Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 1700/2019, Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Rec 335/2018 de 30 de Mayo de 2019

Encabezamiento

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SENTENCIA Nº 1700/2019
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE MÁLAGA
RECURSO Nº 335/18
ILUSTRÍSIMOS SEÑORES:
PRESIDENTE
D. MANUEL LOPEZ AGULLO
MAGISTRADOS
Dª. CRISTINA PAEZ MARTINEZ-VIREL
D. CARLOS GARCIA DE LA ROSA
Sección funcional 3ª
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En la Ciudad de Málaga, a treinta de mayo de dos mil diecinueve.
Visto por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Málaga, el Recurso Contencioso-Administrativo número 335/18, interpuesto por LOASUR AUDIOVISUAL S.L.
representada por el Procurador de los Tribunales Dª. Ana María Galán González Serna, contra la resolución
de la Consejería de Empleo Comercio y Empresa de la Junta de Andalucía de fecha 5 de marzo de 2018, en
el que figura como parte demandada la CONSEJERIA DE EMPLEO EMPRESA Y COMERCIO DE LA JUNTA DE
ANDALUCIA representado y asistido por el Sr. Letrado de la Junta de Andalucía, se procede a dictar la presente
resolución.
Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Carlos García de la Rosa, quien expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

PRIMERO.- Por la representación de LOASUR AUDIOVISUAL, S.L. se interpuso recurso contencioso administrativo por medio de escrito de fecha 4 de mayo de 2018 contra la resolución de la Consejería de Empleo Comercio y Empresa de la Junta de Andalucía de fecha 5 de marzo de 2018, por la que se acuerda la anulación del crédito inicialmente comprometido en relación con la subvención otorgada para la realización de acciones de formación prioritariamente a favor de trabajadores desempleados.

El anterior recurso se tuvo por interpuesto por medio de decreto de fecha 30 de mayo de 2018, se le concedió el trámite del procedimiento ordinario y se reclamó el expediente administrativo, ordenando la notificación a todos los interesados en el mismo.

Recibido el expediente se confirió traslado a la parte recurrente para que formalizara demanda, lo que efectuó en legal forma por medio de escrito de fecha 9 de octubre de 2018 en el que se interesaba en síntesis, se estimara la demanda y se anulara la resolución impugnada.



SEGUNDO.- Se confirió traslado de la demanda por el término legal a las partes demandadas.

Por medio de escrito de fecha 18 de diciembre de 2018 el Sr. Letrado de la Junta de Andalucía en nombre y representación de JUNTA DE ANDALUCIA compareció y contestó a la demanda, en la que tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación al juzgado concluyó suplicando la admisión del escrito presentado y de la documental acompañada y que previos los tramites legales se dictase sentencia por la que se inadmitiese el recurso o subsidiariamente se desestimase la pretensión de la actora.



TERCERO.- Por medio de decreto de fecha 19 de diciembre de 2018 se fijó la cuantía del recurso en 29.926,64 euros, se señaló seguidamente día para votación y fallo por medio de providencia de fecha 22 de mayo de 2019.



CUARTO.- En la tramitación de los presentes autos se han observado las prescripciones legales de general y pertinente aplicación.

Fundamentos

PRIMERO.- El presente recurso contencioso administrativo tiene por objeto la impugnación de la resolución de la Consejería de Empleo Comercio y Empresa de la Junta de Andalucía de fecha 5 de marzo de 2018, por la que se acuerda la anulación del crédito inicialmente comprometido por importe de 29.926,64 euros, en relación con la subvención otorgada para la realización de acciones de formación prioritariamente a favor de trabajadores desempleados La resolución impugnada se basa en que la recurrente no cumplió con los deberes de justificación de sumas invertidas en los cursos de formación subvencionado resultando partidas no justificadas por la incorporación de gastos relacionados con la retribución del personal docente tratándose de personas vinculadas con la subvencionada, sin que figurase la autorización de la administración para contratar con personas vinculadas.

La recurrente expone como primer motivo de impugnación la prescripción del derecho de la Administración a comprobar la justificación de la subvención otorgada y obtener el reintegro por superación del plazo de cuatro años previsto en el art. 39 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a contar desde el momento en el que la recurrente aportó la documentación justificativa de la subvención tras el término de la actividad subvencionada en fecha 26 de diciembre de 2012, y el momento del requerimiento de información cursado con fecha 28 de abril de 2017. En segundo lugar rechaza que estemos ante un supuesto de subcontratación con personas vinculadas, sino ante un supuesto de contratación de los servicios docentes expresamente excluido del concepto de subcontratación por el art. 100 de la LGS.

La Administración demandada se opone a la estimación del recurso y defiende la corrección de las resoluciones recurridas, al entender que la concesión de las subvenciones implica para el subvencionado un carga modal que condiciona la percepción de las sumas objeto de subvención al cumplimiento estricto de las prescripciones de la convocatoria de la ayuda pública. Respecto de la prescripción alegada invoca la eficacia interruptiva de la comunicación cursada con fecha 17 de junio de 2013, que determina que no haya cumplido el plazo de prescripción. Se infringe el art. 29.7 de LGS en relación con el art. 68.2 del Reglamento de desarrollo de la Ley General de Subvenciones, y el art. 15 de la Orden de 23 de octubre de 2009 que rige la convocatoria, la haberse contratado con personas vinculadas la realización de las actividades formativas sin contar con la preceptiva autorización de la Administración concedente.



SEGUNDO.- Respecto de la prescripción alegada por la actora, que considera superado el plazo de cuatro años para llevar a efecto las actividades de comprobación de la actividad subvencional de acuerdo con lo previsto en el art. 39 de LGS, se ha de indicar que tal y como las partes asumen pacíficamente el recurrente presentó cuenta justificativa de la subvención con fecha 26 de diciembre de 2012, y que con fecha 28 de abril de 2017 fue requerida por la Administración al objeto de aportar una documentación adicional a efectos justificativos.

La Administración no obstante considera que el plazo de prescripción se interrumpió con ocasión de la comunicación dirigida por la recurrente con fecha 17 de junio de 2013 en la que la subvencionaba acusaba la recepción de las sumas objeto de anticipo de la subvención concedida.

Ya hemos advertido en sentencias precedentes de esta misma Sala y sección como la de fecha 17 de enero de 2019 (rec. 605/17), que la facultad de la administración para acordar el reintegro de las subvenciones no puede considerarse indefinida en el tiempo por el compromiso que esto supone para el principio de seguridad jurídica que aconseja que se garantice la estabilidad de las decisiones administrativas para certeza del administrado por ellas beneficiado, y así decíamos con cita de la STS de 6 de marzo de 2018 (rec. 557/2017) que 'Del anterior extracto jurisprudencial resulta que mientras que el procedimiento de comprobación de la justificación documental tiene un plazo muy reducido para su verificación, tasado en dos meses conforme a la orden en la que se convocan las ayudas, a contar desde el momento en el que transcurre el plazo de tres meses para la justificación de la subvención que se concede al beneficiario; el plazo para desarrollar la actividad de control de la justificación de las acciones formativas es más extenso, y comprende hasta los cuatro años del plazo de prescripción para el ejercicio de la facultad administrativa de reintegro ( art. 39 de LGS ).' La cuestión estriba en determinar si cabe reconocerle efectos interruptivos de la prescripción a esta comunicación de fecha 17 de junio de 2013 (folio 22 de EA), tal y como sugiere la Administración.

A este respecto previene el art. 39.3.c) de LGS que interrumpe la prescripción cualquier 'actuación fehaciente del beneficiario o de la entidad colaboradora conducente a la liquidación de la subvención o del reintegro' El escrito obrante al folio 22 de expediente administrativo constituye una mera comunicación carente de contenido sustantivo, en el que la subvencionada aporta un impreso formulario cumplimentado de forma manuscrita y signado por el representante de la entidad recurrente que sirve a la Administración de justificante de recibo de las sumas anticipadas por un importe de 38.469,60 euros. No contribuye en nada este comprobante contable a los efectos de liquidar los importes subvencionales, y responde a efectos meramente formales a la verificación de la percepción de las sumas anticipadas a efectos de justificación contable por parte de la propia administración. En suma no puede admitirse que presente eficacia para interrumpir la prescripción de la facultad de la Administración para la comprobación del destino de las sumas otorgadas a efectos de reintegro.

Bajo la anterior premisa se concluye que desde el momento en el que se presentó la cuenta justificativa (26 de diciembre de 2012), y hasta la fecha en la que medió un requerimiento de documentación por parte de la Administración al interesado (28 de abril de 2017), se había superado el plazo de cuatro años previsto en el art.

39 de LGS como de prescripción del derecho de la administración a efectuar sus comprobaciones a efectos de liquidación y reintegro de la subvención, por lo que el recurso debe ser estimado, y anulada la resolución de pérdida del derecho al cobro de las sumas pendientes de abono que se impugna en el presente recurso contencioso administrativo, sin necesidad de abordar el resto de motivos impugnatorios que decaen en su objeto.



TERCERO.- En cuanto al pago de las costas procesales de conformidad con lo dispuesto en el art. 139.1 de LJCA, de acuerdo con su redacción dada en la Ley 37/2011 de medidas de agilización procesal, por la que se impone el criterio del vencimiento objetivo, las costas procesales se impondrán a aquella de las partes que vea enteramente desestimadas sus pretensiones, en nuestro caso a la parte demandada, si bien hasta el límite de 1.500 euros en concepto de honorarios de letrado de conformidad con la facultad concedida al tribunal por el art. 139.3 de LJCA.

Vistos los preceptos legales y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales Dª. Ana María Galán González Serna, en nombre y representación de LOASUR AUDIOVISUAL, S.L. contra la resolución de la Consejería de Empleo Comercio y Empresa de la Junta de Andalucía de fecha 5 de marzo de 2018, por la que se acuerda la anulación del crédito inicialmente comprometido, que se anula por no ser conforme a derecho, con expresa imposición de las costas procesales causadas a cargo de la Administración demandada hasta el límite de 1.500 euros en concepto de honorarios de letrado.

Notifíquese la presente sentencia a las partes.

Contra esta sentencia cabe recurso de casación a preparar por escrito ante esta Sala en el plazo de treinta días a contar desde su notificación en los términos del art. 89.2 de LJCA.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN-. La anterior sentencia ha sido leída y publicada por los Magistrados que la suscriben estando celebrando audiencia pública de lo que yo la Secretaría. Doy fe.