Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera, Rec. 2124/2021 de 11 de diciembre del 2024

PRIMERO.-Se impugna la denegación (primero presunta y después por acto expreso del Ministerio de Justicia de 30-11-2022) de la solicitud de concesión de la nacionalidad española presentada en su día por la hoy parte actora, terminando la demanda con la súplica que es de ver en autos.

SEGUNDO.-Los artículos 21 y 22 del Código Civil sujetan la concesión de la nacionalidad española por residencia a dos tipos de requisitos: unos de carácter definido como son la formulación de la correspondiente solicitud y la residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición durante los plazos de diez, cinco, dos o un año, que según los casos se establece; y otros configurados como conceptos jurídicos indeterminados, bien de carácter positivo como es el caso de la justificación de buena conducta cívica y el suficiente grado de integración en la sociedad española, o bien de carácter negativo como es el caso de los motivos de orden público o interés nacional que pueden justificar su denegación. Los primeros no plantean problema para su apreciación, y en cuanto a los segundos, por su propia naturaleza de conceptos jurídicos indeterminados, precisan de la concreción adecuada a las circunstancias concurrentes en cada caso cuya valoración lleva a una única solución justa, jurisdiccionalmente controlable, que debe adoptarse por la Administración ( art. 103 de la Constitución), sin que propicien soluciones alternativas propias de la discrecionalidad administrativa. Así ha declarado la sentencia de 24 de abril de 1999, citando otras muchas como las de 22-6-82, 13-7-84, 9-12-86, 24-4, 18-5, 10-7 y 8-11 de 1993, 19-12-95, 2-1-96, 14-4, 12-5- y 21-12- de 1998 y 24-4-99, que en la apreciación de los conceptos jurídicos indeterminados, como orden público e interés nacional, resulta excluida la discrecionalidad de la Administración, porque la inclusión de un concepto jurídico indeterminado en la norma a aplicar no significa, sin más, que se haya otorgado capacidad a la Administración para decidir con libertad y renunciar a la solución justa del caso, sino que viene obligada a la única decisión correcta a la vista de los hechos acreditados, añadiendo que el reconocimiento de la nacionalidad española no es una potestad discrecional sino un deber cuando concurren los requisitos legalmente previstos. Por ello, la propia sentencia señala que la nacionalidad tiene la auténtica naturaleza jurídica de estado civil de la persona, por lo que su adquisición por residencia no puede confundirse con la que se lleva a cabo por carta de naturaleza, pues mientras ésta constituye un genuino derecho de gracia, en que el requisito de la solicitud tiene el significado de ocasión o motivo pero no causa jurídica de la misma, la adquisición por residencia no puede concederse o denegarse sino cuando concurran las circunstancias legalmente previstas, de manera que no se trata de una concesión "stricto sensu" sino de un reconocimiento por concurrir al efecto los requisitos exigibles.

TERCERO.-En el caso que ahora contemplamos el recurrente es natural de Marruecos, nace el NUM000-2000, reside legalmente en España desde el 15-10-2001, y figura inscrito en el padrón municipal de habitantes del Ayuntamiento de Guía de Isora.

El interesado (menor de edad) presentó su solicitud origen de la litis el 27-10-2017.

La resolución expresa impugnada motivó su pronunciamiento denegatorio en no haber justificado el interesado suficiente grado de integración en la sociedad española.

La demanda rectora del proceso expone las circunstancias del caso, muestra su discrepancia con la resolución recurrida, aduce que el requerimiento documental practicado por la Administración en vía administrativa se hizo en domicilio erróneo y que concurren los requisitos necesarios a los fines pretendidos, cita la normativa y la jurisprudencia que considera de interés, y termina con la súplica de concesión de la nacionalidad española, a cuya pretensión se ha opuesto el Abogado del Estado en los términos que son de ver en autos.

Consta en el expediente administrativo el correspondiente requerimiento a la parte interesada para que aportara el certificado de integración ex artículo 6.6 del Real Decreto 1004/2015 y ex artículo 10.6 de la Orden JUS/1625/2016 al tratarse de un menor de edad, y consta que dicho requerimiento fue atendido con la aportación de las calificaciones de los cursos de la ESO en que el interesado había estado matriculado, por lo que inane deviene la alegación de que el susodicho requerimiento se había dirigido a un domicilio erróneo pues el mismo fue atendido y considerado por la resolución impugnada, que concluyó en la ausencia de prueba suficiente del requisito de integración social en contemplación sobre todo de las calificaciones negativas del cuarto curso de la ESO, haciendo mención especial la resolución combatida en que no aparecían superadas las asignaturas de lengua castellana e historia.

Pues bien, la Sala comparte la valoración negativa que del requisito de integración social ha verificado la resolución puesta en tela de juicio a la vista de la documentación presentada por la propia parte interesada y de que ya hemos hecho mérito más atrás, siendo de remarcar la importancia de las asignaturas de lengua española e historia para medir el grado de integración social del recurrente, tal y como ha realizado la Administración demandada, cuya decisión ha de confirmarse, lo que supone la desestimación del actual recurso.

CUARTO.-Al desestimarse el recurso procede la imposición de las costas a la parte actora, que la Sala en virtud de las facultades conferidas legalmente y atendiendo a las circunstancias del caso establece por todos los conceptos en la cantidad máxima de 1.500 € ( artículo 139.1 y 4 de la LJ).