2101/2019, en las que se destaca la falta de constancia de la identificación como opositor).
......
El demandante no ha justificado, aun de forma indiciaria, como se exige en esta clase de procedimientos, que los hechos a los que alude referentes a su participación en actos de protesta, le hayan conferido un perfil destacado que le coloque en el punto de mira de las autoridades, y que en suma el temor que manifiesta pueda objetivarse mediante actos de cierta entidad, más allá de la mera participación en actos promovidos por la ciudadanía en contra de las medidas adoptadas por el gobierno. Por tanto, la resolución impugnada debe considerarse ajustada a derecho.
..... Se ha de subrayar, que los demandantes insisten en las circunstancias del país como motivo para solicitar y fundamentar la demanda de protección internacional, si bien esa situación no es suficiente por sí misma para estimar la pretensión de asilo. En efecto, de acuerdo con reiterada Jurisprudencia la situación del país no es un hecho relevante a estos efectos si no tiene una proyección singular sobre el demandante y su familia. Esto es lo que ha apreciado la Administración, en los términos expresados".
Por ello ha de entenderse que el recurrente no ha acreditado tener un perfil de haber sido perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a un grupo social, de género u orientación sexual. Ni siquiera tiene actividad alguna que evidencie un perfil político.
Es por ello que su petición no tiene encuadre en el derecho de asilo. Estamos ante la denuncia de supuestos de carácter genérico, y ha de tenerse en cuenta que se requiere un mínimo de prueba sobre la situación denunciada, como se ha expresado en la sentencia de esta Sala, Sección cuarta, en sentencia de 24 de julio de 2019 dictada en el recurso 571/2018 -que sigue los fundamentos de otras precedentes-, con forme a la cual "no estará de más significar que, en relación con la prueba sobre la concurrencia de elementos que permiten conceder la protección internacional, el art 18.2.b) de la ley 12/2009 alude a la obligación de aportar lo antes posible documentación de la que dispongan sobre su "edad, pasado... identidad, nacionalidad o nacionalidades, lugares de anterior residencia, y motivos por los que se solicita la protección".En la misma línea, el art. 4 de la Directiva 2011/95/UE establece que el solicitante debe aportar "lo antes posible todos los elementos necesarios para fundar su solicitud",haciéndose referencia a las "declaraciones del solicitante y a toda la documentación de la que disponga".
Al respecto, en el Manual de Procedimientos y Criterios para Determinar la Condición de Refugiado se indica que "corresponderá en primer lugar al propio solicitante comunicar los hechos pertinentes del caso".Esto es, corresponde al recurrente la carga de exponer y aportar el máximo de pruebas de las que disponga y respalden su solicitud. Y a continuación se dispone que el examinador debe apreciar la validez de las pruebas y su crédito; haciéndose también referencia a la dificultad que pueden tener los solicitantes de asilo a la hora de aportar pruebas que respalden su solicitud y a la necesidad de que la Administración adopte una posición activa por tal causa. Así se dice que "aun cuando en principio la carga de la prueba incumbe al solicitante, el deber de averiguar y evaluar todos los hechos pertinentes corresponde a la vez al solicitante y al examinador".Incluso se hace referencia al juego del "beneficio de la duda en determinados casos".
Estas pautas, por lo demás, inspiran el art. 4.5 de la Directiva 2011/95/UE y, por lo tanto, deben ser tenidas en cuenta por esta Sala (en este sentido, SAN, 2ª de 26 de junio de 2018 (rec. 328/2017).
En esta misma línea, nuestro Tribunal Supremo sostiene que "la jurisprudencia consolidada de este Tribunal Supremo interpreta la normativa sobre Asilo en el sentido de que de la misma se infiere un criterio de atenuación de la carga de la prueba, pero no una exoneración total de ésta. Ciertamente, para la concesión del asilo bastan indicios suficientes de que el solicitante tiene fundado temor de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas. Bastan, pues, los indicios suficientes; pero estos han de existir, y es carga del recurrente aportarlos" - STS de 21 de marzo de 2005 (Rec. 6847/2011)-. En la misma línea la STS de 23 de septiembre de 2005 (Rec. 3508/2002), en la que se insiste en que la carga de la prueba "corresponde al que solicita el asilo, quien ha de acreditar de forma satisfactoria que tiene temor de ser perseguido por razón de raza, etnia, religión, pertenencia a grupo social determinado o por actividades políticas, acorde con lo que decíamos en el Fundamento primero, y viene manteniendo la Sala en reiteradas sentencias, y en el mismo sentido viene pronunciándose el Tribunal Supremo. Así en sentencia de esta Alto Tribunal de 11 de noviembre de 1999 , se recoge "... para que se resuelva favorablemente la petición de asilo, bastará que aparezcan indicios suficientes, según la naturaleza de cada caso, para deducir que se da alguno de los supuestos previstos en los números 1 a 3 del art. 3 de la Ley. El precepto reconoce las dificultades que pueden existir para obtener una prueba plena que demuestre que una persona es objeto de persecución, o tiene fundados temores de serlo, por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas o, en general, de las restantes causas... Pero ello no significa que sean bastantes las simples alegaciones del solicitante para considerar que existen los indicios que la Ley requiere, pues en tal caso sería obligado conceder el asilo pedido en todos los supuestos, si las declaraciones del solicitante, parte interesada en que se atienda su petición, tuvieran un respaldo probatorio, aunque el mismo fuese de carácter puramente indiciario..."
Y bien, ya se dijo antes que un argumento importante para la denegación ha consistido en que las alegaciones de los solicitantes son "genéricas e imprecisas en la explicación y descripción de los hechos",lo que ahora como se ha visto mantiene la Sala, ante la falta de aportación siquiera de unos indicios suficientes.
Por lo tanto, en el presente caso, la mera alegación de la situación general de Nicaragua, sin acreditar una situación individual de persecución para los recurrentes, impide tener por acreditado que exista ninguna de las situaciones que justificarían el otorgamiento de la protección solicitada.
CUARTO.En cuanto a la protección subsidiaria el artículo 4 de la Ley 12/2009 establece lo siguiente:
«El derecho a la protección subsidiaria es el dispensado a las personas de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen en el caso de los nacionales o, al de su anterior residencia habitual en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en el artículo 10 de esta Ley , y que no pueden o, a causa de dicho riesgo, no quieren, acogerse a la protección del país de que se trate, siempre que no concurra alguno de los supuestos mencionados en los artículos 11 y 12 de esta Ley.».
En sentencia de la Sección Octava de 19 de octubre de 2019, recurso 1263/2017, y en sentencia 18 de mayo de 2020, recurso 979/2018, en relación a la protección subsidiaria, se dice:
«Esta segunda manifestación de la protección internacional es específica de la Unión Europea y ajena al sistema de la Convención de Ginebra, sin perjuicio de su vínculo con el artículo 3 del CEDH.
El nivel de protección que garantiza al beneficiario es sustancialmente igual, aunque no idéntico, al del asilo. De su definición legal contenida en el artículo 2 f) de la Directiva de reconocimiento y en el artículo 4 de la Ley 12/2009, se desprende que no es necesario que el peticionario de la protección subsidiaria acredite su estar incurso en uno de los motivos de persecución de los enumerados en el artículo 7 de la Directiva de reconocimiento (10 de la Ley 12/2009), siendo ésta la diferencia esencial con el asilo.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Directiva de reconocimiento, la concesión de este estatuto se realizará con arreglo a las mismas reglas que para el asilo, salvo sus propias especificaciones.
La necesaria valoración individual de una solicitud de protección subsidiaria, prevista en el artículo 4, apartado 3, de la Directiva de reconocimiento, puede tomar en consideración el destino efectivo de peticionario en el marco de la extensión geográfica de la situación de violencia indiscriminada y la existencia, en su caso, de un indicio serio de riesgo real como el mencionado en el artículo 4, apartado 4, de la Directiva, indicio respecto al cual la exigencia de una violencia indiscriminada, requerida para poder acogerse a la protección subsidiaria, puede ser menos elevada.
La protección subsidiaria completa el sistema de salvaguarda de los refugiados, identificando a las personas realmente necesitadas de protección internacional y ofreciéndoles un estatuto apropiado. Su concesión se justifica cuando el peticionario acredita que tiene motivos fundados para creer que correría un riesgo real de sufrir un "daño grave"en caso de que fuera expulsado al país de origen de que se trate ( STJUE de 18 de diciembre de 2014, asunto M Bodj C-542/13, apartado 30).
Los tres supuestos que integran el "daño grave"referido se enumeran de forma taxativa y exclusiva en el artículo 15 de la Directiva de reconocimiento y 10 de la Ley 12/2009, siendo su tratamiento por la jurisprudencia distinto para el caso c) de ambos preceptos. Dicho apartado c) considera "daño grave",que justifica la concesión de la protección subsidiaria, "las amenazas graves e individuales contra la vida o la integridad física de un civil motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado internacional o interno".
Por su parte, el Tribunal Supremo en sentencia, entre otras, de 28 de marzo de 2017, advierte que el artículo 4 de la Ley 12/2009 parte de la base de que para otorgar la protección subsidiaria no tienen por qué existir los mismos requisitos de la obtención del asilo, pues, de otra forma, la protección subsidiaria sería una figura superflua. Dice en este sentido que «[s]i para la concesión del derecho de asilo se necesita la concurrencia de unos determinados requisitos de persecución, de naturaleza del agente perseguidor y del motivo de la persecución, el derecho a la protección subsidiaria podrá ser concedido cuando alguno de esos tres requisitos no se cumpla o esté ausente, no obstante lo cual exista riesgo de alguno de los daños graves que describe el artículo 10 de la propia ley; es decir, podrá ser concedida, dados por supuestos esos daños, cuando no exista la misma persecución que se exige para el derecho de asilo o cuando la persecución no esté basada en los motivos previstos para éste o, en fin, cuando el agente perseguidor sea alguien distinto al exigido por la ley para la concesión del derecho de asilo [...]».
En el presente caso, nada se ha interesado en la demanda sobre protección subsidiaria y, como se ha expuesto, no se ha acreditado la existencia de tal riesgo de daños graves, por lo que carecería de fundamento la adopción de la medida interesada de protección.
A tenor de los razonamientos precedentes la demanda ha de ser íntegramente desestimada.
QUINTO.En cuanto a las costas, previene el artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de esta Jurisdicción, en la redacción aplicable a este procedimiento que "En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho". Y en el presente caso, desestimado el recurso, sin que existan dudas de hecho o de derecho, procede su imposición a la parte actora.
En aplicación del principio de moderación, del que se hacen eco diversas sentencias del Tribunal Supremo, como son las de 19 y 25 de febrero de 2010, en atención a la dificultad del asunto y la labor efectivamente realizada en el procedimiento, se considera que la cantidad máxima a que debe ascender la tasación de costas a realizar por todos los conceptos, excepto el Impuesto sobre el Valor Añadido, ha de ser la cifra de 1.000 euros.
Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,
