Sentencia Contencioso-Administrativo 200/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Séptima, Rec. 1971/2021 de 09 de abril del 2026

PRIMERO. Hechos relevantes y actos administrativos objeto de enjuiciamiento; fundamentación de la resolución del TEAC

El objeto del litigio trae causa de los acuerdos de la Dependencia de Control Tributario y Aduanero de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la AEAT, que, denegaron la devolución de ingresos indebidos solicitada respecto del IVPEE de los ejercicios 2017 y 2018; resolución desestimatoria de reposición de 5 de marzo de 2019 frente a la liquidación de 16 de enero de 2019 (2017) y acuerdo de liquidación de 11 de febrero de 2020 (2018).

El TEAC, tras acumular las reclamaciones, confirmó la legalidad de los acuerdos impugnados.

A tal fin, el órgano central de revisión parte de dos premisas: de un lado, su falta de competencia para efectuar un control de constitucionalidad de la Ley 15/2012, que alegaba la actora, y, de otro, la existencia de doctrina constitucional y jurisprudencia europea que, a su juicio, no avalaba las tachas articuladas. Sobre esa base, razona: que la eventual doble imposición no está constitucionalmente proscrita fuera del ámbito de la LOFCA y, en todo caso, su examen corresponde a los principios de capacidad económica y no confiscatoriedad; que el IVPEE no vulnera el Derecho de la Unión; y que el principio de "quien contamina paga" no es directamente invocable por los particulares al margen de normativa específica dictada ex artículo 192 TFUE.

SEGUNDO. Posiciones de las partes

Sostiene la recurrente, como eje de su impugnación, la inconstitucionalidad del IVPEE porque, a su juicio, carece de verdadera finalidad extrafiscal medioambiental así como por vulnerar los principios de capacidad económica, igualdad y generalidad del artículo 31.1 CE; denuncia, además, el solapamiento con el impuesto sobre sociedades y el IAE, así como contradicción con la Directiva 2003/96/CE al configurar en la práctica un tributo indirecto sobre productos energéticos. Alega igualmente la infracción del principio de "quien contamina paga" del artículo 191.2 TFUE y destaca la exoneración temporal del IVPEE introducida por el Real Decreto-ley 15/2018 -a su juicio, expresiva del carácter meramente recaudatorio del impuesto-. En consecuencia, solicita la rectificación de autoliquidaciones (modelo 583) de 2017 y 2018 y la devolución de ingresos indebidos con intereses.

Contrariamente, el Abogado del Estado recusa las tachas de inconstitucionalidad y de infracción del Derecho de la Unión aducidas por la recurrente, remitiéndose a la jurisprudencia contenciosa y a la doctrina constitucional y del TJUE citadas en defensa de la validez del IVPEE; recuerda, en particular, el sentido desestimatorio ya fijado en el recurso de casación núm. 5525/2017 y la improcedencia de las alegaciones de doble imposición y de confiscatoriedad.

TERCERO. Juicio de la Sala. Remisión a la sentencia firme de esta Sala de 18 de marzo de 2025 (recurso 1965/2021 ) rememorada en la de 20 de febrero de 2026 (recurso1972/2021).

Las cuestiones que ahora se suscitan ya fueron examinadas en los recursos 1965/2021 y 1972/2021. Dado que los motivos de impugnación coinciden en lo sustancial con los allí articulados, procede seguir el criterio establecido en la sentencia de 18 de marzo de 2025 (recurso 1965/2021), en la que se sistematizan y se da respuesta a las objeciones de constitucionalidad y a las tachas de incompatibilidad con el Derecho de la Unión formuladas frente al IVPEE. No obstante, se hará aquí una remisión sintética a aquella doctrina, prescindiendo de un desarrollo extenso y de la reiteración de citas canónicas, a fin de no alargar innecesariamente esta exposición.

Comenzando por el plano constitucional, la inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad acordada por el Tribunal Constitucional en el ATC 69/2018 descarta, con carácter general, que el diseño legal del IVPEE infrinja el principio de capacidad económica o incurra en confiscatoriedad, y también que la eventual coincidencia con otras figuras (como el IAE o el impuesto sobre sociedades) constituya doble imposición constitucionalmente proscrita fuera del marco de la LOFCA; el Tribunal Supremo, por su parte, ha rechazado reabrir ese debate y ha negado la procedencia de nuevas cuestiones de inconstitucionalidad en STS 812/2021, 837/2021 y 1192/2021, entre otras. Todo ello quedó expresamente recogido y asumido en la sentencia de 18 de marzo de 2025.

Desde la perspectiva del Derecho de la Unión, el IVPEE -calificado legalmente como impuesto directo de naturaleza real- no se integra en el sistema de impuestos especiales ni vulnera la Directiva 2003/96/CE ni la Directiva 2008/118/CE; tampoco se opone a la normativa sobre fomento de renovables ni a la regulación del mercado interior de la electricidad ni al régimen de ayudas de Estado. Esta conclusión, sustentada en reiterada jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que la sentencia de 18 de marzo de 2025 compendia ( SSTS 8 y 11 de junio de 2021; 23 y 24 de junio de 2021; 17 de septiembre de 2021; 1 de octubre de 2021), se asume de nuevo aquí por identidad de fundamentos.

No enerva tal conclusión la invocación del principio de "quien contamina paga": la sentencia de 18 de marzo de 2025 ya razonó, con apoyo en la jurisprudencia del TJUE (sentencias de 7 de noviembre de 2019, asuntos acumulados C-80/1 8 a C-83/18 y C-105/ 18 a C-113/18), que ese principio no es directamente oponible por los particulares con efectos excluyentes sin concreción de una norma de la Unión dictada ex artículo 192 TFUE que resulte vulnerada; precisión que aquí tampoco se satisface.

Tampoco altera el juicio de validez la exoneración temporal del IVPEE introducida por el Real Decreto-ley 15/2018, adoptada para afrontar una coyuntura de precios mayoristas elevados: se trata de una medida coyuntural de política energética que no cuestiona la estructura esencial del tributo ni su finalidad mixta (recaudatoria y extrafiscal) dentro del margen de configuración del legislador estatal, tal como ya se dejó sentado en la resolución de 18 de marzo de 2025.

Finalmente, tampoco podemos acoger el argumento relativo a la supuesta desventaja competitiva de los productores españoles frente a los portugueses en el marco del MIBEL: la jurisprudencia que sistematiza nuestra sentencia de 18 de marzo de 2025 descarta que el IVPEE introduzca distorsiones contrarias a las libertades comunitarias o al régimen sectorial aplicable al mercado interior de la electricidad.

Por lo demás, no apreciamos la concurrencia de razones para apartarnos del criterio adoptado en nuestras anteriores decisiones.

CUARTO. Costas

Por las razones expuestas, el recurso contencioso-administrativo debe ser desestimado y no apreciando dudas de hecho ni de derecho, procede imponer a la parte recurrente el pago de las costas causadas en esta instancia de conformidad con lo establecido en el artículo 139.1 LJCA si bien, haciendo uso de la facultad prevista en el número 3 del referido artículo la Sala limita el alcance cuantitativo de la condena en costas, que no podrá exceder, por todos los conceptos, de la cifra máxima de 3.000 euros por la intervención del abogado del Estado atendida la facultad de moderación conferida por la Ley y habida cuenta del alcance y la dificultad de las cuestiones suscitadas.

PRIMERO. Hechos relevantes y actos administrativos objeto de enjuiciamiento; fundamentación de la resolución del TEAC

El objeto del litigio trae causa de los acuerdos de la Dependencia de Control Tributario y Aduanero de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la AEAT, que, denegaron la devolución de ingresos indebidos solicitada respecto del IVPEE de los ejercicios 2017 y 2018; resolución desestimatoria de reposición de 5 de marzo de 2019 frente a la liquidación de 16 de enero de 2019 (2017) y acuerdo de liquidación de 11 de febrero de 2020 (2018).

El TEAC, tras acumular las reclamaciones, confirmó la legalidad de los acuerdos impugnados.

A tal fin, el órgano central de revisión parte de dos premisas: de un lado, su falta de competencia para efectuar un control de constitucionalidad de la Ley 15/2012, que alegaba la actora, y, de otro, la existencia de doctrina constitucional y jurisprudencia europea que, a su juicio, no avalaba las tachas articuladas. Sobre esa base, razona: que la eventual doble imposición no está constitucionalmente proscrita fuera del ámbito de la LOFCA y, en todo caso, su examen corresponde a los principios de capacidad económica y no confiscatoriedad; que el IVPEE no vulnera el Derecho de la Unión; y que el principio de "quien contamina paga" no es directamente invocable por los particulares al margen de normativa específica dictada ex artículo 192 TFUE.

SEGUNDO. Posiciones de las partes

Sostiene la recurrente, como eje de su impugnación, la inconstitucionalidad del IVPEE porque, a su juicio, carece de verdadera finalidad extrafiscal medioambiental así como por vulnerar los principios de capacidad económica, igualdad y generalidad del artículo 31.1 CE; denuncia, además, el solapamiento con el impuesto sobre sociedades y el IAE, así como contradicción con la Directiva 2003/96/CE al configurar en la práctica un tributo indirecto sobre productos energéticos. Alega igualmente la infracción del principio de "quien contamina paga" del artículo 191.2 TFUE y destaca la exoneración temporal del IVPEE introducida por el Real Decreto-ley 15/2018 -a su juicio, expresiva del carácter meramente recaudatorio del impuesto-. En consecuencia, solicita la rectificación de autoliquidaciones (modelo 583) de 2017 y 2018 y la devolución de ingresos indebidos con intereses.

Contrariamente, el Abogado del Estado recusa las tachas de inconstitucionalidad y de infracción del Derecho de la Unión aducidas por la recurrente, remitiéndose a la jurisprudencia contenciosa y a la doctrina constitucional y del TJUE citadas en defensa de la validez del IVPEE; recuerda, en particular, el sentido desestimatorio ya fijado en el recurso de casación núm. 5525/2017 y la improcedencia de las alegaciones de doble imposición y de confiscatoriedad.

TERCERO. Juicio de la Sala. Remisión a la sentencia firme de esta Sala de 18 de marzo de 2025 (recurso 1965/2021 ) rememorada en la de 20 de febrero de 2026 (recurso1972/2021).

Las cuestiones que ahora se suscitan ya fueron examinadas en los recursos 1965/2021 y 1972/2021. Dado que los motivos de impugnación coinciden en lo sustancial con los allí articulados, procede seguir el criterio establecido en la sentencia de 18 de marzo de 2025 (recurso 1965/2021), en la que se sistematizan y se da respuesta a las objeciones de constitucionalidad y a las tachas de incompatibilidad con el Derecho de la Unión formuladas frente al IVPEE. No obstante, se hará aquí una remisión sintética a aquella doctrina, prescindiendo de un desarrollo extenso y de la reiteración de citas canónicas, a fin de no alargar innecesariamente esta exposición.

Comenzando por el plano constitucional, la inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad acordada por el Tribunal Constitucional en el ATC 69/2018 descarta, con carácter general, que el diseño legal del IVPEE infrinja el principio de capacidad económica o incurra en confiscatoriedad, y también que la eventual coincidencia con otras figuras (como el IAE o el impuesto sobre sociedades) constituya doble imposición constitucionalmente proscrita fuera del marco de la LOFCA; el Tribunal Supremo, por su parte, ha rechazado reabrir ese debate y ha negado la procedencia de nuevas cuestiones de inconstitucionalidad en STS 812/2021, 837/2021 y 1192/2021, entre otras. Todo ello quedó expresamente recogido y asumido en la sentencia de 18 de marzo de 2025.

Desde la perspectiva del Derecho de la Unión, el IVPEE -calificado legalmente como impuesto directo de naturaleza real- no se integra en el sistema de impuestos especiales ni vulnera la Directiva 2003/96/CE ni la Directiva 2008/118/CE; tampoco se opone a la normativa sobre fomento de renovables ni a la regulación del mercado interior de la electricidad ni al régimen de ayudas de Estado. Esta conclusión, sustentada en reiterada jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que la sentencia de 18 de marzo de 2025 compendia ( SSTS 8 y 11 de junio de 2021; 23 y 24 de junio de 2021; 17 de septiembre de 2021; 1 de octubre de 2021), se asume de nuevo aquí por identidad de fundamentos.

No enerva tal conclusión la invocación del principio de "quien contamina paga": la sentencia de 18 de marzo de 2025 ya razonó, con apoyo en la jurisprudencia del TJUE (sentencias de 7 de noviembre de 2019, asuntos acumulados C-80/1 8 a C-83/18 y C-105/ 18 a C-113/18), que ese principio no es directamente oponible por los particulares con efectos excluyentes sin concreción de una norma de la Unión dictada ex artículo 192 TFUE que resulte vulnerada; precisión que aquí tampoco se satisface.

Tampoco altera el juicio de validez la exoneración temporal del IVPEE introducida por el Real Decreto-ley 15/2018, adoptada para afrontar una coyuntura de precios mayoristas elevados: se trata de una medida coyuntural de política energética que no cuestiona la estructura esencial del tributo ni su finalidad mixta (recaudatoria y extrafiscal) dentro del margen de configuración del legislador estatal, tal como ya se dejó sentado en la resolución de 18 de marzo de 2025.

Finalmente, tampoco podemos acoger el argumento relativo a la supuesta desventaja competitiva de los productores españoles frente a los portugueses en el marco del MIBEL: la jurisprudencia que sistematiza nuestra sentencia de 18 de marzo de 2025 descarta que el IVPEE introduzca distorsiones contrarias a las libertades comunitarias o al régimen sectorial aplicable al mercado interior de la electricidad.

Por lo demás, no apreciamos la concurrencia de razones para apartarnos del criterio adoptado en nuestras anteriores decisiones.

CUARTO. Costas

Por las razones expuestas, el recurso contencioso-administrativo debe ser desestimado y no apreciando dudas de hecho ni de derecho, procede imponer a la parte recurrente el pago de las costas causadas en esta instancia de conformidad con lo establecido en el artículo 139.1 LJCA si bien, haciendo uso de la facultad prevista en el número 3 del referido artículo la Sala limita el alcance cuantitativo de la condena en costas, que no podrá exceder, por todos los conceptos, de la cifra máxima de 3.000 euros por la intervención del abogado del Estado atendida la facultad de moderación conferida por la Ley y habida cuenta del alcance y la dificultad de las cuestiones suscitadas.

PRIMERO. Hechos relevantes y actos administrativos objeto de enjuiciamiento; fundamentación de la resolución del TEAC

El objeto del litigio trae causa de los acuerdos de la Dependencia de Control Tributario y Aduanero de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la AEAT, que, denegaron la devolución de ingresos indebidos solicitada respecto del IVPEE de los ejercicios 2017 y 2018; resolución desestimatoria de reposición de 5 de marzo de 2019 frente a la liquidación de 16 de enero de 2019 (2017) y acuerdo de liquidación de 11 de febrero de 2020 (2018).

El TEAC, tras acumular las reclamaciones, confirmó la legalidad de los acuerdos impugnados.

A tal fin, el órgano central de revisión parte de dos premisas: de un lado, su falta de competencia para efectuar un control de constitucionalidad de la Ley 15/2012, que alegaba la actora, y, de otro, la existencia de doctrina constitucional y jurisprudencia europea que, a su juicio, no avalaba las tachas articuladas. Sobre esa base, razona: que la eventual doble imposición no está constitucionalmente proscrita fuera del ámbito de la LOFCA y, en todo caso, su examen corresponde a los principios de capacidad económica y no confiscatoriedad; que el IVPEE no vulnera el Derecho de la Unión; y que el principio de "quien contamina paga" no es directamente invocable por los particulares al margen de normativa específica dictada ex artículo 192 TFUE.

SEGUNDO. Posiciones de las partes

Sostiene la recurrente, como eje de su impugnación, la inconstitucionalidad del IVPEE porque, a su juicio, carece de verdadera finalidad extrafiscal medioambiental así como por vulnerar los principios de capacidad económica, igualdad y generalidad del artículo 31.1 CE; denuncia, además, el solapamiento con el impuesto sobre sociedades y el IAE, así como contradicción con la Directiva 2003/96/CE al configurar en la práctica un tributo indirecto sobre productos energéticos. Alega igualmente la infracción del principio de "quien contamina paga" del artículo 191.2 TFUE y destaca la exoneración temporal del IVPEE introducida por el Real Decreto-ley 15/2018 -a su juicio, expresiva del carácter meramente recaudatorio del impuesto-. En consecuencia, solicita la rectificación de autoliquidaciones (modelo 583) de 2017 y 2018 y la devolución de ingresos indebidos con intereses.

Contrariamente, el Abogado del Estado recusa las tachas de inconstitucionalidad y de infracción del Derecho de la Unión aducidas por la recurrente, remitiéndose a la jurisprudencia contenciosa y a la doctrina constitucional y del TJUE citadas en defensa de la validez del IVPEE; recuerda, en particular, el sentido desestimatorio ya fijado en el recurso de casación núm. 5525/2017 y la improcedencia de las alegaciones de doble imposición y de confiscatoriedad.

TERCERO. Juicio de la Sala. Remisión a la sentencia firme de esta Sala de 18 de marzo de 2025 (recurso 1965/2021 ) rememorada en la de 20 de febrero de 2026 (recurso1972/2021).

Las cuestiones que ahora se suscitan ya fueron examinadas en los recursos 1965/2021 y 1972/2021. Dado que los motivos de impugnación coinciden en lo sustancial con los allí articulados, procede seguir el criterio establecido en la sentencia de 18 de marzo de 2025 (recurso 1965/2021), en la que se sistematizan y se da respuesta a las objeciones de constitucionalidad y a las tachas de incompatibilidad con el Derecho de la Unión formuladas frente al IVPEE. No obstante, se hará aquí una remisión sintética a aquella doctrina, prescindiendo de un desarrollo extenso y de la reiteración de citas canónicas, a fin de no alargar innecesariamente esta exposición.

Comenzando por el plano constitucional, la inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad acordada por el Tribunal Constitucional en el ATC 69/2018 descarta, con carácter general, que el diseño legal del IVPEE infrinja el principio de capacidad económica o incurra en confiscatoriedad, y también que la eventual coincidencia con otras figuras (como el IAE o el impuesto sobre sociedades) constituya doble imposición constitucionalmente proscrita fuera del marco de la LOFCA; el Tribunal Supremo, por su parte, ha rechazado reabrir ese debate y ha negado la procedencia de nuevas cuestiones de inconstitucionalidad en STS 812/2021, 837/2021 y 1192/2021, entre otras. Todo ello quedó expresamente recogido y asumido en la sentencia de 18 de marzo de 2025.

Desde la perspectiva del Derecho de la Unión, el IVPEE -calificado legalmente como impuesto directo de naturaleza real- no se integra en el sistema de impuestos especiales ni vulnera la Directiva 2003/96/CE ni la Directiva 2008/118/CE; tampoco se opone a la normativa sobre fomento de renovables ni a la regulación del mercado interior de la electricidad ni al régimen de ayudas de Estado. Esta conclusión, sustentada en reiterada jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que la sentencia de 18 de marzo de 2025 compendia ( SSTS 8 y 11 de junio de 2021; 23 y 24 de junio de 2021; 17 de septiembre de 2021; 1 de octubre de 2021), se asume de nuevo aquí por identidad de fundamentos.

No enerva tal conclusión la invocación del principio de "quien contamina paga": la sentencia de 18 de marzo de 2025 ya razonó, con apoyo en la jurisprudencia del TJUE (sentencias de 7 de noviembre de 2019, asuntos acumulados C-80/1 8 a C-83/18 y C-105/ 18 a C-113/18), que ese principio no es directamente oponible por los particulares con efectos excluyentes sin concreción de una norma de la Unión dictada ex artículo 192 TFUE que resulte vulnerada; precisión que aquí tampoco se satisface.

Tampoco altera el juicio de validez la exoneración temporal del IVPEE introducida por el Real Decreto-ley 15/2018, adoptada para afrontar una coyuntura de precios mayoristas elevados: se trata de una medida coyuntural de política energética que no cuestiona la estructura esencial del tributo ni su finalidad mixta (recaudatoria y extrafiscal) dentro del margen de configuración del legislador estatal, tal como ya se dejó sentado en la resolución de 18 de marzo de 2025.

Finalmente, tampoco podemos acoger el argumento relativo a la supuesta desventaja competitiva de los productores españoles frente a los portugueses en el marco del MIBEL: la jurisprudencia que sistematiza nuestra sentencia de 18 de marzo de 2025 descarta que el IVPEE introduzca distorsiones contrarias a las libertades comunitarias o al régimen sectorial aplicable al mercado interior de la electricidad.

Por lo demás, no apreciamos la concurrencia de razones para apartarnos del criterio adoptado en nuestras anteriores decisiones.

CUARTO. Costas

Por las razones expuestas, el recurso contencioso-administrativo debe ser desestimado y no apreciando dudas de hecho ni de derecho, procede imponer a la parte recurrente el pago de las costas causadas en esta instancia de conformidad con lo establecido en el artículo 139.1 LJCA si bien, haciendo uso de la facultad prevista en el número 3 del referido artículo la Sala limita el alcance cuantitativo de la condena en costas, que no podrá exceder, por todos los conceptos, de la cifra máxima de 3.000 euros por la intervención del abogado del Estado atendida la facultad de moderación conferida por la Ley y habida cuenta del alcance y la dificultad de las cuestiones suscitadas.