Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 390/2017, Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 4464/2016 de 21 de Septiembre de 2017

Encabezamiento

T.S.X.GALICIA CON/AD SEC.2
A CORUÑA
SENTENCIA : 00390/2017
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE GALICIA.
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.
SECCION SEGUNDA.
AUTOS: RECURSO DE APELACION NÚM. 004464/16 - SALA DE LO CONTENCIOSO-ADVO. DEL
T.S.J. DE GALICIA.
PROCEDIMIENTO DE ORIGEN: P.O. NÚM. 00010/16 - JUZGADO CONTENCIOSO-ADVO. NÚM. 1
DE LUGO.
PROMOVENTE: CONSELLERIA MEDIO RURAL Y DEL MAR DE LA XUNTA DE GALICIA .
Representada y defendida por: Sra. Letrado de la Xunta de Galicia al efecto compareciente DOÑA
MARTA CARBALLO NEIRA.
ADMINISTRACION DEMANDADA: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
Representada y defendida por: Sr. Letrado de la Seguridad Social al efecto compareciente DON JOSE
MANUEL VILLALOBOS MALDONADO.
SENTENCIA
En A Coruña, a 21 de Septiembre del 2017.
Las presentes actuaciones -a la sazón constitutivas de aquellos Autos núm. 4464/16 de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del T.S.J. de Galicia-, fueron promovidas por la TESORERIA GENERAL DE
LA SEGURIDAD SOCIAL -al efecto representada y defendida por el Sr. Letrado de la Seguridad Social DON
JOSE MANUEL VILLALOBOS MALDONADO al efecto compareciente-, contra la CONSELLERIA DE MEDIO
RURAL Y DEL MAR DE LA XUNTA DE GALICIA -a su vez respectivamente representada y defendida por
la Sra. Letrado de la Xunta de Galicia DOÑA MARTA CARBALLO NEIRA al efecto compareciente-, a los
presentes efectos apelatorios 'ad quem' interesados, habiendo en cualquier caso quedado ya los autos vistos
para Sentencia según se colige de su examen, de forma que examinado su contenido por la Sección Segunda
de dicha misma Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J. de Galicia integrada por los Iltmos. Sres.
Magistrados ahora referenciados
DON JULIO CESAR CIBEIRA YEBRA PIMENTEL (Pte.)
DON JOSE MANUEL RAMIREZ SINEIRO (Ponente)
DOÑA BLANCA MARIA FERNANDEZ CONDE
DOÑA MARIA AZUCENA RECIO GONZALEZ, con arreglo a los siguientes

Antecedentes

1.- La Representación legal de la Tesorería General de la Seguridad Social interpuso pues su recurso de apelación contra aquella precedente Sentencia núm. 236/16, de 30 de Junio, dictada por aquel otrora Iltmo.

Sr. Magistrado-Juez titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Lugo y por la que se le estimó su recurso contencioso- administrativo a aquella otra Representación legal de la Xunta de Galicia contra aquella precedente Resolución de fecha 26 de Marzo del 2014, dictada por el Sr. Director Provincial en Lugo de la Tesorería General de la Seguridad Social y por la que se le desestimó su requerimiento impugnatorio previo contra aquella otra inicial Resolución de fecha 13 de Enero del 2014, dictada por la Sra. Subdirectora Provincial también allí residenciada de igual Ente institucional-estatal y por la que se le desestimo su inicial solicitud de devolución de ingresos indebidos de aquel cumulativo monto de CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON TREINTA Y OCHO (114.571,38) EUROS relativo a aquellas sendas altas cotizatorias de personal veterinario colaborador de dicha Administración autonómica inherentes a aquel pasado período temporal comprendido entre el mes de Febrero del 2007 y el mes de Junio del 2008, revocándose 'a quo' dicho inicial pronunciamiento denegatorio y significándose la obligación de la devolución de aquel mencionado monto antes reseñado.

2.- Dicha Representación legal de aquella Administración institucional-estatal 'a quo' desestimada dedujo pues aquella impugnatoria apelación al respecto que ahora corre unida a las presentes actuaciones, otorgándosele ulterior trámite alegatorio-contradictorio a la correspondiente Representación legal de aquella otra Administración autonómica que, sin embargo, se limitó a comparecer 'ad quem' a sus oportunos y eventuales efectos, quedando en cualquier caso declarados conclusos los autos y vistos para sentencia.

3.- Se considera pues probado que mediante aquella precedente e inicial Sentencia núm. 236/16, de 30 de Junio, dictada por aquel otrora Iltmo. Sr. Magistrado-Juez titular del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo núm. 1 de Lugo , se estimó el recurso contencioso-administrativo promovido por la Representación legal de dicha Administración autonómica contra aquella precedente Resolución de fecha 26 de Marzo del 2014, adoptada por el Sr. Director Provincial en Lugo de la Tesorería General de la Seguridad Social y por la que se desestimó su requerimiento impugnatorio previo contra aquella inicial Resolución de fecha 13 de Enero del 2014, dictada por la Sra. Subdirectora Provincial allí radicada de dicho Ente institucional-estatal y por la que se le denegó su previa solicitud de cumulativa devolución de ingresos indebidos por un monto de CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON TREINTA Y OCHO (114.571,38) EUROS, relativos a aquellas sendas altas cotizatorias de personal veterinario colaborador de dicha Administración autonómica inherente a aquel pasado período temporal comprendido entre el mes de Febrero del 2007 y el mes de Junio del 2008, revocándose 'a quo' dicho inicial pronunciamiento denegatorio y significándose la obligación de la devolución de aquel mencionado monto antes reseñado.

4.- Se estima además probado que mediante aquella Sentencia de fecha 26 de Abril del 2013, adoptada 'ad quem' por la Sala de lo Social del T.S.J. de Galicia, se estimó aquel recurso de suplicación al efecto promovido por dicha Administración autonómica y se revocó aquella previa Sentencia núm. 361/10, de 14 de Julio, 'a quo' adoptada por aquella otrora Iltma. Sra. Magistrado-Juez sustituta en aquel Juzgado de lo Social núm. 2 de Lugo y por la que se había estimado la demanda de tercer personal veterinario interesando el reconocimiento jurisdiccional de su carácter de personal laboral al servicio de dicha Administración autonómica y la práctica de su alta de oficio al efecto en el correspondiente Régimen aseguratorio-cotizatorio de la Seguridad Social, dejándose pues 'ad quem' dicho extremo sin efecto alguno.

5.- Se considera asimismo probado que, sin esperar a la firmeza de aquel pronunciamiento judicial- social 'a quo' recaído, por dicha Administración institucional-estatal se practicaron tanto aquellas altas de oficio como se levantaron aquellas actas liquidatorias correspondiente a aquel cumulativo importe antes reseñado - sin que su individualizado monto mensual superase nunca en ningún caso aquel tope cuantitativo de TREINTA MIL (30.000) EUROS-, habiéndose en cualquier caso formulado por dicha Representación legal de aquella Administración autonómica aquel recurso extraordinario de revisión, habida cuenta precisamente aquella definitiva Sentencia 'ad quem' del Orden social otrora recaída y anulatoria en suma -por lo que ahora atañe-, del reconocimiento como personal laboral al servicio de dicha Administración autonómica de aquel personal veterinario, estimándose pues dicho medio impugnatorio-administrativo de carácter extraordinario por aquella otra Resolución de fecha 30 de Julio del 2013, adoptada por el Sr. Jefe de la Unidad de Impugnaciones de dicha Dirección Provincial en Lugo de la Tesorería General de la Seguridad Social y por la que, al estimarse dicho recurso extraordinario de revisión, se dejaron en suma sin efecto aquellas altas cotizatorias de oficio practicadas y antes reseñadas y sin que dicho extremo fuese nunca tampoco por nadie impugnado, pese a haberse adoptado sin previo dictamen del Consejo de Estado.

6.- Además, mediante aquel Auto de fecha 3 de Septiembre del 2014 se fijó la cuantía de la presente 'litis' en aquel monto de CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON TREINTA Y OCHO (114.571,38) EUROS, tramitándose 'ad quem' la presente apelación con arreglo a las correspondientes prescripciones legales y habiéndose deliberado la misma en esta misma fecha 21 de Septiembre del 2017, de modo que con arreglo a los siguientes

Fundamentos

1.- Se aceptan pues los extremos fácticos y razonamientos jurídicos sentados en el estimatorio fallo de instancia 'a quo' recaído y ahora 'ad quem' impugnado, debiendo de significarse que el fiel de la controversia apelatoria a la postre suscitada pasa ante todo por examinar la concurrencia o no de eventual 'cosa juzgada' administrativa en lo que atañe a aquella precedente Resolución de fecha 30 de Julio del 2013, adoptada por el Sr. Jefe de la Unidad de Impugnaciones de la Dirección Provincial en Lugo de la Tesorería General de la Seguridad Social y estimatoria de aquel recurso extraordinario de revisión, suscitado por aquella Representación legal autonómica, debido a la revocación en suma de aquella pretendida relación laboral autonómica de dicho tercer personal veterinario antes aludido y si tiene trascendencia o no al efecto el extremo de que se hubiese omitido por dicho Organo periférico-institucional de carácter estatal recabar previamente el preceptivo dictamen del Consejo de Estado.

2.- Pues bien, la vigente redacción del Art. 22,9 de la Ley núm. 3/80, de 22 de Abril, del Consejo de Estado , prescribe que 'la Comisión Permanente del Consejo de Estado deberá ser consultada en los siguientes asuntos' y -entre otros por lo que al presente caso atañe en la resolución de-, los recursos administrativos de revisión', sin perjuicio de que la omisión de semejante trámite preceptivo y que sin duda podría conllevar la declaración de nulidad 'ab radice' de aquella Resolución de fecha 30 de Julio del 2013, adoptada por aquella Autoridad periférico-institucional de carácter estatal y que estimó, omitiendo dicho preceptivo trámite, aquel recurso extraordinario de revisión en su día formulado por aquella otra Administración autonómica en modo alguno afecta o invalida su carácter de 'cosa juzgada' administrativa.

3.- Semejante carácter de 'cosa juzgada' administrativa ha sido definida -según se señaló por aquel Auto núm. 313/07, de 27 de Junio, dictado por el Tribunal Constitucional -, como aquélla ' anteriormente resuelta mediante una Resolución administrativa firme y consentida por no haber sido recurrida en tiempo y forma ', de modo que ' constituye reiterada doctrina de este Tribunal -se plasmó a su vez por aquella Sentencia núm. 39/12, de 29 de Marzo , dictada por el Tribunal Constitucional (Pte. Pérez Vera, Elisa)-, que el principio de seguridad jurídica, consagrado en el Art. 9,3 de la Constitución y el derecho a la tutela judicial efectiva-auspiciado por su Art. 24,1 y 2 -, impiden a los Jueces y Tribunales, fuera de los casos expresamente previstos en la Ley, revisar el juicio efectuado en su caso concreto..., incluso si entendieran con posterioridad que la decisión no se ajusta a la legalidad, pues la protección judicial -o administrativa-, carecería de efectividad si se permitiera reabrir el debate sobre lo ya que resuelto por una resolución judicial -o de naturaleza administrativa por lo que ahora atañe-, firme en cualquier circunstancia '.

4.- ' Un efecto que puede producirse -se puntualizó por dicha misma Sentencia núm. 39/12, de 29 de Marzo , dictada por igual misma máxima Instancia constitucional (Pte. Pérez Vera, Elisa)-, no sólo en los supuestos en que concurran las identidades propias de cosa juzgada formal, sino también cuando se desconoce lo resuelto por una resolución firme en el marco de procesos que examinan cuestiones que guardan con aquélla una relación de estricta dependencia -tal como desde luego en el presente caso asimismo acaece-, aunque no sea posible apreciar el efecto de cosa juzgada ', de manera que semejante vinculación decisorio-jurisdiccional se afirmó también expresamente al señalarse que ' en tal sentido hemos dicho que no se trata sólo de una cuestión que afecte a la libertad interpretativa de los Organos jurisdiccionales , sino de salvaguardar la eficacia de una resolución judicial -a la sazón en el presente caso de índole administrativa-, que, habiendo adquirido firmeza, ha conformado la realidad jurídica de una forma determinada que no puede desconocerse por otros Organos judiciales, sin reducir a la nada la propia eficacia de aquélla '.

5.- Por ello, la intangibilidad de lo decidido en resolución judicial -o de naturaleza administrativa-, firme..., es, pues, un efecto íntimamente conectado con la efectividad de la tutela judicial tal como se consagra en el Art. 23,1 de la Constitución -se precisó en igual Sentencia núm. 39/12, de 29 de Marzo , adoptada por dicho máximo Intérprete constitucional (Pte. Pérez Vera, Elisa)-, de tal suerte que..., en definitiva, el derecho a la intangibilidad de las resoluciones judiciales - o de índole administrativa -, firmes consagrado en el Art. 24,1 de la Constitución como una de las vertientes del derecho a la tutela judicial efectiva no se circunscribe a los supuestos en que sea posible apreciar las identidades propias de la cosa juzgada formal, ni puede identificarse con este concepto jurídico procesal, sino que su alcance es mucho más amplio y se proyecta sobre todas aquella cuestiones respecto de las que pueda afirmarse que una resolución judicial -o administrativa-, firme ha resuelto, conformando la realidad jurídica en un cierto sentido, realidad que no puede ser ignorada o contradicha ni por el propio Organo judicial, ni por otros Organos judiciales en procesos conexos ', amén de que 'para perfilar desde la óptica del Art. 24,1 de la Constitución el ámbito o contenido de lo verdaderamente resuelto por una resolución judicial -o administrativa-, resulta imprescindible un análisis de las premisas fácticas y jurídicas que permitieron obtener una determinada conclusión, pues lo juzgado viene configurado por el fallo y su fundamento determinante . Por ello -se reiteró en dicha mismo pronunciamiento constitucional-, la intangibilidad de lo decidido en una resolución judicial -o administrativa-, firme no afecta sólo al contenido del fallo, sino que también se proyecta sobre aquellos pronunciamientos que constituyen ratio decidendi de la resolución, aunque no se trasladen al fallo o sobre los que, aún no constituyendo el objeto mismo del proceso, resultan determinantes para la decisión adoptada '.

6.- Por consiguiente, no se puede privar de virtualidad a la eficacia a título de 'cosa juzgada' administrativa de aquella mencionada Resolución de fecha 30 de Julio del 2013, dictada por aquella Autoridad periférico-institucional de carácter estatal y que precisamente estimó -aún con eventuales rémoras procedimentales precisamente nunca solventadas por aquella Administración institucional-estatal que ahora las alega en manifiesto abuso de derecho por completo proscrito tanto por el Art. 11,2 de la L.O. núm. 6/85, de 1 de Julio, del Poder Judicial , como por el Art. 7,2 del Código Civil , amén de por el Art. 247,2 de aquella otra Ley núm. 1/2000 de 7 de Enero, de Enjuiciamiento Civil , al señalar que 'los Tribunales rechazarán fundadamente las peticiones e incidentes que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de Ley o procesal' y al caso desde luego aplicable con arreglo a la Disposición Final primera de aquella otra Ley núm. 29/98 , de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa -, aquel recurso extraordinario de revisión, formulado por aquella Representación legal de dicha Administración autonómica a la luz de aquella previa y definitiva Sentencia aquí y 'ad quem' dictada en fecha 24 de Abril del 2013 por aquella Sala de lo Social del T.S.J. de Galicia y que desde luego revocó de forma definitiva y firme la previa declaración de la existencia de relación laboral- autonómica de aquel personal veterinario y que fue desde luego causa tanto de aquellas altas cotizatorias como de aquellas liquidaciones a la postre privadas de base jurídica alguna y, por ende, por completo viciadas.

7.- Se formuló pues aquella solicitud de devolución de ingresos indebidos por la Representación legal de dicha Administración autonómica, al haber quedado privadas de base fáctica y jurídica aquellas altas de oficio y ulteriores liquidaciones -sin que por otra parte se pueda alegar por la Tesorería General de la Seguridad Social la existencia de aquella otra Sentencia núm. 678/13, de 19 de Septiembre, adoptada por esta misma Sección y Sala de lo Contencioso -Administrativo (Pte. Paz Eiroa, Cristina), que precisamente confirmó aquellas altas de oficio-, en la medida en que su objeto se limitó a dicho extremo asaz diferente del que ahora nos ocupa consistente en la pertinencia o no de aquella ulterior y postrer solicitud de devolución de ingresos indebidos.

8.- Se debe también de recordar ahora que la manifestación 'ad quem' de la tutela judicial efectiva contemplada en el Art. 24,2 de la Constitución -se apuntó por aquella otra harto añeja Sentencia núm. 50/91, de 11 de Marzo, dictada por el Tribunal Constitucional (Pte. Rubio Llorente, Francisco)-, se materializa precisamente ' revisando la valoración de los hechos que hicieron tanto la Administración como los Organos de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa '.

9. - Por consiguiente, se debe desestimar pues, con arreglo a los Arts. 67,1 ; 68,1 b ); 70,1 ; 72,1 y 85,9 de aquella Ley núm. 29/98 , de 13 de Julio , aquel recurso de apelación formulada por la Representación legal de la Tesorería General de la Seguridad Social y confirmar por ende ahora y 'ad quem' aquella precedente Sentencia núm. 236/16, de 30 de Junio, dictada por el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Lugo y por la que se estimó la impugnación contenciosa formulada por la Representación legal de la Consellería de Medio Rural y del Mar de la Xunta de Galicia contra aquella previa Resolución de fecha 26 de Marzo del 2014, adoptada por el Sr. Director Provincial en Lugo de la Tesorería General de la Seguridad Social y por la que se desestimó su requerimiento impugnatorio previo contra aquella inicial Resolución de fecha 13 de Enero del 2014, dictada por el Sra. Subdirectora Provincial allí radicada de dicho Ente institucional-estatal y por la que se le denegó su previa solicitud de cumulativa devolución de ingresos indebidos por un monto de CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON TREINTA Y OCHO (114.571,38) EUROS y relativa a aquellas sendas altas cotizatorias de aquel personal veterinario colaborador de dicha Administración autonómica inherentes a aquel pasado período temporal comprendido entre el mes de Febrero del 2007 y el mes de Junio del 2008, revocándose 'a quo' dicho inicial pronunciamiento denegatorio y significándose la obligación de la devolución de aquel mencionado monto antes reseñado.

10.- Por último, de conformidad con el Art. 139,2 'ab initio' de igual Norma legal procesal contencioso-administrativa , cabe formular especial imposición de costas procesales con arreglo al criterio general del vencimiento apelatorio al efecto allí establecido, a aquella mencionada Administración institucional- estatal promovente y apelante y ahora 'ad quem' desestimada, si bien con un tope de MIL (1.000) EUROS en lo que atañe a los correspondientes gastos de Defensa que al efecto y de contrario le puedan ser irrogados, de conformidad con aquel Acuerdo de fecha 8 de Mayo del 2013, adoptado al efecto por el Pleno de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J. de Galicia y con independencia de aquellos otros conceptos de Representación procesal que se rigen por su correspondiente arancel, de conformidad con aquel criterio al efecto sentado tanto por aquella otra Sentencia núm. 108/13, de 6 de Mayo, dictada por el Tribunal Constitucional (Pte. Ollero Tassara, Andrés), como por aquel Auto núm. 2259/17, de 15 de Marzo, dictado por la Sala I de lo Civil del Tribunal Supremo (Pte. Sancho Gargallo, Ignacio), de modo que, VISTOS: los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación, en nombre de S.M. el Rey ,

Fallo

1.- Que procede la desestimación del recurso de apelación formulado por la Representación legal de la Tesorería General de la Seguridad Social, confirmándose por ende y 'ad quem' aquella precedente Sentencia núm. 236/16, de 30 de Junio, dictada por aquel otrora Iltmo. Sr. Magistrado-Juez titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Lugo y por la que, al estimarse la impugnación contenciosa de aquella otra Representación legal de aquel preexistente Departamento autonómico de la Xunta de Galicia, se sentó jurisdiccionalmente su derecho a la percepción de CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON TREINTA Y OCHO (114.571,38) EUROS a título de devolución de ingresos indebidos en su día realizados.

2.- Que procede además formular singularizada imposición de las correspondientes costas procesales, con arreglo al criterio general del vencimiento apelatorio al efecto legalmente establecido, a dicha Administración institucional-estatal ahora a la postre y 'ad quem' desestimada, si bien con un tope de MIL (1.000) EUROS en lo que atañe a los correspondientes gastos de Defensa que al efecto y de contrario le puedan ser irrogados.

Notifíquese pues la presente Sentencia a aquellas aludidas Contrapartes públicas ya anteriormente referenciadas, significándoseles que, con arreglo al expreso tenor de la vigente redacción del Art. 86,1 de dicha Ley núm. 29/98 , de 13 de Julio , cabe interponer eventual recurso de casación al respecto ante la Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo o ante aquella otra Sala especial de este Tribunal Superior de Justicia de Galicia, según el respectivo ámbito normativo estatal y comunitario o autonómico que se considere infringido.

Dicha impugnación casacional habrá además de prepararse ante esta misma Sala de lo Contencioso- Administrativo del T.S.J. de Galicia en un plazo de TREINTA (30) DIAS - computados a partir del día siguiente al de notificación de la presente Sentencia ahora recaída-, mediante la interposición del correspondiente escrito preparatorio al efecto y previo depósito de aquel monto de CINCUENTA (50) EUROS en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Organo judicial contencioso-administrativo de carácter periférico y colegiado aquí sito, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional decimoquinta,1 ; 3 d ) y 6 de aquella L.O. núm. 1/09, de 3 de Noviembre , complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial y por la que se modificó aquella L.O. núm. 6/85, de 1 de Julio, del Poder Judicia l.

Además, dedúzcase oportuno testimonio de la presente Sentencia que correrá unido a los presentes autos y deposítese el original en la Secretaría de esta Sala a fin de su llevanza en el correspondiente libro de Sentencias de este Organo jurisdiccional colegiado aquí radicado conforme al tenor de los Arts. 265 y 266 de la L.O. núm. 6/85, de 1 de Julio , devolviéndose desde luego las presentes actuaciones a aquel referido Organo jurisdiccional unipersonal contencioso-administrativo allí sito a sus oportunos y eventuales efectos junto con oportuna copia certificada del presente fallo 'ad quem' al respecto recaído.

Así por esta Sentencia se pronuncia, manda y firma.

PUBLICO: Leída y publicada ha sido la presente Sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado DON JOSE MANUEL RAMIREZ SINEIRO, a la sazón ponente de las presentes actuaciones en esta Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J. de Galicia aquí radicada, habiéndose celebrado al efecto audiencia pública en el día de la fecha de conformidad con el Art. 205,6 de la L.O. núm. 6/85, de 1 de Julio, del Poder Judicial , de lo que, como titular de la Secretaría de dicho referido Orga no jurisdiccional contencioso- administrativo de carácter colegiado, doy fé.