Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 3731/2020, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 5, Rec 72/2018 de 28 de Septiembre de 2020

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Recurso nº 72/2018

SENTENCIA Nº 3731/2020

Ilmos. Sres.:

Presidente

DON JAVIER AGUAYO MEGÍA

Magistrados

DON FRANCISCO JOSÉ SOSPEDRA NAVAS

DON JORDI PALOMER BOU

En la Ciudad de Barcelona, a 28 de septiembre de 2020.

LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN QUINTA)ha pronunciado la siguiente SENTENCIAen el recurso contencioso-administrativo nº 72/2018, interpuesto por ALTODO CATALUÑA, ASOCIACIÓN DE LETRADOS POR UN TURNO DE OFICIO DIGNO EN CATALUÑA, representada por la Procuradora Dª Isabel Santa María Fernández y defendida por la Letrada Dª Vanessa González Fornas, contra DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA DE LA GENERALITAT, representado y dirigido por el Abogado de la Generalitat.

Ha sido Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. Francisco José Sospedra Navas, quien expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

PRIMERO.-Por la representación de la parte actora, en escrito presentado en la Secretaría de esta Sala, se interpuso el presente recurso contra la resolución JUS 267/2017, de 26 de diciembre de 2017 (DOGC 29 de diciembre de 2017), por la cual se establecen los módulos de indemnización económica para las actuaciones profesionales de los Abogados de Cataluña en materia de asistencia jurídica gratuita para el año 2018.

SEGUNDO.-Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley Reguladora de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación, en cuyos escritos respectivos, en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de los actos objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos.

TERCERO.-Continuado el proceso por los trámites que aparecen en autos, se designó como tribunal la Sección de Refuerzo conforme al acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ de 4 de abril y 20 de junio de 2019 y Magistrado Ponente, señalándose fecha para la votación y fallo del recurso, diligencia que tuvo lugar en la fecha fijada.

CUARTO.-En la tramitación de este proceso se han observado todas las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.-Como se ha expuesto en los antecedentes, se interpone recurso contra la resolución JUS 267/2017, de 26 de diciembre de 2017 (DOGC 29 de diciembre de 2017), por la cual se establecen los módulos de indemnización económica para las actuaciones profesionales de los Abogados de Cataluña en materia de asistencia jurídica gratuita para el año 2018.

La parte demandante alega en síntesis la nulidad de la resolución impugnada con fundamento en la insuficiencia de los módulos fijados como consecuencia de los recortes, la falta de ajuste al procedimiento presupuestario, la falta de competencia del Departament de Justícia y la vulneración del principio de irretroactividad de las disposiciones administrativas restrictivas de derechos individuales. La Administración demandada se opone al recurso.

SEGUNDO.-Esta misma Sala y Sección, ha tenido ocasión de examinar y pronunciarse en relación a Acuerdos como el que nos ocupa con motivo de recursos planteados por la recurrente en sus Sentencias de 6-3-2014, 30-1-2015, 9-3-2015, 30-6-2016, ó 19-10-2018, a cuya doctrina nos remitiremos necesariamente en función de los motivos alegados por la recurrente.

Más concretamente, y en conexión directa con el caso aquí examinado, en la Sentencia de esta Sala y Sección de fecha 13 de junio de 2019 (Recurso número 36/2017) se examinaba la conformidad a derecho de los módulos establecidos para el año 2017, que se prorrogan para el año 2018 en la resolución aquí impugnada, debiendo hacer referencia a los fundamentos expresados en dicha sentencia, por unidad de doctrina, que son los siguientes:

'El Acuerdo impugnado se limita a determinar las retribuciones por asistencia pero ni organiza los turnos de guardia, ni establece el horario de los mismos como expone la recurrente. Por otra parte, y en cuanto a la representación del CICAC ante el DEPARTAMENT DE JUSTICIA, constatamos con el examen de los folios 1 y ss del expediente administrativo, que a la reunión del 26-10-2016, asistieron en representación del CICAC (..), y no únicamente esta última, como se expone en la demanda. Por otra parte, se desprende de los folios 49 y ss del expediente administrativo que el CICAC informó FAVORABLEMENTE el 14-11-2016, la propuesta de Acuerdo de colaboración por el que se establecían los módulos de compensación económica por las actuaciones profesionales de los abogados en materia de asistencia jurídica gratuita para el año 2017, y que la propuesta (folio 3 del expediente), suponía un aumento lineal del 1'30% de los módulos de compensación de las actuaciones profesionales.

(...)En cuanto al argumento utilizado para impugnar la pretendida discriminación lingüística retributiva contenida en el Acuerdo al pactarse una retribución expresa por hacer escritos en lengua catalana por asunto, lo que consideran contrario al artículo 14 CE , resulta en si misma contradictoria, pues afirma que el justiciable tiene derecho a elegir la lengua en la que desea ser asistido, y se afirma que se está discriminando a los abogados por 'usar una lengua sin atender a la voluntad del justiciable' y sigue diciendo que 'lo cierto es que discrimina a quienes utilizan la lengua oficial de España, el castellano que no están en disposición de elegir ya que la lengua en que se hacen los escritos únicamente puede obedecer al justiciable'.

El motivo en los términos planteados tampoco puede ser atendido por dos motivos. En primer lugar por cuanto es evidente que se trata de una medida de fomento del uso de la lengua catalana en un ámbito profesional, lo que aparece amparado en el artículo 37 de la ley catalana 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística. Y las medidas de fomento del uso de la lengua catalana en diferentes ámbitos ha sido considerado constitucional por el Tribunal Constitucional siempre y cuando con las mismas no se impida o se vulnere el derecho que cualquier ciudadano tiene en Cataluña a utilizar asimismo el castellano, lengua oficial del Estado. En este sentido la STC 7/2018 , en el ámbito que afecta a consumidores y usuarios, o la STC 88/2017 , en la que podemos leer que 'las medidas de fomento y protección de las lenguas cooficiales, no pueden llevarse al extremo de impedir o vulnerar un derecho elemental como el que los ciudadanos tienen de expresarse en la lengua de su preferencia'.

Y en segundo lugar, por cuanto lo que la Carta de Derechos del Ciudadano ante la Administración de Justicia a que alude la demanda, lo que prevé es el sistema de relación del ciudadano no con su Abogado, sino con la Administración de Justicia, lo que es ajeno a la relación profesional que entre el Abogado y su cliente se pueda establecer.

Por ello, el motivo de impugnación debe ser rechazado'.

TERCERO.-En los fundamentos sexto y séptimo de la citada Sentencia de 13 de junio de 2019 se da respuesta a las cuestiones relativas a la competencia, procedimiento y presupuestarias en los siguientes términos:

'La alegación respecto de que la inclusión en los módulos de unos criterios para la interpretación de los mismos es contraria a Derecho al considerar que tal competencia no corresponde al DEPARTAMENT DE JUSTICIA, olvida que los módulos, y en definitiva, la totalidad del Acuerdo, no ha sido impuesto unilateralmente por el DEPARTAMENT DE JUSTICIA, sino que ha sido pactado con el CICAC, y su redacción final ha contado con el informe favorable del mismo.

(..) Retomando la cuestión relativa a la competencia del Departament de Justicia para fijar los módulos, audiencia de los interesados, publicación del Acuerdo, y vulneración de la Resolución del Parlament de Catalunya 151 IX, nos remitimos a nuestra Sentencia de 19-10-2018 , que incluso con cita de anteriores da cumplida respuesta a todas las dudas de legalidad planteadas por la recurrente en los siguientes términos:

'Doncs bé, pel que fa a la competència del Departament de Justícia, l'article 37 de la Llei 1/96 d'assistència jurídica gratuïta preveu la subvenció corresponent a la implantació i prestació dels serveis d'assistència jurídica gratuïta, una responsabilitat que s'atribueix a les Administracions públiques competents amb càrrec a llurs pressupostos. En el cas de Catalunya la competència correspon a la Generalitat d'acord amb allò que disposa l'article 106 de l'Estatut d'Autonomia - Llei orgànica 6/06-, sense perjudici que el Ministeri de Justícia mantingui la responsabilitat financera final, havent-se efectuat el traspàs de funcions ja des del Reial Decret 966/90.

En el marc d'aquesta competència la Generalitat va regular l'assistència jurídica gratuïta mitjançat el Decret 252/1996. Disposa l'article 28 d'aquesta norma que els mòduls de compensació els estableix el Departament de Justícia amb informe previ dels Consells de Col legis d'Advocats i de Procuradors de Catalunya i del Departament d'Economia i Finances, sempre en el marc de l'import global de las dotacions pressupostàries.

D'aquest plantejament es dedueix, en primer lloc, la plena competència del Departament de Justícia per fixar els mòduls. En segon lloc, que en el cas que ens ocupa s'ha respectat el procediment atès que consten els informes previs del CICAC i del Departament d'Economia i Finances. Cal afegir que no resulta exigible l'informe del Ministeri d'Economia i Hisenda que l'actora troba a faltar.

Val a dir així mateix que no s'aprecia que l'acord impugnat interfereixi l'organització del servei d'assistència jurídica gratuïta, organització que correspon efectivament als Col legis en els termes de l' article 14 del Decret 252/96 . En aquest sentit, l'acord es limita a establir uns estàndards de qualitat en la prestació del servei, estàndards que afecten la configuració general del servei objecte de finançament i que son plenament compatibles amb la competència del Departament de Justícia i alhora amb la competència organitzativa dels Col legis.

Cal desestimar així mateix les al legacions referides a la manca de publicació de l'acord i la manca d'audiència dels interessats. En el primer cas, la manca de publicació no ha comportat indefensió de l'actora, que va poder conèixer plenament la seva existència i contingut i va poder impugnar-los.

Pel que fa a la manca d'audiència dels interessats, certament la participació dels interessats en el procediment i l'audiència prèvia a la resolució son garanties essencials dels afectats en el procediment administratiu d'acord amb les previsions dels articles 34 , 35 , 79 i 84 de la Llei 30/92 . Tanmateix, en aquest cas els col legiats participen d'acord amb el sistema de representació legalment establert; això és, mitjançant llurs respectius Col legis professionals i el Consell de Col legis en els termes de l' article 59 de la Llei 7/06 , de l'exercici de les professions titulades i els col legis professionals.

Cal precisar que la posició del col legiat front el Col legi professional no és la d'un ciutadà en el marc d'una relació de subjecció general sinó que estem davant una relació de subjecció especial. L' article 36 de la Llei 7/06 atribueix als Col legis la funció d'ordenar els interessos professionals dels col legiats. A aquests efectes, l'article 39 els reconeix la funció de col laborar amb l'Administració pública mitjançant la participació en òrgans administratius quan així es prevegi legalment i emetre els informes que els siguin requerits per òrgans o autoritats administratius i judicials i també la funció d'informar sobre els projectes de disposicions generals que afectin l'exercici de la professió o la institució col legial.

En aquest context la participació dels col legiats en els actes externs del Col legi es canalitza mitjançant la participació democràtica en la presa de decisions i en el control dels òrgans directius - article 45 de la Llei 7/06 -.

Cal desestimar també les al·legacions referides a la normativa pressupostària. En efecte, la prorroga del pressupost no afecta l'ordenació de les despeses, només imposa un límit a la seva quantia global. En la nostra sentència de 6 de març de 2014 -recurs núm. 358/11 - varem descartar aquesta mateixa al legació formulada per l'actora en els següents termes que ara reiterem: ' l'actora confon el règim jurídic pressupostari amb el règim aplicable a l'establiment i reconeixement d'obligacions específiques. El pressupost no és més que una mera previsió d'ingressos i despeses; previsió que, en allò que es refereix a les despeses, opera com a límit màxim. L'article 27 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (Decret legislatiu núm. 3/02) és expressiu en aquest sentit: '1. El pressupost de la Generalitat de Catalunya constitueix l'expressió quantificada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, podran reconèixer la Generalitat i les entitats autònomes, i dels drets que podran liquidar-se durant l'exercici corresponent '. Una previsió pressupostària no comporta, en conseqüència, el reconeixement d'un deute ni genera per si sol alguna mena de dret a tercers, al menys en allò que es refereix a partides genèriques. Les despeses han de ser reconegudes o establertes per l'administració a partir d'un règim jurídic estricte, en relació al qual el límit pressupostari no és mes que una condició de validesa. En aquest sentit, l'article 23 de la Llei esmentada disposa el següent: ' 1 Les obligacions econòmiques de la Generalitat i de les entitats autònomes neixen de la Llei, dels negocis jurídics i dels actes i fets que, segons el dret, els generin. 2. El pagament de les obligacions econòmiques de la Generalitat solament es exigible si resulten de l'execució del pressupost, de sentència o resolució judicial fermes o d'operacions de tresoreria.

En definitiva, la previsió pressupostària només podria afectar els drets dels lletrats del torn d'ofici en la mida que la seva previsió sigui menor a la suma de les despeses presumibles per aquest concepte durant l'exercici globalment considerades, això és, comptant alhora la retribució per assistència i el nombre d'assistències. Però és que resulta que si la partida és ampliable, tampoc es produeix aquesta afectació negativa doncs si les despeses es desborden durant l'exercici és possible fer-hi front igualment.

Pel demés, cap incidència te en aquest cas la legislació d'estabilitat pressupostària, que es refereix a un imperatiu d'equilibri general entre els ingressos i les despeses de les Administracions públiques, essent així que l'actora no ha posat de manifest un desequilibri d'aquesta mena. Al contrari, la reducció d'una partida pressupostària més aviat apunta en sentit contrari.

En definitiva, no afecta al cas que el límit pressupostari fos un o un altre doncs aquesta no es una dada determinant en la fixació dels mòduls, al menys no ho és en el sentit que pretén l'associació recurrent, això és, com un obstacle per a la seva disminució .'

També vàrem descartar a la sentència esmentada l'al legació referida a la vulneració de la Resolució de Parlament 151 IX en els següents termes: 'Per aquesta mateixa raó cal descartar l'al legació referida a l'incompliment de la resolució 151/IX del Parlament de Catalunya, en el ben entès que aquest tipus de resolucions tenen la seva repercussió en l'àmbit polític i no tant en el jurídic. D'altra banda, va ser el mateix Parlament el que va determinar finalment l'import de la partida pressupostària que ens ocupa en aprovar el pressupost de la Generalitat de Catalunya mitjançant Llei 6/2011.'

Y en cuanto a los efectos retroactivos que la demanda atribuye a los módulos aprobados, se trata sin duda de un error de apreciación, pues el Acuerdo segundo de los mismos, prevé con claridad que los módulos aprobados lo son para las actuaciones profesionales que se lleven a cabo en el año 2017, y que se aplicarán con efectos del 1 de enero de 2017'.

CUARTO.-Los anteriores razonamientos son trasladables al caso examinado, donde se mantienen los módulos fijados para el año 2018 en los mismos términos que en el año 2017, sin que se produzca aplicación retroactiva, derivada de la situación de prórroga presupuestaria y de acuerdo con lo estipulado en el convenio de colaboración concertado con el Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya de fecha 23 de diciembre de 2016. Y en cuanto a las determinaciones sustantivas de la resolución impugnada son trasladables a este recurso los fundamentos de la ya citada Sentencia de 13 de junio de 2019, así como lo razonado en las Sentencias dictadas por esta Sala y Sección en fecha 30 de enero de 2015, en relación con los módulos de 2011, en los FJ 4º y 5ª de la Sentencia de esta Sala y Sección de 9 de marzo de 2015, que consideró conformes a derecho los módulos de 2012, y en la Sentencia de 30 de junio de 2016, para los módulos de 2013.

Procede pues, por cuanto antecede, la desestimación del presente recurso contencioso.

QUINTO.-En cuanto a las costas, el artículo 139 LJCA establece que en primera o única instancia el órgano jurisdiccional al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho, lo que no concurre en el caso que nos ocupa. Por su parte, en uso de la facultad que prevé el artículo 139.4 de la LJCA , se considera procedente limitar en este caso las costas al importe máximo de 2.000 euros; por todos los conceptos.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección Quinta) ha decidido:

1º.- DESESTIMARel recurso contencioso administrativo interpuesto por la parte actora, contra la Resolución JUS/267/2017, dictada en fecha 26 de diciembre de 2017 por el Departament Justícia de la Generalitat de Catalunya.

2º.-CONDENARa la parte actora al pago de las costas devengadas a su instancia, hasta el límite de 2.000 euros

Notifíquese la presente resolución a las partes en la forma prevenida por la Ley, llevándose testimonio de la misma a los autos principales.

Contra esta sentencia cabe, en su caso, recurso de casación, que se deberá preparar ante esta Sección en el plazo de 30 días desde su notificación, con arreglo al artículo 89.1 LJCA en la redacción conferida por la L.O. 7/2015, en relación con lo previsto en el artículo 86 y siguientes LJCA .

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-Leída y publicada la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su pronunciamiento. Doy fe.