Sentencia Contencioso-Administrativo 183/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera, Rec. 35/2025 de 29 de abril del 2026

PRIMERO.- Régimen jurídico.-

El artículo 136 del Código Penal (en la redacción dada mediante Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, en vigor desde el 1 de Julio de 2015), establece que:

"1. Los condenados que hayan extinguido su responsabilidad penal tienen derecho a obtener del Ministerio de Justicia, de oficio o a instancia de parte, la cancelación de sus antecedentes penales, cuando hayan transcurrido sin haber vuelto a delinquir los siguientes plazos:

a) Seis meses para las penas leves.

b) Dos años para las penas que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos imprudentes.

c) Tres años para las restantes penas menos graves inferiores a tres años.

d) Cinco años para las restantes penas menos graves iguales o superiores a tres años.

e) Diez años para las penas graves.

2. Los plazos a que se refiere el apartado anterior se contarán desde el día siguiente a aquel en que quedara extinguida la pena, pero si ello ocurriese mediante la remisión condicional, el plazo, una vez obtenida la remisión definitiva, se computará retrotrayéndolo al día siguiente a aquel en que hubiere quedado cumplida la pena si no se hubiere disfrutado de este beneficio.

En este caso, se tomará como fecha inicial para el cómputo de la duración de la pena el día siguiente al del otorgamiento de la suspensión.

3. Las penas impuestas a las personas jurídicas y las consecuencias accesorias del artículo 129 se cancelarán en el plazo que corresponda, de acuerdo con la regla prevista en el apartado 1 de este artículo, salvo que se hubiese acordado la disolución o la prohibición definitiva de actividades. En estos casos, se cancelarán las anotaciones transcurridos cincuenta años computados desde el día siguiente a la firmeza de la sentencia.

4. Las inscripciones de antecedentes penales en las distintas secciones del Registro Central de Penados y Rebeldes no serán públicas. Durante su vigencia solo se emitirán certificaciones con las limitaciones y garantías previstas en sus normas específicas y en los casos establecidos por la ley.

En todo caso, se librarán las que soliciten los jueces o tribunales, se refieran o no a inscripciones canceladas, haciendo constar expresamente esta última circunstancia.

5. En los casos en que, a pesar de cumplirse los requisitos establecidos en este artículo para la cancelación, ésta no se haya producido, el juez o tribunal, acreditadas tales circunstancias, no tendrá en cuenta dichos antecedentes."

SEGUNDO.-Presupuestos legales: Extinción de la responsabilidad y plazo de garantía.-

Tal y como establece la norma, el primer presupuesto para obtener la cancelación de antecedentes penales es la extinción de la responsabilidad penal, mediante la extinción de la pena, y en segundo, el transcurso de los plazos previstos sin delinquir.

Lo cierto es que en el caso que se somete al examen de la Sala el demandante fue condenado a dos delitos, uno de resistencia a los agentes de la autoridad y otro de lesiones, con penas de 6 meses de multa y de un 1 mes de multa que quedaron extinguidas con fecha 27 de mayo de 2024 en ambos casos y extinción de la responsabilidad civil del delito (según recoge la hoja histórico penal de 15 de julio de 2024 obrante en el expediente).

Por lo tanto, cuando el demandante solicitó la cancelación el 14 de agosto de 2024 las penas de ambos delitos se habían cumplido unas semanas antes, de acuerdo con lo que se ha expuesto. Y por lo tanto, la denegación no era procedente invocando la falta de extinción de la responsabilidad penal, como fundamentó el acto impugnado.

Si la extinción de la responsabilidad penal se había producido, y se daba el primer presupuesto de la cancelación, se ha de verificar si además concurría el segundo requisito, a saber, el transcurso de los plazos legales de garantía establecidos en el artículo 136 CP y 33 CP. De acuerdo con estas normas en el caso de las penas leves (multa de 1 mes), ha de transcurrir sin delinquir un plazo de 6 meses, y en el caso de las penas menos graves uno de 2 años, desde la extinción de las penas.

En consecuencia, si la pena de multa de 6 meses se extinguió el día 27 de mayo de 2024 y la de multa de 1 mes también en esa fecha, el plazo de garantía finalizaría el 27 de mayo de 2026 puesto que este plazo viene referido a la condena total (en este caso dos delitos).

En este sentido, hemos de traer a colación que, de acuerdo con los precedentes de la Sala, que sigue la doctrina del Tribunal Supremo, la extinción de la responsabilidad y el plazo de garantía ha de partir de la extinción de la totalidad de las penas anudadas a una condena penal. Así, la sentencia de 5 de febrero de 2026 pronunciada por la Sala en el recurso 1387/2024, establece que:

"Los antecedentes penales vienen remitidos a una causa penal y por ello a una condena en concreto y no a los singulares delitos que comprende la condena, lo que lleva a un único plazo de cancelación de tales antecedentes y no a una cancelación individualizada, delito por delito, pena por pena, dependiendo de la pena de cada uno de ellos sobre la base de que cada delito haya de someterse a un cómputo independiente y autónomo a los efectos de cancelación.

El art. 136 del CP establece como presupuesto para la cancelación de los antecedentes penales la extinción de la responsabilidad penal y, no olvidemos que, la extinción de la responsabilidad penal se establece normativamente por cumplimiento de la condena ( art. 130 del CP ) y no por cumplir concretas penas de las varias impuestas, por lo que hasta que no sean cancelables todas las penas impuestas en una misma condena aunque respondan a varios delitos no puede cancelarse el antecedente penal correspondiente a la ejecutoria resultante de la condena y una vez extintas todas habrá de considerarse el plazo de la pena más grave para analizar los requisitos del plazo sin delinquir.

Hay que partir de que, en el caso de autos, la condena es por dos delitos, siendo que en uno de dichos delitos - Prevaricación administrativa - las penas impuestas ni siquiera constan cumplidas antes de la solicitud (es a partir de la extinción de todas las penas impuestas cuando se computa el plazo de garantía sin delinquir).

<< 8El problema suscitado tiene interés: ¿cuál de las penas marca el inicio del plazo de cancelación? ¿La más grave -en este caso la prisión- o la más larga -en este caso prohibición de aproximación por un año y seis meses y de prohibición de tenencia de armas por un año y un día?

Las dos tesis contarían con argumentos a favor. Entendemos que ha de estarse a la pena más duradera. No puede considerarse cancelado un antecedente penal cuando todavía está desplegando eficacia de manera patente: subsisten penas vivas que están cumpliéndose.">> S. TS Sala 2ª, 18/12/2023 RECURSO CASACION 7409/2021 ".

Si la cancelación se pidió el 18 de agosto de 2024 es patente que el plazo de garantía (27 de mayo de 2026) - teniendo en cuenta el delito más grave- no se había cumplido, y no podía obtener la cancelación.

Los artículos 18.3 y 19.2 del Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia exigen no solo invocar la causa de la cancelación sino que además se exige su justificación, ya sea a través de los documentos que pueda aportar el solicitante, ya a través del informe del Tribunal correspondiente quien debe atestar que se han cumplido los requisitos del artículo 136 CP y en este caso, el demandante no ha justificado la procedencia de la cancelación, como tampoco lo había hecho en el momento de la petición (ya que solo cursó la instancia sin documentos adjuntos).

TERCERO.- Costas.-

El recurso ha de desestimarse, y en consecuencia las costas se imponen a la parte demandante, cuyas pretensiones son íntegramente desestimadas, de acuerdo con el criterio del vencimiento objetivo que establece el artículo 139.1 de la LJCA; sin perjuicio de que el reconocimiento del derecho a litigar de forma gratuita comporta que el condenado en costas únicamente "quedará obligado a pagar las causadas en su defensa y las de la parte contraria, si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor fortuna, quedando mientras tanto interrumpida la prescripción del artículo 1.967 del Código Civil ";presumiéndose que ha venido a mejor fortuna "cuan do sus ingresos y recursos económicos por todos los conceptos superen el doble del módulo previsto en el artículo 3, o si se hubieran alterado sustancialmente las circunstancias y condiciones tenidas en cuenta para reconocer el derecho conforme a la presente Ley . Le corresponderá a la Comisión la declaración de si el beneficiario ha venido a mejor fortuna conforme a lo dispuesto en el artículo 19, pudiendo ser impugnada la resolución que dicte en la forma prevista en el artículo 20 "( artículo 36.2 Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita).

PRIMERO.- Régimen jurídico.-

El artículo 136 del Código Penal (en la redacción dada mediante Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, en vigor desde el 1 de Julio de 2015), establece que:

"1. Los condenados que hayan extinguido su responsabilidad penal tienen derecho a obtener del Ministerio de Justicia, de oficio o a instancia de parte, la cancelación de sus antecedentes penales, cuando hayan transcurrido sin haber vuelto a delinquir los siguientes plazos:

a) Seis meses para las penas leves.

b) Dos años para las penas que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos imprudentes.

c) Tres años para las restantes penas menos graves inferiores a tres años.

d) Cinco años para las restantes penas menos graves iguales o superiores a tres años.

e) Diez años para las penas graves.

2. Los plazos a que se refiere el apartado anterior se contarán desde el día siguiente a aquel en que quedara extinguida la pena, pero si ello ocurriese mediante la remisión condicional, el plazo, una vez obtenida la remisión definitiva, se computará retrotrayéndolo al día siguiente a aquel en que hubiere quedado cumplida la pena si no se hubiere disfrutado de este beneficio.

En este caso, se tomará como fecha inicial para el cómputo de la duración de la pena el día siguiente al del otorgamiento de la suspensión.

3. Las penas impuestas a las personas jurídicas y las consecuencias accesorias del artículo 129 se cancelarán en el plazo que corresponda, de acuerdo con la regla prevista en el apartado 1 de este artículo, salvo que se hubiese acordado la disolución o la prohibición definitiva de actividades. En estos casos, se cancelarán las anotaciones transcurridos cincuenta años computados desde el día siguiente a la firmeza de la sentencia.

4. Las inscripciones de antecedentes penales en las distintas secciones del Registro Central de Penados y Rebeldes no serán públicas. Durante su vigencia solo se emitirán certificaciones con las limitaciones y garantías previstas en sus normas específicas y en los casos establecidos por la ley.

En todo caso, se librarán las que soliciten los jueces o tribunales, se refieran o no a inscripciones canceladas, haciendo constar expresamente esta última circunstancia.

5. En los casos en que, a pesar de cumplirse los requisitos establecidos en este artículo para la cancelación, ésta no se haya producido, el juez o tribunal, acreditadas tales circunstancias, no tendrá en cuenta dichos antecedentes."

SEGUNDO.-Presupuestos legales: Extinción de la responsabilidad y plazo de garantía.-

Tal y como establece la norma, el primer presupuesto para obtener la cancelación de antecedentes penales es la extinción de la responsabilidad penal, mediante la extinción de la pena, y en segundo, el transcurso de los plazos previstos sin delinquir.

Lo cierto es que en el caso que se somete al examen de la Sala el demandante fue condenado a dos delitos, uno de resistencia a los agentes de la autoridad y otro de lesiones, con penas de 6 meses de multa y de un 1 mes de multa que quedaron extinguidas con fecha 27 de mayo de 2024 en ambos casos y extinción de la responsabilidad civil del delito (según recoge la hoja histórico penal de 15 de julio de 2024 obrante en el expediente).

Por lo tanto, cuando el demandante solicitó la cancelación el 14 de agosto de 2024 las penas de ambos delitos se habían cumplido unas semanas antes, de acuerdo con lo que se ha expuesto. Y por lo tanto, la denegación no era procedente invocando la falta de extinción de la responsabilidad penal, como fundamentó el acto impugnado.

Si la extinción de la responsabilidad penal se había producido, y se daba el primer presupuesto de la cancelación, se ha de verificar si además concurría el segundo requisito, a saber, el transcurso de los plazos legales de garantía establecidos en el artículo 136 CP y 33 CP. De acuerdo con estas normas en el caso de las penas leves (multa de 1 mes), ha de transcurrir sin delinquir un plazo de 6 meses, y en el caso de las penas menos graves uno de 2 años, desde la extinción de las penas.

En consecuencia, si la pena de multa de 6 meses se extinguió el día 27 de mayo de 2024 y la de multa de 1 mes también en esa fecha, el plazo de garantía finalizaría el 27 de mayo de 2026 puesto que este plazo viene referido a la condena total (en este caso dos delitos).

En este sentido, hemos de traer a colación que, de acuerdo con los precedentes de la Sala, que sigue la doctrina del Tribunal Supremo, la extinción de la responsabilidad y el plazo de garantía ha de partir de la extinción de la totalidad de las penas anudadas a una condena penal. Así, la sentencia de 5 de febrero de 2026 pronunciada por la Sala en el recurso 1387/2024, establece que:

"Los antecedentes penales vienen remitidos a una causa penal y por ello a una condena en concreto y no a los singulares delitos que comprende la condena, lo que lleva a un único plazo de cancelación de tales antecedentes y no a una cancelación individualizada, delito por delito, pena por pena, dependiendo de la pena de cada uno de ellos sobre la base de que cada delito haya de someterse a un cómputo independiente y autónomo a los efectos de cancelación.

El art. 136 del CP establece como presupuesto para la cancelación de los antecedentes penales la extinción de la responsabilidad penal y, no olvidemos que, la extinción de la responsabilidad penal se establece normativamente por cumplimiento de la condena ( art. 130 del CP ) y no por cumplir concretas penas de las varias impuestas, por lo que hasta que no sean cancelables todas las penas impuestas en una misma condena aunque respondan a varios delitos no puede cancelarse el antecedente penal correspondiente a la ejecutoria resultante de la condena y una vez extintas todas habrá de considerarse el plazo de la pena más grave para analizar los requisitos del plazo sin delinquir.

Hay que partir de que, en el caso de autos, la condena es por dos delitos, siendo que en uno de dichos delitos - Prevaricación administrativa - las penas impuestas ni siquiera constan cumplidas antes de la solicitud (es a partir de la extinción de todas las penas impuestas cuando se computa el plazo de garantía sin delinquir).

<< 8El problema suscitado tiene interés: ¿cuál de las penas marca el inicio del plazo de cancelación? ¿La más grave -en este caso la prisión- o la más larga -en este caso prohibición de aproximación por un año y seis meses y de prohibición de tenencia de armas por un año y un día?

Las dos tesis contarían con argumentos a favor. Entendemos que ha de estarse a la pena más duradera. No puede considerarse cancelado un antecedente penal cuando todavía está desplegando eficacia de manera patente: subsisten penas vivas que están cumpliéndose.">> S. TS Sala 2ª, 18/12/2023 RECURSO CASACION 7409/2021 ".

Si la cancelación se pidió el 18 de agosto de 2024 es patente que el plazo de garantía (27 de mayo de 2026) - teniendo en cuenta el delito más grave- no se había cumplido, y no podía obtener la cancelación.

Los artículos 18.3 y 19.2 del Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia exigen no solo invocar la causa de la cancelación sino que además se exige su justificación, ya sea a través de los documentos que pueda aportar el solicitante, ya a través del informe del Tribunal correspondiente quien debe atestar que se han cumplido los requisitos del artículo 136 CP y en este caso, el demandante no ha justificado la procedencia de la cancelación, como tampoco lo había hecho en el momento de la petición (ya que solo cursó la instancia sin documentos adjuntos).

TERCERO.- Costas.-

El recurso ha de desestimarse, y en consecuencia las costas se imponen a la parte demandante, cuyas pretensiones son íntegramente desestimadas, de acuerdo con el criterio del vencimiento objetivo que establece el artículo 139.1 de la LJCA; sin perjuicio de que el reconocimiento del derecho a litigar de forma gratuita comporta que el condenado en costas únicamente "quedará obligado a pagar las causadas en su defensa y las de la parte contraria, si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor fortuna, quedando mientras tanto interrumpida la prescripción del artículo 1.967 del Código Civil ";presumiéndose que ha venido a mejor fortuna "cuan do sus ingresos y recursos económicos por todos los conceptos superen el doble del módulo previsto en el artículo 3, o si se hubieran alterado sustancialmente las circunstancias y condiciones tenidas en cuenta para reconocer el derecho conforme a la presente Ley . Le corresponderá a la Comisión la declaración de si el beneficiario ha venido a mejor fortuna conforme a lo dispuesto en el artículo 19, pudiendo ser impugnada la resolución que dicte en la forma prevista en el artículo 20 "( artículo 36.2 Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita).

PRIMERO.- Régimen jurídico.-

El artículo 136 del Código Penal ( en la redacción dada mediante Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, en vigor desde el 1 de Julio de 2015), establece que:

"1. Los condenados que hayan extinguido su responsabilidad penal tienen derecho a obtener del Ministerio de Justicia, de oficio o a instancia de parte, la cancelación de sus antecedentes penales, cuando hayan transcurrido sin haber vuelto a delinquir los siguientes plazos:

a) Seis meses para las penas leves.

b) Dos años para las penas que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos imprudentes.

c) Tres años para las restantes penas menos graves inferiores a tres años.

d) Cinco años para las restantes penas menos graves iguales o superiores a tres años.

e) Diez años para las penas graves.

2. Los plazos a que se refiere el apartado anterior se contarán desde el día siguiente a aquel en que quedara extinguida la pena, pero si ello ocurriese mediante la remisión condicional, el plazo, una vez obtenida la remisión definitiva, se computará retrotrayéndolo al día siguiente a aquel en que hubiere quedado cumplida la pena si no se hubiere disfrutado de este beneficio.

En este caso, se tomará como fecha inicial para el cómputo de la duración de la pena el día siguiente al del otorgamiento de la suspensión.

3. Las penas impuestas a las personas jurídicas y las consecuencias accesorias del artículo 129 se cancelarán en el plazo que corresponda, de acuerdo con la regla prevista en el apartado 1 de este artículo, salvo que se hubiese acordado la disolución o la prohibición definitiva de actividades. En estos casos, se cancelarán las anotaciones transcurridos cincuenta años computados desde el día siguiente a la firmeza de la sentencia.

4. Las inscripciones de antecedentes penales en las distintas secciones del Registro Central de Penados y Rebeldes no serán públicas. Durante su vigencia solo se emitirán certificaciones con las limitaciones y garantías previstas en sus normas específicas y en los casos establecidos por la ley.

En todo caso, se librarán las que soliciten los jueces o tribunales, se refieran o no a inscripciones canceladas, haciendo constar expresamente esta última circunstancia.

5. En los casos en que, a pesar de cumplirse los requisitos establecidos en este artículo para la cancelación, ésta no se haya producido, el juez o tribunal, acreditadas tales circunstancias, no tendrá en cuenta dichos antecedentes."

SEGUNDO.-Presupuestos legales: Extinción de la responsabilidad y plazo de garantía.-

Tal y como establece la norma, el primer presupuesto para obtener la cancelación de antecedentes penales es la extinción de la responsabilidad penal, mediante la extinción de la pena, y en segundo, el transcurso de los plazos previstos sin delinquir.

Lo cierto es que en el caso que se somete al examen de la Sala el demandante fue condenado a dos delitos, uno de resistencia a los agentes de la autoridad y otro de lesiones, con penas de 6 meses de multa y de un 1 mes de multa que quedaron extinguidas con fecha 27 de mayo de 2024 en ambos casos y extinción de la responsabilidad civil del delito (según recoge la hoja histórico penal de 15 de julio de 2024 obrante en el expediente).

Por lo tanto, cuando el demandante solicitó la cancelación el 14 de agosto de 2024 las penas de ambos delitos se habían cumplido unas semanas antes, de acuerdo con lo que se ha expuesto. Y por lo tanto, la denegación no era procedente invocando la falta de extinción de la responsabilidad penal, como fundamentó el acto impugnado.

Si la extinción de la responsabilidad penal se había producido, y se daba el primer presupuesto de la cancelación, se ha de verificar si además concurría el segundo requisito, a saber, el transcurso de los plazos legales de garantía establecidos en el artículo 136 CP y 33 CP. De acuerdo con estas normas en el caso de las penas leves (multa de 1 mes), ha de transcurrir sin delinquir un plazo de 6 meses, y en el caso de las penas menos graves uno de 2 años, desde la extinción de las penas.

En consecuencia, si la pena de multa de 6 meses se extinguió el día 27 de mayo de 2024 y la de multa de 1 mes también en esa fecha, el plazo de garantía finalizaría el 27 de mayo de 2026 puesto que este plazo viene referido a la condena total (en este caso dos delitos).

En este sentido, hemos de traer a colación que, de acuerdo con los precedentes de la Sala, que sigue la doctrina del Tribunal Supremo, la extinción de la responsabilidad y el plazo de garantía ha de partir de la extinción de la totalidad de las penas anudadas a una condena penal. Así, la sentencia de 5 de febrero de 2026 pronunciada por la Sala en el recurso 1387/2024, establece que:

"Los antecedentes penales vienen remitidos a una causa penal y por ello a una condena en concreto y no a los singulares delitos que comprende la condena, lo que lleva a un único plazo de cancelación de tales antecedentes y no a una cancelación individualizada, delito por delito, pena por pena, dependiendo de la pena de cada uno de ellos sobre la base de que cada delito haya de someterse a un cómputo independiente y autónomo a los efectos de cancelación.

El art. 136 del CP establece como presupuesto para la cancelación de los antecedentes penales la extinción de la responsabilidad penal y, no olvidemos que, la extinción de la responsabilidad penal se establece normativamente por cumplimiento de la condena ( art. 130 del CP ) y no por cumplir concretas penas de las varias impuestas, por lo que hasta que no sean cancelables todas las penas impuestas en una misma condena aunque respondan a varios delitos no puede cancelarse el antecedente penal correspondiente a la ejecutoria resultante de la condena y una vez extintas todas habrá de considerarse el plazo de la pena más grave para analizar los requisitos del plazo sin delinquir.

Hay que partir de que, en el caso de autos, la condena es por dos delitos, siendo que en uno de dichos delitos - Prevaricación administrativa - las penas impuestas ni siquiera constan cumplidas antes de la solicitud (es a partir de la extinción de todas las penas impuestas cuando se computa el plazo de garantía sin delinquir).

<< 8El problema suscitado tiene interés: ¿cuál de las penas marca el inicio del plazo de cancelación? ¿La más grave -en este caso la prisión- o la más larga -en este caso prohibición de aproximación por un año y seis meses y de prohibición de tenencia de armas por un año y un día?

Las dos tesis contarían con argumentos a favor. Entendemos que ha de estarse a la pena más duradera. No puede considerarse cancelado un antecedente penal cuando todavía está desplegando eficacia de manera patente: subsisten penas vivas que están cumpliéndose.">> S. TS Sala 2ª, 18/12/2023 RECURSO CASACION 7409/2021 ".

Si la cancelación se pidió el 18 de agosto de 2024 es patente que el plazo de garantía (27 de mayo de 2026) - teniendo en cuenta el delito más grave- no se había cumplido, y no podía obtener la cancelación.

Los artículos 18.3 y 19.2 del Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia exigen no solo invocar la causa de la cancelación sino que además se exige su justificación, ya sea a través de los documentos que pueda aportar el solicitante, ya a través del informe del Tribunal correspondiente quien debe atestar que se han cumplido los requisitos del artículo 136 CP y en este caso, el demandante no ha justificado la procedencia de la cancelación, como tampoco lo había hecho en el momento de la petición (ya que solo cursó la instancia sin documentos adjuntos).

TERCERO.- Costas.-

El recurso ha de desestimarse, y en consecuencia las costas se imponen a la parte demandante, cuyas pretensiones son íntegramente desestimadas, de acuerdo con el criterio del vencimiento objetivo que establece el artículo 139.1 de la LJCA; sin perjuicio de que el reconocimiento del derecho a litigar de forma gratuita comporta que el condenado en costas únicamente "quedará obligado a pagar las causadas en su defensa y las de la parte contraria, si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor fortuna, quedando mientras tanto interrumpida la prescripción del artículo 1.967 del Código Civil ";presumiéndose que ha venido a mejor fortuna "cuan do sus ingresos y recursos económicos por todos los conceptos superen el doble del módulo previsto en el artículo 3, o si se hubieran alterado sustancialmente las circunstancias y condiciones tenidas en cuenta para reconocer el derecho conforme a la presente Ley . Le corresponderá a la Comisión la declaración de si el beneficiario ha venido a mejor fortuna conforme a lo dispuesto en el artículo 19, pudiendo ser impugnada la resolución que dicte en la forma prevista en el artículo 20 "( artículo 36.2 Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita).