Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 225/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Rec 10/2013 de 05 de Abril de 2017

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Sección Tercera

Recurso ordinario número 10/2013

Partes: 'INVERSORA SERGE, SA', 'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS REUS SUD MISERICORDIA', 'SUPRACOMUNITAT DE PROPIETARIS LES PALMERES D'AIGUESVERDS', 'GRUP D'ESTUDI I PROTECCIÓ DELS ECOSISTEMES DEL CAMP (GEPEC)', D. Cosme , D. Isaac , D. Roman , Dª. Agustina , D. Juan Francisco , Dª. Guadalupe , D. Darío , D. Jacinto , Dª. Verónica , D. Santiago , D. Ángel Daniel , D. Dimas , D. Joaquín , D. Sebastián y Dª. Erica contra la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Reus y 'CONTENEDORES REUS, SA'

SENTENCIA Nº 225

Ilmos. Sres. Magistrados

Manuel Táboas Bentanachs

Francisco López Vázquez

Eduardo Rodríguez Laplaza

En la ciudad de Barcelona, a cinco de abril de dos mil diecisiete.

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, constituida al efecto para la votación y fallo, ha visto, en el nombre de S.M. el Rey, el recurso contencioso administrativo seguido ante la misma con el número de referencia, promovido a instancia de 'INVERSORA SERGE, SA', 'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS REUS SUD MISERICORDIA', 'SUPRACOMUNITAT DE PROPIETARIS LES PALMERES D'AIGUESVERDS', 'GRUP D'ESTUDI I PROTECCIÓ DELS ECOSISTEMES DEL CAMP (GEPEC)', D. Cosme , D. Isaac , D. Roman , Dª. Agustina , D. Juan Francisco , Dª. Guadalupe , D. Darío , D. Jacinto , Dª. Verónica , D. Santiago , D. Ángel Daniel , D. Dimas , D. Joaquín , D. Sebastián y Dª. Erica , representados por el procurador de los tribunales Sr. Bassedas Ballús y defendidos por el letrado Sr. Barceló, contra la Generalitat de Catalunya, representada y defendida por su letrado; contra el Ayuntamiento de Reus, representado por el procurador Sr. Quemada Cuatrecasas y defendido por la letrada Sra. Castro Salomó, y contra 'CONTENEDORES REUS, SA (CORSA)', representada por el procurador Sr. López Chocarro y defendida por el letrado Sr. Saura Lluvià, en relación con disposiciones generales en materia de planeamiento urbanístico, siendo la cuantía del recurso indeterminada, y

Antecedentes

PRIMERO. Por la representación procesal de la parte actora se interpuso el presente recurso contencioso administrativo y, una vez recibido el expediente administrativo, le fue entregado para que dedujese escrito de demanda, donde, tras consignar los hechos y fundamentos jurídicos que estimó de aplicación, solicitó se dictase sentencia estimatoria de las pretensiones en ella deducidas.

SEGUNDO. Conferido traslado a las partes demandadas, contestaron la demanda, consignando los hechos y fundamentos de derecho que entendieron aplicables, solicitando la desestimación de las pretensiones de la parte actora.

TERCERO. Recibidos los autos a prueba, fueron practicadas las consideradas pertinentes de entre las propuestas, con el resultado que es de ver en autos, continuando el proceso sus trámites, hasta finalizar con el de conclusiones, donde las partes presentaron sucintas alegaciones en defensa de sus pretensiones respectivas, quedando el pleito concluso para sentencia y señalándose finalmente la votación y fallo para el día 15 de febrero de 2.017.

CUARTO. Con suspensión del plazo para dictar sentencia se acordó unir a estas actuaciones el resultado de la prueba pericial contradictoria practicada en otro recurso, con audiencia de las partes para alegaciones, habiendo continuado la deliberación el día 29 de marzo de 2.017 y habiéndose seguido en la tramitación las prescripciones legales, salvo las referidas a los plazos, ante la importante carga de trabajo que pende ante esta Sección. Ha sido ponente el Ilmo. Sr. Francisco López Vázquez, quien expresa el parecer del Tribunal.

Fundamentos

PRIMERO. Tiene este recurso contencioso administrativo por objeto la impugnación de la resolución del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya de 17 de septiembre de 2.012, aprobando definitivamente el Plan Especial para la creación del sistema urbanístico general de infraestructuras de gestión de residuos, depósito controlado, en la partida de Mas Calbó de Reus, promovido por 'CONTENEDORES REUS, SA' (DOGC. 27-11-12), acuerdos cuya declaración de nulidad se interesa en la demanda.

SEGUNDO. A la vista de los documentos finalmente aportados a los autos, deben rechazarse las causas de inadmisibilidad propuestas por las demandadas en relación con determinadas actoras personas jurídicas y una persona física, sobre la base de los artículos 45.2.d ) y 69.b) de la ley jurisdiccional , al no haber aportado la indicadas actoras el documento que acredite que el órgano de la persona jurídica en nombre de la cual se actúa hubiese adoptado el acuerdo de interponer este recurso.

Así, 'Inversora Serge, SA' ha aportado a los autos un acuerdo de su Junta General Extraordinaria de interposición de este recurso, adoptado por unanimidad de todos los socios asistentes, titulares de todo el capital social, entre ellos sus mismos administradores, con lo que resulta evidente que el requisito queda ampliamente cumplido. y por más que aquel acuerdo se refiera exclusivamente a la impugnación de cualquier tipo de licencia que permita la ampliación del vertedero de autos y no a la normativa de planeamiento como la aquí impugnada, no puede prosperar una interpretación tan formalista de dichos acuerdos sociales como la que alguna demandada pretende, pues teniendo en cuenta que es el planeamiento en cada momento vigente el que permite conceder licencias, debe atenderse a la finalidad de la decisión societaria y entender incluida implícitamente la oposición a los instrumentos de planeamiento que posibiliten nuevas licencias de instalación o ampliación del vertedero, como ocurre en el presente caso.

Otro tanto cabe decir de la 'Asociación de Vecinos Reus Sud Misericordia', que ha aportado un acuerdo de su Junta General, cuyas decisiones, según sus estatutos, obligan a su junta directiva, en todo caso englobada bajo aquella Junta General; como del 'Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes del Camp', que aporta acuerdo de su Junta Directiva, a la que estatutariamente corresponde defender sus intereses en todos sus aspectos. E igualmente de Dª. Erica , ésta en relación con similares términos en los que se expresa el poder para pleitos que en su momento otorgó.

La 'Supracomunitat de Propietaris les Palmeres d'Aigüesverds' ha aportado un acuerdo de su Junta General Ordinaria, de la que forma parte el llamado Órgano Ejecutivo estatutario, correspondiendo en todo caso a la Junta, según los estatutos, plantear cuantas cuestiones considere para que el Órgano Ejecutivo las lleve a cabo.

Finalmente, ni consta la falta de vigencia o la revocación de los diversos poderes para pleitos en su momento otorgados por los distintos actores, ni cabe negar a ninguno de ellos legitimación, cuando nos encontramos en todo caso en presencia de una acción urbanística que es de carácter público, en méritos del artículo 12 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto , aprobando el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña.

TERCERO. La actora, tras citar una serie de antecedentes procesales suscitados ante esta Sala sobre el mismo vertedero, entiende que el estudio de alternativas del plan especial es insuficiente, irracional, aleatorio y carente de objetividad, incumpliendo las disposiciones del artículo 5.1 y anexo I, apartado h) de la Directiva 2011/42/CE , como su normativa de trasposición, singularmente el artículo 7.1 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, y el 8 de la Ley 9/2006, de 28 de abril , no motivando en forma suficiente las distintas alternativas, entre las cuales la de descartar el vertedero o alternativa cero, pues únicamente se considera la falta de instalaciones suficientes en las comarcas del Camp de Tarragona para absorber las necesidades del programa PROGRIC 2007-1012 de la Agencia de Residuos (Decreto 82/2010, de 29 de junio, para un periodo de 10 años para esas comarcas) al que el vertedero no podría venir temporalmente referido, habiéndose informado en el expediente en el sentido de que la capacidad en este programa prevista fue ya alcanzada con la ampliación del depósito existente, por lo que en el ámbito temporal del programa esa carencia quedó resuelta. De forma que la preexistencia del vertedero no puede ser un elemento fundamental para su elección como alternativa adecuada.

Concreta la actora sus objeciones al plan especial en los siguientes aspectos: 1) El vertedero pretende situarse, en reserva de dispensación determinante su nulidad, sobre terrenos considerados por el Plan Territorial Parcial del Camp de Tarragona, de 12 de enero de 2.010, como suelo de protección territorial de preservación de corredores de infraestructuras, suelos que según el plan han de quedar excluidos de transformaciones urbanísticas, por cumplir una función paisajística importante y garantizar unas visuales amplias y un entorno ordenado de las infraestructuras, no admitiendo en ese tipo de suelo actuaciones de urbanización o en general de transformación que no estén funcionalmente asociadas a las infraestructuras que han de situarse en el corredor. 2) Los terrenos están afectados por las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Reus, infringiéndose la normativa de protección y seguridad aérea. 3) El vertedero está próximo a viviendas habitadas anteriores al mismo. 4) Produce importante contaminación odorífica. 5) Los terrenos están afectos a inundabilidad. 6) Se afecta el patrimonio cultural, pues existe el bien cultural de interés nacional de Mas Calbó, que ni siquiera se menciona en el plan.

CUARTO. Por su parte, las demandadas consideran adecuado el estudio de alternativas, entendiendo que la instalación del vertedero en los terrenos de que se trata es compatible con el Plan Territorial Parcial y con la indicada categoría de suelo, donde se restringen las infraestructuras si no van asociadas a la funcionalidad del corredor, pero eso no determina la incompatibilidad del vertedero, pues la categoría de suelo de preservación de corredores de infraestructuras no obedece a ninguna reserva de suelo para ejecutar una determinada infraestructura de movilidad territorial ya prevista, sino que se trata de una prevención o garantía de futuro, para evitar que determinadas áreas geográficas particularmente aptas para el paso de determinadas infraestructuras lineales sean preservadas de transformaciones urbanísticas que puedan en el futuro dificultar la ejecución de nuevas infraestructuras de movilidad territorial aún no previstas. Por tanto, esa falta de previsión a corto o medio plazo de infraestructuras que han de discurrir por el área, junto con la propia previsión del plan especial de un horizonte temporal determinado y limitado a la actividad de depósito (hasta 2.024, de acuerdo con su plan de etapas), que después dará paso a la restauración de los terrenos, hace posible la continuidad del depósito, sin suponer ninguna afectación irreversible para el área del corredor. Así lo señalarían claramente determinados informes obrantes en el expediente. El vertedero no es incompatible con las servidumbres aeronáuticas y cumple la normativa aérea, habiéndose recogido en la aprobación definitiva las sugerencias en su momento efectuadas por Aviación Civil. Descartan también las demandas los argumentos de la actora referidos a proximidad a viviendas habitadas preexistentes, contaminación odorífica, inundabilidad y afectación al patrimonio cultural.

QUINTO. Antes de entrar a considerar tales argumentos parece conveniente indicar que el hecho de que esta Sala reclamase como diligencia final la aportación a este proceso de la prueba pericial practicada en otro anterior, a salvo la valoración probatoria que haya de merecer en este, obedeció a la circunstancia de que la parte actora, tras citarla como base en parte de su argumentación contenida en la demanda, solicitó luego la práctica de una prueba documental referida, entre otros aspectos, a los documentos 'que constan en los autos en poder de esta Sala y Sección a los que hace referencia en el escrito de demanda' (es decir, la indicada pericial), medio de prueba que no le fue expresamente admitido ni denegado en el auto de 14 de febrero de 2.014, que se limitó únicamente a hacer referencia al resto de la documental propuesta. Habiendo luego las restantes partes razonado también en torno a tal pericial, por lo que parecía obvia la necesidad de reclamarla mediante providencia, que no fue objeto de recurso.

SEXTO. Admitiendo las partes que los terrenos del vertedero de autos son, según el Plan Territorial Parcial del Camp de Tarragona, de 12 de enero de 2.010, suelo de protección territorial de preservación de corredores de infraestructuras, esta Sala viene declarando que los planes territoriales parciales constituyen instrumentos de desarrollo no del planeamiento 'urbanístico', sino del 'territorial', en los términos prevenidos en la Ley autonómica 23/1983, de 21 de noviembre, de Política Territorial, en cuyo artículo 12.1 se dispone que los planes territoriales parciales definen los objetivos de 'equilibrio de una parte del territorio' de Cataluña y son el 'marco orientador' de las acciones que se emprendan, mientras que su artículo 11.4 establece que los planes de ordenación urbanística serán coherentes con las determinaciones del Plan Territorial General y de los planes territoriales parciales y facilitarán su cumplimiento.

Sin que la posterior Ley 3/1984, de 9 de enero, de medidas de adecuación del ordenamiento urbanístico de Cataluña, estableciese ninguna peculiaridad en cuanto a una eventual ordenación jerárquica entre tales clases de planes, urbanísticos unos y territoriales otros, no siendo hasta el momento de la refundición producida mediante aquel Decreto Legislativo 1/1990, de 12 de julio, cuando en sus artículos 17.1 y 18 se establecieron ciertas consideraciones o matizaciones al respecto, al disponer el último precepto citado la necesidad de que los planes de ordenación urbanística fuesen 'coherentes' con las determinaciones del plan territorial general y de los planes territoriales parciales, facilitando su cumplimiento. Coherencia también perseguida, en similares términos, por los respectivos artículos 13.2, tanto de la Ley 2/2002, de 14 de marzo , como del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, como del nuevo texto refundido aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, al disponer que los planes urbanísticos deben ser coherentes con las determinaciones del territorial general y de los territoriales parciales y sectoriales y facilitar su cumplimiento.

Criterio este de 'coherencia' que si bien no supone sin más el establecimiento de una relación estricta de carácter exclusiva y meramente jerárquico entre los planes territoriales y los urbanísticos, impone en cualquier caso que la misma relación jerárquica existente entre las diversas especies de planes territoriales también asista a estos respecto de los urbanísticos, siquiera sea en cuanto derivada de la indicada relación de coherencia entre unos y otros que, como no podría ser de otra manera, va de abajo hacia arriba, y no a la inversa, de tal, forma que son los planes urbanísticos los que deben resultar coherentes con los territoriales y adaptarse sus determinaciones, y no a la inversa.

SÉPTIMO. El indicado Plan Territorial Parcial del Camp de Tarragona, definitivamente aprobado el día 12 de enero de 2.010 (DOGC. 3-2-10), en lo que aquí interesa, dispone lo siguiente:

'Article 1.6. Determinacions.

El Pla concreta l'ordenació de l'espai comprès en el seu àmbit mitjançant tres ordres de determinacions gràfiques que s'assenyalen en els Plànols d'ordenació:

Àrees: formades per les superfícies de sòl corresponents als tres sistemes territorials -espais oberts, assentaments i infraestructures-. Aquestes àrees tenen un significat funcional relacionat amb el paper que desenvolupen en el conjunt del territori, que comporta l'establiment d'una normativa reguladora dels usos i processos adequats o admissibles. Aquestes àrees són excloents i en conjunt exhaureixen tota la superfície del territori.

Les àrees que determina el Pla són divisions amb finalitat reguladora, de caràcter territorial, que se superposen a les qualificacions de sòl pròpies del planejament urbanístic, sense perjudici que puguin donar-se en alguns casos coincidències de delimitació.

El Pla determina els tipus d'àrees següents:

- Sòl de protecció especial

- Sòl de protecció territorial

- Sòl de protecció preventiva

- Nuclis històrics i les seves extensions

- Àrees especialitzades

- Àrees d'infraestructures

Xarxes: formades pels elements existents i previstos de les xarxes viària i ferroviària. Als efectesd'aquestes Normes d'ordenació territorial, les xarxes es consideren formades per línies unidimensionals dotades de determinats atributs (amplada, nombre de carrils, etc.) que se superposen a les àrees en què es divideix l'àmbit territorial i les relacionen.

Àmbits: el Pla delimita àmbits amb diferents tipus de finalitats complementàries que se superposen a les anteriors determinacions. Els àmbits no exhaureixen necessàriament tota la superfície del territori i no són excloents entre si, de manera que un punt del territori, a més de pertànyer a una àrea, pot

pertànyer, o no, a un o més àmbits.

(...)

Article 1.8. Vinculació normativa de les determinacions.

1. A través del conjunt de la documentació, el Pla estableix normes, directrius i recomanacions que es distingeixen per la redacció o per l'expressió gràfica.

2. Normes són aquelles disposicions de formulació precisa i d'obligat compliment pel planejament urbanístic, pels projectes d'infraestructures i per les altres actuacions en el territori que són objecte de regulació.

Les directrius són disposicions que defineixen estratègies o pautes d'actuació que han de ser concretades en documents normatius de major detall, especialment pel planejament urbanístic.

El Pla fa, així mateix, diverses recomanacions que considera adients per a un desenvolupament positiu del territori però que entén sotmeses a les valoracions d'oportunitat o conveniència que l'administració competent pugui fer en el moment de l'actuació, amb el benentès que caldrà, quan s'escaigui, justificar en el projecte tècnic corresponent els motius pels quals no se segueixen les recomanacions del Pla.

3. Els plànols d'ordenació i les normes d'ordenació territorials són els documents que contenen les normes, les directrius i les recomanacions del Pla, les quals han de ser interpretades en el marc del discurs que el conjunt de documents que l'integren expressa. Les normes i les directrius són d'obligat compliment i vinculen tant als particulars com a l'Administració.

(...)

Article 1.10. Obligatorietat.

Les administracions públiques, les entitats que en depenen i els particulars estan obligats a cumplir les determinacions i les disposicions que estableix el Pla.

Article 2.5. Edificacions, instal lacions i infraestructures en els espais oberts.

(...)

3. Amb la finalitat d'orientar l'autorització d'edificacions, instal lacions i infraestructures en els diferents tipus d'espais oberts, i sense perjudici de les especificacions establertes per la legislació urbanística i la normativa sectorial, el Pla distingeix tres tipus d'intervencions en funció dels seus efectes i objecte:

A. Aquelles que aporten qualitat al medi natural, agrari i paisatgístic.

La seva presència està associada a la gestió i millora del territori rural, com és el cas de les edificacions i instal lacions pròpies de l'agricultura a cel obert, la ramaderia i la silvicultura extensives, el turisme rural -en especial i preferentment l'agroturisme- i les instal lacions i edificacions per a la protecció i valorització del medi natural. També es consideren incloses en aquest tipus les instal lacions de les activitats agràries intensives o determinades activitats complementàries a l'agricultura que formen part de l'explotació a cel obert d'una finca molt més gran que l'espai que ocupen i contribueixen a la viabilitat del conjunt de l'activitat agrària que manté la qualitat de la finca.

B. Aquelles que no aporten qualitat al medi natural i paisatgístic.

No contribueixen a la gestió, endreça i millora del territori no urbanitzat. Es tracta d'edificacions sovint assimilables a les d'ús industrial, com és el cas de les edificacions per a activitats agràries intensives no associades a l'explotació i la gestió territorial d'una finca gran i altres edificacions o instal lacions d'interès privat i un ús intensiu del sòl, com són els càmpings. Es tracta d'activitats no prohibides per la legislació urbanística però que no poden ser incloses en el tipus A.

C. Aquelles que són d'interès públic, d'acord amb la legislació vigent, i que s'hagin d'emplaçar en el medi rural.

Comprèn les infraestructures i equipaments d'interès públic que han de situar-se en el medi rural, entre els quals, i als efectes de les determinacions d'aquest Pla territorial, es distingeixen: infraestructures lineals (C1) com carreteres, ferrocarrils, conduccions i altres elements significatius

similars; elements d'infraestructures (C2) com parcs solars, parcs eòlics, antenes de telecomunicacions, depuradores, plantes de tractament de residus d'interès públic, i altres elements similars; i elements d'equipament públic que la legislació urbanística no prohibeix en sòl no urbanitzable (C3) com cementiris, establiments penitenciaris i altres.

4. Les implantacions legalment admissibles en sòl no urbanitzable que comporten canvis de certa extensió en la cobertura vegetal del sòl poden ser admesos en sòl de protecció especial o territorial si, per la localització i correcta inserció en el territori, no afecten substancialment els valors intrínsecs ni la funcionalitat del sòl que han motivat el règim de protección establert pel Pla territorial.

Article 2.8. Sòl de protecció territorial: definició.

1. Comprèn aquell sòl que el Pla no considera imprescindible que formi part de la xarxa de sòl de protecció especial, però que té valors, condicionants o circumstàncies que motiven una regulació restrictiva de la seva possible transformació, atès que existeix en l'àmbit del Pla suficient sòl de protecció preventiva o vinculat a les estratègies de desenvolupament urbanístic que s'estableixen en l'article 3.5 per donar resposta a totes les necessitats de desenvolupament urbanístic o d'edificació en sòl no urbanitzable que es donessin al llarg del seu període de vigència.

2. El Pla distingeix tres motius pels quals el sòl ha d'ésser considerat sòl de protecció territorial i en conseqüència ha de ser preservat o se n'ha de condicionar la transformació a un suficient interés territorial:

a) L'interès agrari i/o paisatgístic.

(...)

b) El potencial interès estratègic.

(...)

c) La preservació de corredors d'infraestructures.

Assenyala àrees de sòl que, per raó de la seva situació al llarg de determinades infraestructures o en corredors geogràfics de pas que podrien quedar escanyats per l'espai construït, han de quedar excloses de transformacions urbanístiques amb la finalitat de no dificultar futures propostes de millora de la mobilitat territorial o de dotació d'infraestructures en general. Alhora, aquest sòl acompleix una funció paisatgística prou important, garantint unes visuals àmplies i un entorn endreçat de les infraestructures, que són un dels principals miradors actuals del paisatge.

Article 2.9

Sòl de protecció territorial: regulació.

1. El sòl de protecció territorial ha de mantenir majoritàriament la condició d'espai no urbanitzat i amb aquesta finalitat ha de ser classificat com a no urbanitzable pels plans d'ordenació urbanística municipal, llevat dels casos que es preveuen en aquest article i si, excepcionalment i de manera justificada, convingués incloure alguna peça en sectors o polígons per tal de garantir definitivament la permanència com a espai obert mitjançant la cessió i la incorporació al patrimoni públic que poden resultar del procés de gestió urbanística corresponent.

2. El sòl de protecció territorial resta subjecte a les limitacions que estableix l'article 47 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, i a les condicions que es deriven dels motius que en cada cas justifiquen la seva consideració com a sòl de protecció territorial que s'especifiquen en la memòria del Pla. Així mateix, s'han de tenir en compte les recomanacions que s'assenyalen a l'apartat 3 d'aquest article.

3. L'autorització relativa a les edificacions que podrien ser admissibles d'acord amb la legislació urbanística i l'execució d'infraestructures que s'empara en la legislació sectorial han de tenir en compte les següents recomanacions referides als tipus d'intervenció que estableix l'article 2.5.

c) Sòl de preservació de corredors d'infraestructures.

A. Autorització admissible si es tracta d'intervencions de fàcil desplaçament o amortització curta.

També es poden admetre les que no compleixin aquest requisit i es comprovi que no han d'afectar la funció d'aquest sòl i aquelles que, tractant-se d'elements motivats per l'explotació agrària d'aquest sòl, no tinguin una alternativa raonable de localització.

B. Autorització no admesa pel que fa a instal lacions de nova planta i restringida pel que fa a ampliacions d'edificacions existents.

C1. Autorització admissible.

C2. Autorització admissible si la intervenció va associada a la funcionalitat del corredor i especialmente restringida en els altres supòsits.

C3. Autorització no admesa.

4. Les autoritzacions d'edificació i l'execució d'infraestructures a què fa referència l'apartat anterior han d'observar, a més de les recomanacions assenyalades, els criteris generals i les normatives que s'aprovin en les matèries que s'assenyalen en aquest apartat:

a) Per a l'autorització de les edificacions dels tipus B, C2, C3 cal considerar la possibilitat que s'ubiquin en sòl de protecció preventiva i la preferència de reutilització d'edificacions existents.

b) S'aplicarà sempre el criteri que l'edificació o infraestructura, per la seva localització i característiques, afectin el menys possible la potencialitat funcional de l'àrea de sòl d'acord amb la tipificació adoptada dins del sòl de protecció territorial.

c) Si bé l'exigència d'integració paisatgística cal extremar-la en el sòl d'interès agrari i/o paisatgístic, totes les intervencions estan subjectes a les disposicions que el Pla estableix en aquesta matèria.

d) L'aprovació de les Directrius del paisatge corresponent a l'àmbit del Pla comporta la incorporació de criteris i normes addicionals a les recomanacions assenyalades en l'apartat anterior.

e) Les disposicions d'un pla sectorial per a la preservació dels terrenys d'interès agrari ha de complementar, si s'escau, les regulacions establertes en l'apartat anterior, en tot allò que sigui d'aplicació.

5. El sòl de protecció territorial pot ser objecte d'actuacions d'urbanització, o en general de transformació, només en els següents casos:

(...)

c) Sòl de preservació de corredors d'infraestructures.

No admet actuacions d'urbanització o en general de transformació que no estiguin funcionalment associades a les infraestructures que han de situar-se en el corredor.

6. Les limitacions i altres regulacions del sòl de protecció territorial per raó de riscos o afectacions s'estableixen en l'article 2.12.

Article 2.12. Sòl subjecte a risc o afectació

1. Els sòls subjectes a riscos naturals o tecnològics significatius queden exclosos de qualsevol destinació que hagi de comportar un risc per a les persones d'acord amb les directrius que estableixen els articles 5 i 6 del Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18de juliol.

2. El planejament urbanístic ha de delimitar amb precisió les zones de risc o afectació i ha de determinar, si escau, les mesures específiques de protecció i prevenció que siguin adequades, d'acord amb l'ordenació proposada i la normativa d'aplicació en cada cas.

3. L'ús dels terrenys sotmesos a risc d'inundació es regula pel que assenyala l'article 6 del Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, en funció de la planificació hidràulica que ha d'establir els àmbits de la zona fluvial, zona del sistema hídric i zona inundable per episodis extraordinaris.

4. Les àrees de sòl de protecció preventiva que hagin estat assenyalades com a sòl subjecte a risc pel Pla exclusivament per causa de la seva inundabilitat, d'acord amb les delimitacions proposades per l'Agència Catalana de l'Aigua, ha de recuperar la disponibilitat del sòl de protecció preventiva si per causa de canvis en el règim hidràulic o per la utilització de models més precisos de predicció, l'administració hidràulica deixés de classificar-les com a inundables.

5. Les peces de sòl subjectes a risc per causa de la seva inundabilitat, confrontants amb àrees urbanes poden, amb les limitacions derivades de l'estratègia assignada a l'àrea o nucli urbà, ser classificades com a sòl urbanitzable en el planejament d'ordenació urbanística municipal si es compleixen els requeriments que estableix al respecte l'article 6 del Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.

6. Les àrees de sòl de protecció preventiva que hagin estat assenyalades com a sòl subjecte a risc o afctació pel Pla per l'existència d'afectacions acústiques de l'aeroport no podran tenir usos residencials. Per a la resta d'usos, no s'estableix cap altra restricció addicional al conjunt de determinacions i estratègies del Pla i les regulacions sectorials de l'activitat aeroportuària.

OCTAVO. De la transcripción indicada, además de la vinculación y prevalencia de las determinaciones del plan territorial parcial, se desprende la imposibilidad, según este, de instalar el depósito controlado de autos en suelo por él considerado como de protección territorial, en su modalidad de suelo de preservación de corredores de infraestructuras, pues el suelo de protección territorial ha de ser preservado o se ha de condicionar su transformación, ya con carácter general, a un suficiente interés territorial, en el concreto caso derivado de la preservación de corredores de infraestructuras, áreas de suelo estas que, por razón de su situación a lo largo de determinadas infraestructuras o en corredores geográficos de paso que podrían quedar oprimidos por el espacio construido, han de quedar excluidas de transformaciones urbanísticas con la finalidad de no dificultar futuras propuestas de mejora de la movilidad territorial o de dotación de infraestructuras en general. Al mismo tiempo, este suelo de protección de corredores de infraestructuras cumple una función paisajística muy importante, garantizando unas visuales amplias y un entorno ordenado de las infraestructuras, que son uno de los principales miradores actuales del paisaje (artículo 2.8.2.c).

El suelo de protección territorial -artículo 2.9- ha de mantener mayoritariamente la condición de espacio no urbanizado, con cuya finalidad ha de ser clasificado como no urbanizable por los planes de ordenación urbanística municipal, salvo en casos previstos o excepcionales, quedando sujeto a las limitaciones del artículo 47 de la Ley de Urbanismo y a las condiciones que se deriven de los motivos que en cada caso justifiquen su consideración como suelo de protección territorial, debiendo tener en cuenta las recomendaciones del precepto.

El suelo de protección territorial considerado como de preservación de corredores de infraestructuras, en fin, no admite actuaciones de urbanización o en general de transformación que no estén funcionalmente asociadas a les infraestructuras que han de situarse en el corredor (artículo 2.9.5.c).

NOVENO. No cabe atender, por el contrario, los argumentos contenidos en la demanda relativos a la nulidad del estudio de alternativas o insuficiente motivación de descartar la alternativa 0, afectación de servidumbres aeronáuticas con infracción de la normativa de protección y seguridad aérea o a la proximidad de viviendas habitadas, contaminación odorífica, inundabilidad y afectación del patrimonio cultural, cuestiones que ni se desprenden, con las consecuencias que propone la actora, del resto de la prueba practicada en autos ni tan siquiera de la misma pericial contradictoria traída a este proceso desde el número 205/2009 en el que fue practicada, y que no tuvo por objeto ninguna figura de planeamiento urbanístico como la de autos, sino una resolución otorgando autorización ambiental para el proyecto de ampliación y clausura del depósito controlado de que se trata, incluso respecto de la cual concluyó aquella pericial que el estudio de impacto ambiental entonces presentado con la solicitud había tenido en cuenta las edificaciones existentes próximas al vertedero, describiendo y caracterizando suficientemente los impactos ambientales y las medidas correctoras necesarias para minimizarlos, también respecto del impacto visual y paisajístico y ruidos, habiéndose desarrollado una metodología idónea para evaluar el (leve) impacto odorífero, justificándose suficientemente la propuesta y sus alternativas. Cierto que el perito apreció un riesgo de inundabilidad de parte de los terrenos, circunstancia a la que tampoco cabe atribuir las consecuencias que propone la actora, en primer lugar por referirse aquel, como se dice, a una mera autorización ambiental de ampliación del vertedero (que quedó finalmente anulada por la sentencia firme de esta Sala recaída en el procedimiento en que aquella pericial se emitió, sentencia número 344, de 12-5-15 ); y, en segundo término, por no permitir entender infringido el artículo 9.2 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto , aprobando el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, como la directriz de preservación frente a los riesgos de inundación contenida en el artículo 6 del Decreto 305/2006, de 18 de julio , aprobando el Reglamento de la Ley de Urbanismo de Cataluña.

En cuanto a la denunciada desviación de poder, que se contempla como motivo de anulación de los actos administrativos en el artículo 63.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , del Procedimiento Administrativo Común, y cuya definición se contiene en el artículo 70.2 de la ley jurisdiccional , consiste en el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico, sin que para su existencia se requiera que tales fines sean de carácter privado o particular, bastando que, aunque el fin sea público, resulte distinto del previsto en la norma de que se trate. La Constitución española consagra, en sus artículos 106.1 en relación con el 103.1, el deber de los tribunales de controlar la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho, garantizando en su artículo 9.3 la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Para la apreciación de la desviación de poder será preciso que quien la invoque alegue los supuestos en que se funde y que los pruebe cumplidamente, no pudiendo fundarse ( STS. 22 y 27 de abril de 1.993 y 14 de octubre de 1.994 ) en meras presunciones, ni en suspicacias y ociosas interpretaciones del acto de la autoridad o de la oculta intención que lo determina. Para que se dé el referido vicio es preciso que el acto esté ajustado a la legalidad intrínseca, pero sin responder en su motivación interna al sentido teleológico de la actividad administrativa dirigida a la promoción del interés público e ineludibles principios de moralidad. Así, dado que la administración, en virtud del principio de legalidad administrativa, goza de la presunción de que ejerce sus potestades con arreglo a derecho y a la buena fe, resulta imprescindible la acreditación de tal conducta desviada ( STS. 7 de febrero de 1.989 y 10 de enero de 1.992 ) y, dada la dificultad de acreditar motivaciones internas, la más reciente doctrina no requiere su acreditación con carácter pleno, pero sí cuando menos con la suficiente entidad como para crear en el Tribunal una razonable convicción de que, aun cuando la administración se ha acomodado externamente en su actuación a la legalidad formal, sin embargo el fin perseguido por los actos impugnados es ajeno al interés público ( STS. 15 de enero y 25 de septiembre de 1.995 ). Convicción que esta Sala no alcanza.

DÉCIMO. Sí cabe apreciar, ello no obstante, que la sentencia de esta Sala y Sección número 199, de 8 de marzo de 2.010 (recurso ordinario 14/2008), luego confirmada por la del Tribunal Supremo de 6 de noviembre de 2.013 (Sala Tercera, Sección Quinta, recurso 3370/2010 , que figura aportada a estas actuaciones), declaró la nulidad de la resolución del Departament de Politica Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya de fecha 16 de octubre de 2.007 (DOGC. 13-11-07), por la que se aprobó definitivamente la modificación puntual de la revisión del Plan General de Reus en el ámbito de la partida Mas Calbó. Con lo que, sin perjuicio de notar que el plan especial de autos carecería por ello mismo de cobertura jurídica, cuestión que no plantea directamente la actora, sí que cabe atender el argumento de ésta en el sentido de que tal plan especial, en los términos del artículo 103.4 de la ley jurisdiccional , ha sido en definitiva dictado con el objeto de eludir el cumplimiento y ejecución de tal sentencia, con la consecuencia de su nulidad de pleno derecho.

UNDÉCIMO. Visto el artículo 139.1 de la ley jurisdiccional , la estimación meramente parcial de las pretensiones de la actora y las dudas de hecho y de derecho presentes en el supuesto enjuiciado, no procede imposición de costas.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación y resolviendo dentro del límite de las pretensiones de las partes y de los motivos del recurso y de la oposición, atendido además el resultado de la prueba obrante en autos

Fallo

Rechazando las causas de inadmisibilidad propuestas, ESTIMAMOS EN PARTE el recurso contencioso administrativo interpuesto en nombre y representación de 'INVERSORA SERGE, SA', 'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS REUS SUD MISERICORDIA', 'SUPRACOMUNITAT DE PROPIETARIS LES PALMERES D'AIGUESVERDS', 'GRUP D'ESTUDI I PROTECCIÓ DELS ECOSISTEMES DEL CAMP (GEPEC)', D. Cosme , D. Isaac , D. Roman , Dª. Agustina , D. Juan Francisco , Dª. Guadalupe , D. Darío , D. Jacinto , Dª. Verónica , D. Santiago , D. Ángel Daniel , D. Dimas , D. Joaquín , D. Sebastián y Dª. Erica contra la resolución del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya de 17 de septiembre de 2.012, aprobando definitivamente el Plan Especial para la creación del sistema urbanístico general de infraestructuras de gestión de residuos, depósito controlado, en la partida de Mas Calbó de Reus, acuerdo e instrumento de planeamiento que declaramos NULOS DE PLENO DERECHO, por las razones expuestas, DESESTIMANDO el recurso en lo demás.

Firme que sea esta sentencia, procédase a la publicación de su parte dispositiva, por parte de la administración demandada, en los mismos periódicos oficiales donde en su momento fue publicada la resolución anulada.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciendo saber que no es firme, pudiendo interponer frente a ella (sin que puedan simultanearse ambos recursos, en los términos establecidos en la sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª Sección 1ª y de Pleno, de 30 de noviembre de 2.007), bien recurso de casación ante la Sala Tercera de lo Contencioso- administrativo del Tribunal Supremo, siempre que pretenda fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o de la Unión Europea que sea relevante y determinante del fallo impugnado y que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por esta Sala sentenciadora, bien recurso de casación ante la Sección de esta Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia a que se refiere el segundo inciso del artículo 86.3 de la ley jurisdiccional , cuando se fundase en infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónoma. En cualquiera de ambos casos el recurso deberá prepararse ante esta misma Sala y Sección sentenciadora en el plazo de los 30 días siguientes al de la notificación de esta resolución, con el cumplimiento, en sus casos, de los requisitos enumerados en los artículos 86, 87 y siguientes, debiendo tenerse presente el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de 19 de mayo de 2016, por el que se publica el acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de 20 de abril de 2016, de fijación de reglas sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al recurso de casación (B.O.E. nº 162, de 6 de julio de 2.016).

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación literal a los autos, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Magistrado ponente, constituido en audiencia pública. Doy fe.