Sentencia Contencioso-Administrativo 303/2025 Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela nº 2, Rec. 113/2025 de 22 de diciembre del 2025

PRIMERO.-Constituye el objeto de este proceso la Resolución indicada en el antecedente de hecho primero de esta resolución.

La parte actora denuncia la vulneración del artículo 23. 2 de la Constitución Española, dado que la actuación material de la Administración al efectuar la provisión por vía de hecho del puesto de trabajo de Jefe de Servicio de Calidad y Procesos de Soporte Asistencial en la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio Gallego de Salud cierra la posibilidad de acceso a cualquier otro candidato con los mismos méritos y cualidades, entre ellos, el recurrente. Expone, en síntesis que, con fecha 12/04/2022 se publicó en la página web de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública el anuncio de cobertura en comisión de servicios del puesto de trabajo de Jefe del Servicio de Calidad Asistencial, en la Subdirección General de Atención Hospitalaria del Servicio Gallego de Salud, que fue autorizada a Doña. Enma por Resolución de 16/05/2022. Que por Resolución de 10/10/2024 se seleccionó a Doña. Gracia para la colaboración temporal por orden de servicio como facultativo especialista de área en análisis clínicos en la Subdirección General de Atención Hospitalaria, que había sido convocada por resolución de 20 de septiembre; que el 14/10/2024 se revocó la comisión de servicios de Enma, cesando como jefa del Servicio de Calidad y Procesos de Soporte Asistencial, y que desde entonces, Doña. Gracia ejerció momo Jefa de Servicio de Caldiad Asistencial y Procesos de Soporte Asistencial, tal y como se reflejó en el directorio de la intranet de la Xunta de Galicia, en el directorio de la intranet y del correo electrónico del Sergas. Y puntualiza que, tras el cese de Doña. Enma en la comisión de servicios nada impedía a la Administración proveer de cobertura del puesto con garantía y respeto a los principios de igualdad y transparencia, por lo que, el 6 de marzo requirió a la Conselleria de Sanidad el cese de la vía de hecho, no habiendo obtenido respuesta.

El Ministerio Fiscal presentó escrito de contestación.

El Sergas sostiene en su escrito de contestación en primer término, la extemporaneidad de la acción; en segundo lugar, la inadecuación del procedimiento y, finalmente alude a la inexistencia de vía de hecho. Aduce el Sergas que el puesto en cuestión aún se encuentra vacante y que la persona que, a juicio de la actora, lo viene ocupando, fue seleccionada en virtud de Resolución de 10/10/2024 por la que se resuelve la convocatoria pública de colaboración temporal por orden de servicio de un facultativo especialista de área en análisis clínicos en la Subdirección Xeral de Atención Hospitalaria.

SEGUNDO.- Sobre la extemporaneidad de la acción. Por razones de índole procesal se ha de examinar con carácter previo la causa de inadmisibilidad alegada por el Sergas. No debe olvidarse que nos encontramos ante un procedimiento de derechos fundamentales que establece en el artículo 115 de la LJCA plazos especiales para la interposición de aquel y en cuyo apartado primero se dice así:

: "1. El plazo para interponer este recurso será de diez días, que se computarán, según los casos, desde el día siguiente al de notificación del acto, publicación de la disposición impugnada, requerimiento para el cese de la vía de hecho, o transcurso del plazo fijado para la resolución, sin más trámites. Cuando la lesión del derecho fundamental tuviera su origen en la inactividad administrativa, o se hubiera interpuesto potestativamente un recurso administrativo, o, tratándose de una actuación en vía de hecho, no se hubiera formulado requerimiento, el plazo de diez días se iniciará transcurridos veinte días desde la reclamación, la presentación del recurso o el inicio de la actuación administrativa en vía de hecho, respectivamente.".

Debe recordarse, por otra parte, que el Procedimiento especial para la Protección de los Derechos Fundamentales puede ser deducido frente cualquier tipo de acto (definitivo, de trámite e incluso simple vía de hecho) siempre que de él pudiera derivar una real infracción de los derechos fundamentales, en todo caso, ha de tratarse de un acto recurrible ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa ( SSTS, Sala 3ª, Sección 7ª, 7 /12/ 2011 (Rec. 88/2011 ); 5 /12/ 2011 (Rec. 294/2011 ).

El proceso especial regulado en los arts. 114 y ss. de la Ley 29/1998, de 13 de julio, aparece limitado en su aplicación, dada la naturaleza y contenido del mismo, a la determinación de si un acto concreto de la Administración es constitutivo o no de una vulneración de alguno o algunos de los derechos y libertades a que se refiere el art. 53.2 de la Constitución. Se concede una protección especial a los denominados derechos fundamentales y libertades públicas -arts. 15 al 29-, cuya tutela especifica se realiza ante los Tribunales ordinarios, junto con la relativa al principio de igualdad del art. 14 y a la objeción de conciencia del art. 30, a través de este proceso, basado en los principios de preferencia y, en su caso, mediante el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. De ahí que el proceso entablado por el recurrente sólo puede ser cauce adecuado para tramitar pretensiones circunscritas al conjunto de derechos y libertades a que se ha hecho referencia, estando vedado consecuentemente el enjuiciamiento de cualquier otro derecho constitucional que no esté expresamente recogido en los preceptos mencionados, o de cuestiones directamente relacionadas con la aplicación de la legalidad ordinaria, de tal modo que tanto en uno como en otro caso lo procedente será declarar la inidoneidad de la vía procedimental utilizada.

Habiéndose alegado como se ha indicado anteriormente como causa de inadmisibilidad la extemporaneidad en la formulación del recurso, esta cuestión ha de ser resuelta con carácter previo al constituir la misma óbice procesal puesto que la estimación de su concurrencia impedirá entrar a conocer del fondo del asunto.

Se hace necesario puntualizar que es doctrina del Tribunal Supremo conforme a la cual si son admisibles nuevos requerimientos mientras persista la vía de hecho, habilitándose un nuevo plazo para interponer recurso contencioso administrativo tras cada requerimiento desatendido o ignorado ( STS núm 1195/2021 de 1 de octubre)

La parte actora interpone recurso contencioso administrativo contra la provisión en vía de hecho del puesto de trabajo de Jefe de Servicio de Calidad y Procesos de Soporte Asistencial en la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio Gallego de Salud. Frente a ello, y tal y como se indicó anteriormente, el Sergas invoca la inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo al entender que, teniendo en cuenta la fecha del requerimiento, efectuado el día 6 de marzo, el presente recurso contencioso-administrativo se presentó transcurrido el plazo estipulado por la legislación aplicable.

Descendiendo al caso en concreto, consta que el requerimiento se presentó el 6/03/2025 - no consta que se hubiese reiterado- y el recurso contencioso administrativo se presenta el día 25/03/2025. Si como hemos dicho la actividad administrativa objeto del recurso contencioso administrativo era según el actor la vía de hecho sin que conste el nuevo requerimiento previo a la Administración, y el recurso se presentó el 25/03/2025 , se supera el plazo indicado en el artículo 115 LJCA y por consiguiente el recurso contencioso administrativo resulta extemporáneo , por lo que procede la inadmisión del mismo.

TERCERO.-Dadas las peculiaridades del litigio, procede la no imposición de las costas.