Sentencia Contencioso-Administrativo 172/2023 Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Mérida nº 1, Rec. 4/2023 de 02 de junio del 2023

PRIMERO: Es objeto de impugnación en el presente recurso contencioso administrativo la resolución dictada el día 14 de septiembre de 2022 por el Jefe Provincial de Tráfico de Córdoba, que resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la resolución recaída en el expediente sancionador nº NUM000, por la que se impone a la entidad demandante una sanción de multa de 200 euros.

La demanda se sustenta, esencialmente y en relación con el caso que nos ocupa, en los siguientes hechos:

1.- La resolución objeto de recurso ha sido notificada mediante su publicación en el Tablón Edictal Único del BOE en fecha 16 de noviembre de 2022.

2.- La mencionada resolución se dicta en el expediente sancionador indicado, incoado en virtud de denuncia formulada por la Guardia Civil de Tráfico en la carretera A-447, p.k. 7, en fecha 15 de diciembre de 2021, a las 08:34 horas.

3.- La denuncia se formula en aplicación del RD 443/2001 sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores, no constando en la denuncia ni en la ratificación del agente denunciante la edad de los escolares que se dice transportaba.

4.- En el caso concreto del expediente que nos ocupa, se sanciona por incumplimiento técnico del vehículo según el artículo 4.2.29 del RD antes indicado; en concreto, por " circular con el vehículo reseñado, sometido a normas especiales, incumpliendo las exigencias reglamentariamente establecidas en lo concerniente a sus condiciones técnicas (...). Al no estar el mando exterior trasero apertura".

En cambio, el vehículo con matrícula ....-XHB cuando fue denunciado se encontraba debidamente aparcado, en lugar autorizado para ello y correctamente señalizado, y en ningún caso circulaba como dice la denuncia, teniendo en perfecto estado los dispositivos de apertura de las puertas, como así fue constatado por la ITV correspondiente.

Tras alegar los fundamentos de derecho que estimó de aplicación terminó interesando el dictado de sentencia que anule la resolución recurrida, con imposición de costas a la Administración.

La Administración demandada como decíamos, no ha comparecido al acto de juicio.

SEGUNDO: Pues bien, entrando en el fondo y a fin de resolver la cuestión planteada, hemos de acudir en primer término a los documentos que constan en el expediente administrativo remitido y en los aportados por la parte actora, con incidencia en este caso.

Y así:

1.- Consta al folio 2 del expediente boletín de denuncia relativa al expediente NUM000, expedida el 15 de diciembre de 2021 a las 08:34 horas, por el siguiente hecho denunciado: " circular con el vehículo reseñado, sometido a normas especiales, incumpliendo las exigencias reglamentariamente establecidas en lo concerniente a sus condiciones técnicas. Realiza un servicio regular de uso especial de escolares. Transporta 20 alumnos edad 8 y 10 años desde Posadilla al CEIP Carlos Borromeo, incumpliendo el artículo 4.2.29 del RD 443/01 , al no estar el mando exterior trasero aperturas puertas debidamente operativo, el mismo está endurecido dificultando el que se pueda pulsar para (resto ilegible)". El vehículo en cuestión al que se refiere es el autobús matrícula ....-XHB.

Consta en dicho boletín como precepto infringido el artículo 12.9 de Vehículos, con un importe de multa de 200 euros según boletín de denuncia.

Al folio 4 consta notificación de la iniciación del expediente por tales hechos, figurando como precepto infringido el artículo 12.9 del Reglamento General de Vehículos. Cabe destacar que en el hecho que se notifica consta: " circular con el vehículo reseñado, sometido a normas especiales, incumpliendo las exigencias reglamentariamente establecidas en lo concerniente a sus condiciones técnicas. Realiza un servicio regular de uso especial de escolares. Transporta 20 alumnos edad 8 y 10 años desde Posadilla al CEIP Carlos Borromeo, incumpliendo el artículo 4.2.29 del RD 443/01 , al no estar el mando exterior trasero apertura".

2.- Consta escrito de alegaciones de la parte actora al folio 8 en el que indica que el vehículo no estaba circulando y que no se notifica qué se incumple, habiendo pasado favorablemente el autobús la ITV.

3.- Al folio 12 consta ratificación del agente denunciante .

4.- Al folio 19 consta propuesta de resolución sancionadora y al folio 20 la resolución sancionadora de 22 de junio de 2022.

5.- Tras recurso de reposición formulado, a los folios 26 y siguientes la resolución recurrida de 14 de septiembre de 2022 que desestima dicho recurso.

Planteadas así las cosas se considera que la demanda ha de ser estimada. Y ello por las siguientes razones, debiendo mencionarse previamente que como es conocido en el procedimiento administrativo sancionador son aplicables, conforme a criterio jurisprudencial consolidado, los principios que vienen a inspirar el procedimiento penal (culpabilidad, presunción de inocencia, etc.)

Dicho esto, cabe reseñar:

1º.- La denuncia alude a que se transportaba 20 alumnos con edades de 8 y 10 años, sin precisar proporción o número de escolares con una u otra edad, extremo ratificado por el agente denunciante.

Si bien hemos de tener en cuenta que aduciéndose incumplimiento del RD 443/2001, de 27 de abril, sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores), ha de destacar que su artículo 1 determina que " las condiciones de seguridad previstas en este Real Decreto se aplicarán: a) A los transportes públicos regulares de uso especial de escolares por carretera, cuando al menos la tercera parte o más de los alumnos transportados tuviera una edad inferior a dieciséis años en el momento en que comenzó el correspondiente curso escolar (...)".

Por lo tanto, se considera que es preciso concretar no sólo número y edades sino proporción en tal caso.

2º.- No obstante lo anterior, en la incoación del expediente se indica a la actora como antes dijimos que los motivos de ello, esto es, los hechos base de los que parte dicho expediente son: " circular con el vehículo reseñado, sometido a normas especiales, incumpliendo las exigencias reglamentariamente establecidas en lo concerniente a sus condiciones técnicas. Realiza un servicio regular de uso especial de escolares. Transporta 20 alumnos edad 8 y 10 años desde Posadilla al CEIP Carlos Borromeo, incumpliendo el artículo 4.2.29 del RD 443/01 , al no estar el mando exterior trasero apertura". Es clara la falta de concreción del hecho denunciado, por cuanto se deriva de lo anterior, que el vehículo carecería del mando exterior trasero de apertura, cuando lo cierto es que la denuncia y posterior ratificación no reflejan eso, sino que dicho mecanismo o mando existía pero no posibilitaba la apertura, lo que abundaría en la falta de un elemento determinante del expediente cual sería la tipicidad del hecho por el que se impone la sanción.

3º.- Por otra parte, consta que el vehículo en cuestión pasó favorablemente la ITV el día 5 de agosto de 2021 con fecha de validez hasta el día 5 de febrero de 2022 y que nuevamente obtuvo ITV favorable el día 4 de febrero de 2022 hasta el 5 de agosto de 2022, por lo que surge una duda razonable dado el procedimiento en que nos encontramos acerca de la realidad e incidencia de los hechos denunciados, que no se ve aclarada dada la ausencia al menos de alguna fotografía-video del autobús que hubiera podido incorporarse a la denuncia y de tal modo resolver cualquier duda al respecto.

Todo lo expuesto, ha de conllevar como decimos la íntegra estimación de la demanda entablada al no haberse desvirtuado el principio de presunción de inocencia que ampara a la actora.

Mencionar finalmente otra cuestión que se considera básica y que aludiría a la falta de notificación de la propuesta de resolución ( artículo 95.3 de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial).

Dicho precepto establece que: " Concluida la instrucción del procedimiento sancionador, el órgano instructor elevará propuesta de resolución al órgano competente para sancionar para que dicte la resolución que proceda. Únicamente se dará traslado de la propuesta al interesado, para que pueda formular nuevas alegaciones en el plazo de quince días naturales, si figuran en el procedimiento sancionador o se han tenido en cuenta en la resolución otros hechos u otras alegaciones y pruebas diferentes a las aducidas por el interesado".

Atendido el contenido del expediente instruido hemos de señalar que tal propuesta sí consta dictada, aunque ciertamente no figura su notificación a la actora.

Del mismo modo, el artículo 89 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece: " 1. El órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento, con archivo de las actuaciones, sin que sea necesaria la formulación de la propuesta de resolución, cuando en la instrucción procedimiento se ponga de manifiesto que concurre alguna de las siguientes circunstancias: a) La inexistencia de los hechos que pudieran constituir la infracción: b) Cuando lo hechos no resulten acreditados; c) Cuando los hechos probados no constituyan, de modo manifiesto, infracción administrativa; d) Cuando no exista o no se haya podido identificar a la persona o personas responsables o bien aparezcan exentos de responsabilidad; e) Cuando se concluyera, en cualquier momento, que ha prescrito la infracción.

2. En el caso de procedimientos de carácter sancionador, una vez concluida la instrucción del procedimiento, el órgano instructor formulará una propuesta de resolución que deberá ser notificada a los interesados. La propuesta de resolución deberá indicar la puesta de manifiesto del procedimiento y el plazo para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que se estimen pertinentes.

3. En la propuesta de resolución se fijarán de forma motivada los hechos que se consideren probados y su exacta calificación jurídica, se determinará la infracción que, en su caso, aquéllos constituyan, la persona o personas responsables y la sanción que se proponga, la valoración de las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión, así como las medidas provisionales que, en su caso, se hubieran adoptado. Cuando la instrucción concluya la inexistencia de infracción o responsabilidad y no se haga uso de la facultad prevista en el apartado primero, la propuesta declarará esa circunstancia".

El artículo 13.2 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, señala: " Una vez concluida la instrucción del procedimiento y practicada la audiencia al interesado por el órgano correspondiente, salvo cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos y otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado, el instructor elevará propuesta de resolución al órgano que tenga atribuida la competencia sancionadora para que dicte la resolución que proceda".

En nuestro caso, la Resolución dictada tiene en cuenta otros hechos y/o pruebas de las aducidas por el interesado en concreto la presunción de veracidad del agente denunciante por lo que dicha propuesta de resolución debió notificarse al demandante conforme a la normativa de aplicación.

Conviene mencionar la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 6ª, de 19 de diciembre del año 2000 (recurso 74/2000), que fija doctrina en interés de ley sobre la materia que nos ocupa, en el sentido de que la notificación de la propuesta de resolución que corresponda dictar en el procedimiento no es preceptiva ni tiene, por tanto, que notificarse al interesado, siendo también innecesario el trámite de audiencia, en cualquiera de estos dos casos: a) cuando el interesado no haya formulado alegaciones sobre el contenido del boletín de denuncia que inicia el procedimiento, y b) cuando, habiéndolas formulado, no se tengan en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas, en su caso, por el interesado. No hallándonos en estos casos en el presente recurso donde sí constan formuladas alegaciones al boletín de denuncia, y habiendo tenido en cuenta otras pruebas distintas a las aducidas por el interesado, se considera como decimos que debía dictarse propuesta de resolución (como se hizo) y notificarse al actor para alegaciones (lo que no se hizo).

No obstante, en aras al principio de economía procesal, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva, se ha procedido a entrar en el fondo del asunto planteado en los términos que ya fueron expuestos anteriormente.

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el art. 139.1 LJCA, procede imponer las costas devengadas a la parte demandada.

Vistos los artículos anteriormente citados y todos aquellos otros que sean de general y pertinente aplicación