Sentencia Contencioso-Administrativo 53/2023 Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Mérida nº 1, Rec. 59/2022 de 09 de febrero del 2023

PRIMERO: Es objeto de impugnación en el presente recurso contencioso administrativo la Resolución de fecha 20 de enero de 2022, dictada por el Director General de Tributos de la Junta de Extremadura, por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto por la actora frente a la Resolución de 13 de diciembre de 2021.

La demanda se sustenta, esencialmente, en los siguientes hechos:

1.- Se recurre la Resolución al recurso de reposición en el expediente nº 0621112, dictada por el Director General de Tributos el 20 de enero de 2022.

2.- Indica la resolución, que el establecimiento incumplía el horario de cierre establecido, hecho que no se corresponde con la realidad, puesto que el establecimiento no se encontraba abierto al público, ni con las puertas abiertas.

3.- Se alega también la prescripción de la infracción y su oposición a la aplicada reincidencia.

4.- Falta de competencia para la fijación de horarios.

Tras alegar los fundamentos de derecho que estimó de aplicación terminó interesando el dictado de sentencia por la que:

a).- Revoque y deje sin efecto la Resolución objeto de recurso, ordenando el archivo del procedimiento sancionador con nº de expediente 0621112.

b).- Con expresa imposición de las costas devengadas en este proceso a la Administración demandada.

c).- Subsidiariamente, se imponga la cuantía mínima de 601 euros dadas las circunstancias que concurren en el presente caso.

La Administración interesa el dictado de sentencia por la que se desestime el recurso interpuesto declarando ajustado a derecho el acto recurrido y, por tanto, confirmándolo en todos sus extremos.

SEGUNDO: Pues bien, el recurso se dirige pues contra resolución desestimatoria del previo recurso planteado contra Resolución sancionadora que impone a la demandante la multa de 6.001 euros por sobrepasar los límites horarios establecidos para los establecimientos de juego, en base al artículo 32.1.k) y 31.1.r) de la Ley 6/1998, de 18 de junio del Juego de Extremadura.

La parte actora viene a negar los hechos aduciendo que en el local a la hora y día que se indican en la denuncia únicamente había una trabajadora realizando tareas mantenimiento y limpieza, no estando abierto al público el local, y cuestionando la ratificación que efectúan los agentes denunciantes tiempo después de los hechos. Finalmente, también vendría a aducir la desproporcionalidad de la cuantía de la sanción impuesta, la falta de competencia de la administración que fijó el horario aplicado y la prescripción de la infracción.

Frente a ello, la Administración sostiene la legalidad de la resolución dictada, y del procedimiento sancionador seguido, argumentando la tipicidad de las conductas sancionadas, y el principio de veracidad de los agentes denunciantes no desvirtuado en este caso por la actora, siendo además proporcionada la multa impuesta.

TERCERO: Dicho lo anterior, y acudiendo en primer lugar al artículo 32.1.k) de la Ley 6/1998 del Juego de Extremadura , el mismo califica como infracción grave: " Sobrepasar los límites horarios establecidos para los establecimientos de juego".

A su vez, el artículo 50 del Decreto 117/2009, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar y de Salones Recreativos y de Juego de la Comunidad Autónoma de Extremadura, establece que: " el horario de funcionamiento será el que para este tipo de establecimientos esté regulado en cada momento por el órgano competente de la Junta de Extremadura".

Por otra parte, la Orden de 16 de septiembre de 1996, por la que se establecen los horarios de apertura y cierre de los establecimientos, espectáculos públicos y actividades recreativas, en el seno de esta Comunidad Autónoma, fija como horario de cierre para los salones recreativos y de juego, las 23:00 horas en horario de invierno (desde el 1 de octubre al 31 de mayo, ambos inclusive) y las 24:00 horas en horario de verano (desde el 1 de junio al 30 de septiembre, ambos inclusive. Este mismo horario regirá también durante el periodo de Jueves Santo al Lunes de Pascua, ambos inclusive, y desde el 24 de diciembre al 6 de enero, ambos inclusive).

Cabe precisar en este caso que si bien no consta en este expediente, sí es conocido por otros similares seguidos en este Juzgado, que en la autorización para salón de juegos concedida en su día a la demandante expresamente constaba que " los horarios de apertura y cierre del Salón serán los que para este tipo de establecimientos públicos establece la Orden de 16 de septiembre de 1996 de la Consejería de Presidencia y Trabajo (...)", por lo que se asumió ese compromiso y se sujetó la actividad a dicha normativa, debiendo desestimarse por ello en este punto la alegada falta de competencia de la administración que acordó dicho horario, cuando por otra parte es al que se ha venido sujetando la actora desde dicha autorización.

En nuestro caso, consta al folio 3 del expediente Acta de denuncia a través de la cual se constata que el día 6 de septiembre de 2019 a las 01:35 horas, la Sala de Juegos de la actora sita en Badajoz, Avda. María Auxiliadora, nº 1, incumplía el horario de cierre (24:00 horas).

A los folios 37 y 38 del expediente consta ratificación de la denuncia inicial por los agentes intervinientes, concretando como también hace el boletín de denuncia que el establecimiento estaba abierto con todas las máquinas en funcionamiento y siendo utilizadas por cinco clientes.

Recordemos que la inspección tiene lugar a las 01:35 horas cuando el horario de cierre ese día era a las 24:00 horas, lo que evidencia la comisión de la infracción que nos ocupa. La parte actora alude a que se realizaban únicamente tareas de mantenimiento, no habiéndose practicado testificales en tal sentido, mas lo cierto es que aparte de la ratificación de los agentes, parece poco acorde con la lógica que una hora después de la hora determinada como de cierre (24 horas o como mucho 00:30 horas si coincidió con fin de semana o festivo) aún se estuvieran realizando tareas de mantenimiento y limpieza en el local, siendo más acorde con dicha lógica que en efecto el local estuviese abierto como indican los agentes con clientes en su interior, que llegan incluso a filiar a dichos clientes.

Por otra parte, es conocido y consta en la normativa de aplicación, la presunción de veracidad de las manifestaciones de los agentes denunciantes contenidas en sus boletines de denuncia, cuando son apreciadas por ellos directamente como es el caso, presunción en efecto iuris tantum, y que puede ser desvirtuada por el presunto infractor. Mas en este caso, no se ha desplegado prueba alguna tendente a lograr desvirtuar tal presunción.

En efecto, como antes decíamos, no consta propuesta la testifical de los agentes, ni consta propuesta la testifical de la trabajadora que se indica solamente realizaba labores de mantenimiento y cierre en el local, etc.

Por todo ello, hemos de considerar ajustada a derecho la resolución recurrida en cuanto a la infracción que analizamos.

Se alude por la parte actora a la prescripción de la infracción. En este punto, el artículo 39 de la Ley 6/1998 establece: " Las infracciones leves prescribirán a los seis meses, las graves a los dos años y las muy graves a los tres años. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por infracciones graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.

El término de la prescripción comenzará a contar desde el día en que se hubiere cometido la infracción.

Esta prescripción se interrumpirá desde que el procedimiento se dirija contra el infractor, volviendo a correr de nuevo el tiempo de la prescripción desde que aquél termine sin sanción o se paralice el procedimiento durante más de tres meses, si no es por causa imputable al interesado".

En nuestro caso, consta que los hechos suceden el 6 de septiembre de 2019 y que el acuerdo de incoación del expediente es de fecha 31 de agosto de 2021 (folios 8 y siguientes del expediente), siendo notificado a la actora el día 6 de septiembre de 2021. Por lo tanto, no podemos considerar prescrita la infracción dado que ya el 31 de agosto de 2021 el procedimiento se dirige contra la actora. Y ello aparte del dato de que en realidad se está imponiendo una infracción muy grave cuyo plazo de prescripción es de tres años.

También se reseña como motivo de impugnación la indebida aplicación de la reincidencia. En tal sentido, el artículo 31.1.r) de la indicada Ley 6/1998 califica la infracción muy grave cuando concurra: " La reincidencia, por la comisión de una segunda infracción grave en el plazo de un año".

Para ello, la Administración se apoya en los siguientes expedientes:

.- expediente 0620005: se ha declarado por resolución firme en vía administrativa. Fecha del acta: 05/06/2019 a las 01:05 horas. Fecha resolución: 18/03/2021. Recurso de reposición desestimado con fecha 10/05/2021, debidamente notificado.

.- expediente 0621037: se ha declarado por resolución firme en vía administrativa. Fecha del acta: 28/03/2019 a las 00:35 horas. Fecha resolución: 25/06/2021. Recurso de reposición desestimado con fecha 06/08/2021, debidamente notificado.

Al respecto, el artículo 36.11 de dicha norma refiere que: " Para determinar la graduación de las sanciones deberán tenerse en cuenta los siguientes criterios: (...) d) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa". Esto es, se está partiendo de una resolución firme en vía administrativa y no judicial, por lo que la aplicación del artículo 31.1.r) se estima ajustada a la legalidad.

Además, se ha señalado por la Administración no desvirtuándose tal circunstancia, que los dos expedientes referidos dieron lugar a sendas Sentencias confirmatorias de la sanción, por lo que tampoco puede ello aducirse como motivo para denegar la reincidencia.

Finalmente, en cuanto a la alegada desproporción, el mencionado artículo 36 concreta como cuantía mínima de las infracciones muy graves la suma de 6.001 euros, que fue la impuesta en el presente caso, por lo que se considera proporcionada en consecuencia.

En suma, procede una desestimación total de la demanda entablada confirmando íntegramente la resolución recurrida.

CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en el art. 139.1 LJCA, procede imponer las costas devengadas a la parte actora.

Vistos los artículos anteriormente citados y todos aquellos otros que sean de general y pertinente aplicación