Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 1234/2020, Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Rec 387/2019 de 01 de Abril de 2020

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN 3
SENTENCIA N.º 1234/2020
Iltmos. Srs.:
Presidente:
D. LUIS MANGLANO SADA
Magistrados:
D. RAFAEL PÉREZ NIETO
D. MIGUEL ÁNGEL NARVÁEZ BERMEJO
D. JOSÉ IGNACIO CHIRIVELLA GARRIDO
En la Ciudad de Valencia, a 1 de Abril de 2020.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, el recurso contencioso-administrativo nº. 387/2019 interpuesto por Dª Micaela representada
por la Procuradora Sra. Borrás Boldova contra el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Valencia,
habiendo sido parte en autos la Administración demandada, representada por el Abogado del Estado. Ha sido
ponente el Magistrado Don José Ignacio Chirivella Garrido.

Antecedentes

PRIMERO.- Interpuesto el recurso por Providencia de fecha 8-3-2019 se dio traslado a las partes a efectos de suspender este procedimiento y tramitar con carácter preferente el PO 382/19.



SEGUNDO.- Adquirida firmeza la sentencia dictada en el referida procedimiento se dio traslado a las partes para que alegara sobre la extensión de efectos, continuación del mismo o desistimiento, solicitando el recurrente la extensión de efectos.



TERCERO.- Se señaló para votación y fallo el día 1-4-2020.



CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- Es objeto de este recurso la resolución del TEAR de fecha 25-7-2018 desestimatoria del recurso de anulación contra la resolución de la AEAT notificada en fecha 11-4-2018 donde se anuló el acuerdo de resolución de rectificación de autoliquidación de IVA 2T2013 y estimar la solicitud de rectificación de la referida autoliquidación, instando la recurso en el recurso de anulación que se decrete la devolución de dicha suma.

En la sentencia 1573/2019 dictada por esta Sala en fecha 31-10-2019 se resolvía la misma controversia jurídica, entre las mismas partes, pero respecto a un trimestre de IVA diferente, aquí se solicita la devolución de IVA del segundo trimestre del 2011; en aquella sentencia se decía: 'la demanda debe ser estimada y ello por cuanto esta Sala y Sección ya ha dictado Sentencia 370/2019, de fecha 20 de febrero de 2019, en el recurso 1926/2018 en el que dijimos lo siguiente: La tramitación del presente recurso se vio suspendida ante la tramitación, con carácter preferente ,del recurso 1231/17 en el que se dilucidaba idéntica cuestión a la aquí controvertida, entre las mismas partes pero en relación con un periodo de liquidación distinto al aquí controvertidos, procediendo, por ello , a dar por reproducido lo ya resuelto por esta misma Sala y sección en dicha Sentencia:

SEGUNDO .-Según se desprende del expediente administrativo y de las alegaciones de las partes, la recurrente mantenía con la Consellería de Educación, Cultura y Deportes de la Generalitat Valenciana una relación contractual desde el 1-2-2001, firmando sucesivos contratos administrativos de consultoría, asistencia y servicios, con diversas prórrogas, percibiendo un salario de 1.800,84 euros mensuales, si bien la forma de pago se hacía mediante facturas emitidas por la Sra. Paula , que incorporaban el IVA a repercutir las retenciones del IRPF correspondiente.

Por sentencia firme nº 402, de 2-10-2015, del Juzgado de lo Social nº 14 de Valencia , se declaró que la relación entre la actora y la Administración autonómica era y había sido en todo momento de carácter laboral, de manera que las cantidades percibidas de la Consellería de Educación, Cultura y Deportes previa facturación eran salario, que se fijó en 1.800,84 euros mensuales, incluidas las partes proporcionales de las pagas extraordinarias, desde el 1-2-2001 al 30-6-014.

En fecha 28-1-2016 la recurrente presentó solicitud ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para que se le rectificaran sus autoliquidaciones del IVA de 2011 al 2014, con devolución de los 903,42 euros ingresados en concepto de IVA repercutido, por corresponder a retribuciones salariales.

Tal petición fue desestimada, así como la subsiguiente reclamación económico-administrativa NUM000 , por considerar el TEARCV que la falta de alegaciones privaba de contenido a la reclamación, pues se trataba de un procedimiento abreviado.

La demanda solicita la anulación de los actos impugnados, alegando que su reclamación acumulada ascendía a una cantidad superior a los 6.000 euros, por lo que se tramitó como procedimiento ordinario, sin alegaciones iniciales. En cuanto al fondo, se argumenta que procede la devolución del IVA repercutido a la Consellería, pues formaba parte de su salario y, sin embargo, fue ingresado en la Hacienda Pública, estando por ello legitimada la actora para su pretensión de devolución de 903,42 euros.

La Abogacía del Estado se ha opuesto a todos los motivos del recurso, indicando que la actora debió de presentar alegaciones ante el TEARCV desde el inicio por tratarse de un procedimiento abreviado, siendo improcedente la pretensión devolutoria del IVA por ser la Consellería quien pagó ese tributo, ajeno a cualquier retribución salarial.



TERCERO. -En relación al procedimiento seguido ante el TEARCV y la falta de alegaciones de la actora en vía económico-administrativa, aún en el caso de que la actora cometiera un error al no formular alegaciones junto con el escrito de reclamación económico-administrativa, tal como previene para el procedimiento abreviado los artículos 245 a 248 de la Ley General Tributaria y el 64 del RD 520/2005, de 13 de mayo , lo cierto es que el Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana venía obligado a permitir la subsanación de dicho error procedimental, tal como esta misma Sala y Sección vienen reiterando en sus pronunciamientos.

Así, entre otras, cabe mencionar la sentencia 376, de 11 de abril de 2008, recaída en el recurso Contencioso- Administrativo nº 643/06 , que señala: '

TERCERO.- Mejor suerte debe correr el segundo de los motivos de impugnación esgrimido en la demanda, relativo al defecto en la tramitación de la reclamación ante el Tribunal Económico Administrativo Regional.

Efectivamente, el artículo 2 del R.D. 520/2005 (por el que se aprueba el Reglamento General de desarrollo de la Ley General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa) es del siguiente tenor: "Contenido de la solicitud o del escrito de iniciación.

1. Cuando los procedimientos regulados en este reglamento se inicien a instancia del interesado, la solicitud o el escrito de iniciación deberán contener los siguientes extremos: a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal y domicilio del interesado. En el caso de que se actúe por medio de representante, se deberá incluir su identificación completa.

b) Órgano ante el que se formula el recurso o reclamación o se solicita el inicio del procedimiento.

c) Acto administrativo o actuación que se impugna o que es objeto del expediente, fecha en que se dictó, número del expediente o clave alfanumérica que identifique el acto administrativo objeto de impugnación y demás datos relativos a este que se consideren convenientes, así como la pretensión del interesado.

d) Domicilio que el interesado señala a los efectos de notificaciones.

e) Lugar, fecha y firma del escrito o la solicitud.

f ) Cualquier otro establecido en la normativa aplicable.

2. Si la solicitud o el escrito de iniciación no reúne los requisitos que señala el apartado anterior, y sin perjuicio de las normas especiales de subsanación contenidas en este reglamento, se requerirá al interesado para que en un plazo de 10 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos con indicación de que la falta de atención a dicho requerimiento determinará el archivo de las actuaciones y se tendrá por no presentada la solicitud o el escrito.".

Pues bien, de tal norma resulta: 1) que son subsanables todos los requisitos que, conforme al apartado 1 del trascrito art. 2, debe contener el escrito de iniciación; 2) que, entre tales requisitos, la letra f) del art. 2.1 se refiere a 'cualquier otro establecido en la normativa aplicable', siendo obvio que, en el caso del procedimiento abreviado, el art. 245.1.b) LGT03 establece como requisito del escrito de iniciación el de que el mismo incluya las alegaciones; y 3) Que tal norma general de subsanación es perfectamente compatible con la especial del art. 64.1 (es decir, ninguna excluye a la otra, sino que ambas son aplicables), ya que, según el tenor de dicha norma, la posibilidad de subsanación que la misma establece lo es 'sin perjuicio de las normas especiales de subsanación contenidas en este reglamento'.

Como quiera que al actor se le privó del trámite de alegaciones, se le originó indefensión, por lo que debe declararse la nulidad de la resolución del TEARV identificada en el primero de los fundamentos jurídicos de esta sentencia y retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente posterior a la presentación del escrito de interposición de la reclamación económico-administrativa, a fin de que por dicho Tribunal se otorgue aquél trámite .' En consecuencia, es contraria a derecho la resolución de 30-6-2017 del TEARCV, por no haber permitido la subsanación antedicha y posibilitado las alegaciones de la reclamante.

No obstante, a la vista de que la demanda entra en el fondo del litigio, resulta razonable y coherente con el principio de economía procedimental y tutela judicial efectiva entrar en el fondo y examinar las cuestiones planteadas controvertida, a fin de dar una respuesta definitiva al litigio.

Pues bien, la demanda debe ser estimada, a la vista de la razonable y bien articulada pretensión de la recurrente, en particular en aplicación de los hechos probados de la sentencia social de 2-10-2015 , que determinó sin dudas dos hechos relevantes: que la relación mantenida por la Sra. Paula con la Consellería de Educación, Cultura y Deportes era laboral y, en segundo lugar, que su salario era de 1.800,84 euros mensuales.

Así pues, como fuere que las facturas emitidas por la actora a la Consellería comprendían una cantidad aproximada a la fijada como salario, pero con inclusión del IVA que se repercutía a la Consellería, que ésta pagaba y la actora ingresaba en la Hacienda Pública, la lógica consecuencia es que la actora debe recuperar el IVA indebidamente ingresado, pues es parte de su salario, una vez la relación laboral ha quedado acreditada por sentencia firme.

Resultará, pues, de aplicación el artículo 14.2-a) del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo , por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, que establece: '1. Tendrán derecho a solicitar la devolución de ingresos indebidos las siguientes personas o entidades: a) Los obligados tributarios y los sujetos infractores que hubieran realizado ingresos indebidos en el Tesoro público con ocasión del cumplimiento de sus obligaciones tributarias o del pago de sanciones, así como los sucesores de unos y otros'.

En consecuencia, procederá estimar el recurso contencioso-administrativo, reconociendo el derecho de la actora a la devolución pretendida' Trasladado lo anterior al presente recurso, dado que en la Sentencia transcrita se reconoce el derecho a la devolución por parte de la actora, y en aras a la unidad de doctrina procede estimar el presente recurso.



QUINTO.- A tenor del artículo 139.1 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa , procederá imponer las costas procesales a la parte demandada, por haberse estimado el recurso contencioso-administrativo, fijando un máximo de 1.500 euros por honorarios de Abogado y 334,38 € por la intervención de Procurador.

Vistos los preceptos citados y demás de general y concordante aplicación,

Fallo

1.- ESTIMAMOSel recurso contencioso administrativo interpuesto por Dª Micaela contra la Resolución de fecha 25-7-18 dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana desestimatoria de la reclamación contra la resolución de la AEAT denegando la devolución del IVA 3º T 2011.

2.- Se anulan y dejan sin efecto los actos impugnados.

3.- Se reconoce el derecho de la recurrente a la devolución de las cuotas indebidamente ingresadas .

4.- Con expresa imposición de costas en los términos dispuestos por el Fundamento de Derecho 5º de la presente resolución'.



SEGUNDO.- En virtud de los artículos 37, 110 y 111 de la ley 29/98 procede extender los efectos de dicha sentencia al presente supuesto, y por ende procede anular la resolución del TEAR aquí recurrida, reconociendo como situación jurídica individualizada el derecho del recurrente a la devolución del IVA solicitada, correspondiente al segundo trimestre del 2011.



TERCERO.- A tenor del artículo 139.1 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, procederá imponer las costas procesales a la parte demandada, por haberse estimado el recurso contencioso-administrativo, fijando un máximo de 1.500 euros por honorarios de Abogado y 334,38 € por la intervención de Procurador.

FALLO EXTENDER los efectos de la sentencia 1573/2019 dictada por esta Sala en fecha 31-10-2019, y por ende procede anular la resolución del TEAR aquí recurrida, reconociendo como situación jurídica individualizada el derecho del recurrente a la devolución del IVA solicitada, CONDENANDO a la administración al pago de las costas procesales en la cuantía máxima de 1.500 euros por honorarios de Abogado y 334,38 € por la intervención de Procurador .

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo o, en su caso, ante esta Sala, que deberá prepararse ante esta Sección en el plazo de 30 días, desde el siguiente al de su notificación, y en la forma que previene el vigente art. 89 de la LJCA .La preparación deberá seguir las indicaciones del acuerdo de 19-5-2016 del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el acuerdo de 20-4-2016 de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo (BOE núm.

162, de 6-7-2016), sobre la extensión máxima y otras consideraciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al recurso de casación ante la Sala III del Tribunal Supremo.

Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ponente de la misma, en el día de la fecha, hallándose celebrado audiencia pública en la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, de lo que doy fe.