Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera, Rec. 3/2025 de 11 de febrero del 2026

PR IMERO.- Planteamiento del recurso de apelación.

Tal como se deduce de los antecedentes expuestos, la ahora apelante, participó en el proceso selectivo para acceso por promoción interna, al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, convocado por la Orden JUS/241/2022, de 24 de marzo, en la que se prevé, en lo que ahora interesa, que las bases por las que se regirá la presente convocatoria serán, además de las que se establezcan en la presente Orden, las dispuestas en la Orden JUS/291/2019, de 4 de marzo, por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para el ingreso o acceso a los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, que dispone, "las normas comunes y extraordinarias de los procesos selectivos de las ofertas de empleo público afectadas por el «Plan de Estabilización» para ingreso o acceso del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia al que se refiere el libro VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sin perjuicio de las normas específicas de cada convocatoria."

Esta última Orden establece que los procesos de promoción interna se efectuarán siempre mediante el sistema de concurso-oposición. En particular, la Base Sexta, bajo la rúbrica "Procesos selectivos de promoción interna"es del siguiente tenor literal,

«1.La especial situación de excepcionalidad para la aplicación del acuerdo para la mejora en el empleo público establece como criterio (...)

3. 3. Respecto a la fase de concurso se aplicarán, adicionalmente a los criterios establecidos en la base quinta.3 los establecidos en el Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia.(...).»

La remisión al Real Decreto 1451/2005 de 7 de diciembre obliga a considerar el baremo de méritos allí contemplado, en el que se detallan como méritos a valorar, en la fase de concurso "(...) en todo caso los siguientes aspectos:

a) Historial académico relacionado con las materias o especialidades propias de los cuerpos.

b) Historial profesional, que comprenderá los méritos relacionados con los puestos de trabajo, diplomas, conocimientos informáticos y cursos relacionados con las materias o especialidades propias de los cuerpos.

c) Antigüedad.

d) Conocimiento de idiomas extranjeros.

e) En los ámbitos territoriales correspondientes a comunidades autónomas con lengua oficial o derecho propio (...)»

SEGUNDO.- Cuestión controvertida: Mérito "Conocimiento de idiomas extranjeros."

De entre los méritos a valorar en la fase de concurso, la Orden JUS/241/2022, de 24 de marzo, el Anexo I-B, prevé en la letra C, el Conocimiento de idiomas extranjeros,en los siguientes términos:

«Se valorarán únicamente aquellos títulos que consten en el Cuadro de Equivalencias de exámenes oficiales del Marco Europeo de Referencia para las Lenguas: conocimientos de nivel C1 o C2 (usuario independiente): 2 puntos; y conocimientos de nivel B1 o B2 (usuario competente): 1 punto. No se valorarán los conocimientos de nivel básico o elemental»

Depuradas las pretensiones ejercitadas en la instancia en esta alzada, tal como hemos dejado constancia más arriba, se configura el mérito indicado como el núcleo de controversia que por vía de recurso de apelación se traslada a la Sala para su fiscalización, en concreto, en la interpretación que el Tribunal de Calificación Único (en adelante, TCU) dispuso para su aplicación, en su Acuerdo del día 21 de diciembre de 2022, según el cual,

« Apartado C (Conocimiento de idiomas extranjeros)

En este apartado no serán acumulables los diversos niveles de conocimiento indicados en la convocatoria.

Se tendrán en cuenta únicamente los títulos que consten en el Cuadro de Equivalencias de exámenes oficiales del Marco Europeo de Referencia para las Lenguas.»

La parte apelante en esencia y en cuanto al fondo del asunto, entiende que el Acuerdo infringe las bases, el principio de igualdad en el acceso a la función pública y los principios de mérito y capacidad, por haberle sido valorado el mérito en cuestión con una puntuación de 1, teniendo un nivel de conocimiento en el idioma francés correspondientes a los niveles B1 y B2, por considerar injusto que se otorgue al aspirante que solo posee el nivel B1, la misma puntuación que aquel que posee un nivel B2, puesto que un B2 supone dos años más de estudio (que corresponden a estos estudios oficiales), de modo que no siendo el mismo mérito el nivel B1 y el nivel B2, los criterios interpretativos de valoración del mérito Idiomas extranjerosno pueden responder a un sistema acumulativo sino disociativo, lo que comporta que se otorgue 1 punto por el nivel B1 y 1 punto por el nivel B2, pues la interpretación que hace el TCU de la base comporta que el nivel superior haya quedado de hecho anulado y por ello, es arbitrario y discriminatorio.

TERCERO.- Alcance del recurso de apelación.

Para comenzar el examen y decisión de los motivos impugnatorios vertidos en el recurso de apelación habremos de recordar que este medio de impugnación de resoluciones judiciales tiene por objeto la depuración de un resultado procesal obtenido en la instancia de tal modo que el escrito de alegaciones del apelante ha de contener una crítica de la sentencia impugnada que es la que debe servir de base para la pretensión sustitutoria de pronunciamiento judicial recaído en primera instancia.

La jurisprudencia (entre otras, muchas SSTS de 24 de noviembre de 1987, 5 de diciembre de 1988, 20 de diciembre de 1989, 5 de julio de 1991, 14 de abril de 1993) ha venido reiterando que en el recurso de apelación se transmite al Tribunal ad quem la plena competencia para revisar y decidir todas las cuestiones planteadas, por lo que no puede revisar de oficio los razonamientos de la sentencia apelada al margen de los motivos esgrimidos por el apelante como fundamento de su pretensión, que requiere la individualización de los motivos opuestos a fin de que puedan examinarse dentro de los límites y en congruencia con los términos en que esta venga ejercitada, sin que baste con que se reproduzcan los fundamentos utilizados en la primera instancia, puesto que en el recurso de apelación lo que ha de ponerse de manifiesto es la improcedencia de que se dictara la sentencia en el sentido en que se produjo. Por tanto, el enjuiciamiento de esta Sala debe limitarse al estudio de los motivos alegados por la parte recurrente en el presente recurso de apelación, sin extender su enjuiciamiento a otros que fueron objeto de discusión y debate en la instancia.

En aplicación de tal jurisprudencia pueden traerse a colación, entre otras, nuestra Sentencia de 21 de diciembre de 2016 (Rec. Apel. 666/2016), - citada en la más reciente de 23 de noviembre de 2017 (Rec. Apel. 364/2017)- en la que dijimos que

"No es admisible, en esta fase del proceso, plantear, sin más, el debate sobre los mismos términos en que lo fue en primera instancia, como si en ella no hubiera recaído sentencia, pues con ello se desnaturaliza la función del recurso. Tal doctrina jurisprudencial viene siendo reiterada de modo constante por el Tribunal Supremo, que entre otras muchas, afirmó en la sentencia de 4 de mayo de 1998 que "las alegaciones formuladas en el escrito correspondiente por la parte actora al evacuar el trámite previsto en el anterior artículo 100 LJCA , son una mera reproducción de las efectuadas en primera instancia, y aun cuando el recurso de apelación transmite al Tribunal "ad quem" la plenitud de competencia para revisar y decidir sobre las cuestiones planteadas en primera instancia, en la fase de apelación se exige un examen crítico de la sentencia, para llegar a demostrar o bien la errónea prueba o cual sea otras razones que se invoquen para obtener la revocación de la sentencia apelada, sin que sea suficiente como acontece en el presente caso la mera reproducción del escrito de demanda, lo que podría justificar que resultara suficiente reproducir los argumentos del Tribunal en primera instancia si se entiende que se adecuan a una correcta aplicación del ordenamiento jurídico".

CUARTO.- Examen y decisión de las cuestiones controvertidas.

1.Hemos traído a colación el contenido del anterior Fundamento pues analizados por la Sala los motivos de impugnación hechos valer en el escrito de demanda y los que conforman el contenido del recurso de apelación, apreciamos una absoluta identidad y correspondencia. No se nos traslada como cuestión controvertida, la conformidad o no a Derecho de la interpretación y aplicación que del marco normativo junto con los criterios jurisprudenciales existentes, ha verificado el órgano a quo,sino si el criterio dispuesto por el TCU para la puntuación del mérito "Conocimiento del idioma extranjero"consistente en que el nivel superior absorba el inferior en el conocimiento de un mismo idioma, se ajusta a la base y resiste las exigencias de los principios de igualdad, mérito y capacidad que en ambas alzada, manifiesta haber sido infringidos.

Con ello queremos significar que el recurso de apelación no debe plantearse como una nueva discusión sobre la conveniencia de acumular o no niveles oficiales sobre el conocimiento del idioma extranjero de que se trate en cada caso. Tal como subyace a los razonamientos de la Sentencia de instancia, la infracción del principio de igualdad en el acceso a la función pública no se ha consumado pues la recurrente no ha aportado un término válido de comparación por homogéneo si tenemos en cuenta que el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia no mantiene con el Cuerpo de Gestión Procesal una homogeneidad funcional, en definitiva, no media ausencia de justificación objetiva y razonable en los términos que expresa la doctrina constitucional ( STC 62/1987?9/1989? 68/1989 y 32/2001, entre otras muchas), haciendo nuestro ahora, con finalidad desestimatoria del motivo impugnatorio aquí esgrimido, lo razonado por el juez a quoen su Sentencia, habida cuenta además, que la recurrente no impugnó según conoció los términos literales de la convocatoria, la base que cuestiona, no pudiendo intentar ni en la instancia, ni ante la Sala, una impugnación indirecta pues ni las bases de una convocatoria tienen naturaleza reglamentaria, ni los términos literales en que se expresa la Orden de convocatoria para valorar el mérito controvertido responde a una discriminación evidente; además, se ha aplicado uniformemente y por igual a todos los participantes en el proceso de promoción interna.

Convendrá recordar al tener relación con lo expuesto y razonado hasta el momento, que esta Sala ni puede corregir la oportunidad, ni la justicia del baremo ni desde luego, sustituir el criterio del TCU, ni reabrir bases consentidas y aplicadas con generalidad, que es lo que de fondo pretende la recurrente pues el planteamiento de su recurso de apelación no responde a un control de legalidad sino de oportunidad y justicia material.

Habida cuenta que lo interpuesto es un recurso de apelación, la parte recurrente debería argumentar justificadamente, que la Sentencia de instancia ha rechazado su motivo impugnatorio relativo a la infracción del articulo 23.2 C.E sin efectuar un análisis suficiente del contenido material del derecho de acceso a la función pública en condiciones de mérito y capacidad, es decir, que nuestra fiscalización verse sobre la suficiencia del razonamiento judicial, lo que no efectúa pues se limita a reiterar que se ha vulnerado el citado derecho fundamental y que la base es injusta, pretendiendo de la Sala una reformulación del baremo para que el nivel B1 y B2 sumen, lo que ya avanzamos, no se deduce de forma clara e inequívoca de la base en cuestión. No corresponde a esta Sala, reescribir el diseño de méritos que la Administración ha configurado en el ejercicio pleno de su potestad de autoorganización para sustituirla por otra más conveniente al aspirante pues ello excede el ámbito propio del control jurisdiccional en procesos selectivos. Además, introducir una reconfiguración del sentido del baremo (acumulación de B1 y B2 en un mismo idioma) que no se deduce con claridad de las bases, supondría alterar ex postel marco en que se ha desarrollado el proceso selectivo.

2.Es cierto que esta Sala de apelación aun cuando no puede revisar el baremo establecido, si está habilitada para verificar un control de razonabilidad del alcance de la aplicación del criterio del TCU, por formar parte del contenido de nuestra fiscalización jurisdiccional, lo que podemos hacer ahora dado que la parte apelante impugnó en su día, el Acuerdo del TCU de 21 de diciembre de 2022 - "no serán acumulables los diversos niveles de conocimiento indicados en la convocatoria"-. Tal criterio es fruto de la discrecionalidad técnica de los órganos calificadores de procesos selectivos y en este caso, decidir si los niveles B1 y B2 se acumulan en la base litigiosa, es una materia de interpretación jurídica que en este caso, el TCU puede llevar a cabo.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo es reiterativa al afirmar que los órganos calificadores de concursos y oposiciones gozan de discrecionalidad técnica, en virtud de la cual corresponde al tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas, que incluso merece la calificación de técnica y que impide la revisión jurisdiccional, salvo en ciertos casos en que concurren defectos formales sustanciales, se ha producido indefensión, arbitrariedad o desviación de poder ( STS de 3 de julio de 2014 (rec. 2504/2013).

Pues bien, de la literalidad de la base que se refiere a "B1 o B2: 1 punto" no se desprende de forma inequívoca que deban acumularse ambos niveles cuando se ostentan en el mismo idioma; antes bien, es razonable entender que el baremo se refiere al nivel máximo acreditado en cada idioma, al que se ha de asignar un punto.

Desde esta premisa, el Acuerdo del TCU de 21 de diciembre de 2022, explicita esa interpretación, concretando su aplicación pero sin alterar el contenido esencial de las bases, por lo que debemos concluir que no hay contradicción frontal con ellas, sino una opción interpretativa posible, que entra dentro del margen de apreciación del Tribunal Calificador.

Recordemos, que el principio de igualdad exige tratar por igual lo que mantiene una sustancial identidad y de modo desigual lo que así se presenta, pero no impone un modelo único de baremación, como tampoco proscribe cualquier diferencia de trato. Así, el aspirante que posee B2 en un idioma no es estrictamente igual al que posee B1 en dos idiomas distintos, porque el baremo puede priorizar la diversidad de idiomas frente a la progresión en un solo idioma.

Y así, el hecho de que la recurrente considere más "justo"o "lógico" que B2 puntúe adicionalmente, refleja una discrepancia con la oportunidad del diseño del baremo, no con su legalidad.

En definitiva, el examen detenido que esta Sala ha hecho de la Sentencia apelada, considerando los argumentos vertidos en el recurso de apelación, conduce necesariamente a la desestimación del mismo por las razones que se han desarrollado y que cabe sintetizar en que la interpretación de las bases realizada por el Tribunal Calificador (no acumulación de niveles en un mismo idioma y valoración del nivel máximo) no incurre en error manifiesto, ni vulnera los principios de igualdad, mérito y capacidad, por lo que no procede revisar la puntuación de la recurrente, ni reconocerle el punto adicional por acreditar el nivel B2 de conocimiento del idioma francés.

QUINTO.- COSTAS PROCESALES

De conformidad con lo previsto en el artículo 139.2 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción, procede imponer las costas causadas en este recurso a la parte que ha visto rechazadas todas sus pretensiones.

Vistos,los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,