Sentencia Contencioso-Administrativo 126/2024 Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Badajoz nº 2, Rec. 93/2024 de 14 de octubre del 2024

PRIMERO:Impugna la parte actora la Resolución Sancionadora de la JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE BADAJOZ, de fecha 22 de mayo de 2.024 dictada en el expediente nº NUM000.

Se basa la demanda en la pretendida vulneración del derecho de defensa ante la falta de práctica de prueba solicitada en el expediente administrativo así como falta de motivación de la Resolución sancionadora al no hacer referencia alguna a la prueba propuesta por la parte recurrente; y todo ello da lugar en su consecuencia a la alegación de la falta de tipicidad de los hechos imputados, al no poderse dar por acreditado el hecho pretendidamente infractor, no constando la ratificación del agente denunciante.

Frente a las pretensiones que se contienen en el recurso, la Administración demandada contestó a la demanda oponiéndose a ellas, defendiendo por tanto la conformidad a derecho de la resolución recurrida.

SEGUNDO:Para la resolución de la controversia que se suscita en el recurso objeto de enjuiciamiento, cabe partir de los siguientes hechos, que resultaron probados a lo largo de juicio, y así se hacen constar la mayor parte de ellos en el expediente administrativo remitido por la Administración demandada, a saber: Los hechos que en su día motivaron la denuncia el día 28/08/2023 sobre las 12:08 horas, han sido "UTILIZAR, SUJETÁNDOLO CON LA MANO, UN DISPOSITIVO DE TELEFONÍA MÓVIL MIENTRAS CONDUCE.CONDUCE UTILIZANDO TELEFONO MOVIL EN MANO DERECHA VEHICULO-BASTIDOR: NUM001 ", el vehículo CAMIÓN marca DONOSO matrícula NUM002, en la Vía EX-105 P.Km. 128,5 sentido creciente, (Folio del Expediente: 4), a la que el recurrente presentó alegaciones (Folio del Expediente: 9 y siguientes), y acordándose la ratificación del agente denunciante (Folio del Expediente: 19), y notificada al recurrente (Folios del Expediente: 22) y dictándose seguidamente Resolución sancionadora (Folio del Expediente: 23) la cual es hoy objeto del presente procedimiento.

TERCERO:Una vez examinado el expediente administrativo y valorada la prueba junto con las alegaciones de las partes, debemos desestimar el recurso en su integridad.

Entrando en el fondo del asunto discutido, hemos de comenzar aclarando muy brevemente que uno de los motivos de oposición del actor lo era negar la existencia misma del hecho, como motivo principal de oposición al recurso, considerando que no existe prueba del uso del teléfono móvil al volante, ni motivación de la resolución en torno a tal tipo infractor.

Sin embargo, las alegaciones del recurrente se quedan en meros argumentos ajenos a prueba alguna. No se puede alegar que la prueba sea de cargo de la Administración demandada en exclusiva, para sostener la pasividad probatoria de la parte recurrente. Así, consta que en el expediente administrativo (Folio del Expediente: 19) el agente denunciante se ratificó en su denuncia (única prueba solicitada por el recurrente, folio 10 del expediente, lo que hace decaer sus propias pretensiones impugnatorias relativas a su derecho de defensa), exponiendo además extremos concretos sobre los hechos denunciados. Frente a dicha prueba, que nos parece suficiente para sostener la imputación de la infracción y proceder a sancionar al recurrente, éste no despliega actividad probatoria alguna, limitándose a asegurar que no se procedió a practicar dicha prueba, lo cual queda desacreditado con la mera lectura del folio 19 del expediente administrativo.

A pesar de lo argumentado por el Letrado de la actora en este punto, dichas alegaciones no empecen en absoluto la versión de hechos sostenida en la denuncia, y tales hechos han de darse por probados sin duda alguna, frente a las meras alegaciones de descargo del recurrente ajenas a actividad probatoria alguna, sin que entendamos, finalmente, la pretensión impugnatoria sostenida en la demanda como falta de motivación de la Resolución impugnada, que desde luego se basa en la denuncia y en la ratificación del agente como elementos motivadores más que suficientes, y frente a la que tampoco se alega indefensión concreta alguna, pues el recurrente desde el inicio de sus alegaciones ha conocido los hechos que finalmente se sancionan.

Por todo lo cual, y en base a lo argumentado, debemos desestimar el recurso en su integridad.

CUARTO:De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.4, de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, según la redacción otorgada por el Real Decreto-ley 6/2023 en su art. 102.3, que dispone que "En primera o única instancia, la parte condenada en costas estará obligada a pagar una cantidad total que no exceda de la tercera parte de la cuantía del proceso, por cada uno de los favorecidos por esa condena; a estos solos efectos, las pretensiones de cuantía indeterminada se valorarán en 18.000 euros, salvo que, por razón de la complejidad del asunto, el tribunal disponga razonadamente otra cosa",las costas se imponen a la parte actora que ha visto desestimadas todas sus pretensiones.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general y obligada aplicación

Fallo