Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 369/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Rec 373/2015 de 12 de Junio de 2017

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA

SALA DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU

SECCIÓ 3ª

Recurs d'apel lació núm. 373/2015

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona

Procediment ordinari núm. 82/2012

Apel lant: SRA. Reyes

Representant de l'apel lant: SR. JOSÉ MANUEL LUQUE TORO, Procurador

Apel lat: IL LM. AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXACH

Representant de l'apel lat: SR. EDUARD NAVARRO BONET, Lletrat consistorial

Coapel lada: AUXILIAR DE MANUFACTURAS TÉCNICAS, SA (AMATECSA)

Representant de la coapel lada: SR. FRANCISCO FERNÁNDEZ ANGUERA, Procurador

S E N T È N C I A núm. 369

Magistrats/ades:

IL LM. SR. MANUEL TÁBOAS BENTANACHS, President

IL LMA. SRA. ISABEL HERNÁNDEZ PASCUAL

IL LM. SR. HÉCTOR GARCÍA MORAGO

Barcelona, 12 de juny de 2017

LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA (SECCIÓ 3ª), en nom de S.M el Rei i de conformitat amb allò que disposa l' art 117.1 de la Constitució , ha pronunciat la SENTÈNCIA que segueix, a les actuacions del recurs d'apel lació núm. 373/2015, interposat, com a apel lant, per la SRA. Reyes -representada pel Procurador SR. JOSÉ MANUEL LUQUE TORO i assistida pel Lletrat SR. JOSÉ LUIS VICH CASAS-, essent l'apel lat L'IL LM. AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXACH -representat i assistit pel Lletrat consistorial SR. EDUARD NAVARRO BONET- i la coapel lada AUXILIAR DE MANUFACTURAS TÉCNICAS, S.A (AMATECSA) -representada pel Procurador SR. FRANCISCO FERNÁNDEZ ANGUERA i assistida pel Lletrat SR. PAU SÁNZ GIMÉNEZ-.

Ha actuat com a Magistrat ponent l'Il lm. Sr. HÉCTOR GARCÍA MORAGO, el qual expressa el parer de la Sala.

Antecedentes

PRIMER:En el procediment ordinari núm. 82/2012, promogut per la SRA. Reyes contra L'IL LM. AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXACH amb l'oposició afegida de AUXILIAR DE MANUFACTURAS TÉCNICAS, SA (AMATECSA), el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona dictà la Sentència núm. 108, de 22 de maig de 2015 , amb el veredicte que segueix:

'Que DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO el presente recurso contencioso administrativo. Se imponen las costas a la actora con el límite total máximo de 300 Euros.'

SEGON:Disconforme amb el veredicte, l'actora deduí apel lació, a la qual s'hi van oposar l'Ajuntament demandat i la mercantil codemandada.

TERCER:Un cop elevades les actuacions a aquesta Sala, es va acordar formar-ne aquest rotlle d'apel lació i designar Magistrat ponent. I un cop verificats els tràmits processals pertinents s'assenyalà el dia 31 de maig 2017 per tal de votar i decidir, la qual cosa es verificà en aquests mateixos termes.

QUART:En la tramitació d'aquest recurs d'apel lació han estat observades les prescripcions legals de rigor.

Fundamentos

PRIMER:Tal com ja hem expressat, en el procediment ordinari núm. 82/2012, promogut per la SRA. Reyes contra L'IL LM. AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXACH amb l'oposició afegida de AUXILIAR DE MANUFACTURAS TÉCNICAS, SA (AMATECSA), el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona dictà la Sentència núm. 108, de 22 de maig de 2015 , amb el veredicte que segueix:

'Que DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO el presente recurso contencioso administrativo. Se imponen las costas a la actora con el límite total máximo de 300 Euros.'

La susdita Sentència definí l'objecte del litigi resolgué aquest últim en els termes que segueixen:

'PRIMERO.- La parte actora impugna la resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Montcada y Reixac de fecha 20 de diciembre de 2011 que:

a) acepta la renuncia de la actora a hacer uso de la facultad establecida en el art. 16 de las ordenanzas del PERI, aceptándose expresamente las condiciones allí señaladas;

b) ordena a la recurrente que en el plazo máximo de cinco meses proceda a la demolición de la nave industrial que ocupa el vial municipal y libre al Ayuntamiento la posesión del citado bien de dominio público; y

c) acuerda la ejecución forzosa subsidiaria del acto anterior para el caso de que no lo haga el obligado dentro del plazo fijado, conforme a lo dispuesto en los arts. 95 y ss. de la Ley 20/1992, de 26 de noviembre , de Régimen jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento administrativo común.

A fin de concretar el significado de la resolución, y a la vista de los hechos recogidos en la STSJ de Catalunya de 8 de julio de 2011, dictada en el recurso de apelación 314/08 , el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) al que se refiere aquélla es el del Polígono Industrial del 'Pla d'en Coll' de Montcada i Reixac, de fecha 17 de febrero de 1988, viniendo obligada la actora conforme a sus determinaciones, a la cesión obligatoria y gratuita de una porción de los terrenos de su propiedad destinada a vial, a saber la calle 4 o calle Rigola.

Por su parte, el art. 16 de las Normas Urbanísticas del PERI contemplaban que a fin de asegurar la continuidad de la actividad industrial en aquellas empresas afectadas por la red viaria secundaria o local, 'se admitirá la cesión y ejecución de las obras de urbanización con carácter diferido', bajo determinadas condiciones, siendo las principales, 'que las obras de urbanización del vial objeto de cesión diferida estén a cargo íntegramente del titular del suelo objeto de cesión, sin perjuicio de las demás cargas que le correspondan por su participación global en la urbanización' y 'que la continuidad de la actividad con carácter a precario, a cuyo fin serán revisadas las licencias, no exceda de 25 años'.

La fecha de publicación del PERI en el DOGC es la de 26 de noviembre de 2007.

La recurrente solicita en su escrito de demanda la estimación del recurso, así como que se declare no ajustados a derecho y por ello nulos los acuerdos recurridos, instando igualmente la condena en costas de las partes demandada y codemandada.

La parte demandada se opone a las pretensiones de la actora, como así lo hace también la parte codemandada.

SEGUNDO.- Para el adecuado enjuiciamiento del presente recurso es menester exponer los siguientes hechos que resultan probados de la documental y pericial obrante en autos:

1.- En primer lugar que el Plan Especial de Reforma Interior del Polígono Industrial del Pla d'en Coll del término municipal de Montcada i Reixac, de 17 de febrero de 1988, no fue publicado íntegramente hasta el 26 de noviembre de 2007, fecha en que adquirió eficacia.

2.- También es necesario señalar que no es discutido por las partes que en los terrenos detentados por la recurrente existe una porción de terreno destinado a vial, según el plan especial, que divide en dos la construcción que sobre dicho terreno se asienta.

3.- En sesión celebrada el día 14 de octubre de 1988 el Ayuntamiento Pleno de Montcada i Reixac acordó la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación del Sector ordenado por el Plan Especial de Reforma Interior del Polígono Industrial Pla d'en Coll (documental aportada por la Administración a su escrito de contestación).

No consta, según la prueba documental practicada a instancias de la actora, la existencia de un posterior proyecto de reparcelación.

4.- En fecha 30 de enero de 1990 (anexo 1 el escrito de contestación a la demanda de la Administración) fue formalizada escritura de reparcelación, constando la finca de la recurrente como finca aportada 5-2, de 3.009 m2.

Según la misma escritura, se adjudica a la hoy recurrente la finca V-2.

Y según la misma escritura de reparcelación ('otorga' cuarto) los terrenos de cesión obligatoria y gratuita son, entre otros, los terrenos destinados a viario, como el que nos ocupa.

La citada escritura fue inscrita en el Registro de la Propiedad de Cerdanyola del Vallés, siendo la finca resultante la 15.782.

5.- Con anterioridad a la publicación (que no a la aprobación) de la figura de planeamiento derivado, en fecha 1 de noviembre de 1996 la hoy recurrente se había dirigido al Ayuntamiento hoy demandado en contestación a un requerimiento para hacer uso de la opción contenida en el art. 16 de las NNUU del PERI -que en aquel momento no se hallaba en vigor, por carecer de eficacia al no haber sido enteramente publicado- proponía al Ayuntamiento en cuestión (folio 90 del expediente administrativo):

'Que a pesar de los perjuicios que actualmente me ocasionaría la ejecución de las obras de urbanización no tengo ningún interés en poner obstáculos a una pronta finalización de las mismas, motivo por el cual propongo a este Ayuntamiento una solución que contemple las necesidades de todas las partes implicadas, y que consistiría en lo siguiente:

-Por mi parte no haría uso del derecho a diferir la ejecución de las obras permitiendo de este modo su próxima finalización, lo cual beneficiaría tanto a la empresa constructora como a los vecinos del polígono.

-La nave de mi propiedad sería derribada sólo en la parte donde haya de ser construido el vial, entendiendo por tal las dimensiones previstas para la calle y ambas aceras.

- El cerramiento de la nave de mi propiedad se realizaría a la altura del límite señalado por el lado interior de la acera que la separa de la calle, es decir, sin mantener los cinco metros de distancia con el mencionado linde previstos en el PERI , manteniéndose dicho cerramiento por un plazo equivalente al permitido por dicho plan para la ejecución de las obras de urbanización en caso de que dicha ejecución hubiese sido diferida como consecuencia del ejercicio de su derecho por parte de los propietarios, es decir, veinticinco años.

Que en el supuesto de que este Ayuntamiento no acepte la propuesta descrita en el párrafo anterior, y a falta de otra posible alternativa, manifiesto mi intención de ejercer la opción prevista en el artículo 16 del PERI, es decir, diferir la ejecución de las obras garantizando su importe.'

TERCERO.- No constituye objeto del presente recurso la reparcelación aprobada en 1988, ni tampoco las cuentas de liquidación de la misma.

La cuestión a debatir se centra en la aceptación por parte de la resolución recurrida de la renuncia efectuada por la actora en 1996, con las condiciones allí expuestas por la actora, y en el requerimiento para que haga entrega del vial, previa demolición de lo construido, con advertencia de ejecución forzosa.

A los efectos de situarnos en relación a la normativa e instrumentos de planeamiento aplicables, y teniendo en cuenta que el PERI de cobertura no fue publicado hasta diecinueve años después de su aprobación, cuando la reparcelación urbanística ya hacía mucho que se hallaba inscrita en el Registro de la Propiedad, es necesario recordar que la Disposición Transitoria octava del D. legislativo 1/2005, de 26 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Catalunya (LUC), modificado por la disposición final 2 de la Ley autonómica 2/2007, de 5 de junio y que entró en vigor el 13 de junio -a la sazón vigente al momento de la publicación del PERI que nos ocupa- convalidaba los instrumentos de ejecución del planeamiento anteriores en los siguientes términos:

6. La falta de publicación previa de las normas urbanísticas de los instrumentos de planeamiento urbanístico aprobados definitivamente por la Administración de la Generalidad antes de la entrada en vigor de la Ley 2/2002 no es motivo de nulidad de pleno derecho de las disposiciones y actos de aplicación que se hayan dictado al amparo de su aprobación definitiva, siempre y cuando se haya publicado el anuncio de la aprobación de los mencionados instrumentos. La publicación en el DOGC de las normas urbanísticas de los instrumentos de planeamiento urbanístico aprobados definitivamente antes de la entrada en vigor de la Ley 2/2002 valida la tramitación y la aprobación de las disposiciones y actos de aplicación que se hayan dictado al amparo de su aprobación definitiva y les da plena eficacia desde la fecha de publicación en el DOGC del anuncio de la aprobación definitiva de los mencionados instrumentos.

En relación a la anterior redacción dada por la Ley 10/2004, que modificó la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Catalunya, se pronunció el Tribunal Constitucional en su Sentencia 187/2012, de 29 de octubre .

CUARTO.- A la vista de lo anterior, hay que concluir que conforme al proyecto de reparcelación, vigente, y a la oferta vertida por la actora en su escrito de 1 de noviembre de 1996, así como en virtud del principio de 'venire contra factum proprium non valet' aplicable a la actora, la resolución administrativa es ajustada a derecho.

La resolución por lo demás se ajusta al proyecto de reparcelación aprobado y convalidado según se expone en el Fundamento jurídico anterior, en la medida en que el vial que nos ocupa - y acorde con la ejecución del planeamiento- es de cesión gratuita, admitiendo el Ayuntamiento demandado las condiciones impuestas por la actora en ese escrito de 1 de noviembre de 1996.'

SEGON:L'actora i ara apel lant pretén que sigui revocada la Sentència d'instància, amb estimació afegida del recurs contenciós administratiu.

Als anteriors efectes -i dit resumidament- l'apel lant entén que la Sentència apel lada hauria vulnerat el principi de 'cosa jutjada', en no tenir present que la nostra Sentència ferma núm. 591, de 8 de juliol de 2011 , ja havia invalidat uns acords municipals adoptats l'any 2005, del mateix significat i abast que els ara controvertits, en prendre en consideració que hi portaven causa d'un Pla especial les normes del qual no havien estat publicades fins l'any 2007; la qual cosa -afegeix l'apel lant- hauria contaminat de nul litat el procés reparcel latori íntimament relacionat amb els acords municipals validats per la Sentència apel lada.

L'apel lant, doncs, ha insistit en la nul litat de la reparcel lació esmentada a la Sentència apel lada, malgrat no ser, aquesta, una pretensió de la demanda.

La recurrent també ha assenyalat que en el pitjor dels casos, si el Planejament especial aplicable no esdevingué eficaç fins l'any 2007, la moratòria de 25 anys dimanant d'aquest Pla hauria de computar-se des del susdit exercici.

TERCER:A banda de fer seus i de reproduir els arguments de la Sentència apel lada, la defensa lletrada de l'Ajuntament ha considerat que s'escau partir del fet que l'apel lant porta 22 anys ocupant sense títol sòl municipal afectat a vialitat, sense haver satisfet totes les condicions d'ajornament imposades per l'article 16 de les Ordenances del Pla especial esmentat a la Sentència apel lada (particularment, garantir el 88% de l'import de les obres d'urbanització del vial i no modificar l'activitat industrial duta a terme, que de taller mecànic, ha passat a ser de venda al major de maquinària).

L'Ajuntament ha manifestat, alhora, que els acords impugnats han estat adoptats en mèrits de les facultats de recuperació del demani que li reconeix el Reglament de patrimoni de les entitats locals. Demani que es considera incorporat al patrimoni municipal en mèrits de l'escriptura de la reparcel lació, formalitzada i registrada l'any 1990.

Per acabar, la Corporació municipal ha esgrimit la improcedència de portar a col lació la nostra Sentència de 8 de juliol de 2011 (apel lació 314/2008 ), perquè els actes a hores d'ara controvertits, haurien estat adoptats amb posterioritat a la publicació, amb efectes retroactius i sanatoris, de les normes urbanístiques del Pla especial tantes vegades esmentat (Disposició transitòria 8ª del text refós de 2005, de la Llei d'urbanisme). No sense posar l'accent en el fet que la dita Sentència rebutjà la impugnació indirecta del Projecte de reparcel lació.

Per la seva banda, la defensa lletrada d'AMATECSA també ha fet seus els raonaments de la Sentència apel lada i ha insistit en la improcedència d'enjudiciar de forma indirecta el procés reparcel latori.

QUART:En els estrictes termes de la present controvèrsia, la Sentència apel lada haurà de ser confirmada pels seus propis pronunciaments.

Efectivament, amb la prèvia publicació de les normes urbanístiques del Pla especial aplicable al cas, els acords municipals a hores d'ara impugnats -adoptats amb posterioritat a la dita publicació- es van veure dotats de l'empara de la qual no disposaven els que aquesta Sala i Secció invalidà en data 8 de juliol de 2011; no debades aquests últims havien estat adoptats dos anys abans de l'efectiva entrada en vigor del Pla de cobertura.

Quant al projecte de reparcel lació del qual porten causa els acords controvertits en aquesta litis, ens haurem de limitar a reproduir allò que ja vam dir a través de la Sentència esmentada anteriorment:

'CUARTO - (...)Cuestión distinta es la impugnación indirecta del Proyecto de Reparcelación, que también se pretende por la parte actora, a tenor de la demanda.

Tal impugnación indirecta no es posible, 'en cuanto carente (el Proyecto de Reparcelación) de la condición de disposición general, en los términos del artículo 26 de la ley jurisdiccional ' ( Sentencia de esta Sala y Sección de 6 de mayo de 2010, rec. 230/2010 , FJ 2º), lo que se extiende a otras figuras de la gestión urbanística ( Sentencia de esta Sala y Sección de 12 de mayo de 2006, rec. 1074/2002 , FJ 2º).

(...)Así la cosas, la pretensión de la parte actora, de revisar aquí las determinaciones del Proyecto de Reparcelación de referencia, aprobado en 1988 y otorgada la escritura pública de reparcelación en 1990, constituye desviación procesal y debe desestimarse, sin que proceda por tanto formular pronunciamiento ninguno en este proceso, en relación con aquél, ello, sin perjuicio de las consecuencias que, para ese instrumento de gestión, se deriven de lo que sigue.'

I amb molta més raó en trobar-se presidit, l'escenari que ara ens ocupa, per un Pla especial indiscutiblement vigent.

Tampoc podrem admetre el desplaçament en el temps del període de carència vindicat subsidiàriament per l'apel lant; sobretot, per resultar incompatible amb una renúncia al règim de tolerància previst per l'art. 16 de l'Ordenança del Pla especial, que havia de considerar-se efectiva des de l'acceptació de la mateixa pel Consistori apel lat.

CINQUÈ:De conformitat amb allò que es desprèn dels punts 2 i 4 de l'art. 139 LJCA , la desestimació de l'apel lació haurà de venir acompanyada de la imposició de les costes de la segona instància a l'apel lant; per bé que limitant-les a un màxim de 1.000 euros per tots els conceptes, afegint-hi, si escau, l'IVA que pertoqui.

L'import de la condemna es distribuirà al 50 per 100 entre apel lat i coapel lada.

Fallo

Per tot allò que ha estat exposat, aquesta Secció 3ª de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de CatalunyaHA DECIDIT:

DESESTIMARel present recurs d'apel lació núm. 373/2015, promogut per la SRA. Reyes contra L'IL LM. AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXACH i, conseqüentment, confirmar en tots els seus termes la Sentència núm. 108, de 22 de maig de 2015, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona en el sí del recurs contenciós administratiu ordinari núm. 82/2012 .

Amb la imposició de les costes de la segona instància a l'apel lant; per bé que limitant-les a un màxim de 1.000 euros per tots els conceptes, afegint-hi, si escau, l'IVA que pertoqui.

L'import d'aquesta condemna es distribuirà al 50 per 100 entre apel lat i coapel lada.

Notifiqui's, i faci's saber a les parts que aquesta Sentència no és ferma.

Contra la mateixa podrà interposar-se recurs de cassació davant el Tribunal Suprem.

Aquest recurs haurà de preparar-se davant d'aquesta la nostra Sala i Secció en un termini màxim de trenta dies hàbils, comptadors des de l'endemà d'haver estat rebuda la notificació corresponent, de conformitat amb l' art. 89 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol , reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (LJCA), modificada per la Llei Orgànica 7/2015, de 21 de juliol.

La preparació del recurs de cassació haurà d'ajustar-se a les previsions de l' art. 89.2 LJCA i només podrà fonamentar-se en la vulneració del dret estatal o europeu. En qualsevol cas, els seus promotors hauran de tenir present l'Acord de 19 de maig de 2016, del Consell General del Poder Judicial, pel qual es fa públic l'Acord de 20 d'abril de 2016, de la Sala de Govern del Tribunal Suprem, de fixació de regles sobre l'extensió màxima i altres condicions extrínseques dels escrits processals referits al Recurs de Cassació (BOE núm. 162, de 6 de juliol de 2016).

No hi cabrà, en canvi, recurs de cassació davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya fonamentat en l'eventual vulneració del dret autonòmic, en equiparar-se, en aquest cas, les Sentències dictades per la Sala del Tribunal Superior, a les dictades per la Sala 3ª del Tribunal Suprem en el seu propi àmbit ( Resolucions interlocutòries de 10 de maig de 2017, entre d'altres, dictades per la Secció de Cassació de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en els recursos de cassació autonòmica núm. 3/2017 i 8/2017 ).

Aquesta és la nostra Sentència, que pronunciem, manem i signem. Adjunteu-ne una certificació literal al rotlle d'apel lació i lliureu-ne testimoni al Jutjat d'origen junt amb les actuacions rebudes, als efectes de les diligències d'execució que s'escaiguin, així que el present veredicte hagi esdevingut ferm.

PUBLICACIÓ.-El dia d'avui i en audiència pública, el Magistrat ponent ha llegit i ha publicat la Sentència anterior. En dono fe.