Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 1368/2019, Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 348/2018 de 05 de Diciembre de 2019

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
SEVILLA
SENTENCIA
ILUSTRÍSIMOS SEÑORES:
D. JOSE SANTOS GOMEZ
D. ANGEL SALAS GALLEGO
Dª. MARTA ROSA LOPEZ VELASCO
En la ciudad de Sevilla, a cinco de diciembre de dos mil diecinueve.
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo con sede en Sevilla del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados que al margen se expresan, ha visto el
recurso de apelación número 348/2018 interpuesto por D. Edemiro , asistido por la Sra. Letrada Dª. Miriam
Casas Sánchez contra la sentencia de fecha ocho de febrero de dos mil dieciocho dictada por el Juzgado de
lo Contencioso Administrativo número 1 de Ceuta en el recurso contencioso administrativo 717/17 seguido
por los tramites del procedimiento abreviado, siendo parte apelada la Administración General del Estado,
representada y asistida por el Sr. Abogado del Estado. Y ha pronunciado en nombre de SM el Rey la siguiente
resolución. Ha sido Ponente la Iltma. Sra. Dª. Marta Rosa López Velasco, quien expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

PRIMERO.- Con fecha ocho de febrero de dos mil dieciocho se dictó por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Ceuta sentencia en el recurso contencioso administrativo 717/17 seguido por los tramites del procedimiento abreviado, desestimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por D.

Edemiro contra la resolución presunta desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución de fecha veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete dictada por la Delegación del Gobierno en Ceuta por la que se decretaba su devolución al punto de origen.



SEGUNDO .- Contra dicha Sentencia se presentó, en tiempo y forma, recurso de apelación por la representación de la parte recurrente. Evacuando el traslado conferido, la Administración recurrida formalizó su oposición al recurso de apelación interesando su desestimación.



TERCERO .- No se ha abierto la fase probatoria en esta instancia.



CUARTO .- Señalado día para votación y Fallo, tuvo éste lugar con arreglo a lo que a continuación se expresa.

Fundamentos

PRIMERO.- D. Edemiro interpuso recurso de apelación contra la sentencia de fecha ocho de febrero de dos mil dieciocho dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ceuta en el recurso contencioso administrativo 717/17 seguido por los tramites del procedimiento abreviado.

En el fallo de la sentencia se acordaba desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por D. Edemiro contra la resolución impugnada - la resolución presunta desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución de fecha veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete dictada por la Delegación del Gobierno en Ceuta por la que se decretaba su devolución al punto de origen - con expresa condena en costas a la parte recurrente.



SEGUNDO.- La apelante alega que se denota una falta de motivación y congruencia en la sentencia al no entrar a conocer todos los 'pronunciamientos' de la demanda, habiéndose alegado la caducidad del procedimiento, sin que esta cuestión se conozca en la sentencia. Se invoca que conforme al art. 57.1 de la LO 4/00 la regla general es la imposición de multa 'en lugar de la devolución', exigiendo la jurisprudencia del TS para aplicación la sanción subsidiaria de la ley 'la expulsión' una motivación específica. La falta de motivación y proporcionalidad de la resolución recurrida le causaría indefensión al desconocer porque se acuerda la devolución en lugar de la sanción de multa.



TERCERO.- La Administración se opuso al recurso interesando su desestimación por ser la resolución ajustada a derecho.



CUARTO.- La recurrente, pese a la claridad de los términos de la sentencia de instancia parte de un evidente error y es que la orden de devolución impugnada, acordada no al amparo de las previsiones del art. 57 de la LO 4/00 sino del art 58 de ese mismo texto legal, no comporta la imposición de sanción alguna.

En este sentido debemos invocar la sentencia del Pleno del TC Tribunal Constitucional de fecha 31 de enero de 2013, nº 17/2013, BOE 49/2013, rec. 1024/2004 que señalaba: ' La devolución , en tanto que consiste en la decisión administrativa por la que se decide la salida de España de aquellos que han pretendido entrar en nuestro país eludiendo los requisitos que para ello exige la legislación en materia de extranjería, no supone el ejercicio del ius puniendi estatal, sino que se dicta como medida de restitución de la legalidad conculcada, expresada en el incumplimiento de los requisitos legales para el ejercicio del derecho de entrada en el territorio nacional (arts. 25 a 27 LOEx), carencia de requisitos que determina la salida obligatoria del territorio nacional en aplicación del mandato legal contenido en el art. 28.3.b) LOEx. A diferencia de la expulsión, la devolución pretende evitar la contravención del ordenamiento jurídico de extranjería, por lo que no comporta en símisma una sanción sino una medida gubernativa de reacción inmediata frente a una perturbación del orden jurídico, articulada a través de un cauce flexible y rápido. No concurre así en la orden de devolución la 'función represiva, retributiva o de castigo' ( SSTC 276/2000, de 16 de noviembre, FJ 3 , y 132/2001, de 8 de junio , FJ 3), propia de las sanciones. Dicha resolución administrativa no suprime o restringe derechos pertenecientes a su destinatario 'como consecuencia de un ilícito' ( STC 48/2003, de 12 de marzo , FJ 9), sin perjuicio de que, tal como deriva del art. 20.2 LOEx, habrán de respetarse las garantías previstas en la legislación general sobre procedimiento administrativo especialmente en lo relativo a publicidad de las normas, contradicción, audiencia del interesado y motivación de las resoluciones. En el mismo sentido el art. 22 LOEx reconoce a los extranjeros el derecho de asistencia jurídica gratuita y la asistencia de intérprete en todos los procedimientos administrativos que puedan llevar a su devolución lo que garantiza el derecho de defensa, en particular la formulación de alegaciones y la presentación de recursos, extremo éste expresamente contemplado en el art. 21 LOEx. En suma, la devolución consiste en una medida que se acuerda por parte del Estado español en el marco de su política de extranjería, en la que se incluye tanto el necesario control de los flujos migratorios que tiene como destino nuestro país como el establecimiento de los requisitos y condiciones exigibles a los extranjeros para su entrada y residencia en España. Señalado lo anterior debemos examinar ahora lo dispuesto en el segundo inciso del art. 58.6 LOEx, relativo a la imposición de una prohibición de entrada por un plazo máximo de tres años.' Declarando en el fallo la nulidad del art. 58.6 en cuanto al inciso ' Asimismo, toda devolución acordada en aplicación del párrafo b) del mismo apartado de este artículo llevará consigo la prohibición de entrada en territorio español por un plazo máximo de tres años', sin que en el caso de autos se comprendiese prohibición en tal sentido pero si fuese exigible se respetase, entre otras, la garantía referida a la audiencia del interesado.

No cabe apreciar infracción alguna de las exigencias de debida motivación de la resolución por la que se acordó la devolución del recurrente, por cuanto la misma no sólo permite conocer la razón de decidir en que se fundamenta la decisión administrativa, sino que identifica los hechos que integran el presupuesto de aplicación de las normas invocadas, pues expresamente se señala la procedencia de la devolución, y en las que se ampara la referida decisión.

Como señala el Tribunal Supremo en, entre otras muchas resoluciones, Sentencia en fecha de 22 de febrero 2005, dictada en recurso 3055/2001, el deber de motivación de los actos administrativos que establecía el entonces vigente artículo 54 de la Ley 30/1992, que se enmarca en el deber de la Administración de servir con objetividad los intereses generales y de actuar con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho que impone el artículo 103 de la Constitución, se traduce en la exigencia de que los actos administrativos contengan una referencia precisa y concreta de los hechos y de los fundamentos de derecho que para el órgano administrativo que dicta la resolución han sido relevantes, que permita conocer al administrado la razón fáctica y jurídica de la decisión administrativa, posibilitando su control por la tribunales de lo contencioso-administrativo.

Pero es que, además, la recurrente invoca que la infracción se produce en tanto no se le justifica se acuerde la devolución y no la imposición de multa siendo que el art. 58 no establece tal posibilidad sino que la misma aparecía recogida en el art. 57 y que la doctrina invocada lo es con relación a la expulsión, sin que en el presente supuesto nos encontremos ante la tramitación de expediente de expulsión alguno. En consecuencia, la sentencia de instancia resulta plenamente ajustada a derecho y acorde a la efectiva naturaleza de la resolución impugnada como debidamente identificó el Juez de instancia, señalando la ausencia de carácter sancionador del expediente (que fue incoado 24 de agosto de 2017, haciendo constar que su entrada se había producido el 17 de agosto por la frontera de Tarajal careciendo de documentación válida al efecto, y es resuelto por resolución de esa misma fecha por lo que no se alcanza a comprender en qué sentido pudiera alegarse caducidad alguna).

Por todo lo expuesto procede desestimar el recurso.



QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 139.2 de la LJCA las costas se imponen a la parte apelante al desestimarse el recurso interpuesto, si bien, al amparo de lo dispuesto en el apartado tercero del mismo precepto procede fijar como limite la suma de 200 euros, por todos los conceptos, atendida la naturaleza de la controversia y el tenor de la oposición al recurso articulado por la parte apelada.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación

Fallo

Debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por D. Edemiro interpuso recurso de apelación contra la sentencia de fecha ocho de febrero de dos mil dieciocho dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ceuta en el recurso contencioso administrativo 717/17, que confirmamos íntegramente. Se imponen las costas a la apelante con el límite señalado en el fundamento de derecho quinto de esta resolución.

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma solo podrá interponerse, en su caso, recurso de casación que habrá de prepararse ante esta Sala en el plazo de los treinta días siguientes a su notificación y con los requisitos establecidos en el art. 89 de la LJCA.

Con certificación de esta sentencia, devuélvase el expediente al lugar de procedencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.