Sentencia Contencioso-Administrativo 171/2025 Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vigo nº 2, Rec. 120/2025 de 31 de julio del 2025

PRIMERO.-La queja actora respecto de la actuación impugnada es que su cese, el 31 de enero del 2025, no se ha acordado por cumplimiento de los objetivos que justificaron su nombramiento, sino porque se encontraba en situación de baja laboral, IT, desde el 22 de noviembre del 2024, y a partir de ahí, entiende primero, vulnerados los artículos 19 y 21 de la Orden de 4 de octubre de 2018 sobre selección y nombramiento de personal interino para cubrir puestos de personal funcionario de los cuerpos generales al servicio de la Administración de justicia en Galicia. Y también denuncia el menoscabo de sus derechos fundamentales, derecho de igualdad por haber sufrido discriminación por razón de enfermedad, al haber si ésta y no otra, la verdadera causa de su cese. Sostiene la demanda que tras el cese de la recurrente, persistió en el Juzgado de Vilagarcía, en el que prestaba sus servicios, la situación de acumulación de tarea y prueba de ello es que la letrada judicial del órgano, reiteró a la demandada la petición de prórroga del refuerzo en el puesto de la actora.

SEGUNDO.-Pues bien, adelantamos la desestimación de la demanda sobre la base de los siguientes razonamientos:

Hay un pequeño detalle en la posición actora que entiendo de la debida prueba y es que la circunstancia de que se encontrase en situación de IT en el momento de su cese, únicamente lo manifiesta ella. Es cierto que la demandada no lo ha negado, pero también lo es que ni en las preguntas que se le han dirigido a instancia de la actora, se le ha preguntado por ello, y el completo informe que se ha remitido no dice nada al respecto, ni sobre todo, el acto impugnado, el cese de la recurrente ofrece ninguna pista que permita concluir que su causa es la supuesta situación de IT de la interina cesada.

Pero bien, al margen de ello, aunque considerásemos acreditado que la actora llevaba en el momento del cese más de dos meses de baja, como se dice en la demanda, o aunque no lo estuviera y se hallase prestando sus servicios con normalidad, desde una perspectiva más general, global, extraída de la regulación de la concreta figura, entiendo que la demanda no puede ser acogida por estas razones:

El artículo 19 de la Orden de 4 de octubre de 2018 sobre selección y nombramiento de personal interino para cubrir puestos de personal funcionario de los cuerpos generales al servicio de la Administración de justicia en Galicia, comienza señalando:

"1. Cuando por circunstancias coyunturales,un órgano, servicio o unidad de la Administración de justicia soporte una carga de trabajo extraordinaria, o una demora excepcional en los procedimientos, que no aconsejen acordar prolongaciones de jornada aceptadas voluntariamente por el personal funcionario, la dirección general competente en materia de justicia podrá acordarel nombramiento de personal interino de refuerzo, siempre que lo permitan las disponibilidades presupuestarias."

Por tanto, tres notas definitorias de esta figura que es la que se corresponde con el supuesto de la recurrente, a saber, su razón de ser obedece a un déficit coyuntural, atender una necesidad temporal; es una posibilidad de la que dispone la demandada, no una obligación y ese carácter potestativo entiendo que se predica también durante la vida del nombramiento; y es que, por fin, su corazón, es la disponibilidad presupuestaria, de modo que el refuerzo subsistirá mientras pueda sostenerse económicamente por muchas que sean las necesidades de refuerzo. Podrán subsistir esas circunstancias coyunturales que justificarían un nombramiento, o prórroga de esta índole, que si no hay disponibilidad presupuestaria, la demandada no tiene por qué acordar ni el nombramiento, ni la prórroga.

Nos detenemos ahora en el examen del apartado sexto de ese artículo 19 de la Orden de 4 de octubre de 2018 sobre selección y nombramiento de personal interino para cubrir puestos de personal funcionario de los cuerpos generales al servicio de la Administración de justicia en Galicia, que indica:

"El nombramiento del personal interino de refuerzo será por una duración máxima de seis meses, con posibilidad de prórroga para el supuesto de que no se cumplieran los objetivos fijados en el plan de actuación, lo que deberá ser justificado debidamente por el responsable funcional del órgano, servicio o unidad. En todo caso, se solicitará de la Sala de Gobierno, del/de la fiscal superior o del/de la director/a del Instituto de Medicina Legal un informe semestral de los refuerzos existentes, para valorar su continuidad o no.

En ningún caso la duración del refuerzo, incluidas las posibles prórrogas, podrá superar el plazo de 3 años."

Entiendo que la simple y correcta inteligencia del precepto pasa por comprender que, de un lado, si la duración máxima del nombramiento, es de seis meses, caben nombramientos (y sus prórrogas) por menos tiempo, como por ejemplo, trimestrales, como ha sido el caso. Y de otro lado, la indicación de la duración máxima de tres años, es eso, un límite insuperable de forma global, pero en modo alguno puede ser entendido como que la interinidad deba durar tres años.

Y esta reflexión la correlacionamos con el precepto capital para la solución del litigio, el art. 21.4 de la Orden de 4 de octubre de 2018 sobre selección y nombramiento de personal interino para cubrir puestos de personal funcionario de los cuerpos generales al servicio de la Administración de justicia en Galicia, que dice:

"El personal interino nombrado al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 de esta orden cesará por expiración del plazo o de la causa por la cual hubiera sido nombrado."

La expiración del plazo de nombramiento, en modo alguno puede ser concebido como ese de tres años al que hace referencia el art. 19.6 de la Orden. En el caso enjuiciado, es evidente, se considera acreditado, lo reconoce la demandada, que el cese no ha tenido lugar por desaparición de la causa que originó el nombramiento. Esa causa persiste, lo pone de manifiesto la secretaría judicial del Juzgado de Villagarcía, al reiterar la petición de refuerzo tanto días antes, como después del cese de la actora.

Pero lo que sí concurre es la expiración del plazo para el que había sido nombrada la recurrente y por tanto, ya tenemos la causa normativa del cese, ajustado a la previsión reglamentaria, y por tanto, su ajuste a Derecho.

La actuación de la demandada podría calificarse como fraudulenta, ser contraria a Derecho, en el caso de que tras el cese de la recurrente y nueva petición de la secretaria judicial del Juzgado en el que desempeñaba sus servicios la actora, la demandada hubiera procedido a un nuevo nombramiento de idénticas características, de otra persona, sobre el mismo puesto. Pero no ha sido así.

O peor aun, se acogería la demanda en el caso de que el cese de la recurrente se hubiese acordado por la demandada, de manera fulminante, tras hallarse la actora en situación de baja. Pero tampoco ha sido así, si es como dice la recurrente, que dejó de prestar servicios el 22 de noviembre del 2024, la demandada aguardó más de dos meses, hasta la conclusión del plazo para el que había sido nombrada, para cesarla.

En el informe remitido por la demandada, como diligencia de prueba, a requerimiento de la actora, se ofrece lo que parece ser una motivación ex post, al cese:

"A Letrada solicita de novo unha prórroga da medida pero na solicitude non se aporta xustificación algunha de conformidade coa Orde de interinos que permita a Administración xustificar a súa continuidade. A Dirección xeral, tras máis dun ano de implantación da medida de reforzo conclúe que a situación do xulgado non mellorou en relación ao que motivou a contratación do reforzo polo que cabe concluír que son outras causas as que motivan a situación do órgano, e non é e non é un problema de falta de persoal."

Concluye la demandada, extraemos, que el refuerzo no cumplió su función, porque las circunstancias que lo justificaron, persisten tras más de un año de duración de la medida, de ahí que no resulte operativo y deban buscarse las causas del funcionamiento anormal del Juzgado, en otras variables.

Al respecto, entiendo dos cosas, una que lo expuesto, la "ineficacia del refuerzo" no se prevé como causa normativa del cese, y dos, que por lo mismo, resultaba innecesaria la explicación que ofrece la demandada al respecto y, en cambio, hubiera sido más útil que, en el acto impugnado, la diligencia de cese de la actora, se hubiera expresado mínimamente la verdadera causa del mismo, es decir, la expiración del plazo para el que había sido nombrada, por lógica o evidente que sea. No está de más esta indicación expresa para evitar equívocos, litigios como éste y ya puestos, cumplir formalmente con la exigencia legal general prevista en el art. 35.1 a) LPAC. Lo cual no significa que la decisión carezca de motivación, que la tiene, el fin del plazo para el que había sido designado el refuerzo, únicamente se ha exteriorizado defectuosamente.

Con lo expuesto no queremos transmitir la idea de que el funcionario interino, no puede "cogerse" la baja, tiene "derecho" a enfermar como los demás, pero lo que debe saber, o es bueno recordar, es que el derecho a la inamovilidad, art. 14 a) EBEP ó art. 71 a) de la Ley de empleo público de Galicia, solo se predica respecto de los funcionarios de carrera. De modo que un interino como la recurrente, desde luego puede incurrir en IT, no por ello, cesará el refuerzo, pero puede cesar por expiración del plazo por el que ha sido designado, como ha sido el caso. Y si se alcanzase ese hito temporal y el funcionario interino continuase de baja, al recobrar el alta, no estará aguardando "su" puesto de trabajo, aunque no se hubiesen alcanzado los objetivos que justificaron el nombramiento.

No apreciamos infracción de la Orden de 4 de octubre de 2018 sobre selección y nombramiento de personal interino para cubrir puestos de personal funcionario de los cuerpos generales al servicio de la Administración de justicia en Galicia, ni de ninguna LEY, ni discriminación de la recurrente con su cese, ni menoscabo de ninguno de sus derechos fundamentales, la actuación impugnada es disconforme a Derecho y la demanda debe ser desestimada.

TERCERO.-En materia de costas el art. 139 LJCA dispone que el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.

Debido a la desestimación íntegra del recurso las costas se imponen a la demandante con la limitación de, en este caso, 200 euros.

Vistos los preceptos citados y demás de pertinente y general aplicación,