Sentencia Contencioso-Administrativo 221/2025 Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Elche/Elx nº 2, Rec. 31/2025 de 11 de junio del 2025

PRIMERO.-Objeto de recurso.

1. Constituye el objeto del presente recurso la Resolución de multa coercitiva dictada por el AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA en fecha 14 de noviembre de 2024 en el curso del Expediente nº NUM000 dictada en un procedimiento de protección de la Legalidad Urbanística.

2. En la referida resolución, entre otras cosas se acuerda "1.- Imponer a Melisa con documento de identidad número NUM001 la CUARTA multa coercitiva por valor de 2.346,95 €, por incumplimiento de la orden de demolición de fecha 5 de enero de 2023 de las obras sitas en C/ Ramon Gallud, 49 (Farmacia), con referencia catastral 3760407YH0036S, consistentes en Acondicionamiento de local con escalera en vía pública".

3. La cuantía de este procedimiento se fija en 2.346,95.- €.

SEGUNDO.-Motivos de recurso.

4. El motivo de impugnación es: falta de motivación adecuada y pide la concesión de uso del dominio público.

TERCERO.-Posición de la Administración demandada.

5. Se opone al recurso el Ayuntamiento de Torrevieja, con los siguientes argumentos: desviación procesal, porque el objeto de recurso es el Decreto 2024- 4198 de 17 de junio de imposición de la cuarta multa coercitiva por incumplimiento de la orden de demolición, sin que pueda ser objeto de revisión la orden de 5/1/23 porque es un acto firme y consentido; inexistencia de fundamentos con relación a la inadmisión del recurso de reposición ni a la aprobación y liquidación de la multa coercitiva; subsidiariamente, la concesión demanial es un acto discrecional a voluntad de la Administración.

CUARTO.-Decisión del Juzgado.

6. En resolución de la controversia, tras examinarse el motivo de recurso se ha de concluir con una respuesta desestimatoria de la pretensión impugnatoria.

7. Como antecedentes fácticos, según resulta del expediente y se expone por la demandada, se levantó acta de denuncia por obras terminadas en la calle Ramón Gallud 49 consistentes en acondicionamiento de local con escalera en vía pública, y tal acto está sujeto a licencia, pues la escalera se sitúa en la vía pública, escalera que no consta en el proyecto de obra original ni en licencia posterior, lo que es una infracción que no prescribe, y la reforma de esta es así misma ilegal. Se concedió a la infractora 2 meses para obtener la licencia, y pasado el plazo se emitió informe y propuesta de resolución de septiembre de 2022. Fue en septiembre de 2022 cuando presenta escrito solicitando la concesión demanial, pero el 5/1/23 se dictó orden de demolición que le fue notificada, y es resolución firme y consentida. El coste de la demolición es de 10387,80 euros, y se requirió de alegaciones nantes de imponer multa coercitiva, hasta su imposición. En marzo de 2023 el inspector comprobó incumplimiento de la orden y levantó acta. Presentó recurso y fue desestimado en septiembre de 2023, que fue resolución firme y consentida. También se han impuesto segunda y ulteriores multas coercitivas que han devenido firmes y consentidas.

8. En efecto, en el presente caso solo pude ser objeto de impugnación la última de las multas coercitivas impuestas, esto es, la impuesta como cuarta por Decreto 2024-4198 de la Concejal de Gestión Urbanística de 17 de junio de 2024, notificada en diciembre de dicho año, por importe de 2.346,95 euros. Y ello porque todas las resoluciones anteriores han devenido actos firmes y consentidos, al no haber sido impugnados. Respecto de la orden de demolición no puede ser objeto de este proceso, porque ya es un acto firme y consentido ex art. 28 LJCA: « No es admisible el recurso contencioso-administrativo respecto de los actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes y los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma».

9. De modo que dado que no cabe la impugnación del Decreto de 5/1/2023, por el motivo antedicho, resulta la concurrencia de la causa de inadmisibilidad del art. 69.c) LJCA ("Que tuviera por objeto disposiciones, actos o actuaciones no susceptibles de impugnación"), así como tampoco cabe impugnar las tres primeras multas coercitivas impuestas por Decretos de 10/9/23, 29/11/2023 y 1/4/2024.

10. Partiendo de lo anterior, el pronunciamiento debe ser desestimatorio del recurso, pues no puede entrarse a valorar la ilegalidad de las obras ni el proceso por el cual se solicitó licencia y fue desestimado por la Administración.

11. Procede desestimar el recurso presentado por ser la resolución recurrida conforme a Derecho.

QUINTO.-Costas.

12. Conforme al artículo 139 de la LJCA, de conformidad con la nueva redacción dada por la Ley 37/2011 de Medidas de Agilización Procesal, atendiendo al criterio del vencimiento objetivo, procede imponer las costas del procedimiento a la actora, quien ha visto desestimadas todas sus pretensiones, limitadas a la cantidad de 500 euros.

Vistos los preceptos citados y demás de aplicación,

PRIMERO.-Objeto de recurso.

1. Constituye el objeto del presente recurso la Resolución de multa coercitiva dictada por el AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA en fecha 14 de noviembre de 2024 en el curso del Expediente nº NUM000 dictada en un procedimiento de protección de la Legalidad Urbanística.

2. En la referida resolución, entre otras cosas se acuerda "1.- Imponer a Melisa con documento de identidad número NUM001 la CUARTA multa coercitiva por valor de 2.346,95 €, por incumplimiento de la orden de demolición de fecha 5 de enero de 2023 de las obras sitas en C/ Ramon Gallud, 49 (Farmacia), con referencia catastral 3760407YH0036S, consistentes en Acondicionamiento de local con escalera en vía pública".

3. La cuantía de este procedimiento se fija en 2.346,95.- €.

SEGUNDO.-Motivos de recurso.

4. El motivo de impugnación es: falta de motivación adecuada y pide la concesión de uso del dominio público.

TERCERO.-Posición de la Administración demandada.

5. Se opone al recurso el Ayuntamiento de Torrevieja, con los siguientes argumentos: desviación procesal, porque el objeto de recurso es el Decreto 2024- 4198 de 17 de junio de imposición de la cuarta multa coercitiva por incumplimiento de la orden de demolición, sin que pueda ser objeto de revisión la orden de 5/1/23 porque es un acto firme y consentido; inexistencia de fundamentos con relación a la inadmisión del recurso de reposición ni a la aprobación y liquidación de la multa coercitiva; subsidiariamente, la concesión demanial es un acto discrecional a voluntad de la Administración.

CUARTO.-Decisión del Juzgado.

6. En resolución de la controversia, tras examinarse el motivo de recurso se ha de concluir con una respuesta desestimatoria de la pretensión impugnatoria.

7. Como antecedentes fácticos, según resulta del expediente y se expone por la demandada, se levantó acta de denuncia por obras terminadas en la calle Ramón Gallud 49 consistentes en acondicionamiento de local con escalera en vía pública, y tal acto está sujeto a licencia, pues la escalera se sitúa en la vía pública, escalera que no consta en el proyecto de obra original ni en licencia posterior, lo que es una infracción que no prescribe, y la reforma de esta es así misma ilegal. Se concedió a la infractora 2 meses para obtener la licencia, y pasado el plazo se emitió informe y propuesta de resolución de septiembre de 2022. Fue en septiembre de 2022 cuando presenta escrito solicitando la concesión demanial, pero el 5/1/23 se dictó orden de demolición que le fue notificada, y es resolución firme y consentida. El coste de la demolición es de 10387,80 euros, y se requirió de alegaciones nantes de imponer multa coercitiva, hasta su imposición. En marzo de 2023 el inspector comprobó incumplimiento de la orden y levantó acta. Presentó recurso y fue desestimado en septiembre de 2023, que fue resolución firme y consentida. También se han impuesto segunda y ulteriores multas coercitivas que han devenido firmes y consentidas.

8. En efecto, en el presente caso solo pude ser objeto de impugnación la última de las multas coercitivas impuestas, esto es, la impuesta como cuarta por Decreto 2024-4198 de la Concejal de Gestión Urbanística de 17 de junio de 2024, notificada en diciembre de dicho año, por importe de 2.346,95 euros. Y ello porque todas las resoluciones anteriores han devenido actos firmes y consentidos, al no haber sido impugnados. Respecto de la orden de demolición no puede ser objeto de este proceso, porque ya es un acto firme y consentido ex art. 28 LJCA: « No es admisible el recurso contencioso-administrativo respecto de los actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes y los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma».

9. De modo que dado que no cabe la impugnación del Decreto de 5/1/2023, por el motivo antedicho, resulta la concurrencia de la causa de inadmisibilidad del art. 69.c) LJCA ("Que tuviera por objeto disposiciones, actos o actuaciones no susceptibles de impugnación"), así como tampoco cabe impugnar las tres primeras multas coercitivas impuestas por Decretos de 10/9/23, 29/11/2023 y 1/4/2024.

10. Partiendo de lo anterior, el pronunciamiento debe ser desestimatorio del recurso, pues no puede entrarse a valorar la ilegalidad de las obras ni el proceso por el cual se solicitó licencia y fue desestimado por la Administración.

11. Procede desestimar el recurso presentado por ser la resolución recurrida conforme a Derecho.

QUINTO.-Costas.

12. Conforme al artículo 139 de la LJCA, de conformidad con la nueva redacción dada por la Ley 37/2011 de Medidas de Agilización Procesal, atendiendo al criterio del vencimiento objetivo, procede imponer las costas del procedimiento a la actora, quien ha visto desestimadas todas sus pretensiones, limitadas a la cantidad de 500 euros.

Vistos los preceptos citados y demás de aplicación,

PRIMERO.-Objeto de recurso.

1. Constituye el objeto del presente recurso la Resolución de multa coercitiva dictada por el AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA en fecha 14 de noviembre de 2024 en el curso del Expediente nº NUM000 dictada en un procedimiento de protección de la Legalidad Urbanística.

2. En la referida resolución, entre otras cosas se acuerda "1.- Imponer a Melisa con documento de identidad número NUM001 la CUARTA multa coercitiva por valor de 2.346,95 €, por incumplimiento de la orden de demolición de fecha 5 de enero de 2023 de las obras sitas en C/ Ramon Gallud, 49 (Farmacia), con referencia catastral 3760407YH0036S, consistentes en Acondicionamiento de local con escalera en vía pública".

3. La cuantía de este procedimiento se fija en 2.346,95.- €.

SEGUNDO.-Motivos de recurso.

4. El motivo de impugnación es: falta de motivación adecuada y pide la concesión de uso del dominio público.

TERCERO.-Posición de la Administración demandada.

5. Se opone al recurso el Ayuntamiento de Torrevieja, con los siguientes argumentos: desviación procesal, porque el objeto de recurso es el Decreto 2024- 4198 de 17 de junio de imposición de la cuarta multa coercitiva por incumplimiento de la orden de demolición, sin que pueda ser objeto de revisión la orden de 5/1/23 porque es un acto firme y consentido; inexistencia de fundamentos con relación a la inadmisión del recurso de reposición ni a la aprobación y liquidación de la multa coercitiva; subsidiariamente, la concesión demanial es un acto discrecional a voluntad de la Administración.

CUARTO.-Decisión del Juzgado.

6. En resolución de la controversia, tras examinarse el motivo de recurso se ha de concluir con una respuesta desestimatoria de la pretensión impugnatoria.

7. Como antecedentes fácticos, según resulta del expediente y se expone por la demandada, se levantó acta de denuncia por obras terminadas en la calle Ramón Gallud 49 consistentes en acondicionamiento de local con escalera en vía pública, y tal acto está sujeto a licencia, pues la escalera se sitúa en la vía pública, escalera que no consta en el proyecto de obra original ni en licencia posterior, lo que es una infracción que no prescribe, y la reforma de esta es así misma ilegal. Se concedió a la infractora 2 meses para obtener la licencia, y pasado el plazo se emitió informe y propuesta de resolución de septiembre de 2022. Fue en septiembre de 2022 cuando presenta escrito solicitando la concesión demanial, pero el 5/1/23 se dictó orden de demolición que le fue notificada, y es resolución firme y consentida. El coste de la demolición es de 10387,80 euros, y se requirió de alegaciones nantes de imponer multa coercitiva, hasta su imposición. En marzo de 2023 el inspector comprobó incumplimiento de la orden y levantó acta. Presentó recurso y fue desestimado en septiembre de 2023, que fue resolución firme y consentida. También se han impuesto segunda y ulteriores multas coercitivas que han devenido firmes y consentidas.

8. En efecto, en el presente caso solo pude ser objeto de impugnación la última de las multas coercitivas impuestas, esto es, la impuesta como cuarta por Decreto 2024-4198 de la Concejal de Gestión Urbanística de 17 de junio de 2024, notificada en diciembre de dicho año, por importe de 2.346,95 euros. Y ello porque todas las resoluciones anteriores han devenido actos firmes y consentidos, al no haber sido impugnados. Respecto de la orden de demolición no puede ser objeto de este proceso, porque ya es un acto firme y consentido ex art. 28 LJCA: « No es admisible el recurso contencioso-administrativo respecto de los actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes y los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma».

9. De modo que dado que no cabe la impugnación del Decreto de 5/1/2023, por el motivo antedicho, resulta la concurrencia de la causa de inadmisibilidad del art. 69.c) LJCA ("Que tuviera por objeto disposiciones, actos o actuaciones no susceptibles de impugnación"), así como tampoco cabe impugnar las tres primeras multas coercitivas impuestas por Decretos de 10/9/23, 29/11/2023 y 1/4/2024.

10. Partiendo de lo anterior, el pronunciamiento debe ser desestimatorio del recurso, pues no puede entrarse a valorar la ilegalidad de las obras ni el proceso por el cual se solicitó licencia y fue desestimado por la Administración.

11. Procede desestimar el recurso presentado por ser la resolución recurrida conforme a Derecho.

QUINTO.-Costas.

12. Conforme al artículo 139 de la LJCA, de conformidad con la nueva redacción dada por la Ley 37/2011 de Medidas de Agilización Procesal, atendiendo al criterio del vencimiento objetivo, procede imponer las costas del procedimiento a la actora, quien ha visto desestimadas todas sus pretensiones, limitadas a la cantidad de 500 euros.

Vistos los preceptos citados y demás de aplicación,