Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 251/2020, Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Rec 893/2017 de 07 de Febrero de 2020

Encabezamiento

PROCEDIMIENTO ORDINARIO [ORD] - 000893/2017
N.I.G.: 46250-33-3-2017-0001662
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION TERCERA
En la ciudad de Valencia a siete de febrero de dos mil veinte
La Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, compuesta por los Ilmos. Sres D. MANUEL JOSÉ BAEZA DÍAZ-PORTALES, Presidente, D.
LUIS MANGLANO SADA, D. AGUSTÍN GÓMEZ-MORENO MORA y Dª MARÍA JESÚS OLIVEROS ROSSELLÓ,
Magistrados, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA Nº 251/2020
en el recurso contencioso administrativo nº 893/17 interpuesto por Sergio y Remedios representado por
el Procurador D. Francisco Cerrillo Ruesta y asistidos por el Letrado D. German Rodrigo Chaqués contra la
resolución adoptada con fecha 31.3.2017 por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad
Valenciana, desestimatoria de la reclamación en su día formulada por el hoy demandante contra el acuerdo
dictado el 16.3.2016 por la Administración de DIRECCION001 de la Delegación Especial de Valencia de
la Agencia Tributaria, mediante el que se procede a la desestimación de la solicitud de rectificación de la
autoliquidación presentada en relación con la declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas correspondiente al ejercicio 2014. Con tal solicitud de rectificación de autoliquidación se pretendía
incluir la deducción por inversión en vivienda habitual que el actor omitió aplicar, sobre una base de 9.880,59
€, correspondiente al importe abonado en concepto de amortización e intereses de un préstamo suscrito
para la ampliación o rehabilitación de determinado inmueble. Habiendo sido parte demandada en los autos el
TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE VALENCIA, representado y asistido por el ABOGADO
DEL ESTADO . Y Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D.MANUEL JOSÉ BAEZA DÍAZ- PORTALES.

Antecedentes

PRIMERO.-Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por ley, se emplazó a la demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó mediante escrito en que suplicó que se dictase sentencia declarando no ajustada a Derecho la resolución recurrida.



SEGUNDO.-Por la parte demandada se contestó la demanda mediante escrito en el que solicitó que se dictase sentencia por la que se confirme la resolución recurrida.



TERCERO.- No habiéndose recibido el proceso a prueba quedaron los autos pendientes de votación y fallo.



CUARTO.-Se señaló la votación y fallo del recurso para el día 4/2/20

QUINTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.-Se interpone el presente recurso contencioso-administrativo frente a la resolución adoptada con fecha 31.3.2017 por el Tribunal Económico- Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana, desestimatoria de la reclamación en su día formulada por el hoy demandante contra el acuerdo dictado el 16.3.2016 por la Administración de DIRECCION001 de la Delegación Especial de Valencia de la Agencia Tributaria, mediante el que se procede a la desestimación de la solicitud de rectificación de la autoliquidación presentada en relación con la declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2014. Con tal solicitud de rectificación de autoliquidación se pretendía incluir la deducción por inversión en vivienda habitual que el actor omitió aplicar, sobre una base de 9.880,59 €, correspondiente al importe abonado en concepto de amortización e intereses de un préstamo suscrito para la ampliación o rehabilitación de determinado inmueble.

La demanda presentada en esta sede jurisdiccional aparece fundamentada en los siguientes motivos -según los mismos vienen intitulados en la propia demanda-: (i) extralimitación de las funciones de la oficina de Gestión Tributaria, (ii) vulneración del principio de confianza legítima y seguridad jurídica, (iii) prueba indiciaria de ampliación o mejora de la vivienda habitual, (iv) justificación de los importes destinados a la ampliación de la vivienda habitual y (v) deducción proporcional.

La Abogacía del Estado se ha opuesto a la estimación de todos los motivos de impugnación con argumentos que serán tratados en el siguiente fundamento jurídico.



SEGUNDO.-Antes de nada, debe ponerse de relieve que exactamente las mismas cuestiones suscitadas en esta litis ya han sido resueltas por esta misma Sala y Sección en nuestra sentencia nº 706/2019, dictada en un asunto suscitado entre las mismas partes (solo que referido a otro periodo impositivo del mismo impuesto) y en el que las circunstancias fácticas y jurídicas son coincidentes.

Siendo ello así, elementales razones de seguridad jurídica y prestigio de la jurisdicción determinan que apliquemos al presente supuesto la misma solución conferida al de referencia, lo que conduce a la desestimación del recurso.

Así, la precitada sentencia se pronuncia en los siguientes términos: '
PRIMERO: Se recurre las resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana de fecha 29-6-2016 y 31-3-2017 por la que se desestiman las reclamaciones económico administrativas nº NUM000 y NUM001 contra sendas resoluciones de la AET en relación con la deducción por vivienda habitual practicada por el interesado en su autoliquidación por el IRPF del 2013 y del 2014, levantándose sendas liquidaciones provisionales por importe de 1356 euros, suprimiendo las deducciones por inversión en vivienda habitual por considerar no ha quedado suficientemente acreditado que el préstamo hipotecario obtenido esté asociado a la compra de la vivienda adquirida como habitual.

Se trata de una vivienda sita en la Avda. DIRECCION000 nº NUM002 en DIRECCION001 (Valencia).

Los actores, sin embargo, con el fin de justificar su derecho a la deducción aportan la siguiente documentación: 1º Certificado de empadronamiento de los cónyuges en el mencionado inmueble.

2º Escritura de compra de la vivienda 3º Escrituras de los distintos préstamos hipotecarios concedidos.

4º Facturas de los suministros contratados y certificaciones de obras emitidas.

5º Fotografías correspondientes a la ampliación de toda la superficie de la vivienda habitual.

6º Certificado del catastro inmobiliario en el que consta la antigua superficie construida en metros cuadrados.

7º Tasación independiente de la vivienda presentada el 27-3-2015 y otra donde constan los metros cuadrados construidos tras la ampliación de la vivienda Por otra parte los recurrentes se quejan de que ha existido una extralimitación de las funciones de la oficina de Gestión Tributaria en cuanto se ha excedido del ámbito de aplicación del procedimiento de comprobación limitada solicitando determinada documentación y comprobaciones que no están amparadas por la configuración legal de dicho procedimiento. También se aduce que se ha vulnerado el principio de confianza legítima y de seguridad jurídica ya que los interesados han venido aplicándose deducciones por la adquisición de la vivienda desde el año 2003 sin objeciones por parte de la Administración demandada hasta este momento en que no se han admitido. Finalmente subraya la suficiente justificación y prueba aportada sobre las inversiones en la vivienda realizadas así como los indicios que atestiguan que el importe del préstamo se dedicó a la rehabilitación de la vivienda.

Por el contrario lo que objeta la Administración demandada es que no se cumplen los requisitos exigidos para la deducción por el art. 78 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre. Se considera que las obras realizadas no son de rehabilitación de la vivienda ni de reconstrucción mediante la consolidación y tratamiento de sus estructuras, fachadas y cubiertas. Tampoco se ha justificado el coste de la ampliación. Se trata, pues, de obras de mejora o de reforma de la vivienda pero no de rehabilitación. Asimismo se señala que respecto del préstamo de diciembre del 2003 por el que se aplica la deducción sigue sin acreditarse que las disposiciones efectuadas, que van de diciembre de 2003 a mayo de 2004 se hayan destinado a la ampliación o rehabiitación de la vivienda habitual ya que tan solo se aportan facturas y certificaciones de obra que van desde diciembre de 2002 a julio de 2003. Además, hay que tener en cuenta que en la ejecución de la ampliación se emplearon importes de un préstamo hipotecario de 31-3-2003, ampliado al 17-7-2003, actualmente cancelado.



SEGUNDO: La cuestión que se plantea en este procedimiento es fundamentalmente de carácter probatorio en orden a determinar si las obras ejecutadas en las que se fundan los recurrentes para justificar su derecho a la deducción fiscal pretendida son de rehabilitación o reconstrucción como ellos pretenden o simplemente de mejora o simple reforma. Ahora bien, con carácter previo debemos resolver, para poder adentrarnos en las cuestiones de derecho sustantivo planteadas a las objeciones, de tipo formal opuestas por la actora.

En cuanto a la vulneración de los principio de confianza legítima y de seguridad jurídica cabe señalar que la Administración en modo alguno está vinculada por las declaraciones tributarias de los contribuyentes. El simple dato cierto de que no se hayan revisado la de los ejercicios anteriores no significa, ni mucho menos, que estas declaraciones sean correctas. Solo tendía sentido esa excepción si la se hubiesen comprobado y se hubiesen aceptado, en cuyo caso la Administración tendría que explicar de manera motivada las razones en el cambio de parecer. No ha sido el caso que tenemos que enjuiciar donde no constan actuaciones precedentes de la Administración admitiendo la bondad de las deducciones realizadas de manera que nada impide esa revisión y que la Administración pueda decidir, libre de precedentes válidos, sobre su procedencia.

Tampoco podemos aceptar que la Administración Tributaria se haya extralimitado en sus funciones de control e investigación con relación al ámbito de actuación y facultades que le confiere el art. 136.2 de la LGT. La parte actora considera que se ha excedido al recabar el proyecto de las obras ejecutadas con indicación de las obras realizadas y metros de ampliación así como los justificantes de pago de las disposiciones realizadas entre diciembre de 2003 y mayo de 2005. Sin embargo el art. 136. 2 c) de la LGT permite el examen de las facturas o documentos que sirvan de justificante de las operaciones incluidas en dichos libros, registros o documentos, salvo la contabilidad; y con relación al proyecto de las obras realizadas se trata de una documentación exigible y que deben presentar los interesados a la Administración, en cuyo poder debe obrar, como justificación de las obras de rehabilitación que dan derecho a la deducción, siendo, por lo demás el procedimiento de comprobación limitada el más idóneo y habitualmente empleado cuando se trata de investigar los hechos que dan derecho a la desgravación por rehabilitación de vivienda.

En cuanto a la problemática de fondo debemos recordar los requisitos previstos en el art. 55 del Reglamento del Impuesto de la Renta de la Personas Físicas, aprobado por R.D. 439/2007, de 30 de marzo, para que las obras realizadas se puedan considerar como de rehabilitación y no de simple reforma, siendo aquellas las que darían derecho a la deducción. Al respecto el mencionado precepto dispone lo siguiente: '1.Se asimilan a la adquisición de vivienda: 1.ºLa construcción o ampliación de la misma, en los siguientes términos: Ampliación de vivienda, cuando se produzca el aumento de su superficie habitable, mediante cerramiento de parte descubierta o por cualquier otro medio, de forma permanente y durante todas las épocas del año.

Construcción, cuando el contribuyente satisfaga directamente los gastos derivados de la ejecución de las obras, o entregue cantidades a cuenta al promotor de aquéllas, siempre que finalicen en un plazo no superior a cuatro años desde el inicio de la inversión.

2.ºEn los supuestos de nulidad matrimonial, divorcio o separación judicial, las cantidades satisfechas en el período impositivo para la adquisición de la que fue durante la vigencia del matrimonio su vivienda habitual, siempre que continúe teniendo esta condición para los hijos comunes y el progenitor en cuya compañía queden.

También podrá practicarse deducción por las cantidades satisfechas, en su caso, para la adquisición de la vivienda que constituya o vaya a constituir su vivienda habitual, con el límite conjunto de 9.015 euros anuales.

2.Por el contrario, no se considerará adquisición de vivienda: a)Los gastos de conservación o reparación, en los términos previstos en el artículo 13 de este Reglamento.

b)Las mejoras.

c)La adquisición de plazas de garaje, jardines, parques, piscinas e instalaciones deportivas y, en general, los anexos o cualquier otro elemento que no constituya la vivienda propiamente dicha, siempre que se adquieran independientemente de ésta. Se asimilarán a viviendas las plazas de garaje adquiridas con éstas, con el máximo de dos.

3.Si como consecuencia de hallarse en situación de concurso, el promotor no finalizase las obras de construcción antes de transcurrir el plazo de cuatro años a que se refiere el apartado 1 de este artículo o no pudiera efectuar la entrega de las viviendas en el mismo plazo, éste quedará ampliado en otros cuatro años.

En estos casos, el plazo de doce meses a que se refiere el artículo 54.2 de este Reglamento comenzará a contarse a partir de la entrega.

Para que la ampliación prevista en este apartado surta efecto, el contribuyente que esté obligado a presentar declaración por el Impuesto, en el período impositivo en que se hubiese incumplido el plazo inicial, deberá acompañar a la misma tanto los justificantes que acrediten sus inversiones en vivienda como cualquier documento justificativo de haberse producido alguna de las referidas situaciones.

En los supuestos a que se refiere este apartado, el contribuyente no estará obligado a efectuar ingreso alguno por razón del incumplimiento del plazo general de cuatro años de finalización de las obras de construcción.

4.Cuando por otras circunstancias excepcionales no imputables al contribuyente y que supongan paralización de las obras, no puedan éstas finalizarse antes de transcurrir el plazo de cuatro años a que se refiere el apartado 1 de este artículo, el contribuyente podrá solicitar de la Administración la ampliación del plazo.

La solicitud deberá presentarse en la Delegación o Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria correspondiente a su domicilio fiscal durante los treinta días siguientes al incumplimiento del plazo.

En la solicitud deberán figurar tanto los motivos que han provocado el incumplimiento del plazo como el período de tiempo que se considera necesario para finalizar las obras de construcción, el cual no podrá ser superior a cuatro años.

A efectos de lo señalado en el párrafo anterior, el contribuyente deberá aportar la justificación correspondiente.

A la vista de la documentación aportada, el Delegado o Administrador de la Agencia Estatal de Administración Tributaria decidirá tanto sobre la procedencia de la ampliación solicitada como con respecto al plazo de ampliación, el cual no tendrá que ajustarse necesariamente al solicitado por el contribuyente.

Podrán entenderse desestimadas las solicitudes de ampliación que no fuesen resueltas expresamente en el plazo de tres meses.

La ampliación que se conceda comenzará a contarse a partir del día inmediato siguiente a aquel en que se produzca el incumplimiento.

5.A los efectos previstos en el artículo 68.1.1.º de la Ley del Impuesto se considerará rehabilitación de vivienda las obras en la misma que cumplan cualquiera de los siguientes requisitos: a)Que hayan sido calificadas o declaradas como actuación protegida en materia de rehabilitación de viviendas en los términos previstos en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.

b)Que tengan por objeto principal la reconstrucción de la vivienda mediante la consolidación y el tratamiento de las estructuras, fachadas o cubiertas y otras análogas siempre que el coste global de las operaciones de rehabilitación exceda del 25 por ciento del precio de adquisición si se hubiese efectuado ésta durante los dos años inmediatamente anteriores al inicio de las obras de rehabilitación o, en otro caso, del valor de mercado que tuviera la vivienda en el momento de dicho inicio. A estos efectos, se descontará del precio de adquisición o del valor de mercado de la vivienda la parte proporcional correspondiente al suelo'.

No cabe duda de que la obra se ha ejecutado como lo prueban las certificaciones de obras aportadas, las facturas de los suministros realizados, las fotografías correspondientes a la ampliación de toda la superficie de la vivienda y reformas interiores llevadas a cabo así como las tasaciones e informes periciales que nos cercioran de la reconstrucción efectuada. Es cierto que la licencia de obra concedida de 24-6-1994 es de reforma pero también se especifica que es de ampliación.

Por otra parte el examen de esas certificaciones de obra nos cercioran que las obras no solo fueron de simple remodelación sino que afectaron y fueron de consolidación de sus estructuras, fachadas y cubiertas y que además supusieron una ampliación de la superficie habitable de la vivienda. Al respecto se debe indicar que aun cuando esa ampliación no aparezca en el catastro o en el Registro de la Propiedad no por esa ausencia se puede desconocer una realidad que debe operar mediante la revisión de datos de las inscripciones en tales registros públicos. La importancia de las obras las revela no solo las fotografías que se aportan sino también la tasación oficial de la vivienda de 365.781 euros, así como el informe del arquitecto técnico D. Cosme de 12-3-2015 donde se alude sin ningún tipo de reservas a la rehabilitación de la vivienda y de su ampliación de los 166 m2 catastrados a una superficie comprobada de 281,37 m2. Así pues, debe admitirse la rehabilitación de la vivienda sin que sea obstáculo a dicho reconocimiento que las obras no hayan sido calificadas o declaradas como actuación protegida en materia de rehabilitación de viviendas de acuerdo con las previsiones del R.D.

801/2005, de 1 de julio que se refiere al Plan Estatal de 2005-2008 para permitir el acceso de los ciudadanos a la vivienda, al que obviamente no se pudo acoger esta vivienda cuyas obras concluyeron en el 2004.

Por consiguiente y a la vista de dicha prueba debe entenderse acreditado el hecho de que nos encontramos ante auténticas obras de rehabilitación o reconstrucción, y no de simples reformas de acuerdo con lo previsto en el art. 68 de la Ley 35/2006 del IRPF y el 55 del R.D. 439/2007, al cumplirse con el deber de la carga probatoria que incumbe al demandante según lo previsto en los arts. 105 y 106 de la LGT.



TERCERO: Pero el cumplimiento del requisito ya demostrado de que nos encontramos con obras de rehabilitación no es suficiente para aceptar el derecho a la deducción.

Se trata de determinar a continuación si el préstamo hipotecario obtenido con el fin de destinarlo a la rehabilitación realizada fue destinado a dicha inversión, o en otras palabras, si su importe se invirtió en dicha rehabilitación. Sobre este hecho se duda y se hace cuestión en la resolución recurrida cuando se afirma lo siguiente: ' Respecto del préstamo de diciembre del 2003 por el que se aplica la deducción sigue sin acreditarse que las disposiciones efectuadas, que van de diciembre de 2003 a mayo de 2004, se hayan destinado a la ampliación o rehabilitación de la vivienda habitual ya que tan solo se aportan facturas y certificaciones de obra que van desde diciembre de 2002 a julio de 2003. Además, hay que tener en cuenta que en la ejecución de la ampliación se emplearon importes de un préstamo hipotecario de 31-3-2003, ampliado al 17-7-2003, actualmente cancelado'. Recordemos que dichas certificaciones de obra y facturas fueron solicitadas a la los actores y por ese motivo se quejaron de que no cabían dentro del procedimiento de comprobación limitada empleado.

Se hace necesario precisar que los actores solicitaron y obtuvieron un préstamo hipotecario el 2-9-1993 y que posteriormente obtienen otro mediante escritura de 31-3-2003 que se amplía el 17-7-2007. Estos préstamos fueron debidamente cancelados y no gravan con hipoteca la finca adquirida. Estos préstamos nada tienen que ver con el que determina la desgravación que es de 11-12-2003 según escritura 1.538 que figura en el expediente administrativo. En la constitución de la hipoteca sobre el inmueble relativa a este préstamo de 11-12-2003 por importe de 120.000 euros, se deja constancia de que la finca está libre de cargas y de que el préstamo que se concede es un préstamo multicrédito que se puede destinar no solo a la rehabilitación de vivienda sino también a la adquisición de cualquier objeto destinado al consumo.

La cuestión o dilema que se plantea es si con un préstamo de fecha posterior a las certificaciones de obras que se dicen haberse financiado con el mismo, pues el préstamo es de 11-12-2003 y las certificaciones de obra van de noviembre de 2002 a julio de 2003 y se pagan en los meses en que se certifican o como más tardar en el siguiente, y sin prueba demostrativa de lo contrario, se pueden afrontar, sufragar o abonar con cargo a él esas obras y gastos, que son anteriores a la concesión del empréstito, debiendo ser la respuesta negativa, por lo cual no podemos aceptar la inversión del préstamo en la rehabilitación de la vivienda requisito imprescindible para tener derecho a la deducción. Es cierto que con posterioridad a julio de 2003 y hasta diciembre de 2003 existe alguna factura aislada por gastos de fontanería o carpintería metálica pero de muy escasa cuantía, que difícilmente se puede considerar como inversión en la rehabilitación de la vivienda.

Por estas razones el recurso no puede prosperar y debe ser desestimado.'.



TERCERO.- Habida cuenta de la desestimación de la demanda, y de conformidad con lo previsto en el artículo 139.1 de la Ley Jurisdiccional (teniendo en cuenta la redacción dada al mismo por la Ley 37/2011), habrán de imponerse a la parte actora las costas procesales; las que, en uso de la facultad que confiere el apartado 3 del precitado art. 139 LJ, quedan cifradas -por todos los conceptos- en la cantidad máxima de 1.500 €.

Vistos los preceptos y fundamentos legales expuestos, y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que DEBEMOS DESESTIMAR Y DESESTIMAMOSel presente recurso contencioso-administrativo, interpuesto contra los actos administrativos identificados en el primero de los fundamentos jurídicos de esta sentencia; ello con imposición a la parte actora de las costas procesales en la concreta cuantía especificada en el fundamento jurídico tercero.

Esta Sentencia no es firme y contra ella cabe, conforme a lo establecido en los artículos 86 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa, recurso de casación ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo o, en su caso, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Dicho recurso deberá prepararse ante esta Sección en el plazo de treinta días a contar desde el siguiente al de su notificación, debiendo tenerse en cuenta respecto del escrito de preparación de los que se planteen ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo los criterios orientadores previstos en el Apartado III del Acuerdo de 20 de abril de 2016 de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al Recurso de Casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo (BOE número 162 de 6 de julio de 2016).

A su tiempo y con certificación literal de la presente, devuélvase el expediente administrativo al centro de su procedencia.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que ha sido para la resolución del presente recurso, estando celebrando audiencia pública esta Sala, de lo que, como Secretario de la misma, certifico.