Sentencia Contencioso-Administrativo 119/2023 Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Logroño nº 2, Rec. 215/2022 de 26 de mayo del 2023

PRIMERO.- -RESOLUCIÓN OBJETO DEL RECURSO Y PRETENSIONES DE LAS PARTES-

I. En el presente procedimiento se discute la actuación del AYUNTAMIENTO DE BRIÑAS que, afirman los actores, ha expropiado por la vía de hecho unas parcelas de su propiedad que en el Plan General Municipal figuran como vial, otorgando, en base a ello, licencia de derribo y licencia de obras para la construcción de una vivienda unifamiliar en un solar contiguo a unos terceros, actos éstos que están menoscabando gravemente sus facultades dominicales puesto que la edificación proyectada tiene luces a su solar así como una puerta de acceso, están ocupando sus parcelas y suponen el derribo del muro medianero.

II. D. Juan Manuel y D. Juan Francisco, propietarios, respectivamente, de la finca registral nº NUM000 del Registro de la Propiedad de HARO compuesta por un solar de 26 m2 y un calado de 40 m2 en PLAZA000, Nº NUM001, y de la finca registral nº NUM002 del Registro de la Propiedad de HARO compuesta por un solar de 80 m2 y un calado de 34 m2 en PLAZA000, Nº NUM003, se alzan contra la citada actuación solicitando que cese la vía de hecho consistente en la expropiación ilegal de sus parcelas, que se les reponga en su propiedad con carácter pleno, anulando cualquier acto administrativo que grave o imponga límites de cualquier clase a tales derechos de propiedad, declarando su derecho a ser indemnizados por el AYUNTAMIENTO DE BRIÑAS en la cantidad de 8.000 euros a cada uno de ellos por los daños morales ocasionados..

Afirman que son propietarios de las citadas parcelas sitas en la PLAZA000 Nº NUM001 y NUM003 que en el Plan General Municipal figuran como vial público y el AYUNTAMIENTO, aprovechando que las parcelas no aparecen en el Catastro a nombre de los actores y creyendo erróneamente que tal calificación le atribuye directamente la propiedad de los terrenos, ha otorgado licencia de derribo y rehabilitación a los propietarios del solar sito en la C/ DIRECCION000, Nº NUM004, contando la edificación proyectada con varios ventanas, mirador y solana que dan a la propiedad de los actores e incluso una puerta peatonal.

Mantienen que en fecha 21 y 29 de marzo de 2022 ya denunciaron al Consistorio las irregularidades en las que incurrían las obras autorizadas a los propietarios del solar de la C/ DIRECCION000, Nº NUM004 que afectaban a su muro medianero y que el AYUNTAMIENTO hizo caso omiso, recibiendo únicamente el SR. Juan Francisco un correo electrónico con un informe de la Arquitecta Municipal de 29/04/2022 en el que se viene a reconocer que, según la documentación presentada, la superficie de terreno, es propiedad del interesado, que tal superficie está declarada en el anterior PGM y en el actual como vial pública y el AYUNTAMIENTO debe aplicar los métodos de gestión urbanística establecidos en el LOTUR cediendo los terrenos que queden fuera de las alineaciones previstas que no superen el 10% de la superficie y el resto de parcela mediante expropiación forzosa o que puede optar por revocar la licencia de obras concedida en cuyo caso debería indemnizar a los promotores los gastos derivados de dicha actuación.

Ante la falta de respuesta, los actores presentaron nuevo escrito en fecha 27/07/2022 requiriendo el cese de la vía de hecho conforme al art. 30 de la LJCA poniendo en conocimiento del Consistorio Municipal la posibilidad de indemnizar daños y perjuicios de carácter moral que no tienen la obligación de soportar y que cifran en 8.000 euros para cada uno. Consideran que es una actuación que no sólo perturba su pacífica propiedad sino que afecta a sus derechos como personas, comprobando al cabo de los años que la recalificación del PGM obedecía a intereses particulares y no a la conservación del patrimonio, sintiéndose desprotegidos por la administración, lo cual les ha generado una gran zozobra y angustia emocional.

III. El AYUNTAMIENTO DE BRIÑAS interesa la desestimación del recurso interpuesto.

Niega la existencia de vía de hecho porque la licencia para la demolición parcial de un edificio de vivienda y posterior rehabilitación concedida por Resolución de Alcaldía 10/2022, de 22 de febrero, se concedió por la administración competente y siguió los trámites legales previstos, recabando los informes previos oportunos del CONSEJO SUPERIOR DEL PATRIMONIO CULTURAL, HISTÓRCIO Y ARTÍSTICO DE LA RIOJA, de los SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES e INFORME PREVIO DE HABILITABILIDAD DEL GOBIERNO DE LA RIOJA, sin que los actores interpusieran recurso de reposición o contencioso administrativo. Recuerda que las licencias son actos reglados que se otorgan dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, quedando expedita la jurisdicción civil para resolver las cuestiones de derecho privado que están planteando.

Entiende que existe incongruencia entre la vía de hecho y las pretensiones deducidas por los siguientes motivos: porque piden la nulidad de un acto administrativo y si existe acto administrativo no hay vía de hecho; porque piden que se les reponga en su derecho de propiedad y ello supone el ejercicio de una acción reivindicatoria cuyo conocimiento corresponde a la jurisdicción civil y pretenden la anulación genérica e indeterminada de actos administrativos no identificados incumpliendo la obligación procesal establecida en el art. 45 de la LJCA; y porque interesan una indemnización por daños morales infundada basada en un despojo ilegal que no existe.

SEGUNDO.- -BREVE RECORDATORIO VÍA DE HECHO-

I. El artículo 30 LJCA otorga al interesado, ante una situación de vía de hecho, la posibilidad de optar entre estas dos alternativas: requerir a la Administración para que cese en su actuación o no hacerlo.

Tanto si lo hace y el requerimiento no es atendido en el plazo de diez días, como si no lo hace, la consecuencia es que se abre para el interesado la posibilidad de interponer directamente recurso contencioso-administrativo ("podrá deducir directamente recurso contencioso-administrativo").

Y en cuanto al plazo para esta interposición, el artículo 46.3 LJCA señala, para los supuestos en que hubiere mediado requerimiento, que "será de diez días a contar desde el día siguiente a la terminación del plazo establecido en el artículo 30", y para aquellos otros casos en que no hubiere mediado requerimiento, que el plazo " será de veinte días desde el día en que se inició la actuación administrativa en vía de hecho ".

Ello significa que en los dos casos el interesado dispone de un plazo de veinte días para reaccionar frente a la vía de hecho y acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa:

a) En el primer supuesto, una vez acabado el plazo de diez días desde la formulación del requerimiento no atendido por la Administración se abre otro plazo de diez días para poder interponer el recurso contencioso-administrativo.

b) En el segundo supuesto, cuando no hubiere mediado requerimiento del interesado, éste dispondrá de un plazo de veinte días desde el inicio de la actuación administrativa en vía de hecho para deducir el recurso contencioso- administrativo.

II. Con carácter general, para que una actuación de la Administración Pública pueda ser considerada realizada en vía de hecho, es preciso que estemos ante una actuación material de la Administración, que carezca de la más mínima cobertura jurídica, bien porque se haya realizado sin procedimiento administrativo y acto administrativo que le sirva de fundamento, bien porque se haya excedido del ámbito de cobertura del acto administrativo legitimador de la misma.

El Tribunal Supremo en su Sentencia de 25 de octubre de 2012, recaída en el recurso de casación 2307/2010 recogió la postura jurisprudencial seguida con generalidad en los siguientes términos:

"La vía ejercitada por el recurrente es la del artículo 30 de la LRJCA que, como recoge la exposición de motivos de la citada Ley de 1998, prevé un procedimiento al objeto de que se puedan combatir aquellas actuaciones materiales de la Administración que carecen de la necesaria cobertura jurídica y lesionan derechos o intereses legítimos de cualquier clase, convirtiéndose, por tanto, el procedimiento de la vía de hecho en un medio de obtener la cesación de una actuación administrativa material ajena a un auténtico acto administrativo y sin la fuerza legitimadora de dicho acto.

A tal efecto dispone el artículo 30 de la Ley Jurisdiccional que, en caso de vía de hecho, el interesado podrá formular requerimiento a la Administración actuante intimando su cesación. Si dicha reclamación no hubiera sido formulada o no fuera atendida dentro de los diez días siguientes a la presentación del requerimiento, podrá deducir directamente al recurso contencioso administrativo.

Es decir, la finalidad de la vía de hecho articulada en la vigente Ley de la Jurisdicción de 1998 responde a la intención del legislador de no dejar sin cobertura jurídica y tutela judicial a las actuaciones materiales de la Administración que, sin procedimiento administrativo y la cobertura de un acto de este carácter, perturbe el ejercicio de sus derechos por los particulares, al objeto de obtener la cesación de esa ilegitima actividad material por parte de la Administración.

Como hemos declarado en la STS de esta Sala de 29 de RC 1052/2008 , reiterando otra anterior de 22 de septiembre de 2003 (RJ 2003, 6433), "el concepto de vía de hecho es una construcción del Derecho Administrativo francés que desde lejos viene distinguiendo dos modalidades, según que la Administración haya usado un poder del que legalmente carece (manque de droit) o lo haya hecho sin observar el procedimiento establecido por la norma que le haya atribuido ese poder o potestad (manque de procédure).

Dicha categoría conceptual pasó hace tiempo a nuestro ordenamiento jurídico, especialmente por obra de la doctrina y de la jurisprudencia, para comprender en ella tanto la actuación material de las Administraciones Públicas que se produce sin haber adoptado previamente una decisión declarativa que le sirva de fundamento jurídico como aquella otra actividad material de ejecución que excede evidentemente del ámbito al que da cobertura el acto administrativo previo.

El primer supuesto, esto es, cuando la actuación administrativa carece de resolución previa que le sirva de fundamento jurídico, se encuentra prohibido con rotundidad en el art. 93 de la LRJ y PAC. Y a dicha falta de acto previo son asimilables aquellos casos en los que, existiendo tal acto, éste se ve afectado de una irregularidad sustancial, que permite hablar de acto nulo de pleno derecho o, incluso, inexistente, viéndose privado de la presunción de validez que predica de todo acto administrativo el art. 57.1 LRJ y PAC.

El segundo supuesto se refiere a los casos en que la ejecución material excede de su título legitimador extralimitándolo.

En definitiva, como señalamos en sentencia de 8 de junio de 1993 "la vía de hecho" o actuación administrativa no respaldada en forma legal por el procedimiento administrativo legitimador de la concreta actuación se produce no sólo cuando no existe acto administrativo de cobertura o éste es radicalmente nulo, sino también cuando el acto no alcanza a cubrir la actuación desproporcionada de la Administración, excedida de los límites que el acto permite".

TERCERO.- -APLICACIÓN CASO CONCRETO-

I. El presente litigio se ha planteado por la confluencia de una serie de circunstancias no solventadas en tiempo y forma por el ente local que ha dado lugar a una indeseable situación, con nefastas consecuencias para varios vecinos de la localidad, que no necesariamente se limitan a los actores.

Del conjunto documental obrante en autos y manifestaciones no contradichas resulta:

Los actores tienen títulos inscritos en el Registro de la Propiedad de los calados y parcelas sitos en la PLAZA000, Nº NUM001 y NUM003.

En concreto, consta que D. Juan Francisco adquirió por escritura pública de 05/07/2017 ante Notario de SAN SEBASTIÁN bajo el nº 1361 de su protocolo la finca NUM005 situada en PLAZA000, NUM001 descrita del siguiente modo: Solar calado y bodega. Extensión: el solar, ochenta metros cuadrados. Comprende también una faja de terreno paralela a la alienación de calados de dos metros, veinte centímetros de profundidad. El calado tiene acceso por el sudoeste a través del solar mencionado. Tiene una antepuerta de un metro, treinta decímetros cuadrados y una superficie de treinta y cuatro metros cuadrados útiles.

Y, D. Juan Manuel, junto con Dª Leocadia, adquirieron por escritura pública de compraventa, autorizada por el Notario de Haro el 02/07/2004, bajo el nº 623 de protocolo la finca urbana NUM000 situada en el C/ PLAZA000 NUM001 descrita del siguiente modo: solar y calado-bodega en BRIÑAS en la PLAZA000 número NUM001 exterior en la confluencia con la C/ DIRECCION000. El solar de planta cuadrados y a través del cual se accede a la puerta de entrada del calado-bodega tienen una superficie de veintiséis metros cuadrados. El calado-bodega tiene su acceso a través del solar descrito. Tiene una puerta de acceso de un metro y setenta centímetros de alto por un metro de ancho y una superficie interior útil de cuarenta metros cuadrados, con un acceso exterior al lago desde la PLAZA000, por una ventana de un metro cuadrado situada, posicionados frente a la puerta de la bodega, a la derecha de la misma y próxima a la puerta de acceso a la bodega definida con el número cinco de la PLAZA000, propiedad de Apolonio y hermanos.

En el catastro sólo figuran a nombre de los actores los calados-bodegas y el solar aparece como vía pública.

Según el Informe de la Arquitecta Técnica Municipal de 29/04/2022 en el Plan General Municipal vigente aprobado definitivamente el 07/06/2013 el solar de 80 m² de D. Juan Francisco aparece como viario público y ya aparecía así en el Plan General Municipal anterior que fue aprobado el 10/04/2006. Durante el expediente de aprobación del Plan General Municipal vigente se presentó una alegación que fue rechazada en los siguientes términos:

"Alegación quinta. Escrito presentado en la Oficina General de Registro del Gobierno de La Rioja con fecha de entrada de 6 de Febrero de 2012. La alegación solicita que se corrija la calificación de viario público dada a la superficie situada delante de los calados de la PLAZA000, números NUM001 y NUM003, y se sustituya por la calificación de Espacio Libre Privado, puesto que según los alegantes, dicho espacio es de propiedad privada. Se adjunta numerosa documentación con la que pretende probarse la titularidad privada del terreno en cuestión, así como una amplia explicación sobre los antecedentes que justifican la alegación.

Conte stación: El Plan General Municipal anterior calificaba los terrenos alegados como viario público y el nuevo Plan General Municipal aprobado inicialmente mantiene dicha calificación. Proponemos mantener la calificación de viario público, independientemente de la titularidad actual de los terrenos, cuestión que no entramos a valorar. Consideramos que es más adecuado para la ordenación de la zona mantener la pequeña plaza pública que permite apreciar los accesos a los calados, los cuales están incluidos en el Catálogo de Protección del Plan. En caso contrario, si dichos terrenos estuvieran calificados como espacio libre privado, podrían ser cerrados y vallados por los propietarios, impidiendo la visión de los accesos a los calados y limitando la accesibilidad de la plazuela propuesta. Además, el calado situado en el nº NUM003 de la calle se quedaría sin acceso desde vial público. En cuanto a la titularidad de los terrenos, en caso de que se compruebe que son de propiedad privada tal como señalan los alegantes, el Ayuntamiento de Briñas deberá obtener los terrenos de acuerdo a alguno de los procedimientos establecidos en la Ley 5/2006 de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja. Pero no por ello debe eliminarse un vial público necesario para asegurar la accesibilidad y la visibilidad del patrimonio cultural".

Las alegaciones estaban referidas a las dos parcelas de los actores resultando de lo expuesto hasta ahora, a los meros efectos de este pleito y sin que ello suponga prejuzgar cuestiones cuya competencia exclusiva está reservada a la jurisdicción civil, que los actores ostentan títulos de propiedad aparentemente válidos y vigentes y debidamente inscritos en el Registro de la Propiedad que acreditan que son dueños de pleno derecho de dos parcelas que en el anterior Plan General Municipal de 2006 y en el actual Plan General Municipal de 2013 estaban y están calificadas como viario público.

II. El siguiente paso es aclarar que la calificación urbanística de las parcelas no atribuye al Ayuntamiento directamente su titularidad.

De hecho, la STS de 17 julio 2001 (casación 2459/1997) pone de manifiesto la imposibilidad de derivar de una cesión obligatoria y gratuita al dominio público del terreno la naturaleza pública del mismo en razón de su destino a viales, ya que " ... por el solo hecho de que una zona de la finca matriz esté destinada a viales no puede afirmarse que tales viales tuvieran la condición de vías públicas, ni estuvieran por éste sólo hecho afectadas al dominio público con destino al uso público, ya que para ello eran precisas dos condiciones: la primera, que salieran del patrimonio de la propietaria y entraran en el patrimonio municipal y la segunda, que una vez fuera del dominio particular y dentro del de la Administración éste realizara un acto de aceptación, que en todo caso supone la previa transmisión del bien desde el patrimonio del particular al de la persona jurídica administrativa". La STS 20 abril 2009 (recurso 5503/2005) reputa constitutiva de vía de hecho la ocupación de una parcela para duplicar la calzada de una carretera cuando, formando parte de una unidad de actuación, no fue incluida después en el proyecto de compensación y parcelación de esa unidad, por lo que "no pudo ser adquirida por la corporación municipal en ejecución del mismo ". Y, la Sala Primera del Tribunal Supremo en la Sentencia de 17 de noviembre de 2015 (rec. 2007/2013) expone que " Como recogíamos en la sentencia de 29 de octubre de 2014, Rc. 3315/2012 , la sentencia de 3 de octubre de 2014, Rc. 2328/2012 , establece que el concepto de vía pública es jurídico y no de mero hecho, trayendo a colación la de 24 de diciembre de 1996, Rº. 2895/1993, doctrina legal para el presente recurso, que declara rotundamente que la inclusión en un plan de urbanismo no convierte terrenos de propiedad privada destinados a viales en dominio público, sino a través del acto de entrega y aceptación. Dice así: "La inclusión en un plan general de ordenación de un terreno de propiedad privada como destinado a viales y la obligación...no determinan por sí solas la conversión en dominio público municipal de esos terrenos, sino que es necesario para ello que esa cesión gratuita de viales, establecida en los sistemas de actuación urbanística se lleve a cabo con arreglo a las normas de procedimiento aplicables, normas que son de inexcusable observancia, debiendo señalarse que la cesión, como cumplimiento de esa obligación impuesta a los propietarios de suelo urbano por la legislación urbanística, se produce con la correspondiente acta de entrega y recepción, que produce la transmisión al Ayuntamiento de la titularidad dominical ".

Esta jurisprudencia avala, pues, que la mera previsión de la existencia de un vial en el Planeamiento General no genera, por sí misma, la pérdida de dominio de ese terreno por parte de los propietarios que eventualmente resultasen afectados, máxime en este caso en que el ente local no aporta un principio de prueba de que los terrenos que el PGM califica como vial público sean terrenos de titularidad municipal ni consta que tales terrenos que, conforme al art. 3 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, serían bienes de dominio público de uso público aparezcan en el inventario de bienes y derechos al que se refieren los arts. 17 y concordantes del citado Reglamento, ni que tales bienes estén inscritos a nombre del Ayuntamiento en el Registro de la Propiedad conforme a lo prescrito en el art. 36.

III. Llegados a este punto en que se ha alcanzado la convicción de que el terreno que el Plan General Municipal recoge como vial sigue siendo, a los meros efectos de este pleito, propiedad privada de los actores porque no consta que el AYUNTAMIENTO haya adquirido tales terrenos por ninguno de los medios admitidos en derecho, hay que examinar si su actuación es o no constitutiva de vía de hecho.

Consta que por Resolución de Alcaldía de 22/02/2022, previos los trámites legales, se concedió a D. Elias y a Dª Antonia licencia de obras para rehabilitación de edificio existente en la C/ DIRECCION000, Nº NUM004, de BRIÑAS, a salvo del derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. Tal licencia de obras no fue recurrida por los actores, pese a que tuvieron conocimiento del inicio de las obras en marzo de 2022, y, lógicamente, no debe ni puede ser objeto de examen en esta litis.

Debe recordarse que el art. 193 de la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja dispone que las licencias se otorgarán de acuerdo con las previsiones de la legislación y planeamiento urbanístico vigente en el momento de la resolución, que la denegación, en todo caso, debe ser motivada y que se otorgarán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, denegándose, no obstante, si se pretende llevar a cabo una ocupación ilegal del dominio público.

Este precepto autonómico es fiel plasmación de los principios generales que rigen en esta materia de que las licencias tienen una naturaleza rigurosamente reglada, constituyen un acto debido en cuanto que necesariamente «deben» otorgarse o denegarse según que la actuación pretendida se adapte o no a la ordenación aplicable, siendo manifestación de la Intervención administrativa cuya finalidad es verificar la conformidad de la actividad proyectada con el ordenamiento.

En tal sentido, la Sentencia del TSJ DE ASTURIAS nº 52/2021, de 21 de febrero, Recurso de Apelación 259/2020 nos recuerda : "las licencias urbanísticas tienen carácter reglado, pues constituye un acto debido en cuanto que necesariamente «debe» otorgarse o denegarse según que la actuación pretendida se adapte o no a la ordenación aplicable; su finalidad es verificar la conformidad de la actividad proyectada con el ordenamiento, de tal manera que si el proyecto es acorde con la legislación urbanística aplicable vigente, otorgará la licencia; y en caso contrario la denegará, sin que sea posible adoptar soluciones intermedias ( Sentencias de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 1990 , 21 de diciembre de 1993 y 29 de marzo de 1994 ). No se trata en consecuencia de enjuiciar cuestiones que puedan afectar a la propiedad o posesión del terreno para el cual se solicita la licencia, pues: a) el otorgamiento de una licencia se entiende siempre salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero (viejo artículo 12 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales y el vigente (...)); b) la doctrina jurisprudencial viene reiteradamente declarando que el control de legalidad que se ejerce a través de la licencia no es de la legalidad en general sino exclusivamente de la urbanística; c) la jurisprudencia declara que las cuestiones de propiedad y posesión son ajenas al tema de las licencias urbanísticas pues no es el Ayuntamiento órgano competente para enjuiciar ni dirimir problemas de propiedad, y d) también es doctrina jurisprudencial que la prueba en principio de la propiedad del solicitante de la licencia tan sólo es necesaria cuando el órgano municipal competente para otorgarla opone un propio dominio que de oficio está obligado a defender, de manera que resultara necesaria y legítima la denegación de la licencia si compromete bienes de dominio público ( STS de 3 de junio de 1988,rec.6229/1992 ).

Así pues, con ocasión de la concesión de licencias urbanísticas puede la administración local denegar las que comprometen la existencia y usos del dominio público, como excepción a la regla general de que las licencias se conceden "salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros".

La jurisprudencia recaída sobre la previsión legal recogida en la generalidad de la legislaciones autonómicas de que las licencias se entienden otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del derecho de tercero se resume en que en los procedimientos administrativos sobre licencias urbanísticas está vedado que la resolución administrativa de otorgamiento o denegación se fundamente en cuestiones de propiedad civil, excluyendo el supuesto de que se encuentren afectados bienes de dominio público, que constituye la gran excepción a la regla general. Esta jurisprudencia ha sido mantenida hasta la actualidad, sin variaciones, tanto por nuestro Tribunal Supremo como por los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, de forma que son innumerables las Sentencias que se asientan en la doctrina anteriormente referenciada ( Sentencia de la Sección Primera del T.S.J. de Castilla La Mancha, de 09.05.2011, resolución nº 129/2011, recurso nº 143/2010; Sentencia de la Sección Tercera del T.S.J. de Cataluña, de 10.02.2012, resolución nº 102/2012, recurso nº 28/2011; Sentencia de la Sección Primera del T.S.J. de la Comunidad Valenciana, de 07.03.2012, resolución nº 271/2012, recurso nº 632/2009; Sentencias de la Sección Segunda del T.S.J. de Madrid, de 10.03.2011, resolución nº 430/2011, recurso nº 801/2010, y de 17.05.2012, resolución nº 784/2012, recurso nº 97/2011, entre otras muchas otras).

Ello significa, por una parte, que el otorgamiento de una licencia carece de efectos sobre los derechos de propiedad y, por otra parte, que una licencia no puede denegarse por motivos relativos a los derechos de propiedad de los particulares.

IV. En este caso, no es la propiedad de los titulares de la licencia de obras lo que se pone en entredicho sino la titularidad de las parcelas a las que da una de sus fachadas la que genera el conflicto con repercusión en materia de servidumbre de luces y vistas, de acceso peatonal, de derribo de murete divisorio y de ocupación temporal con maquinaria y escombros.

Tal conflicto por la titularidad de las parcelas, que, precisamente, coincide con uno de los lindes de la casa que están haciendo en el solar de la C/ DIRECCION000, Nº NUM004, de BRIÑAS, no se plantea entre dos sujetos privados, sino entre el ente público y los actores. En efecto, el AYUNTAMIENTO, al conceder la licencia conforme a la legislación urbanística, ha considerado que el vial público recogido en el Plan General Municipal era de su propiedad y ello pese a que carece de título de dominio que así lo acredite. Este presupuesto erróneo del cual ha partido la Corporación a la hora de conceder la licencia de obras se traduce en una privación ilegítima del dominio de los actores por parte del AYUNTAMIENTO DE BRIÑAS que no puede ser bendecida judicialmente. La administración ha supuesto que el terreno que el Plan General Municipal recoge como vial es de su propiedad y ello ha dado lugar a la concesión de una licencia a un tercero que, aunque desde el punto de vista urbanístico se adecúa al Plan General Municipal y es válida, está generando importantes restricciones a las parcelas que siguen siendo propiedad de los actores, restricciones a las que el AYUNTAMIENTO debe poner solución en un sentido u otro.

Concluir en sentido contrario, es decir, diciendo que no hay vía de hecho supondría desconocer que los actores tienen sendos títulos de propiedad aparentemente válidos y debidamente inscritos en el Registro de la Propiedad imponiéndoles la carga adicional, injusta y desproporcionada de ejercitar las acciones oportunas en la vía civil frente al AYUNTAMIENTO que, no olvidemos, no ha alegado ni ha presentado un título que ampare la titularidad de esos terrenos.

V. Ello determina la estimación del recurso en cuanto que el AYUNTAMIENTO debe cesar en esta vía de hecho y no puede seguir comportándose como propietario del terreno de los actores por los que pasa el vial público cuando no lo es. El reconocimiento de esta situación no determina, necesaria y automáticamente, la anulación de todos los actos que han gravado o han impuesto restricciones a sus derechos de propiedad, sino la de arbitrar los mecanismos necesarios para que los actores no sigan sufriendo más molestias y restricciones en las parcelas y ello por lo que seguidamente se va a explicar.

Si el Plan General Municipal recoge desde antiguo un vial público, el AYUNTAMIENTO tendrá que adquirir los terrenos sobre los que discurre esa calle e incorporarlos al patrimonio municipal. En este sentido informó, con acertado criterio, la Arquitecta Técnico Municipal en el informe de 29/04/2022 que, curiosamente, no figura en el expediente administrativo pero que fue aportado como documento nº 5 junto con la demanda y que el AYUNTAMIENTO no impugnó. Además, en la convocatoria del Pleno de 27/10/2022 que fue presentada como prueba documental por los actores en el acto de la vista uno de los puntos del orden del día fue, precisamente, aprobación si procede del inicio del expediente de expropiación de la Plaza de PLAZA000, hecho éste que evidencia el conocimiento por parte de la administración de la falta de titularidad de los terrenos y la necesidad imperiosa de actuar. En tanto en cuanto esto no ocurra el AYUNTAMIENTO deberá arbitrar los mecanismos necesarios para que los actores no sigan sufriendo más molestias y restricciones en las parcelas que siguen siendo de su propiedad. Y, en el hipotético caso de que el AYUNTAMIENTO no llegase a adquirir tales terrenos, sí podría plantearse una eventual revocación de licencia de obras y rehabilitación a los propietarios de la C/ DIRECCION000, Nº NUM004, con la consiguiente indemnización de daños y perjuicios, si bien ello se presenta como un evento remoto, improbable e indeseable.

VI. En cuanto a la indemnización por daños morales, piden una cantidad a tanto alzado que cifran en 8.000 euros para cada uno de ellos porque no sólo se le ha perturbado en su pacífica propiedad sino que han resultado afectados sus derechos personales comprobando que la recalificación del PGM obedecía a intereses particulares y no a la conservación del patrimonio y viéndose desprotegidos por la administración, lo cual les ha generado una gran zozobra y angustia emocional.

La actuación del AYUNTAMIENTO es reprochable, irregular y, se mire por donde se mire, no está justificada pues antes de adoptar actos que suponían importantes limitaciones y consecuencias en el derecho de propiedad de los actores pudo y debió actuar evitando un conflicto que lleva ya un recorrido superior al año. Esta situación, inevitablemente, conlleva padecimientos, desasosiego y malestar susceptibles de ser encuadrados dentro del daño moral. La cuantificación de estos daños depende de las circunstancias del caso concreto. En ese sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 4ª, Sentencia de 21 Oct. 2011, Rec. 4161/2009, Fundamento de Derecho Quinto ya dijo: "Antes de entrar en los términos en los que fue planteado el debate, debemos recordar la doctrina de esta Sala y Sección recogida en sentencias recientes como las de quince de junio de dos mil once, recursos de casación 2556/2007 y 3246/2007 , que a su vez recogen otras anteriores como la de veintitrés de marzo de dos mil once, recurso de casación 2302/2009 , el resarcimiento del daño moral por su carácter afectivo y de pretium doloris, carece de módulos objetivos, lo que conduce a valorarlo en una cifra razonable, que siempre tendrá un cierto componente subjetivo por lo que deben ponderarse todas las circunstancias concurrentes en el caso. Y ello no implica en absoluto que se obvie o infrinja el principio de reparación integral previsto en el artículo 141 de la Ley 30/1992 (...), sino que su valoración no es tasada y que admite una cierta subjetividad que no debe confundirse con arbitrariedad"

La noción de daño moral ha sufrido una progresiva ampliación de la que da fe la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 2000 cuando dice: "(...) la situación básica para que pueda darse lugar a un daño moral indemnizable consiste en un sufrimiento o padecimiento psíquico [...] o espiritual, [...] impotencia, zozobra, ansiedad, angustia", estados de ánimo permanentes o de una cierta intensidad que no necesariamente se identifican con la carga derivada de acudir a un procedimiento jurisdiccional para obtener la anulación de un acto administrativo contrario a la solicitud formulada."

En este supuesto, la cuantía que en concepto de daños morales se fija, prudencialmente, en 2.500 euros para cada uno de ellos, cantidad que se entiende suficiente para compensar las molestias y padecimientos generados a los actores por la vía de hecho en la que ha incurrido el ente local.

CUARTO.- -COSTAS-

El art. 139 de la LEY 29/98, de 13 de julio, reguladora de la JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA dispone que "En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho". En el supuesto de autos, las costas procesales se imponen a la administración demandada con el límite, I.V.A. excluido, de 900,00 euros.

QUINTO.- -RECURSO-

De conformidad con lo dispuesto en el art. 81,1 de la LJCA contra la presente sentencia no cabe interponer recurso ordinario alguno.