Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera, Rec. 1678/2019 de 14 de mayo del 2025

PRIMERO.-Se impugna una resolución del Ministerio de Justicia de 26-6-2019 que desestimó el recurso de reposición formulado por la hoy parte actora contra una anterior resolución de 20-11-2018 que había inadmitido a trámite una reclamación presentada por responsabilidad patrimonial del Estado por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia.

La demanda termina con la súplica que es de ver en autos.

SEGUNDO.-En la reclamación administrativa origen de la litis, presentada el 26-2-2018, se expone que la interesada presentó una reclamación patrimonial ante los Ministerios de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, que fue desestimada por resolución del Ministerio de la Presidencia de 3-2-2014. Frente a esta última se interpuso un recurso contencioso-administrativo, que fue desestimado por una sentencia de la Audiencia Nacional de 3-4-2015, confirmada en casación por una sentencia del Tribunal Supremo de 3-10-2016. Se interpuso entonces un recurso de amparo, que fue inadmitido por una providencia del Tribunal Constitucional de 21-2-2017, y finalmente una demanda ante el TEDH, que inadmitió a trámite la demanda por resolución de 12-10-2017. Pues bien, considera que las referidas sentencias son producto de un mal funcionamiento de la Administración de Justicia y reproduce la reclamación originaria de 2012, incluso en la cuantía de la indemnización solicitada.

La demanda rectora del proceso expone las circunstancias del caso, sigue la estela de la previa reclamación administrativa, alega que se reprocha el funcionamiento de los tribunales en su labor enjuiciadora, atribuyéndose culpa grave y negligencia inexcusable a los magistrados que dictaron y firmaron las dos sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, y a continuación se analizan las múltiples incongruencias, errores y contradicciones en que habrían incurrido las meritadas sentencias, cita la normativa que considera de aplicación y en particular el artículo 296 de la LOPJ, y termina con la súplica que es de ver en autos.

El abogado del Estado se ha opuesto a la pretensión de la parte actora en su escrito de contestación a la demanda.

TERCERO.-El artículo 292 de la LOPJ dispone esto: <<1. Los daños causados en cualesquiera bienes o derechos por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán a todos los perjudicados derecho a una indemnización a cargo del Estado, salvo en los casos de fuerza mayor, con arreglo a lo dispuesto en este Título. 2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. 3. La mera revocación o anulación de las resoluciones judiciales no presupone por sí sola derecho a indemnización>>.

La sentencia del Tribunal Supremo de 21-1-1999 dijo lo siguiente (en lo que ahora interesa): <<--- cuando se trata de exigir la responsabilidad patrimonial por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, la viabilidad de la acción requiere la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista un daño efectivo, individualizado y evaluable económicamente; b) que se haya producido un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia; c) que exista la oportuna relación de causalidad entre el funcionamiento de la Administración de Justicia y el daño causado de tal manera, que éste aparezca como una consecuencia de aquél y por lo tanto resulte imputable a la Administración; y d) que la acción se ejecute dentro del plazo de un año desde que la producción del hecho determinante del daño propició la posibilidad de su ejercicio>>.

Por su parte, la sentencia del mismo alto Tribunal de 6-7-1999 se expresó así (también en lo que ahora importa): <>.

Más concretamente, en relación con las dilaciones indebidas, la sentencia del Tribunal Supremo de 28-6-1999 dijo esto: <>.

En otro orden de ideas, y según conocida jurisprudencia, "el error judicial consiste en la desatención del juzgador a datos de carácter indiscutible en una resolución que rompe la armonía del orden jurídico o en la decisión que interpreta equivocadamente el orden jurídico, si se trata de una interpretación no sostenible por ningún método interpretativo aceptable en la práctica judicial", mientras que "el funcionamiento anormal abarca cualquier defecto en la actuación de los juzgados o tribunales, concebidos como complejo orgánico en el que se integran diversas personas, servicios, medios y actividades". Por otra parte, del funcionamiento anormal se extrae un supuesto específico, el del error judicial, para seguir un tratamiento jurídico separado, de tal forma que dicho error debe ir precedido de una decisión judicial que expresamente lo reconozca, ya consista en una sentencia dictada en un recurso de revisión o bien dictada por el Tribunal Supremo en los términos previstos en el apartado 1.b) del artículo 293 de la LOPJ.

CUARTO.-El artículo 296 de la LOPJ dispone lo siguiente: <<1. Los daños y perjuicios causados por los Jueces y Magistrados en el ejercicio de sus funciones darán lugar, en su caso, a responsabilidad del Estado por error judicial o por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia sin que, en ningún caso, puedan los perjudicados dirigirse directamente contra aquéllos.

2. Si los daños y perjuicios provinieren de dolo o culpa grave del Juez o Magistrado, la Administración General del Estado, una vez satisfecha la indemnización al perjudicado, podrá exigir, por vía administrativa a través del procedimiento reglamentariamente establecido, al Juez o Magistrado responsable el reembolso de lo pagado sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que éste pudiera incurrir, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley.

El dolo o culpa grave del Juez o Magistrado se podrá reconocer en sentencia o en resolución dictada por el Consejo General del Poder Judicial conforme al procedimiento que éste determine. Para la exigencia de dicha responsabilidad se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios: el resultado dañoso producido y la existencia o no de intencionalidad>>.

Por otra parte, el artículo 293 de la LOPJ establece esto: <<1. La reclamación de indemnización por causa de error deberá ir precedida de una decisión judicial que expresamente lo reconozca. Esta previa decisión podrá resultar directamente de una sentencia dictada en virtud de recurso de revisión. En cualquier otro caso distinto de éste se aplicaran las reglas siguientes: a) La acción judicial para el reconocimiento del error deberá instarse inexcusablemente en el plazo de tres meses, a partir del día en que pudo ejercitarse. b) La pretensión de declaración del error se deducirá ante la Sala del Tribunal Supremo correspondiente al mismo orden jurisdiccional que el órgano a quien se imputa el error, ---. c) El procedimiento para sustanciar la pretensión será el propio del recurso de revisión en materia civil, siendo partes, en todo caso, el Ministerio Fiscal y la Administración del Estado. d) El Tribunal dictara sentencia definitiva, sin ulterior recurso, en el plazo de quince días, con informe previo del órgano jurisdiccional a quien se atribuye el error. e) Si el error no fuera apreciado se impondrán las costas al peticionario. f) No procederá la declaración de error contra la resolución judicial a la que se impute mientras no se hubieren agotado previamente los recursos previstos en el ordenamiento. g) La mera solicitud de declaración del error no impedirá la ejecución de la resolución judicial a la que aquél se impute>>.

Visto todo lo anterior, es claro que en la demanda se está imputando un caso de error judicial a las sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo de referencia, a las que se atribuyen "múltiples incongruencias, errores, contradicciones, etc" debido a "la existencia de culpa grave y negligencia inexcusable en los magistrados que dictaron y firmaron las dos sentencias", lo que directamente apunta al núcleo del ejercicio de la potestad jurisdiccional, con lo que se desplaza el problema al ámbito del título relativo al error judicial, sin que la interesada haya observado el procedimiento prevenido al efecto en el artículo 293.1 de la LOPJ, por lo que su reclamación deviene manifiestamente infundada, cual se razonó en las resoluciones recurridas, que así aparecen conformes a Derecho.

Por todo ello se impone la desestimación del actual recurso.

QUINTO.-Al desestimarse el recurso procede la imposición de las costas a la parte actora ( artículo 139.1 de la LJ).