Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 1197/2018, Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Rec 737/2015 de 21 de Noviembre de 2018

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Sección Tercera.
Procedimiento Ordinario 737/2015
ILMO. SR. PRESIDENTE:
D. Luis Manglano Sada.
ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:
D. Rafael Pérez Nieto
D. Miguel Angel Narváez Bermejo
D. José Ignacio Chirivella Garrido
SENTENCIA Nº 1197
Valencia, 21 de Noviembre de dos mil dieciocho.
Vistos por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, los autos del presente recurso contencioso administrativo número
737/2015, interpuesto por D. Leovigildo , representado por la Procuradora Sra. Camps Sáez y dirigida por el
Letrado Sr. García Guirao, contra el Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana,
representado y dirigido por el Abogado del Estado.
Siendo Ponente el Ilm. Sr. D José Ignacio Chirivella Garrido quien expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

PRIMERO .- En fecha 14-10-18 , por la actora se interpuso en tiempo y forma recurso contencioso- administrativo contra la desestimación presunta de la reclamación económico administrativa formulada por el actor contra la resolución desestimatoria de la solicitud de rectificación de autoliquidación del IRPF, ejercicio 2009 , en la que se regulariza la situación del obligado tributario al entender que las cantidades percibidas en concepto de prestación por Plan de Pensiones de la empresa Telefónica.

Por escrito de fecha 4-12-05 se amplió el recurso a la resolución expresa del TEAR de fecha 22-10-2015 estimando parcialmente la reclamación interpuesta.

Una vez admitido a trámite el recurso y reclamado el expediente administrativo, se dio traslado a la parte recurrente para que formalizara la demanda, lo que hizo en fecha 27-1-2016, donde tras exponer los hechos y fundamentos que estimó pertinentes terminó suplicando que respecto la desestimación presunta del TEAR: 'la declare nula y los actos administrativos de que trae causa, reconociendo: -Que se ha producido una doble imposición en las primas aportadas con anterioridad a 1992, al haber sido consideradas como rendimiento del trabajo en aquel momento y, en el momento del cobro de la prestación total del Plan de Pensiones.

-Que la calificación fiscal de la renta, en caso de haberla, sería la de rendimiento del capital mobiliario y nunca la de rendimiento del trabajo.

Con condena en costas a la Administración Pública, cuya cuantía se determinará en período de ejecución de Sentencia.'

SEGUNDO .-Se dio traslado al Abogado del Estado para que contestara en el plazo de veinte días, alegando los hechos y fundamentos jurídicos que estimó pertinentes y suplicando que se dicte sentencia por la que se declare la conformidad a derecho de la resolución impugnada de adverso, absolviendo a la Administración del presente recurso, con expresa imposición de costas a la actora.



TERCERO. - No habiéndose solicitado la práctica de prueba pero sí la presentación de conclusiones, se presentaron por las partes sus escritos y se declaró concluso el pleito quedando pendiente de señalamiento para votación y fallo en cuanto al orden de antigüedad que corresponda.



CUARTO .- Una vez declarados conclusos los autos, se señaló para votación y fallo el día 21-11-2018.

Fundamentos

PRIMERO .- Constituye el objeto del presente recurso la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana de fecha 22-10-2015, por la que se estima parcialmente la reclamación económico-administrativa NUM000 , formulada por la actora contra la resolución desestimatoria de la solicitud de rectificación de autoliquidación del IRPF, ejercicio 2009 , en la que se regulariza la situación del obligado tributario al entender que las cantidades percibidas en concepto de prestación por Plan de Pensiones de la empresa Telefónica, no podían ser consideradas exceptuadas de la tributación que le corresponde según el artículo 17.2 a) 3ª de la Ley 35/2006 , y por ende la resolución del TEAR aquí recurrida estima parcialmente la reclamación al entender que si bien al actor le fue imputada la cantidad de 35598,76 euros, cuantía total reconocida por derechos pasados a fecha 1 de julio de 1992, es por dos conceptos; plan de transferencia de fondos constituidos, 18.565,38 euros y plan de amortización del déficit, 17.033,38euros, resultando que solo el primero de dichos conceptos obedece a primas satisfechas, y que solo la transferencia de las primas satisfechas, goza de exención, es decir, de la calificación que el interesado pretende, el resto se trataba, habida cuenta de la situación en la que se encontraba el fondo interno, de una previsión de aportaciones y compensación de rendimientos en función de un calendario previsto que, siendo posteriores a 1 de julio de 1992, deben considerarse aportaciones al plan de pensiones por parte de Telefónica, debiendo tener el tratamiento del artículo 16.2 a) 3º del RD 3/2004 TRLIRPF , artículo 17.2.a) 3º de la Ley 35/2006 , la prestación derivada de las mismas, por lo que procede estimar en parte las alegaciones del actor y minorar los rendimientos del trabajo en un importe de 18.565,38 euros.

La resolución impugnada estima parcialmente la reclamación, partiendo de que en la documentación obrante consta que la cuantía total definitiva reconocida por derechos pasados a fecha 1 de julio de 1992, por los dos conceptos antes referidos, y señala que los acuerdos que determinaron la integración al Plan de Pensiones de los Empleados de Telefónica datan de 1992, fecha en la que había entrado en vigor la Ley 8/1987 de Planes y Fondos de Pensiones, por lo que atendiendo a que la cuestión planteada es determinar la legalidad del acuerdo impugnado y, en particular, si la prestación derivada del plan de pensiones de FONDITEL debe ser calificada y calculada como rendimiento de capital mobiliario en la parte correspondiente a los derechos que telefónica aportó el 1 de julio de 1992 al citado plan de pensiones procedente del seguro de vida anteriormente vigente y del que el interesado era hasta dicha fecha beneficiario, señala que el TSJ de la Comunidad Valenciana, ha resuelto en sentido estimatorio en supuesto similares, como en la sentencia 935/2012 y 1100/2012 , refiriendo que se trata de un tema de prueba, siendo que en el presente supuesto existe la notificación de la cuantía total ya indicada, y atendiendo a las sentencias del Tribunal Supremo de 25 de marzo de 2003 y 9 de mayo de 2008 , señala que ha encontrado aval jurisprudencial la tesis que consideró que el fondo interno extinguido en 1992 se nutrió, con carácter general, por aportaciones de los trabajadores descontadas de sus nóminas, pero una cosa es que las primas del seguro de vida fueran imputables al interesado, tributando por ellas en su momento en cuanto no reducían su base imponible, y otra es la cuantía que de dichas primas se aportó por Telefónica en fecha 1 de julio de 1992, siendo que ya se ha señalado como al interesado le fue imputada, pero por dos conceptos, plan de transferencia de fondos constituidos, y plan de amortización del déficit, resultando que sólo el primero de dichos conceptos obedece a primas satisfechas, por lo que de ambos conceptos, solo la transferencia de primas satisfechas goza de exención, es decir, de la calificación que el interesado pretende, el resto se trataba, habida cuenta de la situación en que se encontraba el fondo interno, de una previsión de aportaciones y compensación de rendimientos en función de un calendario previsto que, siendo posteriores a 1 de julio de 1992, deben considerarse aportaciones al plan de pensiones por parte de Telefónica, debiendo tener el tratamiento recogido en el artículo 16.2 a) 3ª del Real Decreto 3/2004 TRLIRPF , artículo 17.2 a) 3º de la Ley 35/2006 , la prestación derivada de las mismas, estimando en parte las alegaciones del actor y minorando los rendimiento del trabajo en un importe global de 18.565,38 euros.



SEGUNDO .- La parte actora articula la pretensión estimatoria de la demanda, alegando, en síntesis; -Improcedencia de inclusión en la base general del IRPF como rendimiento del trabajo las percepciones correspondientes a primas por las que ya se había tributado.

Refiere que conforme lo expuesto en los artículos 17 y 25.3 de la Ley 35/2006 , por haberse acogido el actor al Plan de Pensiones habría salido fiscalmente muy perjudicado puesto que, unas mismas rentas habrían sido objeto de gravamen en dos ocasiones, pues por un lado, las primas aportadas con anterioridad a 1992, fueron gravadas como rendimientos de trabajo en el momento en que fueron imputadas y por otro el cobro de la prestación del plan de pensiones fue considerado íntegramente como un rendimiento de trabajo.

Añade que la tributación correcta conforme ha señalado la Audiencia Nacional en sentencia de 1 de febrero de 2007 , recogiendo la del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 2006 , es que la parte correspondiente a las primas aportadas por el trabajador con anterioridad a la constitución del Plan tributara como incremento de patrimonio o rendimiento del capital mobiliario según la normativa del IRPF aplicable en el momento del devengo, mientras que la parte correspondiente al Plan de Pensiones sí tributaran como rendimiento del trabajo personal.

Señala que se debería haber tributado, la parte correspondiente al seguro colectivo como rendimiento de capital mobiliario y la parte correspondiente a aportaciones al plan de pensiones como rendimiento de trabajo personal.

Alega, respecto la naturaleza fiscal de los derechos reconocidos por servicios pasados por importe de 35.598,76 euros, que los trabajadores de Telefónica que se adhirieron al plan de Pensiones estuvieron anteriormente suscritos al seguro colectivo, por lo que, las nóminas que se percibían se minoraban en la parte de la cuota del seguro que tenía que satisfacer el trabajador, de forma que todas las aportaciones que realizaba el trabajador tributaban como rendimientos de trabajo en el IRPF de cada ejercicio, por lo que es lógico que una vez percibido el rescate del Plan de Pensiones, con ocasión de la jubilación, los derechos reconocidos por servicios pasados, a fecha 30 de junio de 1992, han tributado y no vuelvan a incluirse como rendimientos de trabajo personal ya que si no se estaría produciendo una doble imposición.

Entiende que habría resultado correcto distinguir la parte correspondiente al seguro colectivo, que debería tributar como rendimiento de capital mobiliario, de la parte de las aportaciones al Plan de Pensiones que tributaria como rendimiento de trabajo, y respecto de los primeros por aplicación de la DT Sexta de la ley 40/98 debería aplicarse coeficientes correctores por remisión a la DA ª de la ley 18/1991.

-Innecesariedad de fijar la porción de renta obtenida con origen en las aportaciones posteriores a la integración en el Plan de Pensiones.

Sostiene que la Administración parte de que la actora no ha diferenciado la porción de renta obtenida, la cual tiene su origen en las aportaciones posteriores al Plan de Pensiones, de la renta obtenida que tiene su origen en la aportación inicial, siendo que el actor ha probado tanto en la vía administrativa como en la judicial la tributación por duplicado de una parte del capital percibido con ocasión de la jubilación, y concluye que siendo que la actora ha aportado la autoliquidación por IRPF, considerando que ha probado que se ha tributado dos veces por un mismo capital, y las cantidades que se pagaban en concepto de prima a la entidad tomadora tanto por el trabajador como por la sociedad, debe estimarse el recurso.



TERCERO .- El Abogado del Estado argumenta su pretensión desestimatoria de la demanda alegando en síntesis; -La cuestión ha sido objeto de análisis en diversas sentencias, como la del Tribunal Supremo de 8 de octubre de 2007 , en las que se viene a señalar que las prestaciones recibidas de un seguro de supervivencia constituyen un incremento de patrimonio en el IRPF, no obstante, y aun cuando las referidas sentencias efectúan tales pronunciamientos, no pueden sin más ser trasladables al presente supuesto en el que se trata de importes percibidos en el ejercicio 2012, en el que ya no se encontraba vigente la normativa aplicada en las sentencias, sino la Ley 35/2006 -Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 25.3 a) de la citada Ley 35/2006 , y al artículo 17.2.a) de la misma, se entiende que la tributación de los importes percibidos por la reclamante tienen pleno encaje en la previsión del artículo 17.2.a), siendo que dicho precepto tiene presente una cuestión primordial en las referidas sentencias, que llevaba a la tributación de tales importes como incremento patrimonial, que es que el trabajador aportaba las primas de los referidos seguros, es decir, que dichos importes ya se habían sometido a tributación, y la normativa estudiada en tales sentencias no preveía dicha situación, por lo que la consideración como incremento de patrimonio permitía eludir una doble imposición de los importes aportados por el trabajador, pero la regulación ahora citada contempla este aspecto, estableciendo que la cuantía a considerar como rendimiento, debe descontar las contribuciones que ya han tributado, y que son las imputadas fiscalmente, y las aportadas por el trabajador, en consecuencia y a la luz de esta normativa debemos considerar que las cantidades percibidas por la parte reclamante en virtud del contrato de seguro colectivo deben ser consideradas rendimientos del trabajo, debiendo desestimarse la demanda.



CUARTO .- Sobre la cuestión referente a la naturaleza de las aportaciones al Plan de Pensiones de los Empleados de Telefónica realizadas antes de 1 de julio de 1992 ya se ha pronunciado esta Sala y Sección en múltiples sentencias, como en la reciente sentencia de fecha 20 de septiembre de 2017, recurso 2494/2013 , y Sentencia de fecha 13-4-2018 dictada en el PO 835/14 , siendo el mismo letrado que actúa en el presente procedimiento, donde entendiendo que era una cuestión de prueba decíamos: ['

CUARTO.- La concreta controversia jurídica objeto de esta litis ha sido ya resuelta por esta misma Sala y Sección en anteriores sentencias, dictadas en relación con recursos promovidos por otros empleados de Telefónica en supuestos sustancialmente coincidentes y que, por tanto, guardan con éste identidad de razón.

Siendo ello así, por un elemental principio de seguridad jurídica y unidad de doctrina hemos de aplicar a este recurso la misma solución conferida en dichas anteriores sentencias, lo que conduce a la estimación del recurso.

Así, y por citar algunas de las más recientes, deben destacarse las sentencias nº 142/2014 (R.

1051/2011), 287, de 12-3-2013 ( R. 2489/2010), la nº 1273, de 30-9-2013 ( R. 2066/2010) y la nº 1321, de 3-10-2013 ( R. 2064/2010 ), que se expresa en los siguientes términos: 'Opone como motivos de impugnación que en las nóminas del recurrente se le descontaba un importe en concepto de prima del seguro colectivo sujeto a retención fiscal. Alega seguidamente la vinculación existente entre las primas satisfechas al seguro colectivo y el capital percibido tras el rescate del plan de pensiones.

Obra documentación en el expediente que acredita que tras la adhesión del actor al plan de pensiones en el año 1992 le fueron reconocidos unos 'derechos por servicios pasados' que conllevaron el reconocimiento de un importe inicial en el plan de pensiones de 38.602,34 euros. El reconocimiento de tal cantidad tiene su origen en las aportaciones realizadas al seguro colectivo desde 1969. El capital rescatado cuya tributación se discute tiene un origen mixto. Por lo que debe dotarse de un tratamiento fiscal diferenciado al capital percibido en función de su origen, en aras a evitar que se sometan nuevamente a gravamen las cantidades que ya estuvieron sujetas a tributación. Por ello, las cantidades percibidas tras el rescate del plan de pensiones únicamente deben quedar sujetas a tributación como rendimientos del trabajo en la cuantía que exceda de la dotación inicial es decir, la correspondiente a las cantidades aportadas directamente al plan de pensiones desde el año 1992 en adelante.

Oponiéndose a lo pretendido el Abogado del Estado remitiéndose, en esencia, a la motivación contenida en la resolución del TEAR recurrida. Según el TEAR, la calificación de determinados rendimientos satisfechos por el plan de pensiones de la Compañía Telefónica a favor del reclamante viene determinada por la identificación de la porción de esta obtenida que tiene su origen en las aportaciones posteriores a la integración en el plan de pensiones y la que, en cambio, lo tiene en el traspaso de los derechos consolidados del seguro colectivo, siendo que la documentación aportada por quien instó la rectificación no ofrece, en el parecer del TEAR, no permite distinguir la parte del importe recibido que deriva de las estrictas aportaciones al plan de aquella que deriva de la dotación inicial.



TERCERO.-Son hechos relevantes para resolver el presente pleito los que siguen.

La Compañía Telefónica tenía suscritas con la Compañía de Seguros Metrópolis dos pólizas colectivas en beneficio de sus trabajadores; una de ellas de muerte e invalidez y otra de supervivencia a la edad de 65 años. Para su cobertura descontaba el importe de las cuotas necesarias; a los trabajadores de su salario y a los jubilados de su pensión.

El 31-12-1982, Telefónica rescató dichas pólizas (fijándose el importe de los capitales asegurados hasta dicho rescate) a fin de garantizar las reservas técnicas necesarias para su abono en el momento de la producción del riesgo asegurado. A partir de julio de 1992, Telefónica traspasó el importe del denominado fondo interno al fondo de pensiones que en última instancia retribuyó al cónyuge de quien hoy recurre.

La actora figuraba como asegurado y beneficiario del contrato colectivo de riesgo y supervivencia suscrito por la entidad. Las primas del contrato eran satisfechas por Telefónica, la cual detraía una parte directamente del líquido a percibir en nómina (parte satisfecha por el trabajador) siendo el resto desembolsado por la propia entidad, si bien esta última porción era imputada como rendimiento del trabajo del asegurado. El 1-7-1992, la actora se incorporó al plan de pensiones constituido por Telefónica, computándose como importe inicial los derechos por servicios pasados, a la vez que renunciaba a la prestación de supervivencia del seguro colectivo. En los ejercicios 2006 con ocasión de su jubilación percibió el capital del plan de pensiones al cual le fue practicada la correspondiente retención, percibió 44.277,44 euros En la autoliquidación del IRPF de 2006 calificó dicha cantidad como rendimientos de trabajo personal aplicando una reducción del 40%.

El criterio que informa el Acuerdo del TEAR aquí impugnado es coherente con la STS de 9-5-2008 , dictada al resolver un recurso de unificación de doctrina, en el pasaje de la misma que dice que 'la retención practicada en la nómina demuestra, sin lugar a dudas, que las cantidades entregadas como consecuencia del seguro colectivo deben considerarse como primas correspondientes a dicho contrato, deducibles de la cuota íntegra del impuesto, como una consecuencia derivada de un contrato de seguro de vida, al haber alcanzado el reclamante la edad pactada, y recibir el capital asegurado, y no, como se ha considerado por la Administración, como una renta irregular de trabajo personal'.

Igualmente interesa destacar un dato que el Tribunal Supremo recogió en dicha STS de 9-5-2008 , consistente en que 'la prestación abonada lo fue con cargo al fondo interno de Telefónica, constituido en el año 1983 con recursos propios, a partir de cuya fecha las cantidades que se descontaban en la nómina del trabajador por el concepto de seguro colectivo se referían exclusivamente a los riesgos de muerte e invalidez cubiertos por una entidad aseguradora (la antes citada), pero no al de supervivencia, que pasó a ser abonado por Telefónica con cargo al mencionado Fondo Interno, es decir, sin aportación del trabajador'.



CUARTO.- Así expuesta la controversia entre las partes, resulta que la cuestión planteada ha sido ya resuelta por esta Sala y Sección en anteriores Sentencias en el mismo sentido, cuyo criterio debemos tomar en cuenta para fallar el presente litigio, tanto por aplicación del principio de unidad de doctrina como por considerarlo ajustado al ordenamiento jurídico. Así, cabe citar la Sentencia de esta Sala y Sección nº 287/2013, de 12 de marzo de 2013 (Recurso contencioso- administrativo nº 2489/2010 ) que tiene el siguiente tenor literal: '

TERCERO.- No hay discusión entre las partes acerca de cuál habría de ser el tratamiento fiscal de algunas de las cantidades percibidas en su momento por el fallecido don P.A.M.M. procedentes de su fondo de pensiones. Las generadas a consecuencia de las aportaciones que tuvieron lugar desde julio de 1992 han de considerarse como rendimientos de trabajo; las aportadas por el beneficiario antes de julio de 1992 - previo descuento en su nómina dispuesto por Telefónica- deben calificarse como incremento de patrimonio o rendimiento del capital mobiliario (según la normativa del IRPF aplicable en función del momento del devengo).

No siendo desdeñable la complicación jurídica del litigio planteado -en especial si se tiene en cuenta que a partir de 1983 la Compañía Telefónica contribuyó al riesgo de supervivencia-, la discrepancia entre las partes orbita más bien en torno a una cuestión de hecho; más concretamente, sobre el alcance de la carga de prueba.

Administración Tributaria y TEAR interpretan el art. 108.4 LGT (según el cual '(l)os datos y elementos de hecho consignados en las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones y demás documentos presentados por los obligados tributarios se presumen ciertos para ellos y solo podrán rectificarse mediante prueba en contrario') en el sentido de que, como la persona interesada no ha probado 'de forma suficientemente precisa' la porción de la cantidad obtenida mediante el plan de pensiones que tiene su origen en las aportaciones posteriores a la integración en el plan de pensiones y la porción que, en cambio, lo tiene en el traspaso de los derechos consolidados del seguro colectivo, dicha persona -en definitiva- ha de asumir el tratamiento fiscal consistente en que todas esas cantidades han de presumirse que proceden de aportaciones posteriores a la integración y en consecuencia que deben calificarse como rendimientos de trabajo.

Esta interpretación no es de recibo. El art. 108.4 LGT impone, a quien se equivoca en los hechos consignados en su declaración tributaria, si quiere obtener el reconocimiento administrativo de su equivocación, la carga de probar el error de hecho. En el caso enjuiciado, está suficientemente probado que la cantidad percibida por el beneficiario del plan de pensiones tenía un doble origen.

Tanto es así que la Administración Tributaria asume ese doble origen con naturalidad, por lo que ha quedado satisfecha la carga del citado art. 108.4. De ahí que a la Administración Tributaria no le quepa mantener la errónea calificación jurídico- fiscal que el declarante propuso acerca de una parte de los ingresos procedentes del fondo de pensiones. Siendo indiscutible el error padecido por el declarante sobre el origen de su percepción, es tarea de la Administración Tributaria delimitar y cuantificar dicho error ejercitando al efecto sus potestades de comprobación, y no acomodarse en la pasividad, acaso porque el tratamiento fiscal propuesto en la autoliquidación errónea no era favorable al obligado tributario.

En definitiva, constatado y asumido el error de hecho de la autoliquidación del IRPF de 2006, a la Administración le incumbe delimitar definitivamente deuda tributaria y devolver la cantidad indebidamente ingresada.

Con esto se estima el presente recurso contencioso-administrativo'.

En términos análogos se pronuncia la Sentencia de esta Sala y Sección nº 968/2012, de 18 de julio de 2012 (Recurso contencioso-administrativo nº 1702/2009 ) y la sentencia nº 639/2013, dictada en el recurso nº 986/10 ' (FF.D. Segundo, Tercero y Cuarto).

Por todo lo expuesto, tratándose de casos idénticos al presente, manteniéndose por la Sala los mismos criterios en aras del principio de unidad de doctrina, procede la íntegra estimación del presente recurso contencioso-administrativo.'] Pues bien, conforme la sentencia transcrita, la Sala ha señalado cual ha de ser el tratamiento fiscal de las cantidades percibidas, procedentes del fondo de pensiones, pues las generadas a consecuencia de las aportaciones que tuvieron lugar desde julio de 1992 han de considerarse como rendimientos de trabajo, y las aportadas por el beneficiario antes de julio de 1992, siempre que sea previo descuento en su nómina dispuesto por Telefónica, deben calificarse como incremento de patrimonio o rendimiento del capital mobiliario (según la normativa del IRPF aplicable en función del momento del devengo), siendo la cuestión que se planteaba tradicionalmente la referente a la falta de prueba sobre la cuantía de tales conceptos.

Sin embargo en el presente recurso, la Administración ya ha especificado cuál es la cuantía de tales conceptos, distinguiendo entre las aportadas con posterioridad a julio de 1992, que tributan como rendimiento de trabajo, y las aportadas antes de julio de 1992, es decir, los derechos reconocidos a 1 de julio de 1992, respecto las cuales, dando un paso más, distingue dos partes, la primera referente al plan de transferencia de fondos constituidos, por importe de 18.565,38 euros, y la segunda referente al plan de amortización del déficit, por importe de 17.033,38 euros, conforme el Plan de Reequilibrio del Plan de Pensiones de Telefónica, resultando, tal y como refiere el TEAR, que una cosa son las primas del seguro de vida que fueron imputadas al interesado, tributando por ellas en su momento, y otras es la cuantía que se aportó por Telefónica en fecha 1 de julio de 1992, resultando que solo la transferencia de las primas satisfechas, en concepto de plan de transferencia de fondos, está exenta de tributar como rendimiento de trabajo, pues la cuantía referente al plan de amortización, se trata de aportaciones al plan de pensiones efectuadas por telefónica en función de un calendario previsto posterior a 1 de julio de 1992, respecto las que el actor no tributó en su momento.

Por lo expuesto, el presente recurso contencioso-administrativo debe ser desestimado.



QUINTO .- Conforme lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA 29/1998, conforme redacción dada por la Ley 37/2011, habiéndose desestimado la demanda hay que imponer las costas a la parte actora, si bien, en uso de la facultad que confiere el citado artículo se fijan en un máximo de 1.500 euros por todos los conceptos respecto el Abogado del Estado.

VISTOS los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

DESESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Leovigildo , representado por la Procuradora Sra. Camps Sáez contra la resolución expresa del TEAR de fecha 22-10-2015 estimando parcialmente la reclamación interpuesta contra la resolución desestimatoria de la solicitud de rectificación de autoliquidación del IRPF, ejercicio 2009 , en la que se regulariza la situación del obligado tributario al entender que las cantidades percibidas en concepto de prestación por Plan de Pensiones de la empresa Telefónica.

Con expresa imposición de las costas procesales a la parte actora con la limitación máxima de 1.500 euros por todos los conceptos del Abogado del Estado.

Esta sentencia no es firme y contra la misma cabe, conforme a lo establecido en los artículos 86 y siguientes de la LJCA , RECURSO DE CASACIÓN ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo o, en su caso, ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del TSJCV. Dicho recurso deberá prepararse ante esta Sección en el plazo de TREINTA días, a contar desde el siguiente al de su notificación, debiendo tenerse en cuenta, respecto del escrito de preparación planteado ante la Sala 3ª del TS, los criterios orientadores previstos en el Apartado III del acuerdo de 20-4-2016 de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y otras consideraciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al recurso de casación ante la Sala III del TS (BOE nº 162, de 6 de julio de 2016).

Con certificación literal de la presente devuélvase el expediente administrativo al centro de su procedencia.

Así por esta nuestra sentencia, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada Ponente designado para la resolución del presente recurso, estando celebrando audiencia pública esta Sala, de lo que certifico como Secretaria de la misma. Valencia, en la fecha arriba indicada.