Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 258/2018, Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 64/2018 de 23 de Mayo de 2018

Encabezamiento

T.S.X.GALICIA CON/AD SEC.1
A CORUÑA
SENTENCIA: 00258/2018
Ponente: Dª. Blanca María Fernández Conde.
Recurso: Recurso de Apelación 64/2018.
Apelante: Jose Pablo .
Apelada: Subdelegación del Gobierno de Lugo.
EN NOMBRE DEL REY
La Sección 001 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia ha
pronunciado la
SENTENCIA
Ilmos. Sres.
D. Fernando Seoane Pesqueira, presidente.
Dª. Blanca María Fernández Conde
Dª. Dolores Rivera Frade
A Coruña , a 23 de Mayo de 2018 .
En el recurso de apelación, pendiente de resolución ante esta Sala, interpuesto por D. Jose Pablo ,
representado por la procuradora Dª. Ana Belén Sarceda Rubinos y dirigido por la Letrada Dª. Paula López
Acebedo, contra la sentencia Nº. 259/2017, de fecha 7/11/2017 dictada en el procedimiento abreviado 104/107
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Lugo , sobre extranjería. Es parte apelada la
Subdelegación del Gobierno en Lugo, representada y dirigida por el abogado del estado.
Es Ponente la Ilma. Sra. Dª. Blanca María Fernández Conde.

Antecedentes

PRIMERO .- Se dictó, por el Juzgado de instancia, la resolución referenciada anteriormente, cuya parte dispositiva dice: 'Desestimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la letrada Dª. Paula López Acebedo en nombre y representación de Jose Pablo , frente a la resolución dictada por la Subdelegación del Gobierno en Lugo, el 6 de febrero del 2017, denegatoria de la autorización para el reagrupamiento de la hija menor de edad del recurrente, que declaro conforme a Derecho '.



SEGUNDO .- Notificada la misma, se interpuso recurso de apelación que fue tramitado en forma, con el resultado que obra en el procedimiento, habiéndose acordado dar traslado de las actuaciones al ponente para resolver por el turno que corresponda.

Fundamentos

NO SE ACEPTAN los fundamentos jurídicos de la sentencia y.


PRIMERO .- Se formula recurso de apelación frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Lugo en el Procedimiento Abreviado nº 104/17 , con fecha 7 de noviembre de 2017 desestimatoria del recurso contencioso-administrativo interpuesto frente a las resolución de la Subdelegación de Gobierno de Lugo de 6 de febrero de 2017 que denegó la solicitud presentada para obtener la autorización de residencia por reagrupación familiar, a favor de su esposa Enma .

La resolución administrativa denegaba al recurrente D. Jose Pablo la solicitud de autorización de residencia temporal por reagrupación familiar solicitada para su esposa Enma . La Administración consideraba no acreditado en el momento de la solicitud que el reagrupante contara con medios económicos suficientes para atender las necesidades de la unidad familiar, en los términos establecidos en el artículo 54 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril , por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España.

El acuerdo fue declarado conforme a derecho en la sentencia recurrida. El Juzgado de Instancia funda la desestimación del recurso en lo que el art. 54 del RD 577/2011 , ya citado dispone en referencia a los medios económicos a acreditar por un extranjero para la obtención de una autorización de residencia por reagrupamiento a favor de sus familiares. Razona la sentencia añadiendo que la unidad familiar en la que pretende reagruparse a la esposa del recurrente no cuenta con una perspectiva de mantenimiento de medios económicos durante el año posterior a la fecha de presentación de la solicitud, y no resulta posible condicionar la concesión de la autorización al conocimiento del futuro...(..) y que la autorización deberá denegarse cuando indubitadamente pueda determinarse que esa suficiencia económica no se va a mantener....(...) por lo que no se reúnen los requisitos legales para acceder a la reagrupación que solicita.

La representación procesal de la parte actora recurre en apelación la sentencia dictada y fundamenta su recurso alegando que la sentencia de instancia ha incurrido en un error en la valoración de las circunstancias; no ha valorado la posibilidad de minoración que ampara el artículo 54.3 del reglamento Real Decreto 557/2011 que reenvía a la consideración de la concurrencia de circunstancias excepcionales que se dan el caso de autos.

La representación procesal de la Administración demandada se opone al recurso de apelación y solicita se confirme la sentencia de instancia por sus propios fundamentos.



SEGUNDO .- La cuestión planteada en este recurso de apelación es singularmente similar a la resuelta en el | Recurso: 33/2018 | (se trataba del reagrupamiento de su hija, menor de 18 años, Isabel ), en el que se ha dictado sentencia por esta Sala y sección 1 en fecha de marzo de 2018; por coherencia jurídica del Tribunal y porque dichos razonamientos son plenamente aceptables en el presente supuesto, trasladamos a esta lo allí resuelto....

....

SEGUNDO . - Conforme al certificado de convivencia expedido por el Ayuntamiento de DIRECCION001 , el actor se dio de alta en la vivienda ubicada en la C// DIRECCION000 , nº NUM000 - NUM001 de DIRECCION001 - Lugo, el 25 de noviembre de 2016. Aporta contrato de trabajo temporal de obra o servicio determinado (UTE CTR Alt Ampurdá Paratge de Les Cases Blanques CP 17493 Pedret i Marza), suscrito con la entidad Promociones Serobyan, S.L., hasta el 4 de abril de 2016, como peón ordinario, a tiempo completo, en el centro de trabajo sito en C/Salenques, 5- 3, de Sabadell. Aporta, también, las últimas seis nóminas de dicha relación laboral y un certificado bancario acreditativo de que el actor dispone, a fecha 24 de noviembre de 2016, de fondos por importe de 10.337,89 euros.

Consultado el Sistema de Información Laboral de la Tesorería General de la Seguridad Social pudo constatarse que el reagrupante se dio de alta en la misma el 4 de abril de 2016, seis meses antes de presentar la solicitud de reagrupación familiar.

Justifica haber sido beneficiario de un subsidio por desempleo, durante el año 2014, y constan dos relaciones laborales en el año 2015, una desde el 2 hasta el 16 de junio, con contrato de duración determinada a tiempo parcial y, otra, desde el 11 de agosto hasta el 21 de septiembre, con contrato de duración determinada a tiempo completo, lo que hace un total de 55 días trabajados a lo largo del año 2015.

El artículo 54.a) del Real Decreto 557/2011 señala que en caso de unidades familiares que incluyan, computando al reagrupante y al llegar a España la persona reagrupada, dos miembros, se exigirá una cantidad que represente mensualmente el 150% del IPREM; y añade el apartado b) de dicho precepto legal que en el caso de unidades familiares que incluyan, al llegar a España la persona reagrupada, a más de dos personas, se exige la acreditación de contar con ingresos en la unidad familiar que representen mensualmente el 50% del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) por cada miembro adicional. Durante el año 2016, el IPREM equivalía a 532,51 euros mensuales.

Sostiene la Administración que la solvencia económica del reagrupante para afrontar los gastos de mantenimiento de la unidad familiar, durante el año posterior a la fecha de la solicitud, no ha quedado debidamente acreditada.

Disconforme con dicha decisión, el Sr. Jose Pablo , de nacionalidad marroquí, acudió a la Jurisdicción, y el Juzgado de lo Contencioso administrativo nº 2 de Lugo, por sentencia de fecha 11 de octubre de 2017 , desestimó el recurso planteado y confirmó la resolución impugnada por entenderla ajustada al ordenamiento jurídico, considerando, al igual que hace la Administración, que no basta con acreditar que se alcanzan los umbrales económicos apuntados, sino que es preciso que el solicitante justifique que esa solvencia económica no es meramente actual o puntual sino que ha de tener una vocación de permanencia en el tiempo de, al menos, el año siguiente a la solicitud. Señala dicha resolución que al tratarse de una familia compuesta por cuatro personas (aun cuando las otras dos son objeto de pretendida reagrupación en otro procedimiento judicial), es de aplicación un porcentaje del 250% del IPREM, que establece una cuantía mínima de ingresos de 1.331,27 euros al mes y, si bien, se cumple en el presente caso, tal exigencia económica, lo cierto es que no hay garantía de solvencia para el año siguiente a la fecha de la solicitud formulada.

Contra dicha sentencia se promueve, ahora, el presente recurso de apelación por la parte demandante, interesando su revocación y que, en su lugar, se dicte otra por la que se acojan íntegramente los pedimentos contenidos en el suplico de la demanda rectora.



TERCERO .- El demandante, en fecha 7 de octubre de 2016, en interés de su hija Isabel , de 6 años de edad, formuló solicitud de autorización de residencia temporal por reagrupación inicial familiar de titular de autorización de residencia de larga duración o larga duración-UE, ambas en España, de su hija, menor de 18 años.

Es dato cierto, objetivamente contrastado, si atendemos a la cuantificación de los ingresos de la unidad familiar que recoge la resolución administrativa atacada, que el actor ha justificado, de modo indubitado, contar con los medios económicos requeridos.

Pese a ello, y por las razones expuestas, tanto la Administración como el Juzgador de instancia, desestiman la pretensión actora. Tal decisión no puede ser compartida por este Tribunal. Cabe invocar, en apoyo de la solución estimatoria, la minoría de edad de la reagrupada; la natural necesidad de que la familia se mantenga unida; la integración del reagrupante en nuestro país y, sobre, todo, la imperiosa necesidad de no resquebrajar la unidad familiar y de procurar la lógica convivencia entre los miembros de una misma familia.

A mayor abundamiento, el artículo 54 del Real Decreto 557/2011 determina que 'las autorizaciones no serán concedidas si se determina indubitadamente que no existe una perspectiva de mantenimiento de los medios económicos durante el año posterior a la fecha de presentación de la solicitud. En dicha determinación, la previsión de mantenimiento de una fuente de ingresos durante el citado año será valorada teniendo en cuenta la evolución de los medios del reagrupante en los seis meses previos a la fecha de presentación de la solicitud'.

Siendo ello así, no puede considerarse que el hecho de que el contrato de trabajo del reagrupante haya expirado, trasladando su residencia desde DIRECCION002 a DIRECCION001 , determine la inexistencia de esa perspectiva de mantenimiento futuro de solvencia económica, pues, por lo de pronto, cuenta con medios suficientes para afrontar el período anual siguiente a su solicitud y su actitud, a lo largo del tiempo, es claramente expresiva y reveladora de su intención de seguir trabajando. En todo caso, no puede afirmarse indubitadamente, como requiere el precepto normativo, esa ausencia de perspectiva de futura solvencia económica. Pero es que, también, a la hora de valorar esa perspectiva hay que atender necesariamente a los seis meses anteriores a la referida solicitud, respecto de los que ha quedado justificado la aportación de las seis últimas nóminas de su relación laboral en Cataluña y un saldo bancario a su favor, en fecha 24 de noviembre de 2016, de 10.337,89 euros.

Es más, la Administración bien pudo hacer uso de la facultad que le otorga el artículo 54.3 del Real Decreto 557/2011 , que establece: 'la exigencia de dicha cuantía (se refiere a la del IPREM) podrá ser minorada cuando el familiar reagrupable sea menor de edad, cuando concurran circunstancias excepcionales acreditadas que aconsejen dicha minoración en base al principio del interés superior del menor, según lo establecido en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, y se reúnan los restantes requisitos legales y reglamentarios para la concesión de la autorización de residencia por reagrupación familiar'.

No habiéndolo hecho así, ni explicado las razones que la impulsaron a no ponderar adecuadamente todas y cada una de las circunstancias concurrentes, es evidente que la Administración, en el presente caso, ha generado con su denegación un grave perjuicio a la unidad familiar de la parte recurrente que judicialmente ha de ser reparado, razón por la que procede revocar la sentencia impugnada y, en consecuencia, declarar el derecho del actor a que le sea concedida la pretendida autorización de residencia'.

El recurso debe ser estimado.

En consecuencia, procede revocar la sentencia apelada que confirma la resolución recurrida, declarando el derecho de la parte apelante a que la Administración demandada le conceda la autorización solicitada y otorgue al permiso de residencia por reagrupamiento solicitada respecto de su esposa Enma .



TERCERO .- Al estimarse el recurso no procede hacer imposición de las costas procesales causadas en esta alzada, conforme a lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso administrativa de 1998 , pronunciamiento que ha de hacerse extensivo respecto de las devengadas en la primera instancia .

VISTOS los artículos citados y demás preceptos de general y pertinente aplicación.

Fallo

En atención a lo expuesto, la Sala ha decidido ESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la representación legal de D. Jose Pablo frente a la sentencia que por el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº 2 de Lugo en el Procedimiento Abreviado nº 104/17 , se dictó con fecha 7 de noviembre de 2017 desestimatoria del recurso contencioso-administrativo interpuesto frente a la resolución de la Subdelegación de Gobierno de Lugo de 6 de febrero de 2017 que denegó la solicitud presentada para obtener la autorización de residencia por reagrupación familiar, a favor de su esposa Enma , QUE SE REVOCA .

SE DECLARA el derecho de la parte apelante a que la Administración demandada conceda la autorización solicitada y otorgue el permiso de residencia por reagrupamiento respecto de la esposa del solicitante.

Sin imposición de costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra ella puede interponerse recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo o ante la Sala correspondiente de este Tribunal Superior de Justicia, siempre que se acredite interés casacional. Dicho recurso habrá de prepararse ante la Sala de instancia en el plazo de TREINTA días, contados desde el siguiente al de la notificación de la resolución que se recurre, en escrito en el que se de cumplimiento a los requisitos del artículo 89 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa . Para admitir a trámite el recurso, al prepararse deberá constituirse en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Tribunal (1570-0000-85-0064/18), el depósito al que se refiere la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre (BOE núm. 266 de 4/11/09); y, en su momento, devuélvase el expediente administrativo a su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así se acuerda y firma.

PUBLICACIÓN .- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Sra. Magistrada Ponente Dª Blanca María Fernández Conde, al estar celebrando audiencia pública la Sala de lo Contencioso- Administrativo, en el día de su fecha, de lo que yo, Letrado de la Admon de Justicia, certifico.