Sentencia Contencioso-Administrativo 52/2024 Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Melilla nº 3, Rec. 72/2023 de 30 de septiembre del 2024

PRIMERO.La parte actora recurre la Resolución dictada por la Delegación del Gobierno en Melilla por la que se deniega la solicitud de autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales de arraigo laboral por no acreditar una residencia continuada de dos años, y ello, indica, por haber formulado alegaciones inexactas y haber solicitado igualmente un permiso de trabajo transfronterizo. La parte demandante pide que se deje sin efecto la Resolución impugnada sobre la base de que sí reúne todos los requisitos para optar a la autorización de residencia solicitada, en particular los dos años de residencia efectiva, entendiendo que, aunque es cierto que en el año 2022 solicitó un permiso de trabajo transfronterizo y, consecuentemente, aportó un certificado de residencia en el país vecino, lo importante no es la residencia «formal», sino la «efectiva».

Frente a esta pretensión, la Abogacía del Estado, en la representación que ostenta de la Administración demandada, entiende que no cumple con el requisito de residir dos años aquí porque pedir el permiso de trabajo transfronterizo supone reconocer oficialmente que se vive en Nador, en el periodo que precisamente debía probar que vivía en Melilla.

SEGUNDO.Dispone el art. 31 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (LOEX), que la residencia temporal es la situación que autoriza a permanecer en España por un período superior a noventa días e inferior a cinco años, que puede ser con autorización de trabajo (en cuyo caso habrá que estar a los arts. 36 y ss LOEX) o sin autorización de trabajo (que entonces se concederá a los extranjeros que dispongan de medios suficientes para sí y, en su caso, para los de su familia), para añadir a continuación que la Administración podrá conceder una autorización de residencia temporal por «circunstancias excepcionales» en determinados supuestos tales como arraigo, por razones humanitarias, por colaboración con la Justicia o por otras que se determinen reglamentariamente, supuestos éstos en los que «no será exigible el visado», aunque, siempre y en todo caso, como para todas las residencias, es requisito imprescindible que el extranjero carezca de antecedentes penales en España.

Pues bien, en desarrollo de lo indicado al respecto de concesión de la residencia temporal por circunstancias excepcionales, y concretamente por arraigo, distingue el art. 124 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la LOEX (REX), entre arraigo familiar, arraigo social y arraigo laboral, encontrándonos en este último supuesto de acuerdo con la solicitud de la recurrente.

Al respecto, el art. 124.1 REX dispone que se podrá conceder una autorización de residencia temporal por razones de arraigo laboral si se cumplen los siguientes requisitos de forma acumulativa:

1) Acreditar la permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de dos años.

2) Carecer de antecedentes penales en España y en su país de origen o en el país o países en que haya residido durante los últimos cinco años.

3) Demostrar la existencia de relaciones laborales cuya duración no sea inferior a seis meses.

A los efectos de acreditar la relación laboral y su duración, el interesado deberá presentar cualquier medio de prueba que acredite la existencia de una relación laboral previa realizada en situación legal de estancia o residencia. A estos efectos se acreditará la realización, en los últimos 2 años, de una actividad laboral que suponga, en el caso de actividad por cuenta ajena, como mínimo una jornada de 30 horas semanales en el periodo de 6 meses o de 15 horas semanales en un periodo de 12 meses, y en el caso del trabajo por cuenta propia, una actividad continuada de, al menos, seis meses.

4) Estar en situación de irregularidad en el momento de la solicitud.

TERCERO.Pues bien, no ha sido controvertido que el recurrente carece de antecedentes penales ni la existencia de relaciones laborales de seis meses mínimo, pero sí que haya residido efectivamente de forma continuada durante los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud.

Pues bien, no ha sido discutido, en tanto ha sido expresamente reconocido por el recurrente en la vista durante la fijación de los hechos controvertidos, y a preguntas de este juzgador, y tal y como consta en Hechos Probados, que el recurrente, en el año 2022, solicitó un permiso de trabajo transfronterizo, aportando para ello un certificado de residencia en Nador (Marruecos), necesario para tramitar dicha solicitud. Y que, consecuentemente, parte de ese periodo de dos años que el recurrente debe probar que vivía efectivamente en Melilla (para obtener el permiso de residencia que ahora nos ocupa) coincide con el periodo de dicho certificado oficial de residencia en otro país.

Esto hace inviable poder estimar al recurrente su pretensión, dado que, de acuerdo con los arts. 182, 183.2 y 184.5 REX, para ser trabajador transfronterizo es imprescindible residir en la zona fronteriza, lo que fue alegado y acreditado por el actor.

Dice la parte actora que lo importante no es lo que conste formalmente, sobre el papel, sino dónde realmente vive el extranjero, y que con base en eso debe resolverse judicialmente.

Sin embargo, de proceder así, se estaría amparando por parte de este juzgador un uso abusivo del derecho, prohibido por el art. 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), y/o un intento de fraude de ley.

Para empezar, el hecho de que el recurrente manifieste a la Administración, en el año 2022, que residía en Marruecos a efecto de conseguir un permiso de trabajador transfronterizo, y un año después invoque ante esa misma Administración su domicilio en Melilla durante dos años para pedir un permiso de residencia, supone, de un lado, ir en contra de sus propios actos, lo cual ya es significativo.

Pero también, y de otro lado, más allá de la buena o mala intención del recurrente, es evidente que alegar que uno tiene su domicilio donde le interesa en cada caso, según lo exija la norma reguladora de aplicación correspondiente y con el fin de obtener el permiso de que se trate, con independencia de su domicilio real y efectivo, es encaminarse al fraude de ley, bien respecto de la solicitud de trabajador transfronterizo, o bien respecto a la solicitud objeto del presente procedimiento.

Y no olvidar que la Administración no puede dar por buenas declaraciones contradictorias. Como nos recuerda la STS 21 diciembre 2015, la Administración está obligada a respetar los valores o declaraciones que previamente ha aceptado ella misma, otorgando así confianza y seguridad jurídica al administrado.

En consecuencia, se concluye, dada su afirmación de que estuvo viviendo en Nador parte del tiempo que manifiesta que vivía en Melilla, y a fin de evitar el ejercicio abusivo de derechos y/o el fraude de ley correspondiente, que no concurre el requisito de la residencia por dos años, por lo que no queda sino desestimar la pretensión de la parte actora.

CUARTO.De conformidad con lo establecido en el art. 139.1, 2 y 4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), y vista la desestimación del recurso, procede condenar a la parte actora al pago de las costas procesales, que no podrán ser superiores a 600 euros.