Sentencia Contencioso-Administrativo 1/2026 Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ourense nº 2, Rec. 23/2025 de 15 de enero del 2026

PRIMERO.-Constituye el objeto del presente procedimiento la resolución desestimatoria por silencio administrativo negativo da reclamación previa de data 13 de xuño de 2024 presentada pola Sra. Socorro ante a Consellaría do Medio Rural en materia de dereitos retributivos e promocionais anudados ao recómputo dos trienios recoñecidos como persoal laboral da parte actora.

Se alega en la demanda,que la parte actora presta servizos para el Servicio de Prevención y Defensa Contra Incendios Forestales (SPDCIF) de la Consellería del Medio Rural, Unidad Administrativa de Distritos Periféricos, en el ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL DE OURENSE, en el Grupo C2 - Cuerpo/Escala 207S - CUERPO DE AUXILIARES DE CARÁCTER TÉCNICO, ESCALA DE AUXILIAR DEL SPDCIF, ESPECIALIDAD DE EMISORISTA/VIGILANTE/A FIJO/A, con inicio de actividad a 1.7.1992, en su condición de personal funcionario de carrera por cambio de vínculo jurídico.

Con carácter previo a la toma de posesión el día 1 de junio de 2023, había adquirido la condición de personal laboral fijo con toma de posesión en fecha 31 de mayo de 2005.

Por ello se interpone la presente acción en reclamación del cómputo correcto de la antigüedad y de los trienios perfeccionados, toda vez que la Administración autonómica ha aplicado criterios discriminatorios en la valoración de los servicios prestados. En efecto, los períodos desempeñados en régimen de fijo-discontinuo o mediante contratos temporales fraudulentos han sido indebidamente minorados, contrariando la doctrina del Tribunal Supremo que establece que tales servicios deben computarse íntegramente como tiempo completo, incluidos os períodos sen chamada.

En consecuencia, a la demandante le corresponde el reconocimiento de los trienios 9º - 4.7.2019 y trienio 10º - 4.7.2022, así como la eliminación de coeficientes reductores que vulneran el Convenio Colectivo y el principio de no discriminación.

Se considera que la desestimación por silencio administrativo es contraria a derecho, dado que no cabe aplicar desigualdad de trato en el cómputo de la antigüedad.

Se sostiene que la Administración ha aplicado un criterio discriminatorio al personal fijo-discontinuo, computando solo los periodos efectivamente trabajados. La antigüedad debe calcularse por toda la duración de la relación laboral, incluidos los periodos sin llamada, como si se tratase de jornada completa. Cualquier reducción vulnera el principio de igualdad y constituye trato peyorativo.

En segundo lugar, la contratación temporal supone un supuesto de fraude de ley, dado que la Administración encubrió relaciones fijas discontinuas bajo contratos temporales sucesivos (obra o interinidad), sin solución de continuidad. Dichos vínculos deben unificarse en un único contrato de naturaleza fija-discontinua. A efectos de antigüedad, los servicios prestados han de computarse desde el inicio real de la relación.

El principio del art. 6.4 del Código Civil fundamenta que, cuando se encubren relaciones fijas discontinuas bajo contratos temporales, procede aplicar la norma eludida a efectos de cómputo de la antigüedad. Así, las cadenas contractuales interrumpidas deben computarse por separado, pero siempre como servicios fijos discontinuos si se aprecia fraude. El cómputo abarca íntegramente los períodos de vinculación, incluidos los tiempos sin llamada, fijando como fecha inicial el alta y como final la baja de cada cadena. De esta manera, se gana el reconocimiento de los servicios prestados en su totalidad.

Se alega seguidamente que el personal laboral tiene derecho a que los trienios perfeccionados bajo dicho régimen se abonen en la cuantía correspondiente al momento de su cumplimiento, aun cuando posteriormente adquiera la condición de funcionario. Los trienios son un derecho retributivo vinculado a la antigüedad y se consolidan con su perfección, incorporándose a los derechos económicos con independencia de las vicisitudes de la carrera funcionarial. Así, deben valorarse por el importe vigente en la fecha en que se devengaron, y no por lo que corresponda en el momento de percibirlos, garantizando la estabilidad económica del derecho consolidado.

La confección de las nóminas del personal funcionarizado debe seguir las normas que regulan el cambio de vínculo jurídico. En materia de antigüedad, se mantiene el derecho a percibir los trienios reconocidos como personal laboral, valorados en la cuantía correspondiente al cuerpo o escala equivalente, garantizando que el primer trienio perfeccionado como funcionario no sea inferior al laboral. Las diferencias retributivas se abonan mediante el plus de funcionarización, dividido en dos partes: "funcionarización-personal" (12 mensualidades) y "funcionarización-antigüedad" (14 mensualidades), ambos no compensables ni absorbibles.

Finalmente, se indica que Los derechos de reclamación difieren según se trate de personal laboral o funcionario. El Decreto 165/2019 fija que, con la toma de posesión como funcionario de carrera, se aplica plenamente la normativa de función pública. Así, el personal laboral reclama al amparo del art. 59.1 ET con un plazo de un año, mientras que el personal funcionario cuenta con el plazo de cuatro años del art. 25 de la Ley General Presupuestaria. La STS 266/2024 confirmó que, al tratarse ya de un estatuto funcionarial, prevalece este último plazo para el reconocimiento de servicios previos.

Se opone la Administración demandada,que contesta a la demanda alegando que en el presente caso se debate la validez del reconocimiento y pago de los trienios percibidos por la actora, quien actualmente ostenta la condición de funcionaria pero perfeccionó dichos trienios durante su etapa como personal laboral. Por ello, se considera que la cuestión central consiste en determinar si cabe modificar ahora el porcentaje aplicado a esos trienios ya reconocidos y consolidados, pese a que en su momento no se formuló objeción alguna.

La normativa aplicable es la laboral, en particular el artículo 26 del Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la Xunta de Galicia y la Orden de la Consellería de Facenda de 1 de diciembre de 2014. Ambas establecen que, en el caso de trabajadores a tiempo parcial o con carácter fijo-discontinuo, la remuneración de los trienios debe calcularse proporcionalmente a la jornada, aunque el cómputo de antigüedad se realice como si el trabajador hubiese prestado servicios durante todo el año. De este modo, se garantiza el devengo de trienios cada tres años, si bien por un importe proporcional a la jornada efectivamente trabajada.

Tanto la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como la del Tribunal Supremo avalan esta interpretación: el principio de igualdad impide un trato desfavorable a los trabajadores a tiempo parcial, pero también legitima la aplicación del principio pro rata temporis para ajustar la cuantía de los complementos retributivos, como los trienios, a la menor prestación de servicios.

En consecuencia, la resolución de la Dirección General de Emprego Público resulta ajustada a derecho, dado que respeta tanto la normativa como la doctrina consolidada, siendo improcedente cuestionar ahora el porcentaje aplicado a los trienios ya reconocidos.

SEGUNDO.-Con carácter previo, debe resolverse la inadmisibilidad planteada de oficio respecto de la resolución de la Consellería de Facenda.

En el presente caso, se formularon dos reclamaciones sucesivas con el mismo objeto (una semana de diferencia), que se reconociesen los trienios generados y perfeccionados como personal laboral en su integridad y sin reducción alguna.

Dicha petición fue resuelta expresamente por la Administración demandada mediante resolución de fecha 25 de septiembre de 2024, notificada el 6 de octubre de 2024. Poco importa que la misma sea extemporánea, dado que lo único cierto es que, desde que se notifica, comienza el plazo de dos meses para interponer el recurso contencioso-administrativo. En el presente caso, la misma fue notificada el 6 de octubre de 2024, por lo que, dado que el recurso no se interpuso hasta el 26 de enero de 2025, han transcurrido más de esos dos meses previstos legalmente.

Es cierto, vistas las alegaciones de la parte actora, que en la resolución en cuestión sólo se hace mención a la petición del 5 de marzo y no a la del 12 de junio. Ese fue el motivo por el que, para evitar indefensión, se planteó nuevamente la posible inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo por ser reproducción de otro consentido y firme.

En efecto, en el presente litigio, ya sea porque la petición de 12 de junio se considere una mera ampliación (más detallada) de la de 5 de marzo, ya sea porque se estime que se trata de una nueva petición formulada sobre una cuestión que ya ha sido resuelta de forma expresa por la Administración, el recurso es inadmisible.

Por todo ello, debe declararse la inadmisibilidad del recurso, respecto de la petición formulada el día 5 de marzo, así como de la del 12 de junio, de considerarse esta una ampliación o reiteración de aquella, al amparo del artículo 69.e) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que señala que: «La sentencia declarará la inadmisibilidad del recurso o de alguna de las pretensiones en los casos siguientes: Que se hubiera presentado el escrito inicial del recurso fuera del plazo establecido»,en relación con el artículo 46 del mismo texto legal, que dispone que: «1. El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de seis meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto».

De no considerarse el escrito presentado el 12 de marzo un ampliación del de 5 de marzo, sino una nueva petición, sería igualmente inadmisible por aplicación del artículo 28 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa que establece que: «No es admisible el recurso contencioso-administrativo respecto de los actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes y los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma»,en relación con el artículo 69.c) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que señala que la sentencia declarará la inadmisibilidad del recurso o de alguna de las pretensiones en los casos siguientes: «Que tuviera por objeto disposiciones, actos o actuaciones no susceptibles de impugnación».

En efecto, al ser firme la resolución dictada por la Administración el 25 de septiembre de 2024 dando respuesta a la petición de abono de los trienios al 100%, ya no puede plantearse una segunda petición sobre el mismo tema, sino que debió recurrirse aquella resolución a fin de evitar que ganara firmeza.

TERCERO.-Al inadmitirse el recurso por una cuestión planteada de oficio por este juzgado, no se considera procedente hacer especial imposición de costas.