Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera, Rec. 610/2021 de 14 de mayo del 2025

PRIMERO.-Se impugna la desestimación presunta por el Ministerio de Justicia de la solicitud presentada en su día por la hoy parte actora en orden a que le fuese concedida la nacionalidad española por residencia así como una posterior resolución expresa de 1-7-2021 de archivo por desistimiento por no atender a cierto requerimiento documental en relación con el acta de nacimiento y el pasaporte completo del interesado.

La demanda termina con la súplica que es de ver en autos.

SEGUNDO.-Los artículos 21 y 22 del Código Civil sujetan la concesión de la nacionalidad española por residencia a dos tipos de requisitos: unos de carácter definido como son la formulación de la correspondiente solicitud y la residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición durante los plazos de diez, cinco, dos o un año, que según los casos se establece; y otros configurados como conceptos jurídicos indeterminados, bien de carácter positivo como es el caso de la justificación de buena conducta cívica y el suficiente grado de integración en la sociedad española, o bien de carácter negativo como es el caso de los motivos de orden público o interés nacional que pueden justificar su denegación. Los primeros no plantean problema para su apreciación, y en cuanto a los segundos, por su propia naturaleza de conceptos jurídicos indeterminados, precisan de la concreción adecuada a las circunstancias concurrentes en cada caso cuya valoración lleva a una única solución justa, jurisdiccionalmente controlable, que debe adoptarse por la Administración ( art. 103 de la Constitución), sin que propicien soluciones alternativas propias de la discrecionalidad administrativa. Así ha declarado la sentencia de 24 de abril de 1999, citando otras muchas como las de 22-6-82, 13-7-84, 9-12-86, 24-4, 18-5, 10-7 y 8-11 de 1993, 19-12-95, 2-1-96, 14-4, 12-5- y 21-12- de 1998 y 24-4-99, que en la apreciación de los conceptos jurídicos indeterminados, como orden público e interés nacional, resulta excluida la discrecionalidad de la Administración, porque la inclusión de un concepto jurídico indeterminado en la norma a aplicar no significa, sin más, que se haya otorgado capacidad a la Administración para decidir con libertad y renunciar a la solución justa del caso, sino que viene obligada a la única decisión correcta a la vista de los hechos acreditados, añadiendo que el reconocimiento de la nacionalidad española no es una potestad discrecional sino un deber cuando concurren los requisitos legalmente previstos. Por ello, la propia sentencia señala que la nacionalidad tiene la auténtica naturaleza jurídica de estado civil de la persona, por lo que su adquisición por residencia no puede confundirse con la que se lleva a cabo por carta de naturaleza, pues mientras ésta constituye un genuino derecho de gracia, en que el requisito de la solicitud tiene el significado de ocasión o motivo pero no causa jurídica de la misma, la adquisición por residencia no puede concederse o denegarse sino cuando concurran las circunstancias legalmente previstas, de manera que no se trata de una concesión "stricto sensu" sino de un reconocimiento por concurrir al efecto los requisitos exigibles.

TERCERO.-En el caso que ahora contemplamos el recurrente es natural de Rumanía y nace el NUM000-1996.

El interesado presentó su solicitud origen de la litis el 31-1-2019.

La demanda rectora del proceso expone las circunstancias del caso, alega que el recurrente cumple todos los requisitos necesarios a los fines pretendidos, cita la normativa y jurisprudencia que considera de interés, y termina con la súplica de la concesión de la nacionalidad española, a cuya pretensión se ha opuesto el abogado del Estado en los términos que son de ver en su escrito de contestación a la demanda.

En primer lugar es de indicar que el requerimiento documental que en trámite de subsanación se hizo al interesado en vía administrativa en relación con el certificado de nacimiento y el pasaporte aparece debidamente cumplimentado en el expediente por el interesado, por lo que la resolución de archivo aparece contraria a Derecho.

Dicho lo anterior, procede la estimación del recurso al reunir también el interesado los requisitos necesarios para la adquisición de la nacionalidad española por residencia.

Figura en el expediente un certificado de Registro de Ciudadanos de la Unión que acredita que el recurrente es residente comunitario permanente en España desde el 7-11-2007, por lo que al solicitar la nacionalidad española el 31-1-2019 cumplía el requisito de residencia legal en España durante diez años.

El demandante obtuvo el título de bachiller (en Humanidades y Ciencias Sociales) en España, cuya expedición data de 30-6-2016, lo que acredita suficientemente el requisito de integración social y le permite la dispensa de las correspondientes pruebas del Instituto Cervantes -títulos DELE y CCSE- (vid. artículo 10.5 de la Orden JUS/1625/2016).

Por último, consta certificado negativo de antecedentes penales del país de origen y que el interesado dio su consentimiento para la comprobación automática por la Administración de los datos del Registro de Penados, por lo que es de entender que se cumple igualmente el requisito de la buena conducta cívica.

En atención a todo lo anterior procede la estimación del actual recurso.

CUARTO.-Al estimarse el recurso procede la imposición de las costas a la parte demandada, que la Sala en virtud de las facultades conferidas legalmente y atendiendo a las circunstancias del caso establece por todos los conceptos en la cantidad máxima de 1.500 € ( artículo 139.1 y 4 de la LJ).