Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 2352/2020, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 496/2018 de 15 de Junio de 2020

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Sala Contenciosa Administrativa

Secció Segona

Recurs d'apel·lació contra sentències núm. 496/2018

Parts: Herminia

SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN A BARCELONA

SENTÈNCIA Núm. 2352/2020 - (Secció: 397/2020)

Magistrats/ades:

Il·lm. Sr. Jordi Palomer Bou

Il·lm. Sr. Javier Bonet Frigola

Il·lm. Sra. Montserrat Figuera Lluch

Il·lm. Sra. Virginia de Francisco Ramos

Il·lma. Sra. Rocio Colorado Soriano

Barcelona, 15/06/2020

LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA (SECCIÓ SEGONA), constituïda per a la resolució d'aquest recurs, ha dictat la següent sentència en el rotlle d'apel·lació núm. 496/2018, interposat per Herminia , representat pel procurador CARLOS TURRADO MARTIN-MORA i assistit de lletrat, contra la SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN A BARCELONA, representada i defensada per l'ADVOCAT DE L'ESTAT.

N'ha estat ponent l'il·lm. magistrat Sr. Jordi Palomer Bou, qui expressa l'opinió de la Sala.

Antecedentes

Primer.-El Jutjat Contenciós Administratiu 17 Barcelona va dictar, en el Procediment abreujat núm. 286/2017, la Sentència núm. 120/2018, de data 3 de maig de 2018, la decisió literal de la qual és la següent: 'DESESTIMO el recurso presentado por D. Herminia contra la resolución de 19 de mayo de 2017 que acuerda la expulsión por un periodo de cuatro años Y CONFIRMO la resolución impugnada en todas sus partes.

Con imposición de costas a la parte actora que se fijan en 200 €.'.

Segon.-Contra la resolució esmentada es va interposar recurs d'apel·lació, el qual fou admès pel Jutjat d'Instància, qui va remetre les actuacions a aquest tribunal. Les parts foren citades. L'apel·lant és Herminia i l'apel·lada és la SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN A BARCELONA.

Tercer.-Desenvolupada l'apel·lació, s'assenyalà dia i hora per a la votació i la decisió: 15-4-2020.

Quart.-En la substanciació d'aquest procediment s'han observat i acomplert les prescripcions legals.

Fundamentos

Primer.-En data 3 de maig de 2018 es va dictar sentencia pel Jutjat Contenciós Administratiu nº 17 de Barcelona, la qual va desestimar el recurs interposat per Herminia contra la resolució de 19 de maig de 2017 dictada per la Subdelegació del Govern a Barcelona, i imposant les costes del procediment, amb un límit de 200 euros.

L'acte impugnat en aquell procediment era la resolució de 19 de maig de 2017 dictada per la Subdelegació del Govern a Barcelona que va imposar al recurrent la sanció d'expulsió del territori nacional amb una prohibició d'entrada de quatre anys per la comissió d'una infracció greu de l' article 53.a) de la Llei Orgànica 4/2000 de 11 de gener modificada per la Llei Orgànica 8/2000 de 22 de desembre, per trobar-se irregularment en territori espanyol.

Segon.-Disconforme amb aquella sentència es va interposar recurs d'apel·lació per la defensa de Herminia en el qual s'al·legava la desproporció de la sanció imposada, atès lŽarrelament del recurrent.

Tercer.-Pel que fa a la manca de proporcionalitat al·legada, cal tenir present la Sentència de 24 abril 2015 del TJUE, que en resoldre una qüestió prejudicial plantejada per la Sala del Contenciós Administratiu del TSJ del País Basc en relació a si resulta compatible amb el dret de la UE la possibilitat d'optar entre una sanció de expulsió o una de multa, sent a més ambdues incompatibles entre si, recorda que:

'el objetivo de la Directiva 2008/115, tal como se desprende de sus considerandos 2 y 4, es establecer una política eficaz de expulsión y repatriación. Además, en virtud de su artículo 1 , esta Directiva establece las 'normas y procedimientos comunes' aplicables por cualquier Estado miembro al retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular.

Como indica el apartado 35 de la sentencia El Dridi (C-61/11 PPU, EU:C:2011:268 ), el artículo 6, apartado 1, de dicha Directiva prevé ante todo, con carácter principal, la obligación de los Estados miembros de dictar una decisión de retorno contra cualquier nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en su territorio.

En efecto, una vez comprobada la irregularidad de la situación, las autoridades nacionales competentes deben, en virtud de dicho precepto y sin perjuicio de las excepciones contempladas en los apartados 2 a 5 del mismo artículo, adoptar una decisión de retorno ( sentencia Achughbabian, C-329/11 , EU:C:2011:807 , apartado 31). A este respecto, ningún dato del expediente remitido al Tribunal de Justicia permite suponer que el Sr. Zaizoune se encuentre en una de las situaciones contempladas en dichos apartados.

33 Asimismo, ha de señalarse que, cuando se ha adoptado una decisión de retorno respecto a un nacional de un tercer Estado, pero éste no ha respetado la obligación de retorno, ya sea en el plazo concedido para la salida voluntaria, ya sea cuando no se ha fijado plazo alguno al efecto, el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2008/115 impone a los Estados miembros, con objeto de garantizar la eficacia de los procedimientos de retorno, la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para proceder a la expulsión del interesado, esto es, como dispone el artículo 3, punto 5, de la citada Directiva, al transporte físico del interesado fuera del Estado miembro (véase, en este sentido, la sentencia Achughbabian, C-329/11 , EU:C:2011:807 , apartado 35).

34 Por otra parte, debe recordarse que tanto del deber de lealtad de los Estados miembros como de las exigencias de eficacia recordadas en particular en el considerando 4 de la Directiva 2008/115, se deriva que la obligación impuesta a los Estados miembros por el artículo 8 de la citada Directiva de proceder a la expulsión, en los supuestos mencionados en el apartado 1 de ese artículo, debe cumplirse lo antes posible (véase la sentencia Sagor, C-430/11 , EU:C:2012:777 , apartado 43 y jurisprudencia citada).

35 De ello se deriva que una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal no responde a las manifiestas exigencias impuestas por los artículos 6, apartado 1 , y 8, apartado 1, de la Directiva 2008/15 .

36 La facultad de los Estados miembros de establecer excepciones, en virtud del artículo 4, apartados 2 y 3, de la Directiva 2008/115 , a las normas y procedimientos regulados en ésta no puede desvirtuar dicha conclusión.

37 Así, respecto a las disposiciones pertenecientes al acervo comunitario en materia de inmigración y de asilo que resulten más favorables para el nacional de un tercer país, contempladas en el apartado 2 de dicho artículo, es preciso señalar que ningún precepto de dicha Directiva ni ninguna disposición de un acto perteneciente al acervo comunitario permiten establecer un sistema que, en caso de situación irregular de nacionales de terceros países en el territorio de un Estado miembro, imponga, dependiendo de las circunstancias, o bien una sanción de multa, o bien la expulsión, siendo ambas medidas excluyentes entre sí.

38 En cuanto al apartado 3 del mismo artículo, debe señalarse que la facultad de establecer excepciones que contiene está supeditada al requisito de que las disposiciones más favorables para las personas incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 2008/115, adoptadas o mantenidas por los Estados miembros, sean compatibles con dicha Directiva. Ahora bien, habida cuenta del objetivo que persigue esta Directiva, recordado en el apartado 30 de la presente sentencia, y de las obligaciones que imponen claramente a los Estados miembros los artículos 6, apartado 1, y 8, apartado 1, de la misma Directiva, la citada compatibilidad no queda garantizada si la normativa nacional establece un sistema como el descrito en el apartado anterior de esta sentencia.

39 A este respecto, cabe recordar que los Estados miembros no pueden aplicar una normativa que pueda poner en peligro la realización de los objetivos perseguidos por una directiva y, como consecuencia de ello, privarla de su efecto útil (véase, en este sentido, la sentencia Achughbabian, C-329/11 , EU:C:2011:807 , apartado 33 y jurisprudencia citada).

40 De lo anterior se desprende que una normativa nacional como la controvertida en el procedimiento principal puede frustrar la aplicación de las normas y de los procedimientos comunes establecidos por la Directiva 2008/115 y, en su caso, demorar el retorno, menoscabando de este modo el efecto útil de dicha Directiva (véase, en este sentido, la sentencia Achughbabian, C-329/11 , EU:C:2011:807 , apartado 39).

41 En atención a las consideraciones anteriores, debe responderse a la cuestión planteada que la Directiva 2008/115, en particular sus artículos 6, apartado 1 , y 8, apartado 1, en relación con su artículo 4, apartados 2 y 3 , debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el procedimiento principal, que, en caso de situación irregular de nacionales de terceros países en el territorio de dicho Estado, impone, dependiendo de las circunstancias, o bien una sanción de multa, o bien la expulsión, siendo ambas medidas excluyentes entre sí.'

Finalmente el TJUE en el fallo de su Sentencia declara que:

'La Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, en particular sus artículos 6, apartado 1 , y 8, apartado 1, en relación con su artículo 4, apartados 2 y 3 , debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el procedimiento principal, que, en caso de situación irregular de nacionales de terceros países en el territorio de dicho Estado, impone, dependiendo de las circunstancias, o bien una sanción de multa, o bien la expulsión, siendo ambas medidas excluyentes entre sí.'.

DŽaquesta manera, sent l'expulsió l'única sanció possible a la infracció de la normativa d'estrangeria comesa per l'apel·lant, s'imposa la desestimació del recurs interposat ja que ni el principi de proporcionalitat ni el seu arrelament personal o social, permetrien optar per una altra mesura que no sigui l'expulsió del territori nacional.

Per tot això el recurs ha de ser desestimat.

Quart.-D'acord amb el que disposa l' article 139.2 LJCA, és procedent imposar a l'apel·lant les costes d'aquest recurs d'apel·lació fins al límit de 300 euros.

Vistos els preceptes legals esmentats i d'altres de general i pertinent aplicació,

Fallo

1r.- Desestimaraquest recurs d'apel·lació.

2n.- Imposara l'apel·lant les costes d'aquest recurs d'apel·lació fins al límit de 300 euros.

Notifiqui's a les parts la present Sentència, que no és ferma. Contra la mateixa es pot deduir, si s'escau, recurs de cassació a través d'aquesta Sala, de conformitat amb allò que disposa la Secció 3ª, Capítol III, Títol IV de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (LJCA). El recurs haurà de preparar-se en el termini que preveu l' art. 89.1 LJCA.

Alhora, s'adverteix que al BOE núm. 162, de 6 de juliol de 2016, apareix publicat l'Acord de 20 d'abril de 2016, de la Sala de Govern del Tribunal Suprem, sobre l'extensió màxima i altres condicions extrínseques dels escrits processals referits al recurs de cassació.

D'acord amb el que disposa el Reglament (EU) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, a la qual remet l' art. 236 bis de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial, i en el reial Decret 1720/2007 pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, faig saber a les parts que les seves dades personals han estat incorporades al fitxer d'assumptes d'aquesta Oficina judicial, on es conservaran amb caràcter confidencial i únicament per al compliment de la tasca que té encomanada i sota la salvaguarda i la responsabilitat de la mateixa i on seran tractades amb la màxima diligència.

D'aquesta sentència, uniu-ne una certificació al procediment. Així ho pronunciem, ho manem i ho signem.

PUBLICACIÓ.La Sentència anterior ha estat llegida en Sala i en audiència pública pel ponent l'il·lm. magistrat Sr. Jordi Palomer Bou . Com Advocada de l'Administració de Justícia ho certifico.