Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 1104/2018, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Rec 212/2017 de 27 de Diciembre de 2018

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA

SALA DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU

SECCIÓ 3ª

Recurs d'apel lació núm. 212/2017

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona

Procediment ordinari núm. 224/2015

Apel lant: VODAFONE ESPAÑA, S.A.U

Representant de l'apel lant: SRA. CARMEN RAMI VILLAR, Procuradora

Apel lat: IL LM. AJUNTAMENT DE BADALONA

Representant de l'apel lat: SR. JORDI BASSEDAS BALLÚS, Procurador

S E N T È N C I A núm. 1104

Magistrats/ades:

IL LM. SR. MANUEL TÁBOAS BENTANACHS, President

IL LMA. SRA. ISABEL HERNÁNDEZ PASCUAL

IL LM. SR. HÉCTOR GARCÍA MORAGO

Barcelona, 27de decembre de 2018.

LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA (SECCIÓ 3ª), en nom de S.M el Rei i de conformitat amb allò que disposa l' art 117.1 de la Constitució , ha pronunciat la SENTÈNCIA que segueix, a les actuacions del recurs d'apel lació núm. 212/2017, promogut per VODAFONE ESPAÑA, S.A.U - representada per la Procuradora SRA. CARMEN RAMI VILLAR i assistida pel Lletrat SR. JUAN FRANCISCO GOMÁRIZ HERNÁNDEZ-, essent l'apel lat L'IL LM. AJUNTAMENT DE BADALONA -representat pel Procurador SR. JORDI BASSEDAS BALLÚS i assistit per la Lletrada SRA. ELENA MORENO DURÁN-.

Ha actuat com a Magistrat ponent l'Il lm. Sr. HÉCTOR GARCÍA MORAGO, el qual expressa el parer de la Sala.

Antecedentes

PRIMER:En el sí del procediment ordinari núm. 224/2015, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona dictà la Sentència núm. 59, de 2 de març de 2017 , amb el veredicte que segueix:

'DESESTIMO el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de Vodafone España S.A.U., con imposición a la parte recurrente de las costas procesales con un límite de 600 euros.'

SEGON:Disconforme amb la decisió que hem transcrit, l'actora deduí apel lació en temps i forma, a la qual s'hi va oposar l'Ajuntament demandat.

TERCER:Un cop elevades les actuacions a aquesta Sala, es va acordar formar-ne aquest rotlle d'apel lació i, un cop verificats els tràmits processals pertinents s'assenyalà el dia 11 de desembre de 2018 per tal de votar i decidir, la qual cosa es verificà en aquests mateixos termes.

QUART:En la tramitació d'aquest recurs d'apel lació han estat observades les prescripcions legals de rigor.

Fundamentos

PRIMER:Tal com ja hem expressat, en el sí del procediment ordinari núm. 224/2015, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona dictà la Sentència núm. 59, de 2 de març de 2017 , amb el veredicte que segueix:

'DESESTIMO el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de Vodafone España S.A.U., con imposición a la parte recurrente de las costas procesales con un límite de 600 euros.'

Aquest veredicte va venir precedit dels fonaments jurídics següents:

'PRIMERO.- El presente recurso tiene como objeto impugnar la resolución dictada por el Alcalde de Badalona en fecha 25 de Marzo de 2015 desestimando el recurso de reposición interpuesto por la actora frente a la resolución de 5 de Diciembre de 2015 -folios 348 y siguientes EA- que acordó, entre otros extremos: 'Ratificar la suspensió provisional e inmediata dels usos de l'estació base de telefonía mòbil', 'Otorgar el termini d'UN MES es procedeixi a la restauració de la realitat física o jurídica alterada mitjançant la retirada de l'estació base de telefonía' e 'Imposar a Vodafone .... una SETENA MULTA COERCITIVA per import de 3000 euros, com a mesura d'execució forçosa per el incompliment de l'ordenat en el Decret esmentat en el punt anterior'.

La actora basa parcialmente su pretensión en actos que ya son firmes, por tanto no susceptibles de recurso. Así, objeto de este procedimiento únicamente puede ser la resolución desestimatoria del recurso de reposición interpuesto frente a la resolución de 5 de Diciembre de 2014 y por tanto lo acordado en ésta.

Fue la resolución de 22 de Marzo de 2010 la que acordó la suspensión de los usos y otorgar un plazo de dos meses para legalizar las obras y requerir, para que de no cumplirse lo anterior, en el plazo de un mes se proceda a la restauración de la legalidad física o jurídica alterada mediante la retirada de la estación base de telefonía. Esta resolución es firme, por lo que no cabe en este momento valorar la misma.

El 22 de Septiembre de 2010 se dictó resolución (folio 84 y siguientes EA) que, tras constatar que no se había cumplido lo ordenado, ratificó lo dispuesto en el Decreto de 22 de marzo, reiterando otorgar un plazo de dos meses para legalizar las obras y requerir, para que de no cumplirse lo anterior, en el plazo de un mes se proceda a la restauración de la legalidad física o jurídica alterada mediante la retirada de la estación base de telefonía, imponiendo una multa coercitiva para el cumplimiento de lo ordenado. El 4 de Julio de 2011 se dictó nueva resolución en los mismos términos e imponiendo una segunda multa coercitiva como medida de ejecución forzosa por el incumplimiento. Dictándose resoluciones en fechas 1 de Diciembre de 2011, 10 de Octubre de 2012,5 de Febrero de 2014, 1 de Julio de 2014, imponiéndose las tercera, cuarta, quinta y sexta multa coercitiva ante el incumplimiento. Todas estas resoluciones son firmes y por tanto no cabe examinar las mismas.

Finalmente el 5 de Diciembre de 2014 se dictó la resolución que reiterando lo anterior e imponiendo una séptima multa coercitiva, resolución que fue recurrida en reposición, originando este contencioso.

Así, la resolución recurrida en reposición consistía en un acto posterior a la resolución de 22 de Marzo de 2010, resolución que acordó la procedencia de legalizar o demoler la instalación. La resolución posterior -en este caso la de 5 de Diciembre de 2014- si bien es susceptible de recurso solo permiten valorar las circunstancias y presupuestos de la misma, no de las resoluciones firmes previas.

En primer lugar alega la recurrente caducidad. Así mantiene que el expediente D302-09 se incoó en Diciembre de 2009, no resolviéndose hasta Diciembre de 2014, por tanto habiéndose superado el plazo de 6 meses legalmente previsto. Invoca el artículo 194 del Decreto Legislativo 1/2005 de 26 de Julio , por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley de urbanismo, vigente al iniciarse dicho expediente. La demandada sostiene que la resolución impugnada es una resolución de ejecución o cumplimiento de lo acordado por una resolución anterior, de 22 de Marzo de 2010, resolución firme. Por tanto mantiene que, iniciado el expediente el 11 de Diciembre de 2009 y dictándose resolución expresa el 22 de Marzo de 2010, no se ha producido el transcurso de 6 meses previsto en el artículo 194, por lo que no debe estimarse la caducidad.

A la vista de las actuaciones, siendo resuelto el expediente por resolución recaída antes del transcurso de seis meses establecidos para la caducidad, en 22 de Marzo de 2010 (folios 52 y siguientes EA), resolución firme, no puede estimarse esta alegación de la recurrente.

En segundo lugar alega nulidad de la resolución, compatibilidad de la instalación objeto de este procedimiento.

Mantiene la recurrente que el fecha 16 de Marzo de 2015 presentó ante el Ayuntamiento declaración responsable de obra, único trámite exigido a la instalación de telecomunicaciones.

El objeto del presente recurso es la resolución desestimatoria del recurso de reposición frente a la resolución de 5 de Diciembre. Del EA resulta que el recurso se presentó en fecha 6 de Febrero mientras que la propia actora reconoce que tal declaración la presentó el 16 de Marzo.

Como se señala anteriormente, la resolución de 5 de Diciembre de 2014 se dicta para dar cumplimiento a la decisión ya tomada con anterioridad, en el año 2010, resolución dictada conforme a la normativa aplicable en tal momento y en todo caso firme. Por ello, las modificaciones posteriores, que se haya sustituido licencia por declaración, no implican que la resolución firme que se dictó en su día y que años después trata de ejecutar la Administración sea por ello nula, debiendo desestimarse tal alegación.

En tercer lugar alega nulidad de la resolución impugnada en cuanto al pronunciamiento relativo a la demolición, inexistencia de motivación en la resolución por la que se ordena la restauración de la legalidad urbanística. Tal alegación no puede prosperar. La decisión ya estaba adoptada por resolución firme y por tanto no era objeto de tal resolución administrativa valorar el cumplimiento o no de la legalidad urbanística y decidir la procedencia o no de la demolición. En todo caso y a la vista de la resolución recurrida se aprecia que se encuentra debidamente motivada señalando las razones que fundamentan la misma, sin que la exigencia de motivación pueda equipararse a una extensa motivación.

Alega así mismo la recurrente a caducidad de la acción de restablecimiento de la legalidad. Invoca el artículo 199 del Real Decreto Legislativo 1/2005 que dispone como la acción para requerir la realización de las obras o de las actuaciones llevadas a cabo sin licencia, para ajustarlas a la licencia otorgada o para adoptar otras medidas de restauración prescribe al cabo de seis años. Invoca igualmente el Reglamento de la Ley de Urbanismo Decreto 305/2206 que estaba vigente al incoarse el procedimiento, que señalaba en su artículo 268 que el procedimiento de restauración de la realidad física alterada y del orden jurídico vulnerado se puede incoar siempre y cuando no haya transcurrido el plazo de 6 años desde la finalización de las obras o actuaciones. Sostiene que la instalación base estaba instalada en 1997 y no incoándose hasta Diciembre de 2009 el expediente de restauración de la legalidad urbanística y no habiéndose realizado la demolición hasta el día de hoy, habría transcurrido sobradamente el plazo de 6 años.

La demandada se opone manifestando que tal alegación no ha sido planteada en vía administrativa no pudiendo invocarse ene este momento por desviación procesal. Aún habiéndose superado la clásica visión del carácter revisor de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, lo que significaba una estricta prohibición de cualquier modificación de los motivos o argumentos jurídicos que fundamenten la acción de recurso, no cabe duda alguna que no está permitido el efecto definido como desviación procesal. Esta alcanza a prohibir la alteración de las pretensiones formuladas o de los actos impugnados en las respectivas vías administrativa previa y vía jurisdiccional posterior, o entre las distintas fases procesales de esta última (de interposición, demanda y conclusiones), de conformidad con las expresas determinaciones normativas establecidas al respecto por los artículos 56.1 y 65.1 de la LJCA . Principio procesal de interdicción de la desviación procesal que, aun permitiendo a las partes la adición, aclaración, complemento, desarrollo o modificación de los distintos motivos o argumentos jurídicos utilizados en la defensa de sus pretensiones, en modo alguno permite la introducción 'ex novo' en el debate procesal de cuestiones nuevas, entendidas éstas como la formalización de pretensiones distintas o como la alteración de los actos impugnados, con alteración así de lo reclamado en la vía administrativa y lo reclamado en la vía jurisdiccional.

Así, la actora no añade nuevos argumentos en apoyo de una pretensión ya planteada sino que introduce una nueva pretensión, que se aprecie la caducidad de la acción.

Por tanto y de conformidad con lo alegado por la demandada, no puede ser admitirse tal pretensión, inadmitiendo así parcialmente la demanda.

Alega falta de proporcionalidad de la actuación administrativa, por la excepcionalidad de la demolición.

Tal afirmación tampoco puede prosperar. Como señala la resolución recurrida, la legislación aplicable establece que transcurrido dos meses sin legalizar la situación ha de procederse al derribo de las obras. Por tanto la decisión adoptada por la demandada es acorde a derecho, sin que puedan estimarse las alegaciones sobre falta de proporcionalidad.

En todo caso señalar que la decisión de retirada de la estación base de telefonía en caso de no instar licencia, no adaptar las obras, usos o condiciones a la misma u orden de ejecución o denegarse la licencia ya estaba adoptada desde 2010, resolución que reiteramos es firme y por tanto de considerarse desproporcionada debía haberse alegado en su momento frente a aquella resolución que lo dispuso.

Invoca nulidad por no poder acordarse la demolición de la instalación ni medida cautelar de suspensión sin solicitar informe preceptivo regulado en 35.5 de la Ley 9/2014 de 9 de Mayo. Así parte de la necesidad para acordar la demolición o una medida cautelar como la acordad es preciso el informe al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Tal requisito como señala la propia actora no se encontraba en la regulación vigente al iniciarse el expediente y dictarse la resolución de 22 de Marzo de 2010. Por tanto no puede exigirse al encontrarnos únicamente ante un acto tendente -como los anteriores firmes por consentidos- a obtener el cumplimiento de lo acordado en 2010.

Respecto de la invocada nulidad por adopción de medida cautelar con omisión del trámite de audiencia establecido. Invoca el artículo 197 del Decreto Legislativo 1/2005 manteniendo que acordada la suspensión provisional debe darse un trámite de audiencia y tras ello ratificar la suspensión o quedará sin efecto.

No nos encontramos ante sucesivas órdenes de suspensión, sino a reiteraciones de la misma, que ya se acordó en Marzo de 2010. Así, no es preciso que cada nueva resolución que se limita a reiterar la medida de suspensión que no se está cumpliendo realice nuevamente todos los trámites.

Sostiene la demandada que sí se dio trámite de audiencia por 15 días al acordarse la medida, que la recurrente las presentó fuera de plazo, siendo la suspensión definitiva por el silencio de la recurrente y en todo caso confirmada por resolución de 22 de Marzo de 2010. Más allá de la certeza o no de estas manifestaciones, constando que la decisión de suspensión fue acordada por resolución ya firme, no cabe años después realizar consideraciones sobre la misma, las cuáles que debían en su caso haberse hecho en el momento y por los trámites oportunos.

Finalmente se opone la recurrente a la multa impuesta. Cabe señalar que la multa impuesta en Diciembre de 2014 y confirmada en el recurso no es la primera impuesta a la recurrente sino la séptima, firmes las seis anteriores. Las multas coercitivas son impuestas para forzar a ejecución del acto, en este caso para el cumplimiento de lo acordado en 2010, sin que frente a ellas puedan plantearse alegaciones referentes al acto inicial sino únicamente sobre la ausencia de los presupuestos para la imposición de la multa, que como se indica anteriormente es la séptima impuesta a la recurrente.

El artículo 225 del Decreto Legislativo 1/2010, Texto Refundido de la ley de Urbanismo dispone 1. Una vez finalizado el plazo determinado para que la persona interesada lleve a cabo las actuaciones de restauración del subsuelo, del suelo o del vuelo al estado anterior a la comisión de la infracción, si estas actuaciones no se han llevado a cabo, la administración competente tiene que optar, en el plazo máximo de un mes, entre la ejecución subsidiaria o la concesión de un nuevo plazo para que la persona inculpada haga las actuaciones que sean necesarias, y así sucesivamente, y puede imponer multas coercitivas por el incumplimiento de los plazos fijados por una cuantía de 300 a 3.000 euros.

Así y con base a tal precepto se impone a la recurrente la multa por importe de 3.000 euros, por tanto dentro de los límites fijados. Pese a las manifestaciones de Vodafone, resulta de las actuaciones que las multas se imponen por no cumplir la recurrente con lo acordado por acto firme por consentido. Por tanto y constando en las actuaciones que no se ha cumplido lo acordado, que la instalación base continúa sin retirarse, se han ido imponiendo diversas sanciones económicas, salvo la última todas ya firmes por consentidas. La cuantía se considera proporcionada dado que no se ha producido por la recurrente al cumplimiento de lo acordado pese al transcurso de muchos años y que se han ido imponiendo ya otras sanciones, seis multas antes de ésta, sin que con ello se haya logrado la ejecución, por lo que es proporcionado imponer la multa máxima legalmente posible, esto es 3000 euros (art. 225).

De todo lo anterior, resultando que la resolución de 22 de Marzo de 2010 es firme y por ello no debe ser valorada en este procedimiento, y lo mismo cabe decir de los actos administrativos posteriores tendentes al cumplimiento de lo anterior a excepción del de 5 de Diciembre de 2014 y de la resolución desestimatoria del recurso frente al mismo, y entendiendo que éstos dos actos cumplen con las previsiones normativas siendo por tanto conformes a derecho, procede desestimar el recurso confirmando la resolución recurrida.

SEGUNDO.- El artículo 139 de la LJCA , en la redacción dada por el artículo 3.11 de la Ley 37/2011, de 10 octubre 2011 , de medidas de agilización procesal, establece que: '1. En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En los supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, las imponga a una de ellas por haber sostenido su acción o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad'. El apartado 4º permite imponerlas hasta una cifra máxima.

Por ello procede la imposición a la parte recurrente de las costas procesales, si bien hasta un límite de 600 euros.'

SEGON:L'apel lant ha sol licitat d'aquest Tribunal la revocació de la Sentència d'instància i, alhora, l'estimació de la demanda interposada en el seu moment, a la qual cosa s'hi ha oposat la defensa lletrada de l'Ajuntament apel lat.

El debat suscitat ens obligarà a emetre -en un ordre lògic- sengles pronunciaments a propòsit dels extrems que segueixen:

1: Motivació de l'ordre de demolició.

2: Prescripció de l'acció de restabliment de la legalitat urbanística vulnerada.

3: Compatibilitat urbanística de l'estació base de telefonia mòbil (EBTM).

4: Omisió de l'informe preceptiu previst a l' art. 35.5 de la Llei 9/2014, de 9 de maig , general de telecomunicacions (LGT), i

5: Caducitat de l'expedient i invalidesa de les multes coercitives imposades.

TERCER:Quant a la motivació 'succinta' (en el moment dels fets, art. 54.1 de la Llei bàsica 30/1992, de 26 de novembre), haurem de reconèixer que té raó l'Ajuntament en assenyalar que es produí de forma més que suficient, en basar-se expressament, l'ordre d'enderrocament, en la carència de títol habilitant pel que fa a L'EBTM.

S'escau recordar que el deure de motivació resta satisfet quan l'interessat sap per quina raó ha estat dictat l'acte administratiu impugnat; amb independència de si aquesta raó és o no ajustada a dret.

QUART:També té raó l'Ajuntament en negar la prescripció de l'acció prevista per l' art. 207.1 TRLU. Prescripció que no constituïa una pretensió afegida en seu judicial, sinó un fonament de nou encuny, perfectament admissible ( art. 56.1 LJCA ), i adreçat a veure millor satisfetes les pretensions pròpiament dites, que -en els termes de l' art. 31 LJCA - no eren altres, pel que fa a la demandant, que les d'obtenir la invalidació dels actes administratius impugnats, amb totes les conseqüències de rigor.

En qualsevol cas, l'apel lant no aportà cap prova que demostrés que l'EBTM datava de l'any 1997, o que la seva construcció hagués precedit en més de sis anys (termini de prescripció) la incoació de l'expedient. El contracte de lloguer aportat per la recurrent venia referit a una localització no coincident amb la de la susdita estació.

CINQUÈ:Quant a la compatibilitat urbanística de L'EBTM, dir que no es pot afirmar ni negar en aquesta litis.

És cert que l'apel lant finalment presentà una declaració responsable el día 16 de març de 2015 (quan -sia dit de passada- ja havia estat dictada l'ordre de demolició); però aquesta dada no és suficient a l'hora de qualificar la situació de forma concloent,pro futuroi des d'una perspectiva urbanística.

Tot i que la instal lació d'EBTM es troba supeditada a una declaració responsable i no a una llicència, segueix vigent el principi segons el qual no poden consolidar-se drets contraris a l'ordenació urbanística aplicable (art. 5.2 del text refós de la Llei d'urbanisme -TRLU-).

Per afegitó, la pròpia Llei 9/2014, de 9 de maig, general de telecomunicacions (LGT) situa la presentació de la declaració responsable en la última fase d'un procés que ha de venir precedit per l'admissió de l'ús en qüestió. Bé pel planejament d'iniciativa municipal; bé pel planejament especial promogut pels propis interessats a l'empara de la iniciativa particular prevista a l' art. 96 TRLU ( art. 101 TRLU de 2010); això últim, sobretot pel cas de demora administrativa en l'adaptació del planejament urbanístic vigent ( art. 34 y 35 , y transitòria 3ª LGT ).

En el cas que ara ens ocupa, no disposem d'elements de judici que permetin assegurar la intangibilitat de la declaració responsable presentada en seu municipal per l'apel lant. Això s'haurà d'esbrinar a resultes de les reaccions que pugui suscitar en seu municipal de declaració responsable esmentada més amunt; presentada, com ja hem fet notar, amb posterioritat al dictat de l'ordre de demolició.

SISÈ:L' art. 35.5 LGT estableix que'La tramitación por la administración pública competente de una medida cautelar que impida o paralice o de una resolución que deniegue la instalación de la infraestructura de red que cumpla los parámetros y requerimientos técnicos esenciales para garantizar el funcionamiento de las distintas redes y servicios de comunicaciones electrónicas establecidos en el apartado 4 del artículo anterior, excepto en edificaciones del patrimonio histórico-artístico, será objeto de previo informe preceptivo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que dispone del plazo máximo de un mes para su emisión y que será evacuado tras, en su caso, los intentos que procedan de encontrar una solución negociada con los órganos encargados de la tramitación de la citada medida o resolución.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 83.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , transcurrido dicho plazo, el informe se entenderá emitido con carácter favorable y podrá continuarse con la tramitación de la medida o resolución.

A falta de solicitud del preceptivo informe, así como en el supuesto de que el informe no sea favorable, no se podrá aprobar la medida o resolución.'

És evident que en demorar (en demorarcontra legem,com veurem) la resolució definitiva de l'expedient a un moment posterior al de l'entrada en vigor de la LGT, l'Ajuntament apel lat va ometre indegudament l'informe preceptiu que preveu l' art. 35.5 LGT quan s'està en la tessitura d'haver d'obstaculitzar l'entrada en funcionament o el funcionament pròpiament dit d'una xarxa de comunicacions electròniques. La qual cosa te la seva gravetat si tenim present que es tracta d'un informe vinculant si s'emet de forma expressa i en sentit desfavorable a la postura municipal.

SETÈ:Arribats a l'examen de la possible caducitat de l'expedient, no podrem compartir la tesi de la Sentència d'instància sens perjudici de reconèixer, alhora, l'esforç argumental de la mateixa.

En la mesura que la caducitat dels procediments de gravamen incoats d'ofici constitueix una garantia pels administrats, no es poden admetre dissenys procedimentalssui generiscom el que ens ha proposat la defensa lletrada de l'Ajuntament de Badalona. No podrem admetre, doncs, que es vulgui preservar les actuacions impugnades a través d'una lectura de les normes que faria inviable el còmput del termini màxim de resolució i notificació.

Que faria inviable el termini suara esmentat a través del comode expedient de pretendre concentrar en un sol acte -de forma abreujadíssima o sumaríssima- decisions que la normativa vigent hauria volgut situar en estadis conceptuals i temporals diferenciats.

Quant s'executen obres sense títol habilitant i no sónmanifestamentil legalitzables (el nostre cas),l'iterprocedimental que dissenyaven els art. 197 i 198 TRLU de 2005 (art. 205 i 206 TRLU de 2010), vindria a ser el que segueix:

Detecció i qualificació de les obres

Incoació de l'expedient i, en el seu cas, suspensió provisional

Notificació a l'interessat, amb la concessió d'un tràmit d'audiència de 15 dies

Pel cas de ratificar-se la suspensió, en el mateix acte requeriment adreçat a l'interessat perquè en un termini màxim de dos mesos es proveeixi del títol habilitant corresponent, amb l'advertiment que de no fer-ho, es dictarà ordre de demolició

Notificació del requeriment

Termini d'espera (dos mesos, com a màxim)

En cas de ser ignorat el requeriment de legalització (el nostre cas), ordre de demolició

Notificació de l'ordre de demolició

En el supòsit que ara ens ocupa, ens trobem amb un acte d'incoació datat l'1 de desembre de 2009, i amb una ordre de demolició o desmantellament adoptada el dia 5 de desembre de 2014. I abans d'aquesta ordre, vuit Resolucions reiteratives i de ratificació succesiva, que allò que tenen de particular és que s'adreçen a l'ara apel lant i li avancen que haurà d'enderrocar les instal lacions si en dos mesos no promou la legalització les obres o si aquesta li és denegada.

Tant l'Ajuntament com la Sentència d'instància, han volgut veure en totes aquestes Resolucions precedents a la de 5 de desembre de 2014, actes definitius i consentits per l'apel lant. Actes consentits i, alhora, actes portadors d'una conminació taxativa a enderrocar, la qual cosa no és certa, perquè amb la Llei a la ma, VODAFONE ESPAÑA, S.A.U tenia perfecte dret a pensar que estava essent objecte d'advertiments sobre allò que podria passar en darrer terme ni no instava la legalització de les obres, a banda de considerar que les multes coercitives que li havien estat imposades obeïen al fet de no haver promogut la legalització de l'EBTM amb anterioritat.

Així les coses, les Resolucions adoptades amb posterioritat a l'1 de desembre de 2009 i amb anterioritat al 5 de desembre de 2014, no podien gaudir de la consideració d'actes susceptibles de fer inatacable la única ordre de demolició adoptada amb claredat i contundència; a saber: la de l'esmentat 5 de desembre de 2014.

En aquesta tessitura, el temps transcorregut entre la data d'incoació i la data de notificació de l'ordre de demolició (més de cinc anys), hauria ultrapassat amb escreix el termini màxim de sis mesos la superació del qual porta aparellada la caducitat de l'expedient (art. 194 TRLU de 2005 i art. 202 TRLU de 2010). Caducitat que, atesa la legislació bàsica vigent en el moment dels fets (art. 44.2 i 92.3 de la Llei bàsica 30/1992, de 26 de novembre) havia de conduir necessàriament a l'arxiu de les actuacions. A l'arxiu de les actuacions; a l'acumulació del temps consumit al (futur) còmput de la prescripció; i en el supòsit que ara ens ocupa, a la declaració de nul litat de ple dret de les actuacions administratives impugnades. Nul litat (amb efectesex tunc) en haver apreciat la jurisprudència del Tribunal Suprem (SSTS 3ª3ª, 436 i 438, de 19 de març de 2018, cassacions 2412/2015 i 2054/2017 ) que quan la caducitat ja fa temps que s'ha perfeccionat en dictar-se la Resolució que posa fi a l'expedient, aquesta última vindria a equiparar-se a un acte dictat sense procediment idoni i, per tant, esdevindria un acte incurs en el vici de nul litat radical previst a l'art. 62.1.e) de la Llei bàsica 30/1992, de 26 de novembre [art. 47.1. e) de la Llei bàsica 39/2015, d'1 d'octubre].

Caducitat i nul litat que per òbvies raons, aquí i ara també hauran de projectar els seus efectes sobre les multes coercitives imposades i molt especialment sobre les que l'apel lant ja hauria satisfet.

VUITÈ:Atès allò que disposa l' art. 139.2 LJCA , no s'efectuarà cap pronunciament especial en matèria de costes.

Fallo

Per tot allò que ha estat exposat, aquesta Secció 3ª de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de CatalunyaHA DECIDIT:

ESTIMARel present recurs d'apel lació núm. 212/2017, promogut per VODAFONE ESPAÑA, S.A.U, amb l'oposició de L'IL LM. AJUNTAMENT DE BADALONA i, conseqüentment, REVOCAR i deixar sense cap efecte la Sentència núm. 5o, de 2 de març de 2017, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona en el sí del recurs ordinari núm. 224/2015 . I en substitució de la dita Sentència, ESTIMAR l'expressat recurs ordinari i DECLARAR CADUCADES I NUL LES DE PLE DRET les actuacions administratives impugnades, amb la conseqüència afegida d'haver de condemnar L'IL LM. AJUNTAMENT DE BADALONA a retornar a VODAFONE ESPAÑA, S.A.U, amb interessos legals, les multes coercitives que la dita empresa hauria satisfet.

Sense imposició de costes.

Notifiqui's, i faci's saber a les parts que aquesta Sentència no és ferma.

Contra la mateixa només podrà interposar-se recurs de cassació davant el Tribunal Suprem, el qual haurà de fonamentar-se el el dret estal o l'europeu.

Aquest recurs haurà de preparar-se davant d'aquesta la nostra Sala i Secció en un termini màxim de trenta dies hàbils, comptadors des de l'endemà d'haver estat rebuda la notificació corresponent, de conformitat amb l' art. 89 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol , reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (LJCA), modificada per la Llei Orgànica 7/2015, de 21 de juliol.

La preparació del recurs de cassació haurà d'ajustar-se a les previsions de l'expressat art. 89 (punt 2). En qualsevol cas, els seus promotors hauran de tenir present l'Acord de 19 de maig de 2016, del Consell General del Poder Judicial, pel qual es fa públic l'Acord de 20 d'abril de 2016, de la Sala de Govern del Tribunal Suprem, de fixació de regles sobre l'extensió màxima i altres condicions extrínseques dels escrits processals referits al Recurs de Cassació (BOE núm. 162, de 6 de juliol de 2016).

Aquesta és la nostra Sentència, que pronunciem, manem i signem. Un cop ferma, adjunteu-ne una certificació literal al rotlle d'apel lació i lliureu-ne testimoni al Jutjat d'origen junt amb les actuacions rebudes als efectes de les diligències processals que siguin pertinents.

PUBLICACIÓ.-El dia d'avui i en audiència pública, el Magistrat ponent ha llegit i ha publicat la Sentència anterior. En dono fe.