Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera, Rec. 1608/2022 de 08 de octubre del 2025

PRIMERO.-Se impugna la resolución de 1-7-2020 (y su confirmación presunta en reposición), que denegó la solicitud de nacionalidad española presentada en su día por la hoy parte actora, terminando la demanda con la súplica que es de ver en autos.

SEGUNDO.-Los artículos 21 y 22 del Código Civil sujetan la concesión de la nacionalidad española por residencia a dos tipos de requisitos: unos de carácter definido como son la formulación de la correspondiente solicitud y la residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición durante los plazos de diez, cinco, dos o un año, que según los casos se establece; y otros configurados como conceptos jurídicos indeterminados, bien de carácter positivo como es el caso de la justificación de buena conducta cívica y el suficiente grado de integración en la sociedad española, o bien de carácter negativo como es el caso de los motivos de orden público o interés nacional que pueden justificar su denegación. Los primeros no plantean problema para su apreciación, y en cuanto a los segundos, por su propia naturaleza de conceptos jurídicos indeterminados, precisan de la concreción adecuada a las circunstancias concurrentes en cada caso cuya valoración lleva a una única solución justa, jurisdiccionalmente controlable, que debe adoptarse por la Administración ( art. 103 de la Constitución), sin que propicien soluciones alternativas propias de la discrecionalidad administrativa. Así ha declarado la sentencia de 24 de abril de 1999, citando otras muchas como las de 22-6-82, 13-7-84, 9-12-86, 24-4, 18-5, 10-7 y 8-11 de 1993, 19-12-95, 2-1-96, 14-4, 12-5- y 21-12- de 1998 y 24-4-99, que en la apreciación de los conceptos jurídicos indeterminados, como orden público e interés nacional, resulta excluida la discrecionalidad de la Administración, porque la inclusión de un concepto jurídico indeterminado en la norma a aplicar no significa, sin más, que se haya otorgado capacidad a la Administración para decidir con libertad y renunciar a la solución justa del caso, sino que viene obligada a la única decisión correcta a la vista de los hechos acreditados, añadiendo que el reconocimiento de la nacionalidad española no es una potestad discrecional sino un deber cuando concurren los requisitos legalmente previstos. Por ello, la propia sentencia señala que la nacionalidad tiene la auténtica naturaleza jurídica de estado civil de la persona, por lo que su adquisición por residencia no puede confundirse con la que se lleva a cabo por carta de naturaleza, pues mientras ésta constituye un genuino derecho de gracia, en que el requisito de la solicitud tiene el significado de ocasión o motivo pero no causa jurídica de la misma, la adquisición por residencia no puede concederse o denegarse sino cuando concurran las circunstancias legalmente previstas, de manera que no se trata de una concesión "stricto sensu" sino de un reconocimiento por concurrir al efecto los requisitos exigibles.

TERCERO.-El recurrente es natural de Marruecos, nace el NUM000-1973, está casado, reside legalmente en España desde el 12-7-2001, figura inscrito en el padrón municipal de habitantes del Ayuntamiento de Jumilla, y consta en el correspondiente informe de vida laboral que con fecha de 20-2-2015 tenía acreditados 2.042 días de alta en el sistema de la Seguridad Social.

La solicitud de nacionalidad origen de la litis se presentó el 25-2-2015, cuya fecha determina la normativa de aplicación, informando desfavorablemente en su tramitación el Encargado del Registro Civil.

El acto recurrido deniega la nacionalidad por carecer el interesado del suficiente grado de integración en la sociedad española.

La demanda rectora del proceso subraya la condición de analfabeto de recurrente y defiende que el mismo tiene suficiente integración social a los fines pretendidos, cita la normativa y jurisprudencia que considera de interés, y termina suplicando la concesión de la nacionalidad española, a cuya pretensión se ha opuesto el abogado del Estado en su contestación a la demanda.

Vistos los antecedentes que acabamos de exponer, es de recordar que esta Sala ha dicho en el contexto de la normativa aplicable al caso que la integración social no deriva exclusivamente del nivel de conocimiento del idioma, sino de la armonización del régimen de vida del solicitante con los principios y valores sociales, el grado de implicación en las relaciones económicas, sociales y culturales, así como el arraigo familiar, todo lo cual ha de justificar el interesado o desprenderse de las actuaciones reflejadas en el expediente. Por otra parte, también hemos dicho que el conocimiento de la lengua española forma parte del grado de adaptación a la cultura española, que, a su vez, es un componente del requisito del suficiente grado de integración en la sociedad española que la parte interesada debe justificar.

En el supuesto que ahora nos ocupa es posible afirmar el arraigo familiar y laboral del demandante, cuyo arraigo, sin embargo, no llena por sí mismo el requisito legal del suficiente grado de integración en la sociedad española.

El acta de audiencia de 7-6-2016 refleja los resultados del examen de integración social, concluyendo el Encargado que el interesado poseía un nivel de integración limitado e insuficiente a efectos de adquisición de la nacionalidad española. En la demanda se subraya el analfabetismo del recurrente, pero es de notar el carácter básico de las preguntas que se le formularon, cuyas contestaciones no demuestran una ignorancia absoluta de la realidad española pero sí un desconocimiento de aspectos elementales del orden político-constitucional español, con la importancia que ello tiene dada la proyección pública que conlleva la adquisición de la nacionalidad española, de donde sea de concluir que la resolución recurrida aparezca conforme a Derecho, por lo que procede desestimar el recurso.

CUARTO.-Al desestimarse el recurso procede la imposición de las costas a la parte actora, que la Sala en virtud de las facultades conferidas legalmente y atendiendo a las circunstancias del caso establece por todos los conceptos en la cantidad máxima de 1.500 € ( artículo 139.1 y 4 de la LJ).