Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 283/2020, Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sección 5, Rec 1176/2018 de 29 de Abril de 2020

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA
COMUNITAT VALENCIANA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
En la ciudad de Valencia, a veintinueve de abril de 2020.
La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat
Valenciana, compuesta por los Ilmos. Sres. D. FERNANDO NIETO MARTÍN, presidente, Dª ROSARIO VIDAL MÁS
y D. MIGUEL ÁNGEL NARVÁEZ BERMEJO, magistrados, ha pronunciado la siguiente:
S E N T E N C I A NÚMERO 283/2020
En el recurso de apelación número 1176/2018.
Es parte apelante D. Jose María , representado por la procuradora Dª Inmaculada Muñoz Guardiola y defendido
por la letrada Dª Raquel Montes Gómez.
Es parte apelada la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y defendida por la Sra. abogada del Estado.
Constituye el objeto del recurso la sentencia 196/2018, de 28 de junio, que el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 1 de Valencia ha dictado en el proceso 208/2018.
La decisión judicial no accede a la pretensión de invalidez que el Sr. Jose María formuló contra un acuerdo
del Sr. subdelegado del gobierno de 15 de febrero de 2018, que le:
'Impone(r) (...) la expulsión del territorio nacional con la consiguiente prohibición de entrada en el mismo por
un periodo de 1 año' (parte dispositiva).
Ha sido magistrado ponente el Sr. D. Fernando Nieto Martín.

Antecedentes

PRIMERO .- La sentencia dictada en los autos seguidos por los trámites del procedimiento abreviado, y de los que trae causa el presente rollo de apelación, no accede a la pretensión de invalidez jurídica articulada por la parte actora.



SEGUNDO .- Contra la anterior resolución se presentó recurso de apelación en plazo y forma por la parte demandante. Admitido en ambos efectos, ninguna de las partes propuso la práctica de prueba, siguiéndose la apelación con arreglo a los trámites de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Se ha señalado para la votación y fallo del recurso el día veinticuatro de marzo de 2020. La deliberación se ha realizado a través de medios telemáticos, debido al estado de alarma.

Fundamentos

PRIMERO.- D. Jose María cuestiona, en la segunda instancia, la conformidad jurídica de la sentencia 196/2018, de 28 de junio, que el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº 1 de Valencia ha dictado en el proceso 208/2018.

La decisión judicial no accede a la pretensión de invalidez que el Sr. Jose María formuló contra un acuerdo del Sr. subdelegado del gobierno de 15 de febrero de 2018, que le: 'Impone(r) (...) la expulsión del territorio nacional con la consiguiente prohibición de entrada en el mismo por un periodo de 1 año' (parte dispositiva).

Este resultado tiene su origen en que el apelante: '... se encuentra en España de forma irregular (...) carece de cualquier documento que le permita la permanencia legal en territorio nacional, de medios de vida conocidos, así como de arraigo en nuestro país' (acuerdo de 15/02/2018).

El Juzgado confirma estos actos administrativos sobre la base de la falta de un especial arraigo del solicitante de la tutela judicial. Y, con esta perspectiva, en el fundamento de derecho tercero de la decisión a quo se indica que: * '... no constan intentos de regularización ni tampoco se acredita ningún tipo de arraigo económico, laboral ni social relevante'.

* 'Alega disponer de medios económicos pero no acredita los mismos sino que manifiesta que se intuyen.

Lo único que acredita el recurrente a través de la prueba practicada es la realización de cursos de castellano siendo ello del todo insuficiente no sólo para acreditar el propio arraigo social, sino sobre todo el familiar y económico/laboral' ( sentencia 196/2018).



SEGUNDO.- El escrito de apelación entiende, en cambio, que ( a) el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Valencia debió tener en cuenta una serie de circunstancias que permiten la anulación de los actos administrativos cuya legalidad discute en la controversia judicial.

En este marco alegatorio, sus argumentos más relevantes son los de que: '... En nuestro sistema legal, la sanción principal sigue siendo la de multa, pues así se deduce de su artículo 55.1 y de la propia literalidad del artículo 57.1, a cuyo tenor, y en los casos (entre otros) de permanencia ilegal, podrá aplicarse en lugar de la sanción de multa la expulsión del territorio nacional, exigiendo una motivación específica y distinta o complementaria a la pura permanencia ilegal, y así lo ha venido declarando numerosa jurisprudencia'.

'... hecho que no concurre en mi representado (...) siendo la única infracción su permanencia ilegal en territorio español' (página 3ª, escrito de apelación).

Nada alega, en cambio, en lo que hace a los ( b) caracteres del arraigo con España de los que dispone el Sr.

Jose María .

Se limita a afirmar, de forma genérica: '... Y visto el arraigo que sí tiene en nuestro país' (página 3ª, escrito de apelación).



TERCERO.- No accedemos a la revocación de la sentencia 196/2018, de 28 de junio.

La decisión del tribunal se funda en lo siguiente: 1.-'... la sanción principal sigue siendo la de multa' (página 2ª, escrito de apelación).

La solución de este punto litigios se encuentra en la doctrina jurisprudencial que ha establecido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el seno de una sentencia dictada el 23 de abril de 2015, en el asunto C-38/2014.

La respuesta dada por el TJUE a la cuestión prejudicial que le había planteado un juez nacional aparece en el fundamento de derecho segundo de la sentencia 196/2018, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Valencia.

Esta respuesta es taxativa: 'La Directiva 2008/115 (...) en situación irregular, en particular sus artículos 6, apartado 1 y 8, apartado 1, en relación con su artículo 4, apartados 2 y 3, debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el procedimiento principal, que, en caso de situación irregular de nacionales de terceros países en el territorio de dicho Estado, impone, dependiendo de las circunstancias, o bien una sanción de multa, o bien la expulsión, siendo ambas medidas excluyentes entre sí'.

Queda, entonces, sin mayor apoyo la afirmación del apelante de que: '... la sanción principal sigue siendo la de multa'.

2.-Normativa y doctrina jurisprudencial que ha de considerarse en el ámbito del arraigo familiar y social.

a.- Uno de los ejes sobre el que circunvala la discusión jurídica abierta en esta controversia tiene que ver con la existencia/falta de existencia de un suficiente arraigo familiar o social con el territorio español del solicitante de la tutela judicial.

La visualización y examen de los caracteres que presenta este arraigo es, entonces, esencial a la hora de determinar si, como propugna la parte apelante, la decisión judicial a quo no se acomoda al ordenamiento legal y jurisprudencia aplicable a la vista de los singulares hechos que obran en el proceso de instancia.

Aquí, ha de anotarse ya (como hemos comprobado también supra) que el motivo que fundó el acuerdo administrativo de expulsión se adscribe a la falta de una autorización administrativa que habilitase al actor para encontrarse en el territorio español (estancia irregular). En los actos administrativos cuya revisión de legalidad se ha articulado ante esta jurisdicción, no hay mención alguna a la comisión de ilícitos, de tipología penal, por parte del apelante.

b.- Dentro de la normativa que debe tener en cuenta esta Sala, destaca la Directiva 2008/115/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, que regula el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular.

El artículo 5º de la misma hace una referencia, en su apartado b), al arraigo familiar: '... Al aplicar la presente Directiva, los Estados miembros tendrán debidamente en cuenta: a) El interés superior del niño.

b) La vida familiar.

c) El estado de salud del nacional de un tercer país del que se trate'.

c.- El Tribunal Constitucional reclama la necesidad de comprobar, en concreto, los rasgos que presenta ese arraigo familiar, relacionando éste con el principio de proporcionalidad. Es decir, con el vínculo que media entre la medida de expulsión y: - los caracteres del incumplimiento legal que funda la salida forzosa del territorio español; - el arraigo familiar y de otra naturaleza que el expulsado tiene con este territorio.

Y, así, en la STC, Sala 2ª, 186/2013, de 4 de noviembre, recurso de amparo 2022-2012, ha dicho que: '... Respecto de la invocación que se efectúa del art. 19 CE, este Tribunal ha tenido ocasión de declarar que en varias situaciones resultaba afectado el espacio vital protegido por los derechos reconocidos en el art. 19 CE, aunque acabase resolviendo que no había vulneración de los mismos porque tal restricción estaba justificada por un fin constitucionalmente legítimo y era proporcionada'.

'... Distinto es el caso en que, debido a las circunstancias coyunturales de una persona, un acuerdo del poder público puede condicionarle, incluso de un modo especialmente intenso, a la hora de optar entre las alternativas de decisión que se le presentan'.

'... 7. En consecuencia, procede declarar que es jurisprudencia constitucional reiterada (...) que el 'derecho a la vida familiar' derivado de los arts. 8.1 CEDH y 7 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea (...) que su protección, dentro de nuestro sistema constitucional, se encuentra en los principios de nuestra Carta Magna que garantizan el libre desarrollo de la personalidad ( art. 10.1 CE) y que aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia ( art. 39.1 CE) y de los niños ( art. 39.4 CE), cuya efectividad, como se desprende del art. 53.2 CE, no puede exigirse a través de recurso de amparo, sin perjuicio de que su reconocimiento, respeto y protección informarán la práctica judicial ( art. 53.3 CE), lo que supone que los jueces ordinarios han de tenerlos especialmente presentes al ejercer su potestad de interpretar y aplicar el art. 57.2 LOEX, verificando si, dadas las circunstancias del caso concreto, la decisión de expulsión del territorio nacional y el sacrificio que conlleva para la convivencia familiar es proporcional al fin que dicha medida persigue'.

d.- Por su parte, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 1ª) viene manteniendo que: '... a).- Por arraigo familiar se entiende.

El arraigo familiar debe caracterizarse, como notas distintivas por la existencia de unos lazos de parentesco cualificados (matrimonio o pareja de hecho, hermanos, padres o hijos), que la relación sea con españoles o extranjeros residentes y, finalmente, por la existencia de una convivencia que justifique la invocación del arraigo'.

'... El arraigo familiar para ser apreciado exige la concurrencia de un requisito determinante cual es la convivencia bajo el mismo, si esa convivencia no se da, la Sala entiende que el arraigo familiar no se produce'.

'... El arraigo social está en función del grado de integración del extranjero en nuestro país'.

'... Todas ellas han de probarse, no basta su mera alegación y en la mayor parte de los casos, es necesario que concurran antes del inicio del procedimiento sancionador y no estén preconstituidos en función de éste' ( STSJCV, 1ª, de 15/05/2015, recurso de apelación 41/2014).

3.-Aplicación de estos criterios en el rollo de apelación 1176/2018.

a.- El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Valencia rechaza la pretensión de anular los acuerdos que fueron recurridos en el proceso 208/2018 en función de que: '... no constan intentos de regularización ni tampoco se acredita ningún tipo de arraigo económico, laboral ni social relevante'.

'Alega disponer de medios económicos pero no acredita los mismos sino que manifiesta que se intuyen. Lo único que acredita el recurrente a través de la prueba practicada es la realización de cursos de castellano siendo ello del todo insuficiente no sólo para acreditar el propio arraigo social, sino sobre todo el familiar y económico/laboral' ( sentencia 196/2018).

La defensa en juicio de la parte apelante dice sobre esta temática litigiosa que: '... Y visto el arraigo que sí tiene en nuestro país' (página 3ª, escrito de apelación).

b.- La Sala desestima el recurso de apelación que D. Jose María ha articulado frente a la sentencia 196/2018, de 28 de junio, porque en él no hay referencia a medios probatorios que, de forma sólida y certera, exhiban la existencia de un arraigo de índole familiar, social o laboral con el territorio español como para dar lugar a la anulación de los actos administrativos cuya legalidad cuestionó en la sede del proceso 208/2018.

Como deriva de lo que hemos expuesto supra, el solicitante de la tutela judicial se limita a señalar, sin más, la existencia de ese arraigo. No incluye crítica alguna de los razonamientos que aparecen en la decisión judicial a quo.

Y la circunstancia de que en el supuesto litigioso la causa que dio lugar a la expulsión tenga que ver con una residencia irregular no cambia la necesidad de demostrar, con plausibilidad y certeza, la existencia de una gran vinculación del apelante - de corte laboral y social - con el territorio español. Falta esta vinculación en el supuesto que ha dado lugar a la apelación 1176/2018.

A partir de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional, se imponen las costas procesales causadas en esta segunda instancia a la parte apelante. Éstas se elevan a una suma económica total de 800 €.

Fallo

1.- DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por D. Jose María contra la sentencia 196/2018, de 28 de junio, que el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº 1 de Valencia ha dictado en el proceso 208/2018.

La decisión judicial no accede a la pretensión de invalidez que el Sr. Jose María presentó contra un acuerdo del Sr. subdelegado del gobierno de 15 de febrero de 2018, que le: 'Impone(r) (...) la expulsión del territorio nacional con la consiguiente prohibición de entrada en el mismo por un periodo de 1 año' (parte dispositiva).

2.- CONFIRMAR esta resolución judicial.

3.- IMPONER las costas procesales causadas en esta segunda instancia a la parte apelante. Éstas se elevan a una cuantía total de 800 €.

Esta sentencia no es firme y contra ella cabe, conforme a lo establecido en los artículos 86 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, recurso de casación ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo o, en su caso, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Dicho recurso deberá prepararse ante esta Sección en el plazo de treinta días a contar desde el siguiente al de su notificación, debiendo tenerse en cuenta respecto del escrito de preparación de los que se planteen ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo los criterios orientadores previstos en el Apartado III del Acuerdo de 20 de abril de 2016 de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al Recurso de Casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo (BOE número 162 de 6 de julio de 2016).

Así por esta nuestra sentencia de la que quedará testimonio en autos para su notificación, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada que ha sido la anterior sentencia por el magistrado de esta Sala Sr. D.

Fernando Nieto Martín que ha sido ponente en este trámite de Audiencia Pública, doy fe. La Sra. letrada de la Administración de Justicia, rubricado.