Sentencia Contencioso-Administrativo 140/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Sexta, Rec. 59/2023 de 19 de marzo del 2026

PRIMERO.-Es objeto del presente recurso contencioso administrativo la resolución de 15 de julio de 2024, dictada por el Director General de los Registros y del Notariado actuando por delegación del Ministro de Justicia, que de forma expresa acordó denegar la nacionalidad española por residencia en su día solicitada por el actor.

Del expediente administrativo se sigue que D. Onesimo, nacido en Tachout, Mauritania, el NUM000 de 1977, solicitó el 23 de septiembre de 2021 la concesión de la nacionalidad española por residencia, petición que hubo de entender desestimada por silencio una vez transcurrido el plazo legal de resolución.

A su petición acompañaba solicitud de dispensa de la realización de la prueba de dominio del idioma español (DELE) y de conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CSSE) por analfabetismo, constando que, con fecha 29 de marzo de 2023, se le autorizó a realizar las pruebas adaptadas para la obtención de los referidos certificados. A requerimiento de la Administración aportó, además, certificado de antecedentes penales de su país de origen.

Por su parte, la resolución denegatoria, dictada cuando este proceso había sido ya iniciado al interponerse el recurso contencioso administrativo contra la desestimación presunta, basa la denegación de la nacionalidad en que el interesado no acredita suficiente grado de integración al no aportar justificante de haber superado la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CSSE) y de dominio del idioma español (DELE).

Argumentos que reproduce el Abogado del Estado en la contestación a la demanda.

SEGUNDO.-Fren te a las razones aducidas por la Administración, basta la mera lectura del expediente administrativo para constatar que, con fecha 24 de agosto de 2023, el Sr. Onesimo presentó certificado en el que constaba que el 21 de agosto anterior realizó la prueba de conocimientos CSSE con el resultado de APTO. Sorprende por ello que la resolución de 15 de julio de 2024 manifieste de forma expresa que no se había aportado dicho certificado.

Por otra parte, obra en los autos justificante de la realización de la prueba DELE el día 4 de diciembre de 2024, igualmente con resultado de APTO.

Por tanto, decae la razón en la cual se fundamenta la resolución denegatoria de la nacionalidad (falta de integración del solicitante por no aportarse los certificados DELE y CSSE) y, por contra, se ha acreditado la concurrencia de todos los requisitos a los que se condiciona la obtención de la nacionalidad por residencia pues, no solo se han aportado los referidos certificados, sino que también se incorporó al expediente administrativo el certificado negativo de antecedentes penales en el país de origen, siendo así que, en oficio, de 15 de junio de 2023, la Subdirección General de Nacionalidad y Residencia hace constar que "... de acuerdo con el resultado de la consulta realizada al Registro Central de Penados del Ministerio de Justicia, el interesado no presentaba antecedentes penales a fecha 16/03/2023, o bien los mismos se encontraban cancelados".

En consecuencia, resulta obligado estimar el recurso y reconocer el derecho del actor a obtener la nacionalidad española por residencia.

TERCERO.-En virtud de lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley Jurisdiccional, las costas de este proceso, que no podrán exceder de 1.000 euros, habrán de ser satisfechas por la Administración demandada.

VISTOS los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación

PRIMERO.-Es objeto del presente recurso contencioso administrativo la resolución de 15 de julio de 2024, dictada por el Director General de los Registros y del Notariado actuando por delegación del Ministro de Justicia, que de forma expresa acordó denegar la nacionalidad española por residencia en su día solicitada por el actor.

Del expediente administrativo se sigue que D. Onesimo, nacido en Tachout, Mauritania, el NUM000 de 1977, solicitó el 23 de septiembre de 2021 la concesión de la nacionalidad española por residencia, petición que hubo de entender desestimada por silencio una vez transcurrido el plazo legal de resolución.

A su petición acompañaba solicitud de dispensa de la realización de la prueba de dominio del idioma español (DELE) y de conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CSSE) por analfabetismo, constando que, con fecha 29 de marzo de 2023, se le autorizó a realizar las pruebas adaptadas para la obtención de los referidos certificados. A requerimiento de la Administración aportó, además, certificado de antecedentes penales de su país de origen.

Por su parte, la resolución denegatoria, dictada cuando este proceso había sido ya iniciado al interponerse el recurso contencioso administrativo contra la desestimación presunta, basa la denegación de la nacionalidad en que el interesado no acredita suficiente grado de integración al no aportar justificante de haber superado la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CSSE) y de dominio del idioma español (DELE).

Argumentos que reproduce el Abogado del Estado en la contestación a la demanda.

SEGUNDO.-Fren te a las razones aducidas por la Administración, basta la mera lectura del expediente administrativo para constatar que, con fecha 24 de agosto de 2023, el Sr. Onesimo presentó certificado en el que constaba que el 21 de agosto anterior realizó la prueba de conocimientos CSSE con el resultado de APTO. Sorprende por ello que la resolución de 15 de julio de 2024 manifieste de forma expresa que no se había aportado dicho certificado.

Por otra parte, obra en los autos justificante de la realización de la prueba DELE el día 4 de diciembre de 2024, igualmente con resultado de APTO.

Por tanto, decae la razón en la cual se fundamenta la resolución denegatoria de la nacionalidad (falta de integración del solicitante por no aportarse los certificados DELE y CSSE) y, por contra, se ha acreditado la concurrencia de todos los requisitos a los que se condiciona la obtención de la nacionalidad por residencia pues, no solo se han aportado los referidos certificados, sino que también se incorporó al expediente administrativo el certificado negativo de antecedentes penales en el país de origen, siendo así que, en oficio, de 15 de junio de 2023, la Subdirección General de Nacionalidad y Residencia hace constar que "... de acuerdo con el resultado de la consulta realizada al Registro Central de Penados del Ministerio de Justicia, el interesado no presentaba antecedentes penales a fecha 16/03/2023, o bien los mismos se encontraban cancelados".

En consecuencia, resulta obligado estimar el recurso y reconocer el derecho del actor a obtener la nacionalidad española por residencia.

TERCERO.-En virtud de lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley Jurisdiccional, las costas de este proceso, que no podrán exceder de 1.000 euros, habrán de ser satisfechas por la Administración demandada.

VISTOS los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación

PRIMERO.-Es objeto del presente recurso contencioso administrativo la resolución de 15 de julio de 2024, dictada por el Director General de los Registros y del Notariado actuando por delegación del Ministro de Justicia, que de forma expresa acordó denegar la nacionalidad española por residencia en su día solicitada por el actor.

Del expediente administrativo se sigue que D. Onesimo, nacido en Tachout, Mauritania, el NUM000 de 1977, solicitó el 23 de septiembre de 2021 la concesión de la nacionalidad española por residencia, petición que hubo de entender desestimada por silencio una vez transcurrido el plazo legal de resolución.

A su petición acompañaba solicitud de dispensa de la realización de la prueba de dominio del idioma español (DELE) y de conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CSSE) por analfabetismo, constando que, con fecha 29 de marzo de 2023, se le autorizó a realizar las pruebas adaptadas para la obtención de los referidos certificados. A requerimiento de la Administración aportó, además, certificado de antecedentes penales de su país de origen.

Por su parte, la resolución denegatoria, dictada cuando este proceso había sido ya iniciado al interponerse el recurso contencioso administrativo contra la desestimación presunta, basa la denegación de la nacionalidad en que el interesado no acredita suficiente grado de integración al no aportar justificante de haber superado la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CSSE) y de dominio del idioma español (DELE).

Argumentos que reproduce el Abogado del Estado en la contestación a la demanda.

SEGUNDO.-Fren te a las razones aducidas por la Administración, basta la mera lectura del expediente administrativo para constatar que, con fecha 24 de agosto de 2023, el Sr. Onesimo presentó certificado en el que constaba que el 21 de agosto anterior realizó la prueba de conocimientos CSSE con el resultado de APTO. Sorprende por ello que la resolución de 15 de julio de 2024 manifieste de forma expresa que no se había aportado dicho certificado.

Por otra parte, obra en los autos justificante de la realización de la prueba DELE el día 4 de diciembre de 2024, igualmente con resultado de APTO.

Por tanto, decae la razón en la cual se fundamenta la resolución denegatoria de la nacionalidad (falta de integración del solicitante por no aportarse los certificados DELE y CSSE) y, por contra, se ha acreditado la concurrencia de todos los requisitos a los que se condiciona la obtención de la nacionalidad por residencia pues, no solo se han aportado los referidos certificados, sino que también se incorporó al expediente administrativo el certificado negativo de antecedentes penales en el país de origen, siendo así que, en oficio, de 15 de junio de 2023, la Subdirección General de Nacionalidad y Residencia hace constar que "... de acuerdo con el resultado de la consulta realizada al Registro Central de Penados del Ministerio de Justicia, el interesado no presentaba antecedentes penales a fecha 16/03/2023, o bien los mismos se encontraban cancelados".

En consecuencia, resulta obligado estimar el recurso y reconocer el derecho del actor a obtener la nacionalidad española por residencia.

TERCERO.-En virtud de lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley Jurisdiccional, las costas de este proceso, que no podrán exceder de 1.000 euros, habrán de ser satisfechas por la Administración demandada.

VISTOS los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación