Sentencia Contencioso-Administrativo 44/2026 Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ávila nº 1, Rec. 288/2025 de 25 de febrero del 2026

PRIMERO.-Constituye el objeto del presente recurso jurisdiccional la pretensión de la parte recurrente de que se declare contraria a derecho la Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Avila, de fecha 6 de octubre de 2025, por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto por la recurrente contra la Resolución de dicha Subdelegación, de fecha 18 de julio de de 2025, por la que se deniega a la recurrente la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales por arraigo familiar.

La parte recurrente estima que la Resolución administrativa recurrida debe declararse disconforme a derecho, alegando cuanto a su derecho convino en defensa de sus pretensiones en los términos que constan en autos y cuyo contenido se da aquí por reproducido para evitar repeticiones innecesarias.

La Administración demandada considera, sin embargo, que la Resolución administrativa recurrida debe ser confirmada en sus propios términos, en base a las alegaciones que realizó en el acto de la vista que igualmente constan en las actuaciones y cuyo contenido también se da por reproducido.

SEGUNDO.-La cuestión litigiosa se centra en determinar si concurren o no en el presente caso los motivos por los que se deniega a la recurrente la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales por arraigo familiar.

Al respecto, y por lo que importa a los efectos de resolver la presente litis, en los arts. 123 y siguientes del ROEx se regula la residencia temporal por circunstancias excepcionales por arraigo, protección internacional, razones humanitarias, colaboración con autoridades, seguridad nacional o interés público...

La parte recurrente presentó su solicitud en base al artículo 124.3.b) del Real Decreto 557/2011 de 20 de abril.

Queda acreditado en las actuaciones que la recurrente entró en España con fecha 30 de marzo de 2025 y que la solicitud se presentó con fecha 15 de mayo de 2025. Por tanto, la recurrente cuando hizo su solicitud se encontraba en situación de estancia regular y legal como turista ( art. 30 LOEx. ), coligiéndose de ello que ha venido a España a reunirse con su familiar español sin que exista arraigo previo en este país dado el escaso período de tiempo durante el que la recurrente habría permanecido en España.

El arraigo consiste en tener vínculos estables del extranjero con el lugar en el que reside, ya sean de tipo económico, social, familiar, laboral, académico o de otro tipo, siendo así que la recurrente llevaba en España pocos días cuando hizo su petición de residencia por arraigo.

Se deniega acertadamente la autorización pretendida por la recurrente ya que no reúne los requisitos de arraigo propios de la autorización excepcional que ha decidido pedir ya que, teniendo en cuenta las fechas concurrentes en el presente caso y no negadas por la recurrente (quien entró en España con fecha 30 de marzo de 2025 y presentó su solicitud con fecha 15 de mayo de 2025), son absolutamente incompatibles con una situación de arraigo de ninguna clase, siendo así que el arraigo es un requisito distinto al vínculo familiar entre ascendientes y descendientes que la Administración demandada no cuestiona.

No puede ampararse que quienes están en situación legal de meros visitantes temporales en territorio español, como lo son los turistas, recién lIegados a España, puedan alegar un arraigo familiar y ello aunque exista un vínculo parental ya que estamos ante dos conceptos bien diferentes, máxime teniendo en cuenta que estamos ante la petición de una autorización de residencia que se define por circunstancias excepcionales, las cuales no concurren en el presente supuesto y de concurrir, precisamente por dicha excepcionalidad, deben ser objeto de una interpretación restrictiva.

No se da cumplimiento a las razones de arraigo exigidas por el art. 124.3.b) del Real Decreto 557/2011 de 20 de abril, cuya aplicación pretende la recurrente, ya que el mismo dispone: "Autorización de residencia temporal por razones de arraigo.Se podrá conceder una autorización de residencia por razones de arraigo laboral, social, familiar o para la formación cuando se cumplan los siguientes requisitos: ... 3. Por arraigo familiar: a) Cuando se trate de padre o madre, o tutor, de un menor de nacionalidad española, siempre que la persona progenitora o tutora solicitante tenga a cargo al menor y conviva con éste o esté al corriente de las obligaciones paternofiliales respecto al mismo. Asimismo, cuando se trate de persona que preste apoyo a la persona con discapacidad de nacionalidad española para el ejercicio de su capacidad jurídica, siempre que la persona solicitante que presta dicho apoyo tenga a cargo a la persona con discapacidad y conviva con ella. En este supuesto se concederá una autorización por cinco años que habilita a trabajar por cuenta ajena y por cuenta propia. b) Cuando se trate del cónyuge o pareja de hecho acreditada de ciudadano o ciudadana de nacionalidad española. También cuando se trate de ascendientes mayores de 65 años o menores de 65 años a cargo, descendientes menores de 21 años, o mayores de 21 años a cargo, de ciudadano o ciudadana de nacionalidad española, o de su cónyuge o pareja de hecho. Se concederá una autorización por cinco años que habilita a trabajar por cuenta ajena y propia. c) Cuando se trate de hijos de padre o madre que hubieran sido originariamente españoles".

TERCERO.-Alega la recurrente que debe serle aplicable la normativa más favorable, indicando que el art. 124.3.b) del Real Decreto 557/2011, permite el otorgamiento de autorización de residencia por arraigo familiar a los ascendientes, descendientes, a sus cónyuges o parejas de hecho, sin imponer requisitos adicionales como la necesidad de acreditar dependencia económica, ni convivencia. Frente a ello, el Real Decreto 240/2007, que regula el régimen comunitario, exige requisitos más estrictos como la convivencia efectiva o la dependencia económica acreditada, por lo que considera que el régimen de comunitarios le es más desfavorable y que por ello solicitó la aplicación del RD 557/2011.

Al respecto, debe decirse que debe aplicarse en cada caso la legislación que sea aplicable pues al coexistir dos regímenes hay que determinar cuál de ellos es el aplicable en el momento en el que se presenta la solicitud.

A la recurrente no le corresponde la aplicación del régimen general establecido en el Real Decreto 557/2011, sino la aplicación del régimen de comunitarios y pese a ello y pese a ser advertida sobre el particular por la Administración demandada, dicha recurrente optó por continuar con su solicitud por el régimen general, siendo así que no cumple los requisitos para la obtención de la autorización pretendida por el régimen general. Dicho régimen general de extranjería sólo se aplicaría en el caso de que a la recurrente le pudiesen ser aplicables ambos regímenes, lo que no es el caso, ya que la recurrente cuando hizo su solicitud de autorización de residencia Ilevaba apenas unos días en territorio español, de lo que se colige que había venido a reunirse con su familiar español, siendo este uno de los supuestos de aplicación del Real Decreto 240/2007 recogido en el artículo 2.

Afirma la recurrente que no le es aplicable el Real Decreto 240/2007 porque considera que no cabe aplicar el régimen comunitario si el ciudadano español no ha ejercido el derecho de libre circulación y que el régimen comunitario no puede imponerse cuando el solicitante pretende acogerse a una figura jurídica específica del régimen general que Ie es más favorable, siendo así que el citado Real Decreto 240/2007, no se aplica sólo a los familiares de los ciudadanos españoles que hayan ejercido el derecho a la libre circulación, sino que también es aplicable a los familiares cuando Ie acompañen o se reúnan con él, siendo el caso que nos ocupa.

Además, ya se ha expuesto que la recurrente no puede optar en su caso concreto por uno u otro régimen, no Ie corresponden los dos regímenes, sino que en este caso concreto solo podría optar al régimen de comunitarios.

En definitiva, coexisten dos regímenes para los familiares de los ciudadanos de españoles (el general y el de comunitarios) y el arraigo familiar, como su propio nombre indica, es lo que permite regularizar a los familiares de ciudadanos españoles que se encuentran en el país.

En el caso objeto de litis, la ciudadana extranjera se encontraba en situación regular de estancia en España ya que su entrada en el país se había producido pocos días antes de la presentación de la solicitud.

Aunque no se exija un tiempo mínimo de permanencia en España, en este caso la recurrente estaba en situación regular de estancia como turista, había venido a España a reunirse con su familiar español, no pudiendo tener ningún tipo de arraigo en nuestro país, siendo de aplicación el régimen de comunitarios.

Para determinar qué régimen corresponde a los familiares de los ciudadanos españoles se debe tener en cuenta si el familiar ha ejercido o no el derecho a la libre circulación que establece la Directiva 2004/38 /CE y que se ha traspuesto al ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto 240/2007 de 16 de febrero y si el familiar de español aunque no haya ejercido la libre circulación, se ha reunido con su familiar viniendo desde el exterior, ya que en este caso (caso de autos) Ie correspondería el régimen comunitario y cumpliendo los requisitos de esta legislación también se garantiza el derecho a la unidad familiar.

Tal y como se hace saber a la recurrente en la resolución recurrida, el Real Decreto 240/2007 de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadano de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, establece en su artículo 2 que este Real Decreto se aplica a los familiares de un ciudadano de otro Estado Miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuando Ie acompañen o se reúnan con él,estando entre estos familiares los ascendientes directos, a los de su cónyuge o pareja registrada que vivan a su cargo...

La autorización que Ie correspondería a la recurrente, en su caso, sería la de Tarjeta de Familiar de Ciudadano de la Unión.

La denegación de lo pretendido por la recurrente es ajustada a derecho y está basada en que no le es aplicable el régimen (el general de extranjería), por el cual se ha solicitado la autorización, ya que Ie es de aplicación lo establecido en el Real Decreto 240/2007, esto es, el régimen de comunitarios. En este supuesto concreto, la recurrente no puede optar.

Decir que la advertencia que se hace en la resolución recurrida trae causa de lo que dispone el art. 24 del RD 557/2011 y es obligada cuando se deniega una residencia como la pretendida. No se acuerda una salida obligatoria, sino que se informa y advierte de que podría operar en el futuro dicha previsión legal.

CUARTO.-Por lo que se refiere a la falta de motivación de la resolución recurrida, decir que la resolución administrativa está perfectamente motivada, no debiendo confundir la falta o insuficiencia de motivación con la motivación concisa. La amplitud de la exposición de la motivación es cuestión distinta de si dicha motivación es o no suficiente (cabe una resolución inmotivada pero extensa y también una breve y perfectamente motivada resolución).

Basta al efecto incluso la utilización de modelos o formularios estereotipados, si la motivación que se recoge en los mismos para el procedimiento concreto es la apropiada y suficiente.

La motivación, no presupone necesariamente un razonamiento exhaustivo y pormenorizado en todos sus aspectos y perspectivas, estando suficientemente motivadas las resoluciones que contengan las razones que permitan conocer los criterios esenciales fundamentadores de la toma de decisión. Igualmente basta la motivación "in alliunde" o por remisión a lo que se contenga en el expediente.

No se aprecia en el presente supuesto vulneración procedimental alguna, ni falta de motivación en la resolución impugnada, habiéndose observado en la sustanciación del expediente el procedimiento aplicable, como tampoco se aprecia vulneración alguna del derecho de defensa, máxime teniendo en cuenta que la parte recurrente ha podido en vía administrativa y en esta jurisdiccional alegar y probar cuanto a su derecho ha convenido y ha acreditado tener perfecta comprensión de los hechos y de por qué se le deniega la autorización solicitada.

Añadir, finalmente, que aun cuando se hubiera estimado el recurso ello en ningún caso habría permitido conceder la residencia pretendida por la recurrente, como se solicita en el suplico de la demanda, sino acordar la retroacción de actuaciones en el expediente para que la Administración demandada valorara la petición de dicha recurrente al amparo del RD 557/2011.

Se está, pues, en el caso de desestimar el presente recurso contencioso-administrativo.

QUINTO.-Dado que a partir de la reforma del art. 139 de la LJCA, que entró en vigor el 31 de Octubre de 2011 y, por tanto, con anterioridad a interponerse el presente recurso, rige ya en esta jurisdicción el criterio del vencimiento objetivo a la hora de imponer costas procesales, es por lo que procede imponer las costas procesales de este recurso a la parte recurrente, al haber sido desestimado el mismo.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-Constituye el objeto del presente recurso jurisdiccional la pretensión de la parte recurrente de que se declare contraria a derecho la Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Avila, de fecha 6 de octubre de 2025, por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto por la recurrente contra la Resolución de dicha Subdelegación, de fecha 18 de julio de de 2025, por la que se deniega a la recurrente la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales por arraigo familiar.

La parte recurrente estima que la Resolución administrativa recurrida debe declararse disconforme a derecho, alegando cuanto a su derecho convino en defensa de sus pretensiones en los términos que constan en autos y cuyo contenido se da aquí por reproducido para evitar repeticiones innecesarias.

La Administración demandada considera, sin embargo, que la Resolución administrativa recurrida debe ser confirmada en sus propios términos, en base a las alegaciones que realizó en el acto de la vista que igualmente constan en las actuaciones y cuyo contenido también se da por reproducido.

SEGUNDO.-La cuestión litigiosa se centra en determinar si concurren o no en el presente caso los motivos por los que se deniega a la recurrente la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales por arraigo familiar.

Al respecto, y por lo que importa a los efectos de resolver la presente litis, en los arts. 123 y siguientes del ROEx se regula la residencia temporal por circunstancias excepcionales por arraigo, protección internacional, razones humanitarias, colaboración con autoridades, seguridad nacional o interés público...

La parte recurrente presentó su solicitud en base al artículo 124.3.b) del Real Decreto 557/2011 de 20 de abril.

Queda acreditado en las actuaciones que la recurrente entró en España con fecha 30 de marzo de 2025 y que la solicitud se presentó con fecha 15 de mayo de 2025. Por tanto, la recurrente cuando hizo su solicitud se encontraba en situación de estancia regular y legal como turista ( art. 30 LOEx. ), coligiéndose de ello que ha venido a España a reunirse con su familiar español sin que exista arraigo previo en este país dado el escaso período de tiempo durante el que la recurrente habría permanecido en España.

El arraigo consiste en tener vínculos estables del extranjero con el lugar en el que reside, ya sean de tipo económico, social, familiar, laboral, académico o de otro tipo, siendo así que la recurrente llevaba en España pocos días cuando hizo su petición de residencia por arraigo.

Se deniega acertadamente la autorización pretendida por la recurrente ya que no reúne los requisitos de arraigo propios de la autorización excepcional que ha decidido pedir ya que, teniendo en cuenta las fechas concurrentes en el presente caso y no negadas por la recurrente (quien entró en España con fecha 30 de marzo de 2025 y presentó su solicitud con fecha 15 de mayo de 2025), son absolutamente incompatibles con una situación de arraigo de ninguna clase, siendo así que el arraigo es un requisito distinto al vínculo familiar entre ascendientes y descendientes que la Administración demandada no cuestiona.

No puede ampararse que quienes están en situación legal de meros visitantes temporales en territorio español, como lo son los turistas, recién lIegados a España, puedan alegar un arraigo familiar y ello aunque exista un vínculo parental ya que estamos ante dos conceptos bien diferentes, máxime teniendo en cuenta que estamos ante la petición de una autorización de residencia que se define por circunstancias excepcionales, las cuales no concurren en el presente supuesto y de concurrir, precisamente por dicha excepcionalidad, deben ser objeto de una interpretación restrictiva.

No se da cumplimiento a las razones de arraigo exigidas por el art. 124.3.b) del Real Decreto 557/2011 de 20 de abril, cuya aplicación pretende la recurrente, ya que el mismo dispone: "Autorización de residencia temporal por razones de arraigo.Se podrá conceder una autorización de residencia por razones de arraigo laboral, social, familiar o para la formación cuando se cumplan los siguientes requisitos: ... 3. Por arraigo familiar: a) Cuando se trate de padre o madre, o tutor, de un menor de nacionalidad española, siempre que la persona progenitora o tutora solicitante tenga a cargo al menor y conviva con éste o esté al corriente de las obligaciones paternofiliales respecto al mismo. Asimismo, cuando se trate de persona que preste apoyo a la persona con discapacidad de nacionalidad española para el ejercicio de su capacidad jurídica, siempre que la persona solicitante que presta dicho apoyo tenga a cargo a la persona con discapacidad y conviva con ella. En este supuesto se concederá una autorización por cinco años que habilita a trabajar por cuenta ajena y por cuenta propia. b) Cuando se trate del cónyuge o pareja de hecho acreditada de ciudadano o ciudadana de nacionalidad española. También cuando se trate de ascendientes mayores de 65 años o menores de 65 años a cargo, descendientes menores de 21 años, o mayores de 21 años a cargo, de ciudadano o ciudadana de nacionalidad española, o de su cónyuge o pareja de hecho. Se concederá una autorización por cinco años que habilita a trabajar por cuenta ajena y propia. c) Cuando se trate de hijos de padre o madre que hubieran sido originariamente españoles".

TERCERO.-Alega la recurrente que debe serle aplicable la normativa más favorable, indicando que el art. 124.3.b) del Real Decreto 557/2011, permite el otorgamiento de autorización de residencia por arraigo familiar a los ascendientes, descendientes, a sus cónyuges o parejas de hecho, sin imponer requisitos adicionales como la necesidad de acreditar dependencia económica, ni convivencia. Frente a ello, el Real Decreto 240/2007, que regula el régimen comunitario, exige requisitos más estrictos como la convivencia efectiva o la dependencia económica acreditada, por lo que considera que el régimen de comunitarios le es más desfavorable y que por ello solicitó la aplicación del RD 557/2011.

Al respecto, debe decirse que debe aplicarse en cada caso la legislación que sea aplicable pues al coexistir dos regímenes hay que determinar cuál de ellos es el aplicable en el momento en el que se presenta la solicitud.

A la recurrente no le corresponde la aplicación del régimen general establecido en el Real Decreto 557/2011, sino la aplicación del régimen de comunitarios y pese a ello y pese a ser advertida sobre el particular por la Administración demandada, dicha recurrente optó por continuar con su solicitud por el régimen general, siendo así que no cumple los requisitos para la obtención de la autorización pretendida por el régimen general. Dicho régimen general de extranjería sólo se aplicaría en el caso de que a la recurrente le pudiesen ser aplicables ambos regímenes, lo que no es el caso, ya que la recurrente cuando hizo su solicitud de autorización de residencia Ilevaba apenas unos días en territorio español, de lo que se colige que había venido a reunirse con su familiar español, siendo este uno de los supuestos de aplicación del Real Decreto 240/2007 recogido en el artículo 2.

Afirma la recurrente que no le es aplicable el Real Decreto 240/2007 porque considera que no cabe aplicar el régimen comunitario si el ciudadano español no ha ejercido el derecho de libre circulación y que el régimen comunitario no puede imponerse cuando el solicitante pretende acogerse a una figura jurídica específica del régimen general que Ie es más favorable, siendo así que el citado Real Decreto 240/2007, no se aplica sólo a los familiares de los ciudadanos españoles que hayan ejercido el derecho a la libre circulación, sino que también es aplicable a los familiares cuando Ie acompañen o se reúnan con él, siendo el caso que nos ocupa.

Además, ya se ha expuesto que la recurrente no puede optar en su caso concreto por uno u otro régimen, no Ie corresponden los dos regímenes, sino que en este caso concreto solo podría optar al régimen de comunitarios.

En definitiva, coexisten dos regímenes para los familiares de los ciudadanos de españoles (el general y el de comunitarios) y el arraigo familiar, como su propio nombre indica, es lo que permite regularizar a los familiares de ciudadanos españoles que se encuentran en el país.

En el caso objeto de litis, la ciudadana extranjera se encontraba en situación regular de estancia en España ya que su entrada en el país se había producido pocos días antes de la presentación de la solicitud.

Aunque no se exija un tiempo mínimo de permanencia en España, en este caso la recurrente estaba en situación regular de estancia como turista, había venido a España a reunirse con su familiar español, no pudiendo tener ningún tipo de arraigo en nuestro país, siendo de aplicación el régimen de comunitarios.

Para determinar qué régimen corresponde a los familiares de los ciudadanos españoles se debe tener en cuenta si el familiar ha ejercido o no el derecho a la libre circulación que establece la Directiva 2004/38 /CE y que se ha traspuesto al ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto 240/2007 de 16 de febrero y si el familiar de español aunque no haya ejercido la libre circulación, se ha reunido con su familiar viniendo desde el exterior, ya que en este caso (caso de autos) Ie correspondería el régimen comunitario y cumpliendo los requisitos de esta legislación también se garantiza el derecho a la unidad familiar.

Tal y como se hace saber a la recurrente en la resolución recurrida, el Real Decreto 240/2007 de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadano de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, establece en su artículo 2 que este Real Decreto se aplica a los familiares de un ciudadano de otro Estado Miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuando Ie acompañen o se reúnan con él,estando entre estos familiares los ascendientes directos, a los de su cónyuge o pareja registrada que vivan a su cargo...

La autorización que Ie correspondería a la recurrente, en su caso, sería la de Tarjeta de Familiar de Ciudadano de la Unión.

La denegación de lo pretendido por la recurrente es ajustada a derecho y está basada en que no le es aplicable el régimen (el general de extranjería), por el cual se ha solicitado la autorización, ya que Ie es de aplicación lo establecido en el Real Decreto 240/2007, esto es, el régimen de comunitarios. En este supuesto concreto, la recurrente no puede optar.

Decir que la advertencia que se hace en la resolución recurrida trae causa de lo que dispone el art. 24 del RD 557/2011 y es obligada cuando se deniega una residencia como la pretendida. No se acuerda una salida obligatoria, sino que se informa y advierte de que podría operar en el futuro dicha previsión legal.

CUARTO.-Por lo que se refiere a la falta de motivación de la resolución recurrida, decir que la resolución administrativa está perfectamente motivada, no debiendo confundir la falta o insuficiencia de motivación con la motivación concisa. La amplitud de la exposición de la motivación es cuestión distinta de si dicha motivación es o no suficiente (cabe una resolución inmotivada pero extensa y también una breve y perfectamente motivada resolución).

Basta al efecto incluso la utilización de modelos o formularios estereotipados, si la motivación que se recoge en los mismos para el procedimiento concreto es la apropiada y suficiente.

La motivación, no presupone necesariamente un razonamiento exhaustivo y pormenorizado en todos sus aspectos y perspectivas, estando suficientemente motivadas las resoluciones que contengan las razones que permitan conocer los criterios esenciales fundamentadores de la toma de decisión. Igualmente basta la motivación "in alliunde" o por remisión a lo que se contenga en el expediente.

No se aprecia en el presente supuesto vulneración procedimental alguna, ni falta de motivación en la resolución impugnada, habiéndose observado en la sustanciación del expediente el procedimiento aplicable, como tampoco se aprecia vulneración alguna del derecho de defensa, máxime teniendo en cuenta que la parte recurrente ha podido en vía administrativa y en esta jurisdiccional alegar y probar cuanto a su derecho ha convenido y ha acreditado tener perfecta comprensión de los hechos y de por qué se le deniega la autorización solicitada.

Añadir, finalmente, que aun cuando se hubiera estimado el recurso ello en ningún caso habría permitido conceder la residencia pretendida por la recurrente, como se solicita en el suplico de la demanda, sino acordar la retroacción de actuaciones en el expediente para que la Administración demandada valorara la petición de dicha recurrente al amparo del RD 557/2011.

Se está, pues, en el caso de desestimar el presente recurso contencioso-administrativo.

QUINTO.-Dado que a partir de la reforma del art. 139 de la LJCA, que entró en vigor el 31 de Octubre de 2011 y, por tanto, con anterioridad a interponerse el presente recurso, rige ya en esta jurisdicción el criterio del vencimiento objetivo a la hora de imponer costas procesales, es por lo que procede imponer las costas procesales de este recurso a la parte recurrente, al haber sido desestimado el mismo.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-Constituye el objeto del presente recurso jurisdiccional la pretensión de la parte recurrente de que se declare contraria a derecho la Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Avila, de fecha 6 de octubre de 2025, por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto por la recurrente contra la Resolución de dicha Subdelegación, de fecha 18 de julio de de 2025, por la que se deniega a la recurrente la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales por arraigo familiar.

La parte recurrente estima que la Resolución administrativa recurrida debe declararse disconforme a derecho, alegando cuanto a su derecho convino en defensa de sus pretensiones en los términos que constan en autos y cuyo contenido se da aquí por reproducido para evitar repeticiones innecesarias.

La Administración demandada considera, sin embargo, que la Resolución administrativa recurrida debe ser confirmada en sus propios términos, en base a las alegaciones que realizó en el acto de la vista que igualmente constan en las actuaciones y cuyo contenido también se da por reproducido.

SEGUNDO.-La cuestión litigiosa se centra en determinar si concurren o no en el presente caso los motivos por los que se deniega a la recurrente la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales por arraigo familiar.

Al respecto, y por lo que importa a los efectos de resolver la presente litis, en los arts. 123 y siguientes del ROEx se regula la residencia temporal por circunstancias excepcionales por arraigo, protección internacional, razones humanitarias, colaboración con autoridades, seguridad nacional o interés público...

La parte recurrente presentó su solicitud en base al artículo 124.3.b) del Real Decreto 557/2011 de 20 de abril.

Queda acreditado en las actuaciones que la recurrente entró en España con fecha 30 de marzo de 2025 y que la solicitud se presentó con fecha 15 de mayo de 2025. Por tanto, la recurrente cuando hizo su solicitud se encontraba en situación de estancia regular y legal como turista ( art. 30 LOEx. ), coligiéndose de ello que ha venido a España a reunirse con su familiar español sin que exista arraigo previo en este país dado el escaso período de tiempo durante el que la recurrente habría permanecido en España.

El arraigo consiste en tener vínculos estables del extranjero con el lugar en el que reside, ya sean de tipo económico, social, familiar, laboral, académico o de otro tipo, siendo así que la recurrente llevaba en España pocos días cuando hizo su petición de residencia por arraigo.

Se deniega acertadamente la autorización pretendida por la recurrente ya que no reúne los requisitos de arraigo propios de la autorización excepcional que ha decidido pedir ya que, teniendo en cuenta las fechas concurrentes en el presente caso y no negadas por la recurrente (quien entró en España con fecha 30 de marzo de 2025 y presentó su solicitud con fecha 15 de mayo de 2025), son absolutamente incompatibles con una situación de arraigo de ninguna clase, siendo así que el arraigo es un requisito distinto al vínculo familiar entre ascendientes y descendientes que la Administración demandada no cuestiona.

No puede ampararse que quienes están en situación legal de meros visitantes temporales en territorio español, como lo son los turistas, recién lIegados a España, puedan alegar un arraigo familiar y ello aunque exista un vínculo parental ya que estamos ante dos conceptos bien diferentes, máxime teniendo en cuenta que estamos ante la petición de una autorización de residencia que se define por circunstancias excepcionales, las cuales no concurren en el presente supuesto y de concurrir, precisamente por dicha excepcionalidad, deben ser objeto de una interpretación restrictiva.

No se da cumplimiento a las razones de arraigo exigidas por el art. 124.3.b) del Real Decreto 557/2011 de 20 de abril, cuya aplicación pretende la recurrente, ya que el mismo dispone: "Autorización de residencia temporal por razones de arraigo.Se podrá conceder una autorización de residencia por razones de arraigo laboral, social, familiar o para la formación cuando se cumplan los siguientes requisitos: ... 3. Por arraigo familiar: a) Cuando se trate de padre o madre, o tutor, de un menor de nacionalidad española, siempre que la persona progenitora o tutora solicitante tenga a cargo al menor y conviva con éste o esté al corriente de las obligaciones paternofiliales respecto al mismo. Asimismo, cuando se trate de persona que preste apoyo a la persona con discapacidad de nacionalidad española para el ejercicio de su capacidad jurídica, siempre que la persona solicitante que presta dicho apoyo tenga a cargo a la persona con discapacidad y conviva con ella. En este supuesto se concederá una autorización por cinco años que habilita a trabajar por cuenta ajena y por cuenta propia. b) Cuando se trate del cónyuge o pareja de hecho acreditada de ciudadano o ciudadana de nacionalidad española. También cuando se trate de ascendientes mayores de 65 años o menores de 65 años a cargo, descendientes menores de 21 años, o mayores de 21 años a cargo, de ciudadano o ciudadana de nacionalidad española, o de su cónyuge o pareja de hecho. Se concederá una autorización por cinco años que habilita a trabajar por cuenta ajena y propia. c) Cuando se trate de hijos de padre o madre que hubieran sido originariamente españoles".

TERCERO.-Alega la recurrente que debe serle aplicable la normativa más favorable, indicando que el art. 124.3.b) del Real Decreto 557/2011, permite el otorgamiento de autorización de residencia por arraigo familiar a los ascendientes, descendientes, a sus cónyuges o parejas de hecho, sin imponer requisitos adicionales como la necesidad de acreditar dependencia económica, ni convivencia. Frente a ello, el Real Decreto 240/2007, que regula el régimen comunitario, exige requisitos más estrictos como la convivencia efectiva o la dependencia económica acreditada, por lo que considera que el régimen de comunitarios le es más desfavorable y que por ello solicitó la aplicación del RD 557/2011.

Al respecto, debe decirse que debe aplicarse en cada caso la legislación que sea aplicable pues al coexistir dos regímenes hay que determinar cuál de ellos es el aplicable en el momento en el que se presenta la solicitud.

A la recurrente no le corresponde la aplicación del régimen general establecido en el Real Decreto 557/2011, sino la aplicación del régimen de comunitarios y pese a ello y pese a ser advertida sobre el particular por la Administración demandada, dicha recurrente optó por continuar con su solicitud por el régimen general, siendo así que no cumple los requisitos para la obtención de la autorización pretendida por el régimen general. Dicho régimen general de extranjería sólo se aplicaría en el caso de que a la recurrente le pudiesen ser aplicables ambos regímenes, lo que no es el caso, ya que la recurrente cuando hizo su solicitud de autorización de residencia Ilevaba apenas unos días en territorio español, de lo que se colige que había venido a reunirse con su familiar español, siendo este uno de los supuestos de aplicación del Real Decreto 240/2007 recogido en el artículo 2.

Afirma la recurrente que no le es aplicable el Real Decreto 240/2007 porque considera que no cabe aplicar el régimen comunitario si el ciudadano español no ha ejercido el derecho de libre circulación y que el régimen comunitario no puede imponerse cuando el solicitante pretende acogerse a una figura jurídica específica del régimen general que Ie es más favorable, siendo así que el citado Real Decreto 240/2007, no se aplica sólo a los familiares de los ciudadanos españoles que hayan ejercido el derecho a la libre circulación, sino que también es aplicable a los familiares cuando Ie acompañen o se reúnan con él, siendo el caso que nos ocupa.

Además, ya se ha expuesto que la recurrente no puede optar en su caso concreto por uno u otro régimen, no Ie corresponden los dos regímenes, sino que en este caso concreto solo podría optar al régimen de comunitarios.

En definitiva, coexisten dos regímenes para los familiares de los ciudadanos de españoles (el general y el de comunitarios) y el arraigo familiar, como su propio nombre indica, es lo que permite regularizar a los familiares de ciudadanos españoles que se encuentran en el país.

En el caso objeto de litis, la ciudadana extranjera se encontraba en situación regular de estancia en España ya que su entrada en el país se había producido pocos días antes de la presentación de la solicitud.

Aunque no se exija un tiempo mínimo de permanencia en España, en este caso la recurrente estaba en situación regular de estancia como turista, había venido a España a reunirse con su familiar español, no pudiendo tener ningún tipo de arraigo en nuestro país, siendo de aplicación el régimen de comunitarios.

Para determinar qué régimen corresponde a los familiares de los ciudadanos españoles se debe tener en cuenta si el familiar ha ejercido o no el derecho a la libre circulación que establece la Directiva 2004/38 /CE y que se ha traspuesto al ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto 240/2007 de 16 de febrero y si el familiar de español aunque no haya ejercido la libre circulación, se ha reunido con su familiar viniendo desde el exterior, ya que en este caso (caso de autos) Ie correspondería el régimen comunitario y cumpliendo los requisitos de esta legislación también se garantiza el derecho a la unidad familiar.

Tal y como se hace saber a la recurrente en la resolución recurrida, el Real Decreto 240/2007 de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadano de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, establece en su artículo 2 que este Real Decreto se aplica a los familiares de un ciudadano de otro Estado Miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuando Ie acompañen o se reúnan con él,estando entre estos familiares los ascendientes directos, a los de su cónyuge o pareja registrada que vivan a su cargo...

La autorización que Ie correspondería a la recurrente, en su caso, sería la de Tarjeta de Familiar de Ciudadano de la Unión.

La denegación de lo pretendido por la recurrente es ajustada a derecho y está basada en que no le es aplicable el régimen (el general de extranjería), por el cual se ha solicitado la autorización, ya que Ie es de aplicación lo establecido en el Real Decreto 240/2007, esto es, el régimen de comunitarios. En este supuesto concreto, la recurrente no puede optar.

Decir que la advertencia que se hace en la resolución recurrida trae causa de lo que dispone el art. 24 del RD 557/2011 y es obligada cuando se deniega una residencia como la pretendida. No se acuerda una salida obligatoria, sino que se informa y advierte de que podría operar en el futuro dicha previsión legal.

CUARTO.-Por lo que se refiere a la falta de motivación de la resolución recurrida, decir que la resolución administrativa está perfectamente motivada, no debiendo confundir la falta o insuficiencia de motivación con la motivación concisa. La amplitud de la exposición de la motivación es cuestión distinta de si dicha motivación es o no suficiente (cabe una resolución inmotivada pero extensa y también una breve y perfectamente motivada resolución).

Basta al efecto incluso la utilización de modelos o formularios estereotipados, si la motivación que se recoge en los mismos para el procedimiento concreto es la apropiada y suficiente.

La motivación, no presupone necesariamente un razonamiento exhaustivo y pormenorizado en todos sus aspectos y perspectivas, estando suficientemente motivadas las resoluciones que contengan las razones que permitan conocer los criterios esenciales fundamentadores de la toma de decisión. Igualmente basta la motivación "in alliunde" o por remisión a lo que se contenga en el expediente.

No se aprecia en el presente supuesto vulneración procedimental alguna, ni falta de motivación en la resolución impugnada, habiéndose observado en la sustanciación del expediente el procedimiento aplicable, como tampoco se aprecia vulneración alguna del derecho de defensa, máxime teniendo en cuenta que la parte recurrente ha podido en vía administrativa y en esta jurisdiccional alegar y probar cuanto a su derecho ha convenido y ha acreditado tener perfecta comprensión de los hechos y de por qué se le deniega la autorización solicitada.

Añadir, finalmente, que aun cuando se hubiera estimado el recurso ello en ningún caso habría permitido conceder la residencia pretendida por la recurrente, como se solicita en el suplico de la demanda, sino acordar la retroacción de actuaciones en el expediente para que la Administración demandada valorara la petición de dicha recurrente al amparo del RD 557/2011.

Se está, pues, en el caso de desestimar el presente recurso contencioso-administrativo.

QUINTO.-Dado que a partir de la reforma del art. 139 de la LJCA, que entró en vigor el 31 de Octubre de 2011 y, por tanto, con anterioridad a interponerse el presente recurso, rige ya en esta jurisdicción el criterio del vencimiento objetivo a la hora de imponer costas procesales, es por lo que procede imponer las costas procesales de este recurso a la parte recurrente, al haber sido desestimado el mismo.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,