Sentencia Contencioso-Administrativo 99/2023 Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Salamanca nº 2, Rec. 20/2023 de 22 de mayo del 2023

PRIMERO.- La parte actora fundamenta su demanda en la ausencia de voluntariedad, falta de diligencia ni imprudencia por lo que considera no puede hacérsele responsable de los hechos, solicitando se deje sin efecto la sanción impuesta.

Subsidiariamente solicita sea considerada la infracción como leve, imponiéndose la sanción prevista en el Art. 44 en su grado mínimo.

Muy subsidiariamente, alega falta de motivación en la graduación de la sanción, considerando que concurre una circunstancia mixta como es el número de consumidores afectados y una atenuante como la reparación posterior o parcial de los perjuicios lo que conllevaría la sanción mínima establecida para la infracción de que nos ocupa.

La Administración demandada se opone a la estimación de la demanda, remitiéndose -en síntesis- a la resolución impugnada.

SEGUNDO.- Expuestas las posiciones de las partes, examinada la resolución impugnada y el expediente administrativo, en lo que se refiere a la infracción cometida la citada resolución impugnada señala que los hechos son tipificados en el art. 42 de la Ley 2/2015, de 4 de marzo del Estatuto del Consumidor de castilla y León que en su punto 2.a) dispone: 2. Se consideran infracciones administrativas graves: "Todas aquellas cláusulas y practicas no consentidas expresamente, que en contra de la buena fe causen en perjuicio del consumidor y usuario un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones que deriven del contrato."

Se alega por la recurrente que se comprometió con su clientela, ante el cierre de su centro en Burgos, a buscar otro que le sustituyera finalizando los tratamientos con las mismas condiciones y ante la imposibilidad de llevarlo a efecto facilitó a los reclamantes dos opciones: bien continuar el tratamiento en cualquiera de los restantes centros o bien solicitar la devolución de los importes abonados y no consumidos, por lo que considera que ha obrado diligentemente.

Consta acreditado en el expediente que se formularon un total de once denuncias realizadas ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor por clientes de la recurrente por tratamientos abonados y no recibidos.

Tal y como se hace constar en el acuerdo de inicio de expediente sancionador, pese al ofrecimiento de devolución de las cantidades cobradas por servicios no realizados no consta acreditada tal devolución o prestación de los servicios a través de otro centro, a lo que se comprometió la demandante. En relación a las otras reclamaciones o bien no se ha recibido comunicación de las reclamantes sobre la posibilidad de continuar sus tratamientos en el resto de centros de la empresa o bien se ha ofrecido la devolución de los importes previa presentación de la documentación correspondiente (tickets o facturas) para su devolución.

Por la demandante se alega en el expediente y en su demanda que se ha procedido a la devolución de las sumas reclamadas a tres de las denunciantes y en cuanto a las restantes reclamaciones, se está a la espera de la entrega de ticket de compra y número de cuenta para el pago.

Las referidas alegaciones fueron parcialmente estimadas en la propuesta de resolución y así se indica en la resolución sancionadora, que aplica fundadamente el precepto precedentemente citado señalando que la empresa ha incumplido la normativa aplicable pues se contrataron servicios de depilación que no se han llevado a cabo en su totalidad, pese a haber sido abonados; significando la resolución impugnada, que el ofrecimiento realizado por la empresa consistente en la continuación de los tratamientos o la devolución de las cantidades abonadas tampoco ha sido completado de manera efectiva.

Estos hechos aparecen debidamente acreditados, los cuales se acomodan a lo previsto en la norma precedentemente citada.

En cuanto a la responsabilidad de la recurrente habrá de estarse a lo dispuesto en el Art. 28 ley 40/2015 y en el caso concreto a lo establecido en el Artículo 43 de la Ley 2/2015, de 4 de marzo, que bajo la rúbrica: Sujetos responsables, dispone:

1. Serán sujetos responsables de las infracciones, aun a título de simple inobservancia, las personas físicas o jurídicas que participen o incurran en las mismas tanto por acción como por omisión.

Subsidiariamente, se solicita sea calificada la infracción como leve, pretensión que no puede ser acogida puesto que de conformidad con el precepto mencionado (42.2 a) los hechos descritos y correctamente tipificados admiten encaje en el supuesto de hecho de la norma, tantas veces citada, que considera tales infracciones como graves, por lo que ha de desestimarse la pretensión subsidiaria.

En cuanto a la proporcionalidad de la sanción o su cuantificación, disponen los artículos 44 y 47 los siguiente:

Artículo 44. "Cuantías.

1. Las infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios serán sancionadas de acuerdo con la siguiente graduación:

a) Las infracciones leves, con multa de hasta 3.005,06 euros.

b) Las infracciones graves, con multas pecuniarias entre 3.005,07 euros y 15.025,30 euros.

c) Las infracciones muy graves, con multas pecuniarias entre 15.025,31 y 601.012,10 euros.

Sin perjuicio de la multa que proceda, y a los efectos de evitar que la comisión de infracciones resulte más beneficiosa para la persona que las comete que el cumplimiento de la norma infringida, la sanción económica que en su caso se imponga podrá ser incrementada hasta el quíntuplo de la cuantía correspondiente al beneficio obtenido por el ilícito".

Artículo 47. "Graduación de las sanciones.

1. Para determinar la cuantía y extensión de la sanción aplicable dentro de los mínimos y máximos establecidos, deben tenerse en cuenta las circunstancias agravantes, atenuantes y mixtas.

2. Son circunstancias agravantes las siguientes:

a) Existencia de reincidencia, por comisión, en el término de un año, de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme.

b) Existencia de reiteración por parte del sujeto responsable si, dentro del año anterior a la comisión de la nueva infracción, el infractor ha sido sancionado, mediante resolución, por la comisión de otra infracción tipificada por la presente Ley o por otras normas en las que el bien jurídico protegido sean los intereses de los consumidores y usuarios.

c) La existencia de amonestaciones o los requerimientos previos formulados por la Administración para que se subsanen las irregularidades detectadas.

d) La posición relevante en el mercado del infractor o infractora.

e) El tipo de consumidor o usuario afectado o que se trate de colectivos especialmente protegidos.

f) Existencia de intencionalidad por parte del sujeto responsable.

3. Son circunstancias atenuantes las siguientes:

a) La reparación posterior total o parcial de los hechos o los perjuicios que han originado, siempre que se realice antes de dictarse resolución del procedimiento sancionador.

b) El sometimiento de los hechos al Sistema Arbitral de Consumo.

c) El acuerdo de reparación con el consumidor y usuario.

4. Son circunstancias mixtas las siguientes:

a) Naturaleza de los riesgos, daños o perjuicios causados.

b) Número de consumidores y usuarios afectados.

c) Tipo de producto o servicio afectado por la infracción en relación a los supuestos de especial protección.

d) Cuantía del beneficio obtenido como consecuencia de la infracción.

e) Volumen de negocios y/o capacidad económica del infractor.

5. Si iniciado un procedimiento sancionador, el infractor reconoce su responsabilidad y acredita haber rectificado las circunstancias constitutivas de la infracción cometida además de la compensación satisfactoria de los perjuicios causados en su caso, todo ello con anterioridad a que se dicte la resolución del expediente, se podrá resolver directamente éste con la imposición correspondiente de la sanción en una cantidad mínima o, en su caso, imponiendo como sanción una amonestación.

6. Las sanciones deben imponerse de modo que la comisión de la infracción no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas".

Sobre este extremo la resolución impugnada motiva y modula la sanción teniendo en cuenta circunstancias tales como: la naturaleza de los riesgos, daños o perjuicios causados, el número de consumidores y usuarios afectados y la reparación posterior total o parcial de los perjuicios originados.

Atendiendo a estas mismas circunstancias, esta Juzgadora considera más procedente la sanción por un importe más cercano al importe mínimo, teniendo en cuenta para ello las sanciones establecidas en anteriores resoluciones de la administración -que constituyen un acto propio indiscutible- pues se trata hechos similares sino idénticos, aunque en este caso, y esta la principal diferencia, afecta a un número mayor de consumidores; significándose que por la recurrente se han reconocido los hechos que motivan la infracción y ha procedido a reparar parcialmente los perjuicios ocasionados.

Por todo cuanto antecede, se considera procedente establecer la cuantía de la multa pecuniaria en la cantidad de 3.100 euros.

En atención a todo lo expuesto, el presente recurso ha de ser parcialmente estimado.

TERCERO.- Por aplicación del art. 139 de la LJCA, siendo parcial la estimación no se considera procedente la condena en costas a ninguna de las partes.

CUARTO.- Conforme al art. 81 de la LJCA, atendiendo la cuantía del recurso, frente a la presente sentencia no cabe interponer recurso de apelación.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,