Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 322/2019, Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Contencioso, Sección 4, Rec 15114/2018 de 26 de Junio de 2019

Encabezamiento

T.S.X.GALICIA CON/AD SEC.4
A CORUÑA
SENTENCIA: 00322/2019
- Equipo/usuario: IL
Modelo: N11600
PLAZA GALICIA S/N
N.I.G: 15030 33 3 2018 0000235
Procedimiento : PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0015114 /2018 /
Sobre: ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y FINANCIERA
De D./ña. Enrique
ABOGADO LINO ROMERO ALONSO
PROCURADOR D./Dª. JULIO JAVIER LOPEZ VALCARCEL
Contra D./Dª. TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE GALICIA
ABOGADO ABOGADO DEL ESTADO
PROCURADOR D./Dª.
PONENTE: D. JUAN SELLES FERREIRO
La Sección 004 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia
ha pronunciado la
SENTENCIA
Ilmos./as. Sres./as. D./Dª
JOSE MARIA GOMEZ Y DIAZ CASTROVERDE, Presidente
JOSE MARIA ARROJO MARTINEZ
JUAN SELLES FERREIRO
FERNANDO FERNANDEZ LEICEAGA
MARIA DEL CARMEN NUÑEZ FIAÑO
A CORUÑA, veintiséis de junio de dos mil diecinueve.
Esta Sala ha visto el recurso contencioso-administrativo número 15114/2018, interpuesto por D. Enrique
, representado por el procurador D. XULIO XABIER LOPEZ VALCARCEL , dirigido por el letrado D.LINO
ROMERO ALONSO, contra ACUERDO DEL TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO REGIONAL DE
GALICIA DE 26/10/17-IRPF 2009.EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº NUM000 . Es parte la Administración

demandada el TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE GALICIA, representado por el
ABOGADO DEL ESTADO.
Es ponente el Ilmo. Sr. D. JUAN SELLES FERREIRO, quien expresa el parecer del Tribunal.

Antecedentes

PRIMERO.- Admitido a trámite el presente recurso contencioso-administrativo, se practicaron las diligencias oportunas y, recibido el expediente, se dio traslado del mismo a la parte recurrente para deducir la oportuna demanda, lo que se hizo a medio de escrito en el que, en síntesis, tras exponer los hechos y fundamentos de Derecho que se estimaron pertinentes, se acabó suplicando que se dictase sentencia declarando no ajustada a Derecho la resolución impugnada en este procedimiento.



SEGUNDO.- Conferido traslado a la parte demandada, se solicitó la desestimación del recurso, de conformidad con los hechos y fundamentos de Derecho consignados en la contestación de la demanda.



TERCERO.- Habiéndose recibido el asunto a prueba y declarado concluso el debate escrito, quedaron las actuaciones sobre la mesa para resolver.



CUARTO.- En la sustanciación del recurso se han observado las prescripciones legales, siendo la cuantía del mismo de 15.923,43 euros.

Fundamentos

PRIMERO.- Se impugna en el presente procedimiento ordinario la resolución dictada por el Tribunal Económico- Administrativo Regional de Galicia de fecha 26 de octubre de 2017 en la reclamación económico- administrativa NUM000 por la que se acuerda la desestimación de las reclamación económico- administrativa interpuesta por D. Enrique relativas a la confirmación del acuerdo de liquidación definitiva por el IRPF correspondiente al ejercicio 2009, emitidas por la Dependencia de Regional de Gestión Tributaria de la Delegación de la AEAT en Vigo, en cuantía de 15.923#43 € (de los cuales 13.179#26 € corresponden a la cuota y 2.744#17 € a los intereses de demora).

Dos son las cuestiones que se someten a debate a la hora de determinar las cantidades objeto de deducción por reinversión en la adquisición de vivienda habitual: En primer lugar, la discrepancia existente entre recurrente y la AEAT en cuanto al valor de adquisición de la vivienda transmitida y cuya ganancia se empleó en la adquisición de la nueva.

En segundo lugar la determinación de las cantidades susceptibles de deducción por reinversión.

Respecto de la primera cuestión, a la vista del expediente administrativo tributario se colige que la transmisión de la anterior vivienda habitual tuvo lugar el 26 de octubre de 2009, según consta en la escritura pública de venta, y la adquisición de la nueva vivienda habitual se produjo el 17 de octubre de 2011 (fecha de otorgamiento de la escritura pública de obra nueva) por lo que se cumpliría el plazo de dos años exigidos por la norma para que opere la reducción fiscal.

La antigua vivienda fue vendida por 168.000 €, que una vez descontados los gastos de otorgamiento de escritura pública de obra nueva y plusvalía resulta la cantidad de 166.133# 34 €, lo cual es admitido por el recurrente.

La discrepancia surge en el cálculo del valor de adquisición de la primera vivienda.

Así, la AEAT entiende que el valor de la antigua vivienda habitual a la fecha de su adquisición fue de 15.205,61 €, por resultar así acreditado en la escritura pública de apartación en virtud de la cual se efectuó la adquisición, de fecha de 30 de agosto de 2001.

A esta cantidad se añadió el importe de los gastos reconocidos por cuantía de 926,40 €, así como las mejoras e inversiones realizadas cuyo importe asciende a 9.074,39 €, resultando un monto global, en concepto de valor total de adquisición, de 25.206#38 €, suma que, actualizada conforme a los índices correctores aplicables, arroja un valor total de 29.531,79 € .

Por contra el recurrente entiende que el valor de adquisición es mayor toda vez que entiende que se realizaron gastos en la vivienda superiores a los que admite la AEAT En concreto sostiene que el coste real invertido en la construcción recibida en apartación es superior a los 72.000 euros, puesto que , según manifiesta, recibe una edificación antigua y casi en ruinas y vende una casa con una superficie mayor, con una reforma importante, y ello se desprende del precio por el que es vendida ( 168.000 euros) que sería injustificable en relación con el precio de adquisición y la revalorización correspondiente al lapso de tiempo transcurrido desde su adquisición .

Desde un punto de vista legislativo e l art. 35 de la LIRPF dispone: 'Transmisiones a título oneroso 1. El valor de adquisición estará formado por la suma de: a) El importe real por el que dicha adquisición se hubiera efectuado.

b) El coste de las inversiones y mejoras efectuadas en los bienes adquiridos y los gastos y tributos inherentes a la adquisición, excluidos los intereses, que hubieran sido satisfechos por el adquirente.

En las condiciones que reglamentariamente se determinen, este valor se minorará en el importe de las amortizaciones.

2. El valor de transmisión será el importe real por el que la enajenación se hubiese efectuado. De este valor se deducirán los gastos y tributos a que se refiere la letra b) del apartado 1 en cuanto resulten satisfechos por el transmitente.

Por importe real del valor de enajenación se tomará el efectivamente satisfecho, siempre que no resulte inferior al normal de mercado, en cuyo caso prevalecerá éste.' (sic) De ello se colige - en relación con lo dispuesto en el art. 105 de la Ley General Tributaria - que corresponde al recurrente acreditar la realidad y cuantía de los gastos cuyo desembolso se supone realizado mediante la correspondiente factura o documento justificativo que sirva de prueba suficiente de los mismos.

Si bien conviene aclarar que la factura no es el único medio probatorio de los desembolsos no deja de ser el instrumento prevalente siempre que reúna los requisitos legales y así se recoge en el art. 106.4 de la LGT , según el cual 'los gastos deducibles y las deducciones que se practiquen, cuando estén originados por operaciones realizadas por empresarios o profesionales, deberán justificarse, de forma prioritaria, mediante la factura entregada por el empresario o profesional que haya realizado la correspondiente operación que cumpla los requisitos señalados en la normativa tributaria. Sin perjuicio de lo anterior, la factura no constituye un medio de prueba privilegiado respecto de la existencia de las operaciones, por lo que una vez que la Administración cuestiona fundadamente su efectividad, corresponde al obligado tributario aportar pruebas sobre la realidad de las operaciones'(sic) .

A este respecto resultan probados ciertos gastos en relación con la vivienda transmitida, los cuales aparecen debidamente relacionados y detallados en la página 3 del acuerdo de liquidación provisional.

A la vista del expediente administrativo tributario se constata que D. Enrique recibe de sus padres dos fincas, con superficies de 36,00 m2 y 46,00 m2 y que, una vez agrupadas, forman una sola finca de 82,00 m2, en la que existe un galpón de 36,00 m2, tal y como consta expresamente tanto en el título como en la inscripción registral de dicha finca agrupada.

En la escritura de compraventa de fecha 26.10.2009 la mencionada finca sita en el número NUM001 de la CALLE000 , de la ciudad de Vigo, se describe de la siguiente forma: 'URBANA.- CASA señalada con el número NUM001 a la CALLE000 , en el BARRIO000 , parroquia de DIRECCION000 , municipio de Vigo (Pontevedra). Se destina a vivienda unifamiliar. Consta de PLANTA BAJA, distribuida en cocina que comunica con el comedor, un salón y las escaleras de acceso a la planta alta, que mide cuarenta y seis metros cuadrados (46 m2); y PLANTA ALTA o BAJO CUBIERTA, distribuida en dos dormitorios y dos cuartos de baño, formado uno de éstos parte del dormitorio principal, de la superficie de cuarenta y seis metros cuadrados (46 m2). Tiene por tanto la superficie total construida de noventa y dos metros cuadrados (92 m2), ocupando a nivel de rasante la cabida de cuarenta y seis metros cuadrados (46 m2). Juntamente con el terreno que le es inherente, situado a su linde Sur-Oeste, forma todo una sola finca de la superficie de ochenta y dos metros cuadrados (82 m2).' De ello se desprende, sin duda alguna, la distinta descripción del inmueble respecto de la escritura de apartación.

La valoración que se hace en escritura de obra nueva otorgada el 29.9.08 en la que se procede a ampliar la planta baja de la casa en 10 m2 y a adicionar una planta alta o bajo cubierta destinada a vivienda de 46m2 asciende a 70.000 euros por los que tributó el recurrente en Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en esta última modalidad.

A este respecto sostiene el recurrente que en la medida de que este último valor que se hace constar en la mencionada escritura de obra nueva fue aceptado por la administración debería tenerse en cuenta a los efectos de determinar el valor de adquisición.

En este sentido cumple decir que, si bien nos encontramos ante impuestos diferentes y administraciones tributarias distintas el principio de estanqueidad de impuestos no puede exacerbarse hasta el punto de que no pueda admitirse el valor fiscal de un inmueble aceptado por la administración tributaria autonómica máxime cuando de las circunstancias del otorgamiento y de la descripción que se hace de la finca en la escritura de compraventa se desprende que el inmueble adquirido por apartación es sensiblemente distinto que el que se transmite por lo que, en este caso concreto y atendiendo a las fechas de las escrituras no cabe colegir que la declaración de obra nueva tuviera por objeto aumentar artificialmente el valor de adquisición.

Sobre esta cuestión, en un caso similar, ya tuvo ocasión de pronunciarse esta misma Sala y Sección en su sentencia 62/2018 de 14 de febrero en sede del rec.15212/2017 Decíamos allí : '

SEGUNDO.- Temos, polo tanto, unha vivenda construída en réxime de autopromoción que se iniciou no ano 1996 e que se rematou no ano 1997 - certificado final de obra- en tanto que a declaración de obra nova é do ano 2007 e que se vende no ano 2012, cinguíndose o problema no cálculo da ganancia patrimonial no CUSTO DAS INVERSIÓNS realizadas ( non existe dúbida do custo de adquisición do terreo ) na vivenda.

Coma indica a CV DXT 1636/17: Por outra banda, respecto ao valor de adquisición do inmoble, este estará constituído pola suma do importe real satisfeito pola adquisición do terreo, do importe satisfeito polas obras de construción e dos gastos e tributos inherentes tanto á adquisición como á declaración de obra nova, excluídos os intereses, que fosen satisfeitos polo adquirente.

O custo das obras de construción, nos supostos de autopromoción, deberá ser acreditado pola consultante. Dita acreditación poderá realizarse por calquera dos medios de proba xeralmente admitidos en dereito, cuxa valoración non é competencia deste Centro Directivo, senón que corresponderá aos órganos de comprobación da Administración Tributaria, tendo en conta, que nos procedementos tributarios haberá que estar ao disposto no artigo 106 da Lei 58/2003, do 17 de decembro ( RCL 2003, 2945 ) , Xeral Tributaria (BOE do 18 de decembro), segundo o cal serán de aplicación as normas que sobre medios e valoración de proba contéñense no Código Civil ( LEG 1889, 27 ) e na Lei de Axuizamento Civil ( RCL 2000, 34 , 962 e RCL 2001, 1892) .

A data de adquisición da construción nos supostos de autopromoción enténdese producida coa finalización das obras, que, así mesmo, deberá poderse acreditar por calquera medio de proba válido en dereito, cuxa valoración, como se indicou anteriormente, non corresponde a este Centro Directivo senón aos órganos de comprobación da Administración Tributaria. En caso de non poderse acreditar a data de finalización das obras tomarase a data da escritura de declaración de obra nova como data de adquisición.

Do dito resulta que é o recorrente quen ten que acreditalo custo das obras de construcción e ó respecto a AEAT só lle considera acreditada a cantidade de 15.401,24 euros ( no ano 1996 ó descontalo custo do terreo ); as demais cantidades aceptadas - doutros anos- son de custo de auga e electricidade, pagos de aparelladores e arquitectos e gastos da declaración de obra nova.

O recorrente non dispón, mais aló do achegado en vía administrativa - e avaliado pola AEAT- de documentación que acredite as cantidades invertidas na construcción e, segundo alega, tomou en consideración a cantidade declarada na declaración de obra nova.

Verbo da declaración de obra nova ( e sen prexuízo logo de aludir á xurisprudenza desta propia Sala citada polo recorrente ) a mesma é do ano 2007, en tanto que o propio recorrente na autoliquidación do IRPF do ano 2012 - e acepta a AEAT- fixa a data da adquisición da vivenda que transmite no ano 1996.

É dicir, e un dato indubidable do que partir que a vivenda estaba finalizada - materialmente- no ano 1996/97, e esta dato non pode obvialo o Tribunal.

Outro dato do que partir é que correspondíalle ó recorrente acreditar cal foi a cantidade investida na construcción da vivenda, se ben matizando que, dada a data de que falarmos ( ano 1996 ) é posible unha certa flexibilidade verbo da proba: esixir ó contribuinte a conservación de facturas durante mais de 16 anos parece excesivo.

Cos ditos alicerces debemos resolver cal e a conclusión mais axustada á legalidade: a) a da AEAT que determina a cantidade investida coa documental achegada polo recorrente ou b) a do recorrente que se remite o custo determinado na declaración de obra nova.

A 1º é concorde coa literalidade da norma ( e coa interpretación da DXTributos ), en tanto que a 2ª aceptouna - nalgunhas ocasións e en atención ás circunstancias particulares de cadanseu caso- esta Sala ( sentenzas citadas polo recorrente ).

Na declaración de obra nova o que se determina é o custo da obra: así a STS do 11 de abril de 2013 ( RJ 2013, 3128) , ditada en unificación de doutrina, sinala que, dada unha escritura de declaración de obra nova, o que ha de procederse a valorar non é o inmoble posto no mercado, senón o 'custo da obra' .

Ao fío da cuestión relativa á determinación da base impoñible do Imposto tratándose destas operacións de declaración de obra nova véxase a STSJ de Castela e León do 4 de maio de 2012 ( JUR 2012, 170027) que sinala que sendo a base impoñible do imposto a do custo real da obra, dentro do concepto 'custo real' por 'custo' hase de entender o gasto realizado para a obtención ou adquisición dunha cousa ou dun servizo, o custo real dunha obra debe incluír todos os gastos que foron necesarios para a súa construción.

Coma se indicou, esta Sala admitiu equiparalo CUSTO DA OBRA - declaración de obra nova- con cantidades INVESTIDAS NA CONSTRUCCIÓN DA OBRA -ganancia patrimonial- se ben o fixo en atención as circunstancias - particulares do caso-: a AEAT admitía como cantidade investida a de 0 euros ( ante a ausencia ou defectos nas facturas ) e tiñamos unha declaración de obra nova que coincidía coa data aceptada de finalización de obra.

O suposto actual é un pouco diferente dado que está admitido que a vivenda se rematou no ano 1996/97, en tanto que a declaración de obra nova é do ano 2007.

O que acontece é que o valor declarado realízase en atención Ó ANO DE CONSTRUCCIÓN, é dicir, refírese ó ano 96/97 e non é o custo da obra do no 2007; dito custo ven, polo demais, ratificado - en parte dado que a finalidade é diferente- polo informe de Tinsa para outorgalo crédito hipotecario do ano 1997 ( determina o custo de reposición bruto do inmoble o que se aproxima ó custo da obra ).

Do dito resulta que temos a un contribuinte que remata - por autopromoción- un inmoble no ano 96/97, só dispón de facturas por escaso importe, en tanto que acreditou que o custo do innmoble foi de 226.309 euros.

Dicimos, acreditou, dado que se ben non consta que a declaración de obra nova fose comprobada pola administración autonómica, temos que consonte co art. 108.4Lei 58/2003 gozan da presunción de veracidade e non foron postos en cuestión pola AEAT, xa que non practicou actuación ningunha a estos efectos.

Ó longo tempo transcorrido entre a finalización da construcción e a venda xustifica a escasa documentación achegada polo contribuinte e autoriza a considerar coma cantidade investida na construcción o custo declarado ós efectos do ITP o que carreta que acollámolo recurso neste punto.' (sic) Aplicando este criterio al caso que nos ocupa hemos de admitir como valor de adquisición el declarado en la escritura de declaración de obra nueva de 29.9.08.



SEGUNDO.- Por lo que hace al segundo motivo de impugnación, esto es, relativo a la determinación de las cantidades susceptibles de deducción por reinversión en función de los desembolsos realizados por el recurrente en la adquisición de la nueva vivienda, el valor de la construcción reconocido en la escritura pública de declaración de obra nueva de 17 de octubre de 2011 es de 364.172#52 €.

En dicha escritura se hace constar que ambos otorgantes son dueños 'con carácter privativo, a partes iguales y en proindivisión de la obra nueva reseñada en la parte expositiva de esta escritura', siendo esta manifestación coincidente con lo expuesto en la escritura pública de compra del terreno de 22 de febrero de 2007.

Para financiar estos gastos, D. Enrique y su pareja suscribieron un préstamo hipotecario por importe de 210.000 €, documentado en escritura pública de fecha 22 de mayo de 2007 en la que consta la obligación de invertirlo en la construcción de la vivienda constituyéndose, asimismo, en deudores solidarios frente a la entidad bancaria del importe del préstamo.

Así las cosas procede traer a colación el criterio de esta misma Sala y Sección respecto a la relevancia de lo manifestado en las denominadas escrituras públicas de rectificación o aclaración glosado, entre otras, en nuestra sentencia 221/2018 de 25 Jun. 2018, Rec. 15452/2017 .

Decíamos allí: 'A recorrente mantén que tiña dereito á exención por reinversión - na cantidade total aplicada- , debido a que na normativa reguladora do IRPF, requírese a reinversión do importe obtido polo alleamento da vivenda habitual na adquisición dunha nova vivenda, e se no caso de que dita transmisión efectueise con anterioridade á adquisición, esta deberá realizarse dentro dun prazo máximo de dous años. A Administración en ningún momento cuestiona a cualificación como vivenda habitual da vivenda obxecto de transmisión, nin da vivenda na que se materializa a reinversión. Tampouco cuestiona os prazos nos que se realiza a reinversión. Con todo, si cuestiona os importes destinados á adquisición da nova vivenda na que se materializa a reinversión, debido a que para calcular o importe reinvestido na compra da nova vivenda desconta, da ganancia patrimonial obtida pola venda da súa antiga vivenda habitual, a cantidade aplicada que excede do porcentaxe de titularidade na nova vivenda. Entende a Administración que, ó adquirila vivenda ó 50% ( réxime de gananciais ) só pode imputar coma cantidade reinvestida ó que acade dito 50 % ( tendo en consideración, tamén, ou importe do crédito hipotecario aplicado á compra ).

Concordamos coa administración en que a lexislación vencella a posibilidade de exención por reinversión á titularidade ( ó porcentaxe de titularidade ) da nova vivenda adquirida e non, propiamente, a que se apliquen tódolos cartos ( a ganancia ) obtidos coa venda da vivenda inicial. Así o dixemos, entre outras na sentenza 132/2015 .

Para o caso de autos supón que ó adquirir en gananciais a vivenda, só pode imputarselle un 50% da titularidade, e o exceso de capital aplicado debe entenderse que o é como financiación do outro adquirente, polo que terá un crédito contra el ( ou contra a propia sociedade de gananciais ).

Non é posible, fronte ó pretendido, desvinculala propiedade da inversión realizada e atribuirlle - a efectos fiscais e para a reinversión da vivenda- unha cota de participación superior, é dicir, entender que é propietario nun 75% cando, non só da escritura de 21.11.2011 resulta outra cousa senón que tamén resulta do Catastro e das declaración do IRPF presentadas logo do año 2010.

É certo que, coma indica a CV 1325/10 : debe sinalarse que para a sociedade de gananciales, o segundo parágrafo doartigo 1.357 do Código Civil (LA LEY 1/1889)excepciona, no caso da vivenda familiar e do ajuar doméstico, a regra establecida no devandito artigo de que 'os bens comprados a prazos por un dos cónxuxes antes de comezar a sociedade de gananciales terán sempre carácter privativo, aínda cando a totalidade ou parte do prezo aprazado satisfágase con diñeiro ganancial', dispoñendo a aplicación á vivenda familiar da regra establecida no artigo 1.354 do devandito Código, segundo a cal 'os bens adquiridos mediante prezo ou contraprestación, en parte ganancial e en parte privativo, corresponderán pro indiviso, á sociedade de gananciales e ao cónxuxe ou cónxuxes en proporción ao valor das achegas respectivas'.

O que acontece é que foron as propias partes os que obviaron dito artigo e na escritura reflectiron a adquisición para a sociedade de gananciais, sen establece outro reparto de cotas en atención ás cantidades pagadas con diñeiro privativo, polo que debemos estar a dita manifestación de vontade e os actos posteriores que a ratificaron (Catastro e declaracións do IRPF).

Por outra banda, ningún efecto, para a declaración do IRPF do año 2009 ten a escritura (rectificativa) do año 2014' (sic).

Si bien en esta sentencia se hace alusión a la adquisición de la nueva vivienda para la sociedad de gananciales- distinto de lo que aquí acontece en que se adquiere pro indiviso y privativamente por ambos compradores- lo cierto y relevante a los efectos de la deducción por reinversión es el porcentaje de la titularidad en la adquisición que ostenta el adquirente que pretende dicha deducción y ello con independencia de que - como ocurre en este caso- el aquí recurrente contribuya , con cargo a su propio peculio y en mayor proporción que la otra condómina , a la adquisición de la nueva vivienda pues esta circunstancia solo tiene relevancia en la relación interna entre ambos adquirentes en orden a constituir un crédito del recurrente respecto de aquélla quien adeudaría a éste la cantidad excedente del 50% del precio de adquisición que hubiera abonado.

Por otra parte, dada la fecha de la denominada escritura de rectificación-2018- muy posterior al ejercicio fiscal objeto de regularización, ninguna incidencia tendría sobre el mismo.

En conclusión , toda vez que D. Enrique sufragó con su propio peculio 182.086,26 € de los gastos de construcción para lo cual dispuso del 50% del importe del préstamo , esto es , 105.000 € y así se hizo constar por las partes en la escritura de 22 de mayo de 2007 de ello se desprende que a parte restante, (77.086#26 €) proceden de la ganancia obtenida por la venta de la primera vivienda de ahí que , como quiera que la ganancia patrimonial obtenida por la transmisión fue de 136.601,59 € y el contribuyente sólo reinvirtió 77.086#26 € en la construcción de la nueva vivienda habitual, sólo podrá deducir por este último importe- ex art. 38 LIRPF - debiendo tributar por la parte restante de la ganancia patrimonial que asciende a 59.515,33 €.

En este punto conviene aclarar que en la resolución del Tribunal Económico- Administrativo Regional de Galicia se deslizó un lapsus calami o mero error de transcripción al indicar que la ganancia patrimonial obtenida fue de 166.133#34 €, cuando en realidad fue de 136.601,79 € por lo que procede aquí su rectificación.



TERCERO.- Dispone el artículo 139.1 de la Ley Jurisdiccional , en la redacción dada por la Ley 37/2011, de 11 de octubre, que, en primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.

En consecuencia no se hace expresa imposición de las costas procesales.

Fallo

Que estimamos parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de D. Enrique contra la resolución dictada por el Tribunal Económico- Administrativo Regional de Galicia de fecha 26 de octubre de 2017 en la reclamación económico-administrativa NUM000 por la que se acuerda la desestimación de las reclamación económico- administrativa, relativas a la confirmación del acuerdo de liquidación definitiva por el IRPF correspondiente al ejercicio 2009, emitidas por la Dependencia de Regional de Gestión Tributaria de la Delegación de la AEAT en Vigo, en cuantía de 15.923,43 € la cual anulamos en parte declarando que, a los efectos de determinar el valor de adquisición de la vivienda habrá de estarse a lo declarado en la escritura de obra nueva de 29.9.08..

Sin expresa imposición de las costas procesales.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra ella puede interponerse recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Dicho recurso habrá de prepararse ante la Sala de instancia en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de la notificación de la resolución que se recurre, en escrito en el que, dando cumplimiento a los requisitos del artículo 89 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , se tome en consideración lo dispuesto en el punto III del Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de fecha 20 de abril de 2016, sobre extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al recurso de casación (B.O.E. del 6 de julio de 2016).

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.