Sentencia Contencioso-Administrativo 40/2024 Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cáceres nº 1, Rec. 186/2023 de 08 de abril del 2024

PRIMERO.-Es objeto de impugnación en el presente recurso contencioso administrativo la resolución de la Subdelegación del Gobierno en Cáceres de 18 de octubre de 2023, por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto frente a la resolución de 30 de agosto de 2023, por la que se deniega la solicitud de autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena formulada por la hoy recurrente.

SEGUNDO.-La resolución recurrida denegó la autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena formulada por la hoy recurrente en favor de Edson, de nacionalidad dominicana, por no acreditar contar con medios en cuantía suficiente para hacer frente a las obligaciones derivadas del contrato por arrojar el modelo 200 del Impuesto de Sociedades correspondiente al ejercicio 2021 un resultado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de - 82.629 euros, y por no disponer la persona que se pretende contratar un permiso de conducir válido en España.

TERCERO.-En cuanto al requisito de la capacidad económica para hacer frente a las obligaciones del contrato, entiende la recurrente que no puede quedar determinada por el exclusivo resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias determinada en el Impuesto de Sociedades, siendo necesario, como mínimo, valorar globalmente las distintas partidas que integran su balance para dictaminar sobre la situación de equilibrio o desequilibrio económico financiero de la empresa.

El artículo 66.1 del RD. 577/2011 dispone que "El empresario deberá acreditar que cuenta con medios en cuantía suficiente para hacer frente a su proyecto empresarial y a las obligaciones derivadas del contrato firmado con el trabajador extranjero".

Hemos de convenir con la recurrente que el solo hecho de que el resultado de la cuenta de ganancias y pérdidas arroje un resultado negativo no evidencia, por si solo, que se carezca de medios suficientes para hacer frente a la contratación.

De la valoración conjunta de las pruebas aportadas por la recurrente resulta, en contra del parecer de la Administración, la suficiencia económica para hacer frente a la contratación. Así, se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Según el Impuesto de Sociedades, correspondiente al ejercicio 2021, tiene un inmovilizado material de 1.217.710,29 euros; deudores comerciales y otras cuentas a cobra por importe de 880.456,66 euros; fondos propios por importe de 801.621,84 euros y un capital social de 655.698,40 euros, cifras que, con independencia del resultado negativo obtenido en ese año, revelan una capacidad económica suficiente para hacer frente a la contratación que se pretende llevar a cabo. Con el recurso de reposición se acompañó informe pericial, según el cual la recurrente mantiene unos acreditados niveles de solvencia financiera y garantía económica durante el ejercicio 2021, pese a las pérdidas económicas (no fiscales) que con carácter extraordinario determina su cuenta de resultados, dictamen pericial que no ha sido cuestionado por la Administración demandada.

CUARTO.-Respecto al requisito de no haber sido homologado/canjeado el permiso de conducir del extranjero que se pretende contratar, además de no disponer del Certificado de Aptitud Profesional, argumenta la recurrente que de la normativa aplicable a la validación o canje de la licencia de conducir del trabajador (RD. 818/2009) resulta que para que el trabajador al que se pretende contratar pueda obtener su autorización de residencia temporal y trabajo en España es imprescindible que acredite su capacitación y cualificación profesional, con la homologación de su permiso de conducir en el extranjero y la obtención del CAP, y a los efectos de que el futuro trabajador pueda acreditar su capacitación y cualificación profesional con la homologación de su permiso de conducir y la obtención del CAP es imprescindible haber obtenido previamente la residencia española, lo que encierra una contradicción interna o en sus términos, que incurre en la causa de nulidad del artículo 47.1 de la Ley 39/2015 por tener un contenido imposible.

La jurisprudencia ha venido apreciando esta causa de nulidad con suma prudencia, puesto que se trata de evitar que se amplíe inadecuadamente el supuesto legal a cualquier acto desprovisto de fundamento jurídico para ser dictado, señalando que la imposibilidad debe ser, por ello, de carácter material o físico, ya que una imposibilidad de carácter jurídico equivaldría prácticamente a la ilegalidad del acto que suele comportar anulabilidad; la imposibilidad debe ser, asimismo, originaria, ya que una imposibilidad sobrevenida comportaría simplemente la ineficacia del acto. Según el Tribunal Supremo, actos nulos por tener un contenido imposible son, por tanto, los que resultan inadecuados, en forma total y originaria, a la realidad física sobre la que recaen. Son también de contenido imposible los actos que encierran una contradicción interna en sus términos (imposibilidad lógica) por oponerse a leyes físicas inexorables o a lo que racionalmente se considera insuperable.

En el presente caso, es claro que la resolución recurrida, al denegar la autorización solicitada, no tiene un contenido imposible en el sentido exigido para que estemos en la causa de nulidad de pleno derecho prevista en el artículo 47.1.c) de la Ley 39/2015.

Es cierto que, en relación con la actividad laboral a desarrollar por el extranjero que se pretende contratar, el artículo 64.3.f) del RD. 577/2011 exige que el trabajador tenga la capacitación y, en su caso, la cualificación profesional exigida para la profesión, por lo que, siendo el puesto de trabajo ofertado el de conductor de camión, el trabajador al que se pretende contratar deberá canjear su permiso de conducción por el equivalente español, de conformidad con el RD. 818/2009, cuya Disposición Adicional segunda establece que "únicamente se entenderá por residencia normal la permanencia en España en situación regular que deberá ser debidamente acreditada de acuerdo con lo dispuesto en la LO. 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social".

Ahora bien, el no disponer de residencia legal en España no impide al trabajador al que se pretende contratar el canje de su permiso de conducir y la obtención del CAP, pues en la cláusula 4ª del Acuerdo Interministerial de Colaboración entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Ministerio del Interior en materia de autorizaciones para nacionales de terceros países que desean trabajar en el sector del transporte terrestre en España de 15 de noviembre de 2023, se regula expresamente la contratación de personas extranjeras que no dispongan previamente de CAP válido en España y que no sean residentes en España en el momento de la solicitud.

Procede, en consecuencia, desestimar el recurso y confirmar la resolución recurrida.

QUINTO.-No obstante la desestimación del recurso, no procede hacer expresa declaración en cuanto a las costas causadas dadas las dudas de derecho que suscita la cuestión objeto de enjuiciamiento.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo