Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 164/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Rec 263/2015 de 24 de Marzo de 2017

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA

SALA DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU

SECCIÓ 3ª

Recurs d'apel lació núm. 263/2015

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona

Procediment ordinari núm. 505/2012-A

Apel lant: SR. Apolonio

Representant de l'apel lant: SR. CARLES BADIA MARTINEZ, Procurador

Apel lat: CONSORCI DE L'HABITATGE DE BARCELONA

Representant de l'apel lat: SR. JESÚS SANZ LÓPEZ, Procurador

S E N T È N C I A núm. 164

Magistrats/ades:

IL LM. SR. MANUEL TÁBOAS BENTANACHS, President

IL LMA. SRA. ISABEL HERNÁNDEZ PASCUAL

IL LM. SR. HÉCTOR GARCÍA MORAGO

Barcelona, 24 de març de 2017

LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA (SECCIÓ 3ª), en nom de S.M el Rei i de conformitat amb allò que disposa l' art 117.1 de la Constitució , ha pronunciat aquesta SENTÈNCIA a les actuacions del recurs d'apel lació núm. 263/2015, interposat, com a apel lant, pel SR. Apolonio -representat pel Procurador SR. CARLES BADIA MARTINEZ i assistit per la Lletrada SRA. GEMMA DURAN BARRADO-, essent l'apel lat el CONSORCI DE L'HABITATGE DE BARCELONA -representat pel Procurador SR. JESÚS SANZ LÓPEZ i assistit per la Lletrada consistorial SRA. MARIA ÀNGELS ORRIOLS-.

Ha actuat com a Magistrat ponent l'Il lm. Sr. HÉCTOR GARCÍA MORAGO, el qual expressa el parer de la Sala.

Antecedentes

PRIMER: En el sí del procediment ordinari núm. 505/2012-A, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona dictà la Sentència núm. 74, de 6 de març de 2015 , amb el veredicte que segueix:

'Que debo DESESTIMAR Y DESESTIMO el Recurso Contencioso Administrativo interpuesto por D. Apolonio contra la desestimación por silencio de la solicitud presentada ante el Consorci de l'Habitatge el 4 de octubre de 2010, con número de referencia NUM000 , para que le fuera adjudicada una vivienda de alquiler, y sin que proceda la imposición del pago de costas procesales.'

SEGON: Disconforme amb el susdit veredicte, el demandant interposà apel lació; i el Consorci demandat s'hi oposà en temps i forma.

TERCER: Un cop elevades les actuacions a aquesta Sala, va ser acordada la formació d'aquest rotlle d'apel lació i, alhora, es designà Magistrat ponent. I un cop verificats els tràmits processals pertinents s'assenyalà el dia 14 de març de 2017 per tal de votar i decidir; la qual cosa es verificà en aquests mateixos termes.

QUART: En la tramitació d'aquest recurs d'apel lació han estat observades les prescripcions legals de rigor.

Fundamentos

PRIMER: Tal com ja hem expressat, en el sí del procediment ordinari núm. 505/2012-A, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona dictà la Sentència núm. 74, de 6 de març de 2015 , amb el veredicte que segueix:

'Que debo DESESTIMAR Y DESESTIMO el Recurso Contencioso Administrativo interpuesto por D. Apolonio contra la desestimación por silencio de la solicitud presentada ante el Consorci de l'Habitatge el 4 de octubre de 2010, con número de referencia NUM000 , para que le fuera adjudicada una vivienda de alquiler, y sin que proceda la imposición del pago de costas procesales.'

SEGON: El veredicte transcrit vingué precedit dels següents fonaments jurídics:

'PRIMERO. Es objeto del presente recurso la desestimación por silencio de la solicitud presentada ante el Consorci de l'Habitatge el 4 de octubre de 2010, con número de referencia NUM000 , para que le fuera adjudicada una vivienda de alquiler.

SEGUNDO. Para fundamentar su recurso la actora alega, en síntesis, que fue desalojado de su vivienda por un procedimiento de desahucio, materializándose el desalojo el 16 de noviembre de 2009; que desde el año 2001 no tiene trabajo; que tiene reconocido un grado de disminución del 14%; que únicamente percibe la cantidad de 459,01 euros en concepto de renta mínima de reinserción, cantidad insuficiente para poder alquilar una vivienda, por lo que se ve en la necesidad de vivir en la vía pública, y que, en definitiva, cumple los requisitos para que le sea adjudicada una vivienda de acuerdo con los artículos 22 y 37 del Reglament del Registre de Sol licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona.

Por su parte l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (contra la que también se interpuso el recurso) invocó su falta de legitimación activa en atención a que la competencia para resolver la solicitud presentada por el actor era del Consorci de l'Habitatge.

Finalmente el Consorci de l'Habitatge en el trámite conferido para contestar a la demanda, presentó escrito por el que solicitaba la suspensión del procedimiento por el plazo de veinte días al amparo del artículo 54.2 de la LJCA , y al no haber oposición del demandante, por diligencia de ordenación de 9 de julio de 2014 se acordó la suspensión solicitada.

Mediante escrito presentado el 15 de septiembre de 2014, el Consorci de l'Habitatge solicitó que se diera traslado del mismo a la actora para que se pronunciara sobre la posible satisfacción extraprocesal. A ese escrito se adjuntó como documento número 1 el informe de 20 de julio de 2014, en el que se deja constancia de que de oficio el consorcio constató que el actor no recibió las dos notificaciones remitidas para que compareciera en sus oficinas en el caso de que continuara interesado en una vivienda, lo que comportó que la administración, también de oficio, retrotrajera las actuaciones para volver a citar al actor al efecto de informarle de las nuevas vacantes de viviendas y poder gestionar una adjudicación.

En ese mismo escrito se adjuntaba como documento número 2 el escrito de 20 de junio de 2014 dirigido al domicilio de notificaciones del actor, convocándole en las oficinas municipales para el día 30 de junio de 2014 a las 10:30 horas. La notificación se practicó el 25 de junio de 2014 sin que el actor compareciera en el día citado, ni tampoco en los posteriores, y como se constata en la diligencia de 10 de julio de 2014, que se acompaña como documento número 3, también se llamó telefónicamente al actor para que acudiera a las oficinas municipales recordándole la cita, a lo que el actor respondió que no quería recibir ninguna comunicación ni tener contacto alguno con el Consorci de l'Habitatge, y que era su deseo que continuara el procedimiento judicial.

Conferido traslado de dicho escrito y de la documentación adjunta a la actora por diligencia de ordenación de 18 de septiembre de 2014, ésta presentó escrito el 1 de octubre de 2014 en el que reconoce que la comunicación de 20 de junio de 2014 la recibió la propia Letrada del actor, y que ésta se la entregó al Sr. Apolonio , quien le manifestó que sigue interesado en que le sea adjudicada una vivienda de protección oficial. Reconoce también que el actor efectivamente recibió una llamada del Consorci para que acudiera a las oficinas situadas en la calle Bolivia 105, pero que el Sr. Apolonio había realizado todos los trámites anteriores en la oficina de la calle Ali Bei, 13-15 de Barcelona, y que a esa oficina se personaría el actor en cuanto fuera requerido, pero no a la que había sido citado.

Por diligencia de ordenación de 2 de octubre de 2014 se acordó la continuación del procedimiento por lo que el 20 de noviembre de 2014 el Consorci de l'Habitatge finalmente presentó escrito de contestación a la demanda en el que se alegó que el actor no solicitó que le fuera adjudicada una vivienda de alquiler por encontrarse en situación de emergencia social, de acuerdo con el artículo 38 del Reglament del Registre de Sol licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona, por lo que la pretensión formulada en la demanda en ese sentido constituye una desviación procesal y, en consecuencia, es inadmisible. También alega que si no se le ha adjudicado una vivienda de protección es por causas imputables al propio actor, ya que tras haber recibido la comunicación para que compareciera en las oficinas municipales para entregar la documentación que se le requería a los efectos de acreditar que seguía cumpliendo los requisitos (que deben cumplirse también en el momento de la adjudicación), no lo ha hecho.

El Consorci de l'Habitatge también alega que no existe un derecho a la adjudicación de una vivienda, sino únicamente a participar en las convocatorias públicas, y que tampoco en el supuesto de las viviendas destinadas a emergencias sociales existe un derecho de adjudicación automática, ya que se deben cumplir los requisitos establecidos, y, además, esa adjudicación siempre está condicionada a que existan viviendas disponibles.

TERCERO. Antes de analizar las alegaciones de las partes es obligado destacar la posición mantenida por la Letrada Consistorial en el presente procedimiento. Así, a la vista de los defectos de notificación -no esgrimidos en la demanda- la Letrada solicitó la suspensión del procedimiento por el plazo de veinte días al amparo del artículo 54.2 de la LJCA por ver de encontrar una solución extraprocesal del presente recurso.

Con ese objeto se acordó la retroacción del procedimiento administrativo y se volvió a emplazar a la actora para que acudiera a las oficinas municipales, como se ha acreditado por la demandada y ha confirmado La letrada del actor.

Y es de agradecer que la Letrada Consistorial no se limitara a contestar la demanda sino que intentara una solución extraprocesal a la controversia planteada.

Pese a ello, no ha sido posible llegar a una solución extraprocesal ya que el actor no ha accedido a comparecer ante las oficinas municipales al objeto de aportar la documentación que se le requiere.

Para justificar esa incomparecencia, la Letrada del actor dice que se le citó para acudiera a una dirección distinta de aquella a la que el actor había realizado los anteriores trámites, pero ello no es motivo para no acudir a la cita.

CUARTO. De acuerdo con los datos del expediente administrativo, el actor presentó una solicitud de una vivienda de alquiler (folios 2 a 4), en la que no hizo constar que había sido desahuciado de la que venía ocupando, pese a que en la fecha de la presentación de la solicitud (el 4 de octubre de 2010), ya se había dictado sentencia en el procedimiento por desahucio 36/2009 (en el hecho tercero de la demanda se dice que la sentencia es de 16 de marzo de 2009 , como efectivamente acredita el documento número 1 de los aportados junto con ese escrito), si bien copia de esa sentencia obra en el expediente tras la solicitud presentada.

De otra parte, en la solicitud también consta que los ingresos del actor eran de 17.467,60 euros, como también se acredita con la aportación de la declaración del IRPF.

Por Resolución del Gerente del Consorci de l'Habitatge de 11 de octubre de 2010 (folio 30 del expediente) se inscribió al actor en el Registro de solicitantes de vivienda de protección oficial de Barcelona. La citada resolución notificó en el domicilio que el actor ofreció a efectos de notificaciones, esto es, el de la CALLE000 NUM001 - NUM002 de Barcelona, que parece ser unas dependencias municipales (vid sello estampado en el acuse de recibo del folio 36).

Posteriormente el actor presentó un escrito (folio 37) en el que solicitaba nuevamente que se le adjudicara una vivienda.

Y en el complemento de expediente se ha incluido la documentación que la demandada aportó junto con el escrito de 15 de septiembre de 2014 y a la que ya se ha hecho referencia.

Pues bien, de todo cuanto se ha dicho se comprueba que lo que el actor solicitó fue que se le adjudicara una vivienda de alquiler de protección oficial, y no que le fuera adjudicada una vivienda de las destinadas a situaciones de emergencia social.

Así, el Reglamento por el que se regulan las condiciones para la adjudicación de viviendas públicas (que la demandada ha aportado junto con el escrito de demanda), distingue claramente entre las viviendas reservadas para emergencias sociales (artículo 38), que tienen un régimen propio, y las otras tipologías de viviendas de protección. Y como quiera que el actor solicitó una vivienda de protección oficial de alquiler por el régimen general, no se le podía asignar una de las reservadas para emergencias sociales.

En todo caso, como destaca la Letrada del Ayuntamiento en el escrito de contestación, tampoco en el supuesto de que se hubiera solicitado una de las viviendas reservadas para emergencias sociales tendría derecho a esa adjudicación de forma automática, ya que el artículo 41 del Reglamento condiciona esa adjudicación al cumplimiento de los requisitos que se establezcan así como a la existencia de viviendas disponibles adaptadas a las necesidades del solicitante.

De otra parte, el artículo 37 del Reglamento establece que se considera emergencia social la de encontrarse en una situación de vulnerabilidad extraordinaria y excepcional. Y no se olvide que el actor está soltero, no tiene hijos y percibió el año anterior a formular la solicitud la cantidad de 17.467,6 euros. Es cierto que el hecho de haber sido desahuciado comporta una situación difícil, pero no parece que ésta sea de vulnerabilidad extraordinaria y excepcional, especialmente en esta época en la desgraciadamente son frecuentes los desahucios, y muchos se producen en familias con varios hijos menores de edad y sin prestaciones públicas.

Por todo ello debe desestimarse el recurso interpuesto, sin perjuicio de que el actor vuelva a presentar una nueva solicitud de adjudicación de vivienda por la modalidad que considere que más se ajusta a sus necesidades.

QUINTO. En cuanto a las costas, de acuerdo con el artículo 139.1 de la LJCA , en primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar Sentencia o al resolver por Auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.

Como quiera que se desestima íntegramente las pretensiones del recurso, la condena en costas a la actora es, en principio, obligada, pero atendidas las circunstancias del caso no procede hacer condena en costas.'

TERCER: El SR. Apolonio ha sol licitat d'aquest Tribunal la revocació de la Sentència que acabem de transcriure i, alhora, l'estimació del seu recurs contenciós administratiu. I ho ha fet exposant els retrets que segueixen:

-No li ha estat adjudicat un habitatge de protecció oficial pels errors comesos pel Consorci a l'hora de trametre-li les notificacions esmentades a la Sentència apel lada.

-Sabent que no tenia domicili i que viu al carrer, el podien haver avisat telefònicament.

-Les seves circumstàncies personals i el fet d'haver aportat amb la seva sol licitud testimoni de la Sentència de desnonament, era suficient com perquè el Consorci hagués entés que s'estava demanant un habitatge de lloguer per raons d'emergència social i d'especial vulnerabilitat, doncs amb la pensió que percep, de poc més de 366 euros mensuals, no pot ni tant sols llogar una habitació.

-En el present supòsit, han estat acreditats els requisits per tal de poder accedir a un lloguer com el reclamat, exigits pels art. 37 i 38 del Reglament del Registre de Sol licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona (RRSHPO).

(A més, s'invoquen els preceptes constitucionals i de dret internacional que reconeixen el dret a l'habitatge).

QUART: La rèplica del CONSORCI DE L'HABITATGE DE BARCELONA, a banda de fer seus els arguments de la Sentència apel lada, ha estat la què segueix:

-El recurrent ha prescindit de formular una crítica adreçada a la Sentència que s'apel la, com hauria estat ho propi.

-L'apel lant ha tret a col lació uns defectes de notificació que no es van esgrimir a través de la demanda, i que van sortir a relluir per la bona voluntat del Consorci.

CINQUÈ: L'apel lació no podrà prosperar.

Efectivament, l'apel lant ha tret a col lació uns defectes de notificació que no invocà a través de l'escrit de demanda i que va ser la defensa lletrada del Consorci apel lat la que -en un gest que la honora- els invocà a fi i efecte de solucionar de forma ràpida i eficaç la situació en la qual es trobava l'ara apel lant; quan, en realitat, aquests defectes eren més que discutibles, atès que va ser el propi SR. Apolonio el que va assenyalar les dependències del servei públic concernit com a lloc per a la pràctica d'unes notificacions que, al capdavall, es van efectuar en aquest indret.

Malgrat això tenia, el Consorci, l'obligació de localitzar telefònicament l'ara apel lant?. Doncs no en igual o major mesura que el SR. Apolonio la tenia a l'hora de personar-se amb prou regularitat a la seu del servei públic indicat com a domicili, per tal de verificar i, en el seu cas, recollir les notificacions tantes vegades esmentades.

D'altra banda, que amb la sol licitud l'apel lant hagués aportat una resolució judicial de desnonament dictada per un Jutjat d'Instrucció (no pas per un Jutjat de 1ª Instància), no era suficient per tal d'induir el Consorci apel lat a considerar que allò que s'estava sol licitant era un allotjament per raons d'urgència social. No debades, amb la dita sol licitud es van adjuntar declaracions d'ingressos (ho reflecteix la Sentència apel lada) que més aviat impedien arribar fàcilment a la dita conclusió.

No trobem, doncs, que al Consorci apel lat li puguin ser imputades les infraccions normatives que ha al legat l'apel lant.

Comprenem la situació i la irritació del SR. Apolonio ; però si es considerava creditor d'un allotjament per raons d'urgència social, hauria d'haver aprofitat l'oportunitat que li va oferir el Consorci apel lat a mig procés, gràcies a les gestions personals de la Lletrada consistorial actuant.

Dit, tot això, no sense assumir, per afegitó, com a pròpies, així com de donar per reproduïdes, les consideracions jurídiques de la Sentència apel lada.

SISÈ: No s'imposaran costes per les mateixes raons que en primera instància.

Fallo

Per tot allò que ha estat exposat, aquesta Secció 3ª de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya HA DECIDIT:

DESESTIMAR el present recurs d'apel lació núm. 263/2015, promogut pel SR. Apolonio amb l'oposició del CONSORCI DE L'HAITATGE DE CATALUNYA i, conseqüentment, confirmar en tots els seus extrems la Sentència núm. 74, de 6 de març de 2015, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona en el sí del procediment ordinari núm. 505/2012-A.

Sense costes.

Notifiqui's aquesta Sentència a les parts amb l'advertència que no és ferma.

Contra la mateixa podrà interposar-se recurs de cassació, el qual haurà de preparar-se davant d'aquesta la nostra Sala i Secció en un termini màxim de trenta dies hàbils, comptadors des de l'endemà (hàbil) d'haver estat rebuda la notificació corresponent, de conformitat amb l' art. 89 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol , reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (LJCA), modificada per la Llei Orgànica 7/2015, de 21 de juliol.

Quan es vulgui fonamentar en la infracció de normes de Dret estatal o de la Unió Europea, el recurs de cassació anirà adreçat a la Sala 3ª del Tribunal Suprem, i la seva preparació s'ajustarà a les previsions de l' art. 89.2 LJCA .

Tanmateix, quan es vulgui fonamentar en la infracció de normes emanades de la Comunitat Autònoma, el recurs de cassació s'adreçarà a la Secció de Cassació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i la seva preparació també es subjectarà a les previsions de l' art. 89.2 LJCA , per bé que la justificació a la qual es refereix la lletra e) del precepte legal esmentat, haurà de considerar-se referida al Dret autonòmic.

Als anteriors efectes, haurà de tenir-se present l'Acord de 19 de maig de 2016, del Consell General del Poder Judicial, pel qual es fa públic l'Acord de 20 d'abril de 2016, de la Sala de Govern del Tribunal Suprem, de fixació de regles sobre l'extensió máxima i altres condicions extrínseques dels escrits procesals referits al Recurs de Cassació (BOE núm. 162, de 6 de juliol de 2016).

Aquesta és la nostra Sentència, que pronunciem, manem i signem. Adjunteu-ne una certificació literal al rotlle d'apel lació, i lliureu-ne testimoni al Jutjat d'origen junt amb les actuacions rebudes així que el present veredicte esdevingui ferm. Tot això, als efectes de les diligències d'execució que siguin procedents.

PUBLICACIÓ.- El dia d'avui i en audiència pública, el Magistrat ponent ha llegit i ha publicat la Sentència anterior. En dono fe.