Sentencia Contencioso-Administrativo 90/2025 Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ferrol nº 1, Rec. 172/2024 de 21 de julio del 2025

PRIMERO .- Cuestiones objeto del proceso.

La parte actora comparece en este procedimiento contencioso-administrativo a fin de impugnar y solicitar nulidad del cese de su relación laboral/estatutaria de fecha 29 de mayo de 2023, el reconocimiento de la condición de personal indefinido, y/o subsidiariamente, la compensación económica que corresponda, frente a la Consellería de Sanidade, SERGAS, Xunta de Galicia, Área Sanitaria de Ferrol, además de requerir una indemnización de 1.800 euros, con base a la doctrina de la sala social del TS. Alegando en breve síntesis: que lo que viene a pedir, es la declaración de nulidad del cese como celador en la fecha señalada, el reconocimiento de personal indefinido, y/o subsidiariamente la compensación económica que corresponda por incumplimiento de la Ley 55/2003 de 16 de diciembre de Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud.

Por la demandada,viene a oponerse, en primer lugar, viene a decir que el cese se demora tres días desde el alta de la persona sustituida debido al retraso en la comunicación de dicha alta por parte del INSS, que no se produce hasta el 29-05-2023, por lo que la coincidencia entre las dos personas, sustituto y sustituido, no responde a una necesidad estructural del servicio, sino a un simple problema de coordinación administrativa.

Con relación a la pretensión del reconocimiento personal indefinido por el encadenamiento de contratos de sustitución, indica que los mismos responden a distintas categorías y vínculos, no se trata de necesidades adicionales de servicio, sino de sustituciones cubrir eventualidades puntuales.

Y, por último, en lo relativo a la indemnización solicitada de contrario apelando a las resoluciones de ámbito laboral, señala que estamos ante dos fuentes jurídicas en las que no existe ninguna conexión, al no existir identidad de razón entre ambas.

SEGUNDO. - Fundamentación Jurídica y Valoración de la Prueba.

Conforme a la doctrina reiterada del Tribunal Supremo, recogida, entre otras, en la Sentencia nº 1426/2018, la relación existente entre los funcionarios públicos y la Administración no puede calificarse como laboral, ya que se trata de una relación de naturaleza estatutaria regida por el Derecho Administrativo. Tal y como declara expresamente dicha resolución, los funcionarios, tanto de carrera como interinos, acceden a su condición mediante un acto unilateral de nombramiento, cuyas condiciones no están sometidas a la libre voluntad de las partes, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito laboral, donde la relación nace de un contrato fruto del consentimiento mutuo. En consecuencia, el vínculo estatutario queda excluido del ámbito del orden social, lo que implica, entre otras cosas, que la extinción del nombramiento no genera por sí misma el derecho a indemnización, al no estar previsto legalmente.

Esta tesis ha sido reiterada en la Sentencia del Tribunal Supremo nº 855/2023, de 23 de junio, que subraya que no cabe aplicar, ni siquiera de forma analógica o como fuente interpretativa, la normativa laboral a las relaciones jurídicas del personal estatutario. La heteronomía propia del régimen funcionarial impide trasladar a este ámbito las consecuencias jurídicas derivadas del contrato laboral.

En relación con el eventual abuso derivado de la concatenación de nombramientos temporales, resulta de aplicación la jurisprudencia del Tribunal Supremo expresada en las Sentencias 917/2023, 631/2023 y 1401/2021, las cuales analizan la cláusula 5 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, incorporado mediante la Directiva 1999/70/CE. Dicho precepto tiene como finalidad prevenir el abuso en el uso sucesivo de contratos de duración determinada, obligando a los Estados miembros a adoptar medidas normativas eficaces que impidan tal utilización injustificada. No obstante, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha determinado, de forma expresa en su Sentencia de 19 de marzo de 2020 (C-103/18), que la cláusula 5 del Acuerdo Marco carece de efecto directo, al no ser incondicional ni suficientemente precisa. Por ello, no puede ser invocada por los particulares ante los tribunales nacionales para excluir la aplicación de normas internas que resulten contrarias a su tenor.

En este sentido, el Tribunal Supremo, en su Sentencia 1229/2023, de 9 de octubre, concluye que, dada la ausencia de efecto directo, la cláusula 5 no genera derechos subjetivos que puedan ser invocados de manera autónoma por el personal interino, y que cualquier consecuencia jurídica ha de derivarse de la normativa interna. Por tanto, la mera sucesión de nombramientos no justifica por sí sola la existencia de un abuso, ni da lugar automáticamente al reconocimiento de derechos indemnizatorios o de consolidación del puesto de trabajo.

Sobre esta misma cuestión, en cuanto a la eventual consolidación del puesto ocupado temporalmente, tampoco procede. La Sentencia 1229/2023 del Tribunal Supremo rechaza que la Ley 20/2021 vulnere el Derecho de la Unión Europea, diferenciando entre las medidas correctoras frente al abuso ( artículo 1 y disposición adicional 17ª del EBEP) y los mecanismos extraordinarios de estabilización del empleo público, cuya articulación se basa en criterios objetivos, como la ocupación ininterrumpida de plazas presupuestadas durante al menos tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020. En este marco, el artículo 10.1.a del Estatuto Básico del Empleado Público establece que los funcionarios interinos pueden ser nombrados por razones justificadas de necesidad y urgencia, para el desempeño temporal de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando no sea posible cubrir la plaza vacante por funcionario titular, y fija un límite máximo de tres años.

Tampoco puede acogerse la pretensión de indemnización por finalización del vínculo, al no preverlo el ordenamiento jurídico español para el personal estatutario, ni siquiera en casos de nombramientos sucesivos. La Sentencia del Tribunal Supremo nº 1401/2021 recuerda que el Acuerdo Marco permite que las sanciones o indemnizaciones se configuren como medidas disuasorias del abuso, pero no impone que así sea necesariamente. Es decir, la indemnización es una posibilidad prevista, no una consecuencia obligatoria de la constatación del uso abusivo de relaciones temporales. Para que exista deber de indemnizar por parte de la Administración, debe haber una cobertura específica en el Derecho nacional, que en este caso no concurre.

A ello se añade que, según doctrina reiterada del Tribunal Supremo ( SSTS de 26 de septiembre de 2018 y 717/2023), el simple hecho de haber ocupado un puesto como funcionario interino durante un periodo de tiempo prolongado o bajo nombramientos encadenados no implica por sí mismo la existencia de un daño indemnizable. Para que exista tal derecho es imprescindible acreditar un perjuicio concreto y efectivo (patrimonial, físico, moral o de pérdida de oportunidad), que resulte antijurídico y no imputable al propio régimen legal de interinidad, debiendo tramitarse a través del procedimiento ordinario de responsabilidad patrimonial, con plena carga probatoria para el reclamante. En el presente caso, no consta acreditado daño alguno, ni se ha formulado reclamación en tal sentido, por lo que no cabe apreciar responsabilidad de la Administración.

En el supuesto de autos, consta acreditado que el último puesto desempeñado por la parte actora fue el de celador en sustitución de un trabajador en situación de baja médica, habiéndose producido el cese una vez comunicada el alta médica por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Por tanto, la relación obedecía a una necesidad temporal y coyuntural, y no a una necesidad estructural de la Administración. Esta actuación se ajusta a lo dispuesto en los artículos 9.bis, 9.ter y 9.quater de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, no constando vulneración alguna.

Por todo lo anteriormente expuesto, no concurre abuso en la contratación, ni derecho a indemnización, ni causa para la consolidación del puesto de trabajo, debiendo desestimarse íntegramente la demanda.

TERCERO. - Costas.

En cuanto a cosas, el artículo 139 de la LJCA, no se imponen a ninguna de las partes las costas, haciéndose cada parte cargo de las generadas a su instancia, y las comunes por la mitad.

Visto cuanto antecede, preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación