Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 132/2019, Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sección 5, Rec 239/2016 de 27 de Febrero de 2018

Encabezamiento

Ordinario 239/2016
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
En la ciudad de Valencia, a 27 de febrero de 2018.
La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana, compuesta por los Iltmos. Sres. D. FERNANDO NIETO MARTIN, D. JOSE
BELLMONT MORA, DÑA. ROSARIO VIDAL MAS, D. MIGEL ANGEL NARVAEZ BERMEJO Y D. ANTONIO
LÓPEZ TOMAS, Magistrados, ha pronunciado la siguiente:
S E N T E N C I A NUMERO 132/2019
En el recurso contencioso-administrativo número 239/2016 interpuesto por Dña. Adelina , representada
por la Procuradora Dña. Pilar Ibáñez Martí, defendida por el letrado D. Antonio Lon García.
Es Administración demandada la Consejería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la
GENERALITAT VALENCIANA, representada y defendida por el Sr. Abogado de este Ente público.
Constituye el objeto del recurso el pago beca de matrícula para el curso 2014-2015 para estudiantes
que cursen estudios postobligatorios.
La cuantía se fijó en 1716 euros.
El procedimiento ha seguido los trámites del ordinario.
Ha sido Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. MIGEL ANGEL NARVAEZ BERMEJO, quien expresa el
parecer de la Sala.

Antecedentes

PRIMERO. Interpuesto el recurso por la parte actora, se le dio traslado procesal adecuado, ordenándose reclamar el expediente administrativo.



SEGUNDO. Recibido el expediente administrativo, se puso de manifiesto el mismo en Secretaría a la parte recurrente para que formulara su demanda, lo que así hizo en el plazo legal, alegando los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente, suplicando a la Sala que se dictase sentencia estimatoria del mismo, por ser contrario al ordenamiento jurídico, el acto administrativo impugnado.



TERCERO .Dado traslado del escrito de la demanda a la representación de la Administración demandada para que contestara, así lo hizo en tiempo y forma oponiéndose a la misma y suplicando se dictara sentencia confirmatoria de los acuerdos recurridos.



CUARTO . Habiéndose recibido el proceso a prueba, y practicada la admitida, se ordenó traer los autos a la vista, con citación de las partes para sentencia. Se ha señalado para la votación y fallo del recurso el día 12 de febrero de 2019.

Fundamentos

PRIMERO.- Antecedentes del caso. Hechos y resoluciones recurridas.

Se recurre la resolución de fecha 9-12-2015 de la Dirección General de Universidad, Investigación y Ciencia, y la de 5-2-2016 del Secretario Autonómico de Educación e Investigación, ambas de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, por la que se complementa la compensación a los beneficiarios de las Universidades de la Comunidad Valenciana en la parte no financiada con cargo a los presupuestos Generales del Estado de las becas de matrícula de la convocatoria aprobada por resolución de 28-7-2014 de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convocan becas de carácter general para el curso académico 2014-2015 para estudiantes que cursen estudios de postgraduado o postobligatorios.

Por medio de la resolución mencionada de fecha 28-7-2014 de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte - BOE 7-8-2014) se convocaron becas de carácter general para el curso académico 2014-2015 para cursar estudios de postgraduado.

Por lo que en el presente asunto nos interesa el art. 5.2 de la mencionada resolución, relativo a las becas, en su modalidad de cubrir los gastos de matrícula, establece lo siguiente: ' La cuantía de la beca de matrícula cubrirá el importe de los créditos de que se haya matriculado el estudiante por primera vez en el curso 2014-2015.

El importe será el del precio público oficial que se fije en el curso 2014-2015 para los servicios académicos. No formarán parte de la beca de matrícula aquellos créditos que excedan del mínimo necesario para obtener la titulación de que se trate.

En el caso de los estudiantes de universidades privadas, la cuantía de esta beca será igual al precio mínimo establecido por la Comunidad Autónoma en la que el solicitante curse sus estudios para un estudio con la misma experimentalidad en una Universidad Pública de esa misma Comunidad Autónoma'.

Por su parte el art. 52.3 de la misma disposición establece que: 'En el curso 2014-2015, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte aportará a las Universidades, en concepto de compensación de los precios públicos por servicios académicos correspondientes a los alumnos becarios exentos de su pago, una cantidad por alumno becado igual a la del precio público fijado para la titulación correspondiente en el curso 2011/2012, actualizada en un 1 % de conformidad con lo previsto en el artículo 7.2 del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril , de medidas de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. A estos efectos, no se considerarán precios públicos los precios especiales que se devenguen como consecuencia de convalidaciones, reconocimiento o adaptaciones de estudios, asignaturas o créditos.

Acogiéndose a las previsiones de los mencionados preceptos el actor solicitó beca de matrícula para cursar el 'master universitario en creación digital por la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.' Dicho máster según el documento nº 2 acompañado con la demanda tiene la consideración de no habilitante para el ejercicio de la profesión, según la información facilitada por el Ministerio de Educación y Ciencia Al reconocérsele la cualidad de becaria- folio 17 del expediente administrativo- según el procedimiento previsto en la mencionada disposición de 28-7-2014 obtuvo una beca del Ministerio por importe de 1.056 euros. Esta suma se obtenía de multiplicar los 60 créditos del máster por la cantidad de 17,60 euros -gastos de primera matrícula- que importaba cada crédito según nivel de experimentalidad que se otorgaba al mencionado master.

Mediante Decreto 110/2014, de 11 de julio del Consell ( DOCV de 14-7-2014) se aprueban dichos precios públicos. En su art. 1 se dispone que las tasas a satisfacer por la prestación de servicios académicos de educación superior en las universidades públicas de la Comunidad Valenciana en el curso 2014-2015, conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional serán las establecidas en los anexos I, II, y III.

Concretamente para los másters que no habilitan para el ejercicio de la profesión en el anexo I, punto 3.2 se establece un único precio por crédito que importa 46,20 euros por gastos de primera matrícula y sin ninguna mención o referencia a niveles de experimentalidad En el diario Oficial de la Comunidad Valenciana de 12-2-2015 se publica la Orden 8/2015, de 10 de febrero de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana por la que se complementa la compensación a los beneficiarios de la Comunidad Valenciana en la parte no financiada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de las becas de matrícula de la convocatoria aprobada por la resolución de 28-7-2014 ya mencionada por la que se convocan becas de carácter general para el curso académico 2014-2015 para estudiantes que cursen estudios postobligatorios como ocurre con la demandante.

La citada Orden en su base tercera dispone que: 'Las ayudas se concederán atendiendo a la certificación emitida por la Universidad correspondiente en la que se acredita el número de estudiantes beneficiarios de la beca de matrícula conforme a la resolución de 28-7-2014 con especificación del importe individual de los créditos en primera matrícula y del total que corresponda aportar a la Generalitat'. Según la certificación remitida a la Consellería por parte de la Universidad Católica de Valencia se indica que la actora ha percibido la cantidad de 1056 euros del Ministerio y que la Consellería debe completar esa cantidad para satisfacer el importe total de la matrícula correspondiéndole la cantidad a su cargo de 1716 euros adicionales.

Mediante resolución de 9-12-2015 de la Directora General de Universidad, Investigación y Ciencia de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana se complementa el importe de la becas pagadas en general pero para la actora no se contempla el pago de ninguna cantidad adicional a la abonada por el Ministerio, denegando por consiguiente los 1716 euros reclamados. Según informe de la Comisión prevista en la Orden ya citada 8/2015, de 10 de febrero -folio 36 del expediente administrativo- : ' ...el importe de los créditos objeto de la ayuda está limitado por el precio mínimo establecido para un estudio de la misma experimentalidad, ya sea de enseñanzas de grado o de máster universitario, sin distinción de otras características específicas de la titulación, entre ellas si se trata o no de másters que habilitan para el ejercicio de de actividades profesionales reguladas.

Por ello corresponde aplicar a las enseñanzas de máster la siguiente escala de precios por crédito, sin que pueda superarse, a juicio del órgano instructor, el importe establecido en dicha escala en el caso de las universidades privadas.

Nivel de experimentalidad nº 1: 16,31 euros.

Nivel de experamentalidad 2: 17,60 euros.

Nivel de experamentalidad 3: 19,30 euros.

Nivel de experamentalidad 4: 23,85 eueos.

Nivel de experamentalidad 5 24,89 euros'.

La postura mantenida por la Consellería demandada consiste en que al haberse reconocido por el Ministerio una cantidad de 1056 con referencia a un precio de 17,60 euros euros por crédito esa suma ya alcanza , atendiendo al nivel de experimentalidad correspondiente al master cursado tomado en cuenta por el Ministerio y la UCV el límite permitido por el art. 5.2 de la resolución de 28-7-2014 por lo que no debe ser completada por la Administración Autonómica. ( folio 41 del expediente administrativo).

Contra la resolución de 9-12-2015 se interpone recurso de reposición que es desestimado por resolución del Secretario Autonómico de Educación e Investigación de 5-2-2016.



SEGUNDO.- Posicionamiento de las partes y cuestión debatida.

El debate que se suscita en el presente procedimiento consiste en la negativa de la Administración demandada a abonar el complemento de la beca destinada a sufragar los gastos de matriculación del master postobligatorio cuyos estudios cursa el actor como estudiante de la Universidad Privada 'Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir' cuyo coste económico asciende a 4.500 euros- según certificación de 21-9-2016 de la Secretaría General de dicha Universidad- de la que el Ministerio ha pagado 1056 euros, reclamando la suma de 1715 como complemento del mínimo ya abonado por el Estado para llegar a la suma del precio mínimo que son 2.772 euros ( 46,20 euros x60 créditos).

Para la parte actora constan acreditados los siguientes extremos: 1º La existencia de una interpretación arbitraria, irracional y contraria a derecho y al Decreto 110/2014 puesto que decide exigir para un máster no habilitante para el ejercicio de la profesión como el cursado por el actor un nivel de experimentalidad que solo está previsto para los masters habilitantes, máxime cuando consta la cualidad de becario del actor y no existe laguna jurídica al respecto.

2º La introducción de una discriminación no admisible en derecho entre los estudiantes de las Universidades Públicas con relación a los que cursan estudios en la Privadas sin justificar ningún criterio objetivo que pueda amparar por qué a los estudiantes de masters no habilitantes cursados en Universidades Privadas han de aplicársele niveles de experimentalidad solo previstos para los masters habilitantes, reduciéndoles el precio único previsto en el Decreto 110/2014. Consta en el expediente administrativo que a estudiantes de la Universidad Privada en cursos anteriores y con masters no habilitantes se le ha reconocido el precio de 46,20 euros por crédito que al actor se le niega. Se vulnera, a su juicio, el Acuerdo entre el Estado Español y la Sancta Sede sobre enseñanza y Asuntos Culturales de 4-12-1979.

3º Infracción del principio de igualdad en la aplicación de la Ley y del principio de no contravención de los actos propios en tanto que el criterio seguido por la Administración en los cursos precedentes al 2014-2015 ha sido el de compensar a los alumnos de los masters no habilitantes con el precio por crédito fijado sin especificar nivel de experimentalidad alguno. Para la convocatoria de becas de matrícula correspondientes al curso 2013-2014 la Consellería de Educación aplicó para el cálculo de la compensación de la beca de matrícula en la parte no abonada por el Ministerio de Educación el precio por crédito de 46,20 euros previsto por el Decreto entonces vigente 107/2013, de 26 de julio. Sin embargo para el curso 2014-2015 la Administración demandada varia su criterio cuando las reglas jurídicas son las mismas si bien recogidas en normas diferentes, lo cual vulnera la doctrina de los actos propios o 'venire contra factum Propium non valet.' La Administración demandada plantea los siguientes motivos de oposición y defensa frente a las pretensiones de la actora: 1º Entiende que las pretensiones de la actora ignoran las previsiones del art. 5.2 de la resolución de 28-7-2014, base de la convocatoria, según la cual para los alumnos de Universidades privadas el importe asignado a cada crédito tiene un límite que no se puede superar y se establece en función del precio establecido para un estudio de la misma experimentalidad en la universidad pública con independencia, y sin que en ningún momento se contemple previsión alguna de que se trate de masters habilitantes o no habilitantes para el ejercicio de la profesión a la hora de determinar el importe del precio debido por cada crédito. La postura mantenida por la demandada se sustenta en el mismo criterio mantenido por el Ministerio a la hora de fijar el importe de su beca, partiendo de un importe por crédito de 16,31 euros y recurriendo siempre a niveles de experimentalidad.

2º Aprecia que la cuestión debatida relativa a la base de una convocatoria y el hecho de que se complemente o no una beca no tiene nada que ver con la posible vulneración de los acuerdos de España con la Santa Sede de 3-1-1979 ni con la vulneración del derecho a la Educación y del principio de igualdad, el cual siempre debe respetar el principio de legalidad.

3º También se considera insostenible la doctrina de los actos propios y la supuesta discriminación respecto de otros solicitantes de acuerdo con la doctrina del T.S. que enseña que si la Administración detecta una actuación incorrecta y la corrige, cambiando el criterio que hasta el momento había seguido, tal decisión no supone arbitrariedad ni determina que nos encontremos ante una actuación contraria a derecho, o contraria a los actos propios.

Termina solicitando la desestimación del recurso.



TERCERO.- La Interpretación del art. 5.2 de la resolución de 28-7-2014 de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes en relación con el art. 4.1 d) del R.D. 472/2014 .

Debemos advertir que la problemática que se plantea en este asunto es novedosa y distinta de la que se ha resuelto por la Sala en asuntos similares como han sido, entre otros, el de la becas de promoción de la excelencia académica ( Sentencia 8-11-2018, recurso 286/2017 ); becas Erasmus ( sentencia de 31-10-2018, recurso 585/2016 ); becas para la realización de estudios universitarios en el curso 2016-2017 en las universidades de la Comunidad Valenciana ( sentencia de 18-10-2018, recurso 49/2017 ); o las del curso 2015-2016 a nivel de la Comunidad Valenciana ( sentencia de 13-12-2017, recurso 571/2016 ); o las de las becas salario ligadas a la renta para la realización de estudios universitarios en la s Universidades públicas de la Comunidad Valenciana según la Orden 22/2016, de 10 de junio ( Sentencia de 21-2-2018, recurso 456/2016 ); becas para los que para la promoción de la excelencia académica para los que han cursado estudios en el curso 2014-2015 ( Sentencia de 29-11-2017, recurso 495/2016 ); o procedimiento de tutela de derechos fundamentales en materia de becas de estudios universitarios del curso 2015-2016 ( sentencia de 15-11-2017, recurso 494/2016 ) .

Recordemos aquel precepto ( el 5.2 mencionado) establece lo siguiente: ' La cuantía de la beca de matrícula cubrirá el importe de los créditos de que se haya matriculado el estudiante por primera vez en el curso 2014-2015.

El importe será el del precio público oficial que se fije en el curso 2014-2015 para los servicios académicos. No formarán parte de la beca de matrícula aquellos créditos que excedan del mínimo necesario para obtener la titulación de que se trate.

En el caso de los estudiantes de universidades privadas, la cuantía de esta beca será igual al precio mínimo establecido por la Comunidad Autónoma en la que el solicitante curse sus estudios para un estudio con la misma experimentalidad en una Universidad Pública de esa misma Comunidad Autónoma'.

Por su parte el art. 4.1 d) del R.D. 472/2014 contiene la siguiente previsión: 'd) Beca de matrícula: comprenderá el precio público oficial de los servicios académicos universitarios correspondiente a los créditos en que se haya matriculado el estudiante por primera vez en el curso 2014-2015.

No formarán parte de la beca de matrícula aquellos créditos que excedan del mínimo necesario para obtener la titulación de que se trate.

En el caso de los estudiantes de universidades privadas, la cuantía de esta beca será igual al precio mínimo establecido por la comunidad autónoma para un estudio con la misma experimentalidad en una universidad pública de esa misma comunidad autónoma.

La compensación a las Universidades de las cuantías de la beca de matrícula a que se refieren los párrafos anteriores se efectuará conforme a lo previsto en la disposición adicional tercera'.

En ambos casos los preceptos mencionados, prevén que para los estudiantes de las universidades privadas que el importe de la beca de matrícula para el curso 2014-2015 será igual al precio mínimo establecido por la Comunidad Autónoma en la que el solicitante curse sus estudios para un estudio con la misma experimentalidad en una universidad pública de la misma comunidad Autónoma.

Según el indicado precepto está claro que los precios de los créditos los establece la Comunidad Autónoma y la voluntad de esta es clara y así se manifiesta con la publicación del Decreto 110/2014 de 11 de julio, que dispone que las tasas a satisfacer por la prestación de servicios académicos de educación superior en las universidades públicas de la Comunidad Valenciana en el curso 2014-2015, conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional serán las establecidas en los anexos I, II y III.

Concretamente, para los másters que no habilitan para el ejercicio de la profesión, como el que cursa el actor, en el anexo I, punto 3.2 se establece un único precio por crédito que importa 46,20 euros por gastos de primera matrícula y sin ninguna mención o referencia a niveles de experimentalidad.

Por tanto, y por propio designio de la Comunidad Autónoma que debe establecer el precio de la beca, se fija el importe de la misma sin ninguna referencia al nivel de experimentalidad de los estudios postobligatorios o de postgrado en cuestión, sino por un precio fijo de la beca de 46,20 euros por crédito, el cual, una vez realizada la pertinente operación aritmética cubre en exceso el importe de la beca para cubrir los gastos de matrícula que como ya hemos visto asciende a la suma de 2.772 euros, debiendo quedar reducida la ayuda a esta cantidad.

La Sala entiende poco razonable la interpretación que de dichos preceptos sugiere la parte demandada.

Si la propia Comunidad por una decisión propia y autónoma sin ningún tipo de condicionante establece y distingue perfectamente según los anexos I, II y III del mencionado Decreto 110/2014 entre masters que habilitan para el ejercicio de la profesión donde sí se prevén hasta 5 niveles de experimentalidad y otros que no habilitan para ese ejercicio profesional para los cuales se establece un precio fijo, resulta patente, por lo menos para la Sala, que para estos masters nunca ha sido un referente en la fijación o determinación del precio ese nivel de experimentalidad, que solo es una orientación, como a continuación veremos, pero nunca el único criterio de determinación por cuanto puede existir masters cuyo carácter no venga definido por un determinado nivel de experimentalidad como ocurre con el que cursa el recurrente, mientras que para otros la experimentación sí imprima carácter.

También tiene cierta lógica para la Sala que para los masters que habilitan para el ejercicio de una profesión se establezcan distintos niveles de experimentalidad como pueden ser las prácticas que pueden influir en su coste, mientras que para los no habilitantes estas practicas no sean tan decisivas, y por tanto, se establezca un precio fijo sin atender al mayor o menor número de prácticas cuyo coste pueda dar lugar al establecimiento de distintos niveles de precios por crédito. En este sentido en la exposición de motivos del Decreto 110/2004 se realizan las siguientes previsiones con relación a la cobertura por parte de las becas de los costes de matrícula de los masters, distinguiendo entre los que habilitan para el ejercicio profesional y los que no habilitan: ' 2.º. En las enseñanzas de máster que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España, los precios públicos cubrirán entre el 15 por ciento y el 25 por ciento de los costes en primera matrícula; entre el 30 por ciento y el 40 por ciento de los costes en segunda matrícula; entre el 65 por ciento y el 75 por ciento de los costes en la tercera matrícula; y entre el 90 por ciento y el 100 por 100 de los costes a partir de la cuarta matrícula.

3.º. En las enseñanzas de máster que no habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España, los precios públicos cubrirán entre el 40 por ciento y el 50 por ciento de los costes en primera matrícula; y entre el 65 por ciento y el 75 por ciento de los costes a partir de la segunda matrícula'.

Se puede comprobar que los costes de los masters habilitantes y no habilitantes no son los mismos.

Para los mastesr no habilitantes el precio público o beca cubre entre el 40% y 50% del coste de la prestación del servicio correspondiente a la primera matrícula, mientras que para los masters habilitantes solo se paga a través de dichos precios entre el 15% y el 25%. Es lógico y consecuente con dicha previsión que siendo mayor la aportación de la Administración a través de la beca para afrontar el coste del servicio en los master no habilitantes que con relación a los habilitantes en los que la aportación es inferior, que el importe de la beca en el caso de los masters habilitantes sea distinto y superior al importe de esa misma ayuda en el caso de los masters habilitantes en los que la contribución de la Administración es inferior. Por esta razón parece fuera de lógica la equiparación de masters mediante el establecimiento de un precio mínimo, sin distinguir si habilitan o no, cuando los costes y las contribuciones del Estado y Comunidades Autónomas, como hemos tratado de demostrar, establecen una clara diferenciación económica y contributiva entre ambos.

No parece, a juicio de la Sala, que sea deba ser determinante como apoyo de la decisión recurrida que la Administración del Estado haya establecido el importe de la beca a su cargo de acuerdo con los niveles de experimentalidad de los estudios cursados porque lo que paga el Estado es tan solo una parte de la beca. Así lo dispone el art. el art. 52.3 de la resolución de 28-7-2014, la cual establece que: 'En el curso 2014-2015, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte aportará a las Universidades, en concepto de compensación de los precios públicos por servicios académicos correspondientes a los alumnos becarios exentos de su pago, una cantidad por alumno becado igual a la del precio público fijado para la titulación correspondiente en el curso 2011/2012, actualizada en un 1 % de conformidad con lo previsto en el artículo 7.2 del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril , de medidas de racionalización del gasto público en el ámbito educativo'. La misma regulación se prevé en la disposición adicional 3.1 del R.D. 472/2014, de 13 de junio .

Está claro que lo que el Estado paga es un mínimo que previsiblemente no llegará a cubrir la totalidad del importe de los gastos de la primera matriculación puesto que para el ejercicio del 2014-2015 se recurre a los precios públicos de 2011-2012 actualizados tan solo en un 1% , que parecen insuficientes cuando la variación en ese periodo del IPC ha sido del 3,2%. Esa previsión de la insuficiencia del precio de la beca de matrícula para cubrir el coste de la misma esta contemplada en la disposición adicional tercera, numero cinco, del R.D. 472/2014, de 13 de junio que prevé lo siguiente: '5. Cuando la cantidad aportada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a la Universidad pública resultase inferior al coste de las becas de matrícula, en los términos definidos en el artículo 4.1.d), calculado al precio público efectivamente fijado por la Comunidad Autónoma para el curso 2014/2015, corresponderá a dicha Comunidad Autónoma compensar a las Universidades públicas por la diferencia, de modo que el beneficiario de la beca quede efectivamente exento de cualquier obligación económica'.

Entiende la Sala que se trata de una previsión que establece el citado Real Decreto para fijar el importe mínimo de la beca con el que el Estado debe contribuir para garantizar su gratuidad y que el beneficiario no tenga que pagar ningún importe del coste de la matrícula según los precios oficiales reglamentariamente establecidos.

Resulta patente que si el importe, o mejor dicho, la parte o mínimo de la beca que paga el Estado, no cubre la totalidad del importe de la matrícula, como en el presente caso ocurre, y así hemos intentado demostrarlo, la Administración demandada por imperativo legal debe complementarla para así llegar al coste de la matrícula y de esta manera asegurar la gratuidad que se establece tanto en el art. 5.2 de la Resolución de 28-7-2014 como en el art. 4.1 d) del Real Decreto 472/2014 . Normativamente se contempla la posibilidad de que el importe de la beca a cargo del Estado no alcance el importe de los gastos de la matrícula del beneficiario, y en estos casos, la solución no debe ser dejar en manos del corresponsable la decisión del importe que debe sufragar con libertad de criterio en su elección o determinación, sino que debe abonar la diferencia para que el becario no tenga que realizar ninguna aportación con relación al mínimo fijado por la Comunidad Autónoma, salvaguardando y preservando la gratuidad de la matriculación, que en nuestro caso alcanzaba la cifra de 46,20 euros por crédito No puede olvidarse que tanto el R.D. 472/2014 ( disposición final primera) como el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre (disposición final segunda) constituyen normativa básica del Estado que debe ser respetada por las Comunidades Autónomas. La reciente sentencia del Tribunal Constitucional de 31-1- 2019, aun cuando se refiera a un caso distinto, como veremos a continuación, sin embargo ilustra sobre un aspecto básico que se debe tener en cuenta para la resolución del recurso como es el deber de colaboración entre ambas Administraciones con el fin de preservar y respetar las competencias del Estado en materias básicas como la educación, haciéndola prevalecer sobre cualquier normativa pectoral de la Comunidad Autónoma si con ello se consigue la equiparación de derechos entre Universidades con independencia de su titularidad pública o privada.

El Pleno del Tribunal Constitucional en la mencionada sentencia ha estimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por más de 50 Senadores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y, en consecuencia, ha declarado inconstitucionales y nulos los términos ' de titularidad pública ' contenidos en el apartado 65 del artículo único de la Ley de las Cortes Valencianas 8/2018, de 20 de abril, de modificación de la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la Comunidad Valenciana, que dio nueva redacción al apartado 2 del art. 79 de esta ley . La sentencia considera que dicho precepto ' incurre en contravención con las competencias exclusivas del Estado en materias de educación y de bases de la sanidad reconocidas en el art. 149.1 apartados 30 y 16 CE , por este orden' .

Dicho precepto dispone de modo expreso el deber de la Generalitat Valenciana, por medio de la Consejería competente en materia de sanidad, de colaborar con 'las universidades de titularidad pública' , a través del establecimiento de acuerdos entre las universidades y los centros de estudio de las instituciones sanitarias para garantizar la docencia práctica y clínica de las titulaciones que así lo requieran. Además, 'priorizará las impartidas en centros de titularidad pública' , en referencia a los centros de formación profesional (no universitarios) que, igualmente, impartan docencia sobre Ciencias de la Salud, con sometimiento a la aplicación de la normativa específica en materia de incompatibilidades.

Los recurrentes consideraban que el contenido de este artículo suponía una infracción competencial del art. 149.1 apartados 16 y 30 de la Constitución , en la medida en que podía contravenir los arts. 104 de la Ley General de Sanidad (LGS) y 11 y 12 de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), entre otras normas estatales. Ello suponía, además, la vulneración de varios derechos fundamentales.

La sentencia explica que ' la normativa estatal se refiere de modo genérico a las universidades, sin distinción alguna entre unas universidades y otras '. En cambio, ' la norma legal valenciana únicamente impone este deber de colaboración del Ejecutivo de la Comunidad respecto de las universidades de titularidad pública, sin mencionar de modo expreso a las privadas '.

En consecuencia, ' existe una contradicción entre la normativa básica estatal y el precepto legal autonómico impugnado, ya que aquella no sólo no hace distinción entre unas y otras universidades, sino que en la propia regulación complementaria del régimen de concertación alude de modo expreso a las universidades privadas para establecer los vínculos de relación entre aquellas y las instituciones sanitarias integradas en el Sistema Nacional de Salud, a través de la figura del convenio ', subraya el Tribunal.

La sentencia concluye afirmando que esta contradicción resulta de todo punto ' insalvable por cuanto la normativa estatal básica concede una relevante y transcendente importancia a que la formación de los profesionales en las Ciencias de la Salud dispongan de toda la estructura sanitaria pública [ arts. 104.1 LGS y 12 apartados a), b) y c) LOPS] para la realización de sus prácticas clínicas, siendo estas imprescindibles, además, para completar su período de formación y la obtención de sus títulos académicos '.



CUARTO: La problemática de la supuesta discriminación de los estudiantes de Universidades Privadas en el derecho a la educación con el acceso a las becas públicas con el fin de preservar el principio de equiparación de oportunidades al no garantizársele en los mismos términos y condiciones que a los estudiantes de las Universidades Públicas. Razones que amparan no entrar a conocer de esta cuestión.

A la vista de la solución que se ha dado al caso de acuerdo con la fundamentación precedente ya no es necesario abordar, y resulta estéril, afrontar el debate que se suscita en el recurso sobre la posible discriminación de derechos en materia educativa, en lo que hace al tipo de becas para gastos de primera matriculación, de los estudiantes de Universidades Privadas con relación a los de las Universidades Públicas.



QUINTO: Pago de intereses.

A la hora de determinar los intereses que se deben, inherentes e implícitos, en el reconocimiento de deuda que conlleva la estimación del recurso, la Sala entiende que se deben abonar desde la fecha de notificación de la sentencia teniendo en cuenta la naturaleza subvencionable que tiene la prestación que se reconoce. Este es el criterio que se recoge en el art. 106.2 de la LJCA , teniendo en cuenta el carácter de gratuidad que tiene la beca y sin necesidad de contraprestación, prevaleciendo el interés público o general. Por otra parte este es el criterio que se recoge en las sentencias del T.C. 69/1996 209/2009 , y STS de 24-10-2007 .

El recurso debe ser, pues, estimado SÉPTIMO: Pronunciamiento en materia de costas procesales De conformidad con lo establecido por el artículo 139 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , y por aplicación del criterio del vencimiento, al estimarse el recurso las costas procesales causadas se le imponen a la parte demandada en la cuantía máxima de 1000 euros por gastos de defensa y de representación. La misma solución procede de acuerdo con la doctrina de la pérdida de la finalidad legítima del recurso que se frustraría de no existir imposición, vista la escasa cuantía de la pretensión económica ejercitada.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y de general aplicación

Fallo

Estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Dña. Adelina , representada por la Procuradora Dña. Pilar Ibáñez Martí contra la resolución de fecha 9-12-2015 de la Dirección General de Universidad, Investigación y Ciencia, y de 5-2-2016 del Secretario Autonómico de Educación e Investigación, ambos de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte por la que se complementa la compensación a los beneficiarios de las Universidades de la Comunidad Valenciana en la parte no financiada con cargo a los presupuestos Generales del Estado de las becas de matrícula de la convocatoria aprobada por resolución de 28-7-2014 de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convocan becas de carácter general para el curso académico 2014-2015 para estudiantes que cursen estudios de postgraduado o postobligatorios, decidiendo la anulación de los actos recurridos y reconociendo el derecho del actor a ser compensado por la Administración demandada en la cuantía de la beca de matrícula que no le ha sido abonada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. En consecuencia, acordamos condenar a la Administración demandada a que abone al actor la cuantía de 1716 euros, adicionales a los 1056 euros que ya le fueron reconocidos, hasta sumar la cantidad de 2.772 euros, que es el total de la beca a la que tiene derecho la demandante, más los intereses legales desde la fecha de notificación de la sentencia, todo ello con imposición a la parte demandada de las costas procesales causadas en la cuantía determinada en el fundamento de derecho sexto de la presente resolución.

Esta Sentencia no es firme y contra ella cabe, conforme a lo establecido en los artículos 86 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa , recurso de casación ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo o, en su caso, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Dicho recurso deberá prepararse ante esta Sección en el plazo de treinta días a contar desde el siguiente al de su notificación, debiendo tenerse en cuenta respecto del escrito de preparación de los que se planteen ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo los criterios orientadores previstos en el Apartado III del Acuerdo de 20 de abril de 2016 de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al Recurso de Casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo (BOE número 162 de 6 de julio de 2016) A su tiempo y con certificación literal de la presente, devuélvase el expediente administrativo al centro de su procedencia.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Leída y publicada que ha sido la anterior sentencia por el Magistrado de esta Sala Ilmo. Sr. D. MIGEL ANGEL NARVAEZ BERMEJO , que ha sido ponente, en este trámite de Audiencia Pública, doy fe. El Secretario, rubricado.