Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 370/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Rec 392/2015 de 12 de Junio de 2017

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA

SALA DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU

SECCIÓ 3ª

Recurs d'apel lació núm. 392/2015

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona

Procediment ordinari núm. 250/2011

Apel lant: CONSTRUCCIONES DERTUSA, S.L

Representant de l'apel lant: SRA. ANNA MARIA BOLDU MAYOR, Procuradora

Apel lat: IL LM. AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

Representant de l'apel lat: SR. IVO RANERA CAHÍS, Lletrat consistorial

Coapel lada: ASSOCIACIÓ DE CONSUMIDORS HORTAMAR

Representant de la coapel lada: SRA. ROSER CASTELLÓ LASAUCA, Procuradora

S E N T È N C I A núm. 370

Magistrats/ades:

IL LM. SR. MANUEL TÁBOAS BENTANACHS, President

IL LMA. SRA. ISABEL HERNÁNDEZ PASCUAL

IL LM. SR. HÉCTOR GARCÍA MORAGO

Barcelona, 12 de juny de 2017

LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA (SECCIÓ 3ª), en nom de S.M el Rei i de conformitat amb allò que disposa l' art 117.1 de la Constitució , ha pronunciat la SENTÈNCIA que segueix, a les actuacions del recurs d'apel lació núm. 392/2015, interposat, com a apel lant, per CONSTRUCCIONES DERTUSA, S.L -representada per la Procuradora SRA. ANNA MARIA BOLDU MAYOR i assistida pel Lletrat SR. XAVIER FAURA SANMARTÍN-, essent l'apel lat L'IL LM. AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA -representat pel Procurador SR. IVO RANERA CAHÍS i assistit per la Lletrada SRA. CRISTINA BALDÉ AULADELL-, i la coapel lada L'ASSOCIACIÓ DE CONSUMIDORS HORTAMAR -representada per la Procuradora SRA. ROSER CASTELLÓ LASAUCA i assistida pel Lletrat SR. JESÚS MARCO TEJEDOR-.

Ha actuat com a Magistrat ponent l'Il lm. Sr. HÉCTOR GARCÍA MORAGO, el qual expressa el parer de la Sala.

Antecedentes

PRIMER:En el procediment ordinari núm. 250/2011, promogut per CONSTRUCCIONES DERTUSA, S.L contra L'IL LM. AJUNTAMENT DE SAN CARLES DE LA RÀPITA amb l'oposició afegida de L'ASSOCIACIÓ DE CONSUMIDORS HORTAMAR, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona dictà la Sentència núm. 174, de 30 de juny de 2015 , amb el veredicte que segueix:

'Que debo desestimar y DESESTIMO el presente recurso contencioso-administrativo. Se imponen las costas al recurrente, con el límite total de 600 euros, IVA incluido. '

SEGON:Disconforme amb el veredicte, l'actora deduí apel lació, a la qual s'hi van oposar l'Ajuntament demandat i l'associació codemandada.

TERCER:Un cop elevades les actuacions a aquesta Sala, es va acordar formar-ne aquest rotlle d'apel lació i designar Magistrat ponent. I un cop verificats els tràmits processals pertinents s'assenyalà el dia 31 de maig 2017 per tal de votar i decidir, la qual cosa es verificà en aquests mateixos termes.

QUART:En la tramitació d'aquest recurs d'apel lació han estat observades les prescripcions legals de rigor.

Fundamentos

PRIMER:Tal com ja hem expressat, en el procediment ordinari núm. 250/2011, promogut per CONSTRUCCIONES DERTUSA, S.L contra L'IL LM. AJUNTAMENT DE SAN CARLES DE LA RÀPITA amb l'oposició afegida de L'ASSOCIACIÓ DE CONSUMIDORS HORTAMAR, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona dictà la Sentència núm. 174, de 30 de juny de 2015 , amb el veredicte que segueix:

'Que debo desestimar y DESESTIMO el presente recurso contencioso-administrativo. Se imponen las costas al recurrente, con el límite total de 600 euros, IVA incluido. '

La susdita Sentència definí l'objecte del litigi i resolgué aquest últim en els termes que segueixen:

'PRIMERO.- La parte actora impugna el Decreto 146/2011, de 17 de marzo del Ayuntamiento de Sant Carles de la Ràpita que desestima, por extemporáneo, el recurso de reposición interpuesto contra el Decreto 40/2011, que le impone la obligación de restaurar la legalidad urbanística mediante la retirada de ciertas piscinas, bajo los apercibimientos que allí figuran, con desestimación de las alegaciones que presentó. El actor sostiene que el recurso no era extemporáneo y que la licencia de obras aprobada por el propio Ayuntamiento autoriza las piscinas, así como que existe prescripción del expediente administrativo e inadecuación del procedimiento. Subsidiariamente, interesa que se condene al Ayuntamiento a indemnizar a la recurrente por las posibles reclamaciones que los adquirentes de las viviendas le dirijan.

Los Letrados del Ayuntamiento de Sant Carles de la Ràpita y de la Asociación de Consumidores Hortamar se han opuesto a la demanda, interesando la confirmación de la resolución recurrida.

SEGUNDO.- La resolución que se impugna, como se ha señalado, acuerda la desestimación del recurso de reposición interpuesto por el recurrente contra un acto administrativo anterior, contra el que realmente se dirige el esfuerzo impugnador del recurrente, así como contra el acto iniciador del procedimiento de protección de la legalidad urbanística. Por ello, ha de comenzarse por comprobar si el recurso de reposición está correctamente desestimado por haberse presentado de manera extemporánea.

La primera cuestión que ha de resolverse, que constituye una alegación efectuada en las conclusiones de la actora, es si es posible considerar la extemporaneidad del recurso con un pronunciamiento de desestimación del órgano administrativo, cuando lo correcto hubiera sido la inadmisión.

Ciertamente, lo correcto en caso de recursos presentados fuera de plazo es la inadmisión del recurso, no su desestimación, desde una perspectiva estrictamente formal. Sin embargo, esta simple diferencia en la palabra utilizada ningún efecto ha de tener más allá de la anterior constatación. Ello porque es evidente y clara la causa que lleva a que el recurso interpuesto no prospere, que es su interposición extemporánea, por lo que el recurrente conocía perfectamente los motivos y causas que llevan al órgano a desestimar sus alegaciones. Es llamativo que en la demanda ni una línea se dedique a esta cuestión, cuando la parte demandante conocía perfectamente este motivo de inadmisión del recurso.

De este modo, que el Ayuntamiento optara por 'desestimar' el recurso en lugar de por 'inadmitirlo' en nada afecta a la sustancia de la decisión, que es declarar extemporáneo el recurso presentado, ni a la capacidad de defensa de la actora frente a este extremo.

Sentado lo anterior, ha de constatarse si la apreciación de la Administración acerca del carácter extemporáneo del recurso es correcta. Y debe adelantarse que, en efecto, lo es.

La resolución contra la que se interpone el recurso potestativo de reposición es el Decreto 40/2011, por el cual se desestiman las alegaciones presentadas en el expediente de restauración de la legalidad urbanística, ordenando a la recurrente que procediera a tal restauración, retirando las piscinas de la cubierta del edificio afectado, considerando tales piscinas manifiestamente ilegalizables, y apercibiendo de que, de no verificarse en el plazo de un mes, se podrán imponer multas coercitivas o proceder a la ejecución subsidiaria. Esta resolución fue notificada utilizando el servicio postal, como consta en el documento obrante a folio 25 del expediente administrativo, que es absolutamente esencial para determinar la fecha exacta de notificación.

En la segunda parte de este documento se pueden apreciar dos fechas: el 3 y el 4 de febrero de 2011, poniendo en ambos casos 'entregado'. La Administración considera que debe aplicarse la fecha más favorable para el recurrente, que es el 4 de febrero, por lo que ésta será la que se tome como referencia. El plazo para interponer el recurso de reposición es de un mes (ex art. 117.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC )), por lo que terminó el 4 de marzo de 2011. El recurso tiene sello de correos del día 7 de marzo de 2011, lo que se reconoce por la actora y se constata del folio 28 del expediente administrativo. Expuestos así los hechos, es claro que el recurso estaba presentado fuera de plazo.

El recurrente ofrece una serie de explicaciones en sede de conclusiones, sin aportar prueba alguna, que poco menos que acusan al empleado de Correos de falsedad en documento público. En realidad, la única duda que existe, faltando toda otra prueba, es si la entrega se hizo el día 3 o el día 4, pues ciertamente no consta exactamente cuándo fue, pero ya se ha escogido la fecha más favorable posible para el actor. No solo esto, sino que el receptor de la notificación aceptó plenamente la corrección de la recepción al estampar su sello por dos veces en el resguardo de envío, y esta aceptación se ha de extender a la fecha que consta en el mismo resguardo.

No se ha de ocultar que el recurrente tuvo un mes para presentar el recurso de reposición, y que voluntaria y conscientemente optó por agotar este plazo. Nos hallamos, quizá, ante una nueva víctima de la tan usual como inadecuada costumbre de presentar los escritos y recursos el último día del plazo legalmente permitido; sucede, sin embargo, que en este caso el plazo no ha sido adecuadamente computado por el recurrente, llevando a las consecuencias que se han de seguir inmediatamente.

TERCERO.- Se ha declarado que la resolución de 17 de marzo de 2011 (Decreto 146/2011) apreció correctamente la presentación extemporánea del recurso de reposición, por lo que ningún reproche cabe hacerle en este sentido. Resta, pues, considerar en qué medida afecta este hecho a la reclamación global del recurrente.

Respecto a su petición principal, la consecuencia inmediata e inevitable es la desestimación de la misma. En efecto, el Decreto 146/2011, en la parte objeto de enjuiciamiento, apreció correctamente la extemporaneidad del recurso, y los restantes elementos del Decreto son meros actos ejecutivos de un Decreto anterior, que devino firme y consentido en vía administrativa por no haber sido recurrido en plazo, el Decreto 40/2011.

Este Decreto, sin embargo, podía ser recurrido en vía jurisdiccional, siempre que se respetara el plazo de dos meses para ello. Siendo que fue notificado el día 4 de febrero de 2011, como se ha declarado, el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo terminaba el día 5 de abril de 2011. Nótese que antes de esta fecha el recurrente ya había recibido notificación del Decreto que consideraba inadmisible el recurso (esto sucedió el día 21 de marzo, folio 36 del expediente administrativo), por lo que el recurrente ya podía conocer las consecuencias de la no interposición del recurso en plazo. A pesar de ello, no es hasta el día 17 de mayo que interpone recurso contencioso-administrativo, que si bien era ciertamente admisible contra el Decreto 146/2011, cuya legalidad se ha analizado, no lo era contra el anterior Decreto 40/2011, ni contra el Decreto 777/2010, anterior a éste, por lo que las declaraciones jurídicas de los mismos no sólo son firmes en vía administrativa, sino también jurisdiccional.

Así pues, la totalidad de la argumentación principal de la parte actora no puede ser considerada por este Juzgador, toda vez que la misma se dirige, sin excepción, contra dos resoluciones que son firmes tanto en vía administrativa como jurisdiccional, por no haber sido recurridas en plazo. El pronunciamiento, aún así, ha de ser de desestimación, pues como se ha expuesto la declaración de desestimación por extemporaneidad del recurso si debía ser examinada por este Juzgado, lo que implica entrar en el fondo resolutorio de la resolución que podía ser impugnada por motivos temporales.

Y respecto de la petición subsidiaria, la misma no puede ser estimada por faltarle, groseramente, los más básicos requisitos que ha de tener una pretensión de indemnización frente a una Administración. No sólo no consta ninguna clase de procedimiento de reclamación previa administrativa, exigido en este tipo de pretensiones, sino que, como correctamente señala el Ayuntamiento en sus conclusiones, ni se trata de un daño efectivo en este momento, ni existe cuantificación alguna de lo reclamado, pues se pretende una especie de 'condena de seguro' que cubra potenciales reclamaciones futuras, lo que no está permitido por nuestro Ordenamiento.

Se desestima el recurso en su integridad.

CUARTO.- Atendido el art. 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa procede imposición de costas al recurrente, con el límite total de 600 euros, IVA incluido.'

SEGON:Com a qüestió prèvia l'associació coapel lada ha sostingut que l'apel lació era inadmissible per raó de la quantia, atès que l'apel lant l'havia fixada en 18.000 euros a l'hora de liquidar la taxa corresponent amb el model 696, sens perjudici d'haver-la establert en indeterminada -i en qualsevol cas superior a 13.000 euros- a través de l'escrit de demanda.

Succeix, però, que la quantia a la qual haurem d'estar, és la fixada com a conseqüència de les dades expressades a l'escrit de demanda; fent abstracció -als presents efectes- de la xifra consignada posteriorment amb una finalitat estrictament fiscal i, per conseqüència, susceptible de les correccions que es s'haurien pogut fer en aquest darrer ordre, d'ofici o a instància de part.

Des de la perspectiva de l' art. 81.1.a) LJCA , haurem d'entendre, doncs, que la quantia a considerar era lad'indeterminada, per molt que s'hagués previst la impossibilitat d'una futura i hipotètica concreció o determinació d'aquest element del procés, que situes lasumma gravaminisper sota dels 13.000 euros.

Ateses les circumstàncies, considerarem que aquesta és la única interpretació de la situació que resulta conciliable amb el dret fonamental a la tutela judicial efectiva en seu de recursos. Conseqüentment, haurem de concloure que l'apel lació era procedent, en no existir elements de judici fiables, susceptibles d'acreditar una quantia certa i no superior als 30.000 euros, als efectes del llindar de l'apel lació consignat a l' art. 81.1.a) LJCA .

TERCER:Per tal de fonamentar l'apel lació, CONSTRUCCIONES DERTUSA, S.L ha esgrimit un conjunt d'arguments que podrien resumirse així:

-Ineficàcia de la notificació del Decret d'Alcaldia 40/2011, de 31 de gener. No debades, a l'avís de recepció consta una altra empresa; i per afegitó, tampoc hi consten les dades personals del receptor, la casella del qual es troba en blanc.

-El justificant sobre la data de la notificació que es troba al foli 25 de l'expedient, és erroni.

-La susdita notificació es va rebre el dia 7 de febrer de 2011, per la qual cosa la reposició hauria d'haver estat considerada temporània.

-Com sigui que la decisió de l'Ajuntament va ser impròpiament la de desestimar, hauríem de concloure que encara no ha estat dictada resolució expressa d'inadmissió. Raó, aquesta, que justificaria l'aplicació al cas del règim d'impugnació dels actes presumptes de signe negatiu (manca de terminis per tal d'impugnar).

-Quant al fons, afegir que les piscines controvertides es trobaven compreses en els projectes que obtingueren llicència municipal. Llicència, aquesta, obtinguda de conformitat amb les normes aplicables.

-Si el Municipi considerava il legals les piscines, havia d'incoar un procediment de revisió d'ofici de la llicència d'obres, amb una peça indemnitzatòria afegida.

QUART:Les apel lades han replicat el arguments de la recurrent; i ho han fet portant a col lació les observacions que passem a resumir:

-La Sentència apel lada ha justificat a bastament i correctament l'extemporaneïtat de la reposició deduïda per l'apel lant.

-La notificació, si la va rebre un tercer, convé precisar que això succeí en el mateix domicili de l'ara apel lant, per la qual cosa aqueixa gaudí de plens efectes.

-D'altra banda, el Decret impugnat en reposició, no feia més que reproduir actes previs, ferms i consentits.

-A l'escrit d'interposició del recurs contenciós administratiu s'identificà com a únic acte impugnat el desestimatori de la reposició. I la reposició es va interposar exclusivament contra un Decret de tràmit: el 777/2010 .

-El projecte bàsic de les obres -el que va ser objecte de llicència- no contemplava les piscines. Això passà amb el projecte executiu.

-El POUM no permetia la instal lació de les piscines al cobert de l'edifici per ultrapassar l'alçada màxima reguladora prevista a l'art. 155.1.b) POUM, no pas per estar prohibides com a ús.

CINQUÈ:Després d'haver analitzat amb detall els al legats de les parts i el material probatori incorporat a les actuacions, aquest Tribunal ha arribat a la conclusió que l'apel lació haurà de prosperar pels motius que segueixen:

1: El designi de l'apel lant d'impugnar l'ordre de restauració (Decret municipal 40/2011) era inequívoc. No debades, el Decret desestimatori de la reposició deduïda per l'apel lant, reconegué que l'acte impugnat era el susdit Decret 40/2011.

Succeeix, certament, que el recurs de reposició es referí, per error, al Decret d'incoació 777/2010 -segurament induït per la cita de l'expressat Decret que es contenia en l'acte recorregut-; tanmateix, era clar el propòsit de la reposició, de posar en entredit una ordre de restauració ja dictada.

2: No existeixen elements que permetin afirmar amb una mínima fiabilitat que la reposició hagués estat interposada de forma extemporània.

En el justificant de recepció de l'ordre de restabliment consta una signatura mancada d'identificació, així com el segell de l'empresa FFAIGES, S.L; no pas el de l'empresa CONSTRUCCIONES DERTUSA, S.L. Si l'Ajuntament considerava que podien existir vincles directes i rellevants entre ambdues empreses, ho hauria d'haver acreditat. I com sigui que res impedia que empreses diferents poguessin compartir una mateixa adreça postal, ens veurem en la tessitura d'haver d'acceptar que l'ara apel lant no hauria rebut la notificació de l'acte impugnat en reposició fins al dilluns 7 de febrer de 2011, de la qual cosa se'n derivaria la temporaneïtat de la reposició interposada en data 7 de març de 2011 i, per tant, la procedència que el Jutjata quohagués entrat en el fons de la controvèrsia. Si més no, no essent possible equiparar la posició d'una tercera empresa (FFAIGES, S.L en aquest cas) a la d'un conserje o encarregat general de l'immoble.

3: Les piscines controvertides es trobaven incloses en la llicència d'obres concedida per l'Ajuntament.

I es trobaven incloses, tant en les magnituds d'obra que figuraven en el projecte tècnic corresponent (fet, aquest, al legat per l'apel lant i que no s'ha vist eficaçment desvirtuat), com en la documentació gràfica del document.

Certament, ni en la documentació escrita ni en la documentació gràfica del projecte bàsic apareixia la veu 'piscina'; però en els plànols del cobert de l'edifici resultava difícil no copsar la seva presència, al costat dels corresponents grups de taules, cadires i parasols.

I en el projecte executiu, aquests mateixos plànols no podien ser més explícits, atès que havien estat incorporades al mateix les veus 'piscina' i 'jacuzzi'. I el projecte tècnic -convindrà retenir-ho- era una condició d'eficàcia de la llicència d'obres atorgada l'any 2004.

En l'anterior sentit, s'escaurà afegir que la llicència de primera ocupació va ser informada favorablement per l'arquitecte tècnic municipal en data 28 de maig de 2008, i aquest mateix dia va ser estesa la susdita llicència.

Haurem d'afegir que no tenim elements de judici que ens permetin apartar-nos de la lògica i de l'experiencia, per tal de no pressuposar que l'informe de l'arquitecte tècnic municipal no va venir precedit -com era de rigor- de la inspecció presencial de les obres (inspecció, aquesta, prou comentada en la pericial de l'actora), amb plena percepció de l'existència de les piscines i jacuzzis. Piscines, d'altra banda, existents alhora en edificis circundants, de característiques annàlogues, suposadament edificats amb llicència municipal.

Així les coses, la concessió de la llicència de primera ocupació no va fer més que corroborar que els elements controvertits descrits anteriorment, es trobaven emparats per la la llicència d'obres. I si això era així, la única manera de revetir la situació havia de venir donada per una declaració de lesivitat temporània ( art. 103 de l'aleshores vigent Llei bàsica 30/1992, de 26 de novembre -LPAC -); o per una revisió d'ofici de la llicència, fonamentada en l' art. 102 LPAC .

En haver-se bandejat els procediments esmentats anteriorment, els actes administratius impugnats en primera instància haurien incorregut en la causa de nul litat prevista a l' art. 62.1 e) LPAC ; perquè haurien extingit tàcitament els efectes de la llicència d'obres i de la llicència de primera ocupació, a través d'un procediment inidoni.

Conseqüentment, l'apel lació -com ja havíem expressat- haurà de ser estimada, sense necessitat d'afegir més consideracions al respecte.

SISÈ:Atès allò que disposa l' art. 139.2 LJCA , no s'imposaran costes en segona instància. Tampoc en primera ( art. 139.1 LJCA , últim incís), atesa la complexitat de la situació.

Fallo

Per tot allò que ha estat exposat, aquesta Secció 3ª de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de CatalunyaHA DECIDIT:

ESTIMARel present recurs d'apel lació núm. 392/2015, promogut per CONSTRUCCIONES DERTUSA, S.L amb l'oposició de L'IL LM. AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA i de L'ASSOCIACIÓ DE CONSUMIDORS HORTAMAR i, conseqüentment:

1: REVOCAR i deixar sense cap efecte la Sentència núm. 174, de 30 de juny de 2015, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona en el sí del recurs contenciós administratiu ordinari núm. 250/2011 i, en el seu lloc,

2: ESTIMAR l'expressat recurs contenciós administratiu i declarar nuls de ple dret els actes administratius impugnats.

Sense costes en segona instància, i sense costes en la primera.

Notifiqui's, i faci's saber a les parts que aquesta Sentència no és ferma.

Contra la mateixa podrà interposar-se recurs de cassació davant el Tribunal Suprem.

Aquest recurs haurà de preparar-se davant d'aquesta la nostra Sala i Secció en un termini màxim de trenta dies hàbils, comptadors des de l'endemà d'haver estat rebuda la notificació corresponent, de conformitat amb l' art. 89 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol , reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (LJCA), modificada per la Llei Orgànica 7/2015, de 21 de juliol.

La preparació del recurs de cassació haurà d'ajustar-se a les previsions de l' art. 89.2 LJCA i només podrà fonamentar-se en la vulneració del dret estatal o europeu. En qualsevol cas, els seus promotors hauran de tenir present l'Acord de 19 de maig de 2016, del Consell General del Poder Judicial, pel qual es fa públic l'Acord de 20 d'abril de 2016, de la Sala de Govern del Tribunal Suprem, de fixació de regles sobre l'extensió màxima i altres condicions extrínseques dels escrits processals referits al Recurs de Cassació (BOE núm. 162, de 6 de juliol de 2016).

No hi cabrà, en canvi, recurs de cassació davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya fonamentat en l'eventual vulneració del dret autonòmic, en equiparar-se, en aquest cas, les Sentències dictades per la Sala del Tribunal Superior, a les dictades per la Sala 3ª del Tribunal Suprem en el seu propi àmbit ( Resolucions interlocutòries de 10 de maig de 2017, entre d'altres, dictades per la Secció de Cassació de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en els recursos de cassació autonòmica núm. 3/2017 i 8/2017 ).

Aquesta és la nostra Sentència, que pronunciem, manem i signem. Adjunteu-ne una certificació literal al rotlle d'apel lació i lliureu-ne testimoni al Jutjat d'origen junt amb les actuacions rebudes, als efectes de les diligències d'execució que s'escaiguin, així que el present veredicte hagi esdevingut ferm.

PUBLICACIÓ.-El dia d'avui i en audiència pública, el Magistrat ponent ha llegit i ha publicat la Sentència anterior. En dono fe.