Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 409/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Rec 422/2015 de 26 de Junio de 2017

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA

SALA DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU

SECCIÓ 3ª

Recurs d'apel lació núm. 422/2015

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona

Procediment ordinari núm. 129/2014

Apel lant: JUAN BELLO, S.A

Representant de l'apel lant: SR. ILDEFONSO LAGO PÉREZ, Procurador

Apel lat: IL LM. AJUNTAMENT DEL VENDRELL

Representant de l'apel lat: SR. ANTONI PORTA PÀMIES, Lletrat consistorial

Coapel lada: COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L' EDIFICIO000 ', de Calafell

Representant de la coapel lada: SR. JORDI E. RIBAS FERRÉ, Procurador

S E N T È N C I A núm. 409

Magistrats/ades:

IL LM. SR. MANUEL TÁBOAS BENTANACHS, President

IL LMA. SRA. ISABEL HERNÁNDEZ PASCUAL

IL LM. SR. HÉCTOR GARCÍA MORAGO

Barcelona, 26 de juny de 2017

LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA (SECCIÓ 3ª), en nom de S.M el Rei i de conformitat amb allò que disposa l' art 117.1 de la Constitució , ha pronunciat la SENTÈNCIA que segueix, a les actuacions del recurs d'apel lació núm. 422/2015, interposat, com a apel lant, per JUAN BELLO, S.A -representada pel Procurador SR. ILDEFONSO LAGO PÉREZ i assistida pel Lletrat SR. ALFRED VENTOSA I CARULLA-, essent l'apel lat L'IL LM. AJUNTAMENT DEL VENDRELL representat i assistit pel Lletrat consistorial SR. ANTONI PORTA PÀMIES- i essent coapel lada la COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L' EDIFICIO000 ', de Calafell -representada pel Procurador SR. JORDI E. RIBAS FERRÉ i assistida pel Lletrat SR. JOSÉ LUIS PASCUAL NAVARRO-.

Ha actuat com a Magistrat ponent l'Il lm. Sr. HÉCTOR GARCÍA MORAGO, el qual expressa el parer de la Sala.

Antecedentes

PRIMER:En el procediment ordinari núm. 129/2014, promogut per JUAN BELLO, S.A contra L'IL LM. AJUNTAMENT DEL VENDRELL, amb l'oposició afegida de la COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L' EDIFICIO000 ', de Calafell, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona dictà la Sentència núm. 241, de 10 de setembre de 2015 , amb el veredicte que segueix:

'1º.- INADMITIR PARCIALMENTE el recurso contencioso-administrativo interpuesto por JUAN BELLO S.A. contra el Decreto de Alcaldía del Ayuntamiento del Vendrell núm. 1353/2011, de 21 de julio, de conformidad a lo dispuesto en el art. 69.c) en relación al art. 28 de la LJCA .

2º.- ESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por JUAN BELLO S.A. contra el Decreto de Alcaldía del Ayuntamiento del Vendrell núm. 118, de fecha 25- 4-2014, y en su consecuencia se anula y deja sin efecto el mismo por ser contrario a Derecho.

3º.- Sin costas.'

SEGON:Disconforme amb el susdit veredicte, l'actora deduí apel lació, a la qual s'hi oposaren en temps i forma l'Ajuntament demandat i la Comunitat de propietaris codemandada.

TERCER:Un cop elevades les actuacions a aquesta Sala, es va acordar formar-ne aquest rotlle d'apel lació i designar Magistrat ponent. I un cop verificats els tràmits processals pertinents s'assenyalà el dia 14 de juny de 2017 per tal de votar i decidir, la qual cosa es verificà en aquests mateixos termes.

QUART:En la tramitació d'aquest recurs d'apel lació han estat observades les prescripcions legals de rigor.

Fundamentos

PRIMER:Tal com ja hem expressat, en el procediment ordinari núm. 129/2014, promogut per JUAN BELLO, S.A contra L'IL LM. AJUNTAMENT DEL VENDRELL, amb l'oposició afegida de la COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L' EDIFICIO000 ', de Calafell, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona dictà la Sentència núm. 241, de 10 de setembre de 2015 , amb el veredicte que segueix:

'1º.- INADMITIR PARCIALMENTE el recurso contencioso-administrativo interpuesto por JUAN BELLO S.A. contra el Decreto de Alcaldía del Ayuntamiento del Vendrell núm. 1353/2011, de 21 de julio, de conformidad a lo dispuesto en el art. 69.c) en relación al art. 28 de la LJCA .

2º.- ESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por JUAN BELLO S.A. contra el Decreto de Alcaldía del Ayuntamiento del Vendrell núm. 118, de fecha 25- 4-2014, y en su consecuencia se anula y deja sin efecto el mismo por ser contrario a Derecho.

3º.- Sin costas.'

La Sentència ara apel lada definí l'objecte del litigi i, alhora, resolgué la controvèrsia suscitada, en els termes que segueixen:

'PRIMERO.- (...)

Por la parte actora se pretende el dictado de Sentencia por la que se declare la nulidad de pleno derecho de los actos administrativos impugnados o, en su caso, su anulabilidad por ser contrarios a Derecho, todo ello con expresa condena en costas a la parte demandada.La parte actora fundamenta las pretensiones contenidas en el escrito de demanda en los siguientes motivos de impugnación: a) Improcedencia de la ejecución forzosa del acto administrativo que ordena el desmontaje y la retirada del toldo y soporte de madera por cuanto el mismo no era firme ni ejecutivo; Improcedencia de la orden de restauración por cuanto la instalación se ajusta al PGOU de El Vendrell y a la normativa urbanística aplicable.

Por parte de la Administración Pública demandada se pretende el dictado de Sentencia por la que se desestime el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el recurrente - si bien plantea una causa de inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo- al ser las resoluciones impugnadas conformes a Derecho, todo ello con expresa condena en costas a la parte actora.

Por parte de la codemandada, Comunidad de Propietarios del EDIFICIO000 ', se pretende el dictado de Sentencia por la que se inadmita el recurso contencioso- administrativo interpuesto por el actor o, subsidiariamente, se desestime el recurso interpuesto al ser las resoluciones recurridas conformes a Derecho, todo ello con expresa condena en costas a la parte actora.

SEGUNDO.- Con carácter previo a cualquier otra consideración resulta procedente analizar las causas de inadmisibilidad planteadas por parte de la Administración Pública demandada - si bien, como ya se ha indicado, posteriormente no se traslada al petitum del escrito de contestación dicha pretensión - y la codemandada en los respectivos escritos de contestación a la demanda toda vez que, de prosperar las mismas, esta Juzgadora se vería imposibilitada para entrar a conocer de las cuestiones de fondo planteadas por las partes.

Así, en primer lugar, se esgrime por la Administración Pública demandada y la entidad codemandada la inadmisibilidad del presente recurso contencioso-administrativo, al amparo de lo dispuesto en el art. 69.e ) y 46 de de la LJCA , en relación al Decreto de Alcaldía núm. 1353, de fecha 21-7-2011, por el que se ordena a la ahora recurrente que proceda a la restauración de la realidad física alterada mediante el desmonte y retirada de la estructura de madera, cortinajes, cubrimiento de las terrazas y cese del uso de la construcción en el plazo de 20 días con el apercibimiento de que, en otro caso, se procedería a la ejecución forzosa del mismo. Dicha alegación, ya se avanza, no puede prosperar. En efecto, de la documentación obrante en el expediente administrativo - folios 48 y siguientes del EA- , se desprende inequívocamente que la ahora recurrente interpuso contra el Decreto de Alcaldía núm. 1353, de 21-7-2011, recurso potestativo de reposición dentro del mes siguiente a la notificación del mismo. Recurso de reposición que, sin embargo y a pesar del tiempo transcurrido, no consta haya sido resuelto expresamente por parte de la Administración Pública demandada hasta la fecha. Luego, siendo ello así y en virtud de una interpretación pro actione, debe considerarse que cuando la parte actora refiere en su escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo que nos ocupa que impugna el Decreto de Alcaldía núm. 1353, de fecha 21-7-2011, en realidad lo que pretendía impugnar era la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto contra dicho Decreto de Alcaldía de fecha 21-7-2011 al ser este acto presunto el que era susceptible de ser impugnado en sede jurisdiccional. Pues bien, sentado cuanto hasta aquí se ha expuesto, debe señalarse que en el caso del silencio administrativo negativo , no se trata de una opción para la Administración, sino de una garantía para los administrados, a los que el paso del plazo fijado para dictar la resolución les permite optar por presumir que ha sido denegatoria de su pretensión y ejercitar los recursos pertinentes, con el fin de evitar que la inactividad del órgano administrativo produzca el bloqueo indefinido de sus derechos. Pero también pueden los interesados optar por seguir esperando a que la Administración se pronuncie, porque permanece intacta la obligación, que la Ley impone, de dictar resolución expresa, obligación que no se extingue por el hecho de que el peticionario o recurrente haya hecho uso de su derecho a presumir la denegación.

La consecuencia de ello es simple: no existe un plazo de caducidad para impugnar un acto tras producirse la ficción legal de su desestimación por silencio administrativo. Lo contrario vulnera frontalmente el derecho del interesado a acceder a la jurisdicción, contraviniendo el artículo 24.1 de la Constitución Española (...).

(La cuestión está unánime y reiteradamente resuelta por la doctrina, sea la del Tribunal Constitucional o la del Tribunal Supremo, valiendo como ejemplo reciente la Sentencia del Pleno del TC 52/2014, de 10 de abril de 2014 (EDJ 2014/56893) (...)

Consiguientemente, se rechaza la concurrencia de la primera causa de inadmisibilidad alegada por la demandada y codemandada.

La segunda cuestión de inadmisibilidad que se plantea por la codemandada en relación al Decreto de Alcaldía del Ayuntamiento de El Vendrell de fecha 21-7-2011 viene prevista en el art. 69.c) en relación al art. 28 de la LJCA . Concretamente, se alega que el Decreto de Alcaldía del Ayuntamiento de El Vendrell de fecha 21-7-2011 , contra el que la recurrente interpuso recurso de reposición que debe entenderse desestimado por silencio administrativo, no es sino un acto administrativo que reproduce el contenido de otro acto administrativo previo, firme y consentido por la ahora recurrente cual es el Decreto de Alcaldía núm. 729/2011, de 18 de marzo, por el que se requería a la ahora recurrente que procediera a la restauración de la realidad física alterada mediante el desmonte y retirada de los materiales empleados para efectuar el cubrimiento de la terraza y el cese del uso de la construcción. Ciertamente, a la vista de la documentación obrante en el expediente administrativo como documento núm. 7, resulta acreditado que el Ayuntamiento del Vendrell, mediante Decreto de Alcaldía núm. 729/2011, de 18 de marzo, resolvió declarar probado que las obras ejecutadas por la mercantil recurrente consistentes en el cubrimiento parcial de la cubierta del inmueble sito en la C/ DIRECCION000 núm. NUM000 , terrazas de los pisos NUM000 , NUM001 , NUM002 y NUM003 de la planta NUM002 , eran manifiestamente ilegalizables y se requería a la ahora recurrente para que procediera, en el plazo de un mes, a restaurar la realidad física alterada mediante el desmonte y retirada de los materiales empleados para efectuar el cubrimiento y el cese de los usos a que se destinaba la construcción. Dicho Decreto de Alcaldía núm. 729/2011, de 18 de marzo, fue notificado a la ahora recurrente el día 28-3-2011 - folio 29 EA-, así como, que frente al mismo no se interpuso por parte de la ahora recurrente recurso alguno ni en vía administrativa, ni en sede jurisdiccional. Concretamente, según se infiere del escrito formulado por la ahora recurrente con fecha 15-4-2011 ( folio 32 del EA), la interesada comunica al Ayuntamiento de El Vendrell 'que a fecha de hoy se ha empezado a retirar y desmontar algunos de los materiales que se utilizaron para realizar el cubrimiento' y solicitaba la concesión de un plazo adicional para proceder 'totalmente a la restauración solicitada por el Ayuntamiento'. Mediante Decreto de Alcaldía núm. 1353/2011, de 21 de julio, se reitera por parte de la Administración Pública actuante, dado que se efectúa una inspección por parte de los servicios técnicos municipales en fecha 19-5-2011 y se comprueba que la orden de restauración dictada en fecha 18-3-2011 no había sido totalmente cumplida por el ahora recurrente, que las obras ejecutadas son manifiestamente ilegalizables y se ordena a la ahora recurrente que proceda a la restauración de la realidad física alterada en el plazo de 20 días. Consiguientemente, siendo ello así, resulta procedente inadmitir el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la recurrente contra el Decreto de Alcaldía núm. 1353/2011, de 21 de julio, en la medida en que viene a reproducir el contenido de un acto administrativo previo, cual es el Decreto de Alcaldía núm. 729/2011, de 18 de marzo, firme y consentido por la ahora recurrente y ello con independencia de considerar que, de no inadmitirse el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la parte actora contra el Decreto de Alcaldía núm. 1353/2011, de 21 de julio, y por tanto proceder a enjuiciar la legalidad del mismo, en modo alguno se podrían estimar las pretensiones de nulidad o anulabilidad que sobre el mismo articula la ahora recurrente ya que, en definitiva, si las obras ejecutadas eran o no 'manifiestamente ilegalizables' y, en su caso, cabía su 'legalización' era una cuestión que debió discutir la ahora recurrente con motivo de la notificación del Decreto de Alcaldía núm. 729/2011, de 18 de marzo, mediante la interposición de los recursos en vía administrativa o, en su caso, en sede jurisdiccional en el momento procesal oportuno y ello al margen de considerar que, igualmente, la parte actora incurre en contravención de los actos propios toda vez que, tras la notificación del Decreto de Alcaldía núm. 729/2011, de fecha 18-3-2011, expresamente mostró su conformidad con el contenido del acto administrativo impugnado e, incluso, procedió a dar cumplimiento parcial al mismo por lo que, dicho a efectos dialécticos, no resulta de recibo cuestionar en sede jurisdiccional aquello que previamente, dada la inactividad de la propia parte actora frente a la notificación del Decreto de Alcaldía núm. 729/2011, de 18 de marzo, no sólo no discutió sino que, además, aceptó expresamente en vía administrativa previa.

Finalmente, en relación al Decreto de Alcaldía núm. 118, de fecha 25-2-2014, por el que se acuerda iniciar el expediente para proceder a la ejecución forzosa, mediante ejecución subsidiaria, por parte del Ayuntamiento, del desmontaje de la estructura de madera y cortinajes ordenada se plantea por parte de la codemandada una tercera causa de inadmisibilidad al amparo de lo dispuesto en el art. 69.c) en relación al art. 25 de la LJCA por tratarse de un acto de trámite no cualificado que no resulta susceptible de impugnación. Ciertamente, como indica la codemandada, el Decreto de Alcaldía núm. 118, de fecha 25-2-2014, constituye un acto de trámite que, prima facie y al amparo de lo dispuesto en el art. 25 de la LJCA , no resulta susceptible de impugnación en sede jurisdiccional toda vez que no puede ser calificado de 'acto de trámite cualificado' al no decidir directa o indirectamente el fondo del asunto, ni determina la imposibilidad de continuar el procedimiento - puesto que , de hecho, lo inicia- , ni ocasiona indefensión alguna a la ahora recurrente en la medida en que se le confiere plazo para alegaciones. No obstante, pese a lo expuesto, tampoco puede silenciarse que el propio Ayuntamiento demandado, con ocasión de la notificación del Decreto de Alcaldía núm. 118, de fecha 25-2-2014, a la actora le indica la posibilidad - erróneamente - de recurrir el acto objeto de notificación mediante la interposición de recurso potestativo de reposición o, en su caso, de recurso contencioso- administrativo en los plazos que le indica por lo que, siendo ello así, no cabe ahora inadmitir al amparo de lo dispuesto en el art. 69.c ) y 25 de la LJCA y procederá resolver la impugnación que la parte actora plantea contra el mismo en cuanto al fondo de la misma.

TERCERO.- Sentado cuanto se ha expuesto en el Fundamento Jurídico que antecede la resolución del presente pleito debe limitarse a enjuiciar la legalidad del Decreto de Alcaldía núm. 118, de fecha 25-2-2014, por el que se acuerda iniciar el expediente de ejecución forzosa del Decreto de Alcaldía núm. 1353/2011, de 21 de julio. En este sentido, sostiene la parte actora que el acto administrativo impugnado es nulo de pleno derecho o, en su caso, susceptible de ser anulado por cuanto se dicta para ejecutar un acto administrativo previo - Decreto de Alcaldía núm. 1353/2011, de 21 de julio, que en su momento fue impugnado por la recurrente en vía administrativa y en relación al cual se solicitó la adopción de medida cautelar consistente en la inmediata suspensión de su ejecutividad sin que ni el recurso de reposición, ni la solicitud de adopción de medida cautelar, fuera objeto de resolución expresa por parte de la Administración Pública demandada. En este punto, al menos formalmente, asiste la razón a la ahora recurrente por cuanto de conformidad a lo dispuesto en el art. 95 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común las Administraciones Públicas pueden proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de sus propios actos 'salvo en los supuestos en que se supenda la ejecución de acuerdo con la Ley' y, en similares términos, se pronuncia el art. 94 de la LRJAPyPAC al indicar que los actos administrativos sujetos al derecho administrativo son inmediatamente ejecutivos 'salvo lo establecido en los arts. 111 y 138'. Por su parte, el art. 111.1 de la LRJAPyPAC, determina que la 'ejecución del acto impugnado se entenderá suspendia si transcurridos treinta días desde que la solicitud de supensión haya tenido entreas en el registro del órgano competente para decidir, éste no ha dictado resolución expresa al respecto' siendo que, en el caso que se enjucia, la ahora recurrente solicitó la adopción de una medida cautelar en relación al Decreto de fecha 21 de julio de 2011 - acto , precisamente, que motiva el inicio del expediente de ejecución forzosa- sin que la Administración Pública demandada resolviese, dentro del plazo de 30 días, la solicitud de adopción de medida cautelar formulada por el actor por lo que la misma debía entenderse otorgada por silencio y, en su consecuencia, no cabía iniciar el expediente de ejecución forzosa que nos ocupa al carecer la resolución que pretende ejecutar forzosamente la administración de inmediata ejecutividad y ello con independencia de que, en sede jurisdiccional, se denegase la medida cautelar interesada por la recurrente al ser el auto dictado posterior a la resolución recurrida.

Consiguientemente, se estima en este punto el escrito de demanda y se anula y deja sin efecto la resolución administrativa impugnada por ser contraria a Derecho y ello con independencia de que la Administración Pública demandada pueda adoptar los actos administrativos que estime oportunos al objeto de ejecutar forzosamente el contenido del Decreto municipal núm. 729/2011, de 18 de marzo, que no fue impugnado por la parte recurrente.

CUARTO.- De conformidad a lo dispuesto en el art. 139.2, dada la estimación parcial de las pretensiones de la parte actora, no resulta procedente efectuar condena en costas a las partes.'

SEGON:L'actora i ara apel lant ha sol licitat d'aquest Tribunal:

-La revocació de la Sentènciaa quoi,

-L'estimació íntegra del recurs contenciós administratiu interposat davant el Jutjat d'instància.

Pretensions, totes elles, a les quals s'hi han oposat les defenses lletrades de l'Ajuntament apel lat i de la Comunitat de propietaris coapel lada.

TERCER:Considera, la recurrent, que el Jutjat ha incorregut en un error d'apreciació en considerar que el Decret d'Alcaldia de 21 de juliol de 2011, era reiteració o reproducció del Decret d'Alcaldia de 18 de març del mateix any als efectes de l' art. 28 LJCA .

Reconeix haver executat l'any 2008 obres consistents en la col locació de pèrgoles de fusta i tendals a diverses terrasses d'uns pisos situats a l'edifici del carrer DIRECCION000 , NUM000 , del Vendrell; així com d'haver efectuat, mesos després, un tancament parcial de terrasses, amb panells i finestres corredisses.

Tanmateix, segons l'apel lant, el Decret de 18 de març de 2011 venia referit exclusivament a les obres de tancament parcial de les terrasses, amb panells, guies i finestres corredisses (obres, aquestes, que haurien estat desmantellades). Mentre que el Decret de 21 de juliol de 2011, tenia a veure amb uns tendals desmuntables, fixats sobre pèrgoles de fusta a les susdites terrasses.

Conseqüentment, no hi havia causa d'inadmissibilitat; perquè ambdós Decrets municipals ordenaven coses diferents.

Així les coses -prossegueix l'apel lant-, el Jujat d'instància hauria d'haver estès el seu veredicte anul latori al Decret d'Alcaldia de 21 de juliol de 2011, perquè els tendals desmuntables no podien ser considerats 'construcció' o 'edificació' als efectes de l'alçada màxima reguladora, prevista a l'art. 100.3 del Pla general municipal en cas d'edificacions aïllades. Si més no, per aplicació analògica de l'art. 81 del mateix Pla (alineació de vial), que diferenciava els elements sortints de la façana de caràcter constructiu, dels elements no permanents, com per exemple els tendals. Consideracions, aquestes, que s'haurien vist avalades per una pericial i per la realitat existent al municipi.

QUART:L'Ajuntament ha considerat que la Sentència apel lada encertà de ple, en ser incontrovertible que els Decrets de març i juliol de 2011 tenien el mateix significat i abast. I que el segon d'ells vingué determinat per l'incompliment íntegre del primer per part de l'ara apel lant.

D'altra banda, considera el Consistori que els tendals i l'estructura que els suporta, no poden considerar-se elements admissibles per sobre de l'alçada reguladora (art. 169 i 100 del Pla general), tal com posà en relleu -sense ser contradit- un tècnic municipal.

Al seu torn, la coapel lada ha reiterat la rèplica municipal, a banda d'insistir en que les proves practicades en primera instància van demostrar que tots els Decrets esmentats feien referència a les mateixes obres; a saber: estructures de fusta i tancaments d'alumini i vidre, amb evident vocació de permanència, tal com hauria declarat l'arquitecte tècnic municipal. Característiques, aquestes que, per afegitó, impedien que aquests elements es poguessin beneficiar del règim de tolerància previst pel planejament envers els elements admesos per damunt de l'alçada reguladora (art. 169.3, 100.3, i 79 del Pla general).

CINQUÈ:Després d'haver examinat amb deteniment les actuacions, aquest Tribunal ha conclòs que la Sentència d'instància haurà de ser confirmada pels seus propis fonaments.

L'expedient acredita que l'ordre de demolició primera, comprenia totes les obres; és a dir: tant els elements d'alumini i de vidre, coms els de fusta. I aquesta ordre esdevingué ferma i consentida.

De la mateixa forma, l'expedient evidencia que l'ordre posterior, què el Jutjat considerà reproducció de l'anterior, era efectivament això, perquè els elements que es mantenien en peu en el cobert de l'edifici, ja es trobaven inclosos en l'ordre original.

Per aquest motiu, s'escaurà considerar que l'òrgan judiciala quoefectuà una aplicació més que correcta de l' art. 28 LJCA .

JUAN BELLO, S.A no tindrà més remei que executar fins als últims detalls les determinacions d'un acte administratiu que en el seu dia acatà (el Decret d'Alcaldia de 18 de març de 2011, reiterat en data 21 de juliol del mateix any). I només un cop executada plenament l'ordre de restitució de la realitat física alterada podrà, si ho considera viable, sol licitar llicències de tendal, quedant, en aquest cas, a les resultes d'allò que pugui disposar l'ordenació urbanística vigent al municipi.

SISÈ:Atès allò que disposen els punts 1 i 4 de l'art. 139 LJCA , la desestimació de l'apel lació haurà de venir acompanyada de la imposició de les costes de la segona instància a l'apel lant, per bé que limitant la condemna a un màxim de 500 euros per tots els conceptes en benefici de la part apel lada i 500 euros més en benefici de la coapel lada, sens perjudici d'haver-se d'afegir, en cada cas, l'IVA que correspongui.

Fallo

Per tot allò que ha estat exposat, aquesta Secció 3ª de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de CatalunyaHA DECIDIT:

DESESTIMARel present recurs d'apel lació núm. 422/2015, promogut per JUAN BELLO, S.A, amb l'oposició de L'IL LM. AJUNTAMENT DEL VENDRELL i de la COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L' EDIFICIO000 ', de Calafell, i, conseqüentment, confirmar, pels motius exposats més amunt, la Sentència núm. 241, de 10 de setembre de 2015, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona en el sí del recurs contenciós administratiu ordinari núm. 129/2014 .

Amb la imposició de les costes de la segona instància a l'apel lant, per bé que limitant la condemna a un màxim de 500 euros per tots els conceptes en benefici de la part apel lada i 500 euros més en benefici de la coapel lada, sens perjudici d'haver-se d'afegir, en cada cas, l'IVA que correspongui.

Notifiqui's, i faci's saber a les parts que aquesta Sentència no és ferma.

Contra la mateixa podrà interposar-se recurs de cassació davant el Tribunal Suprem.

Aquest recurs haurà de preparar-se davant d'aquesta la nostra Sala i Secció en un termini màxim de trenta dies hàbils, comptadors des de l'endemà d'haver estat rebuda la notificació corresponent, de conformitat amb l' art. 89 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol , reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (LJCA), modificada per la Llei Orgànica 7/2015, de 21 de juliol.

La preparació del recurs de cassació haurà d'ajustar-se a les previsions de l' art. 89.2 LJCA i només podrà fonamentar-se en la vulneració del dret estatal o europeu. En qualsevol cas, els seus promotors hauran de tenir present l'Acord de 19 de maig de 2016, del Consell General del Poder Judicial, pel qual es fa públic l'Acord de 20 d'abril de 2016, de la Sala de Govern del Tribunal Suprem, de fixació de regles sobre l'extensió màxima i altres condicions extrínseques dels escrits processals referits al Recurs de Cassació (BOE núm. 162, de 6 de juliol de 2016).

No hi cabrà, en canvi, recurs de cassació davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya fonamentat en l'eventual vulneració del dret autonòmic, en equiparar-se, en aquest cas, les Sentències dictades per la Sala del Tribunal Superior, a les dictades per la Sala 3ª del Tribunal Suprem en el seu propi àmbit ( Resolucions interlocutòries de 10 de maig de 2017, entre d'altres, dictades per la Secció de Cassació de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en els recursos de cassació autonòmica núm. 3/2017 i 8/2017 ).

Aquesta és la nostra Sentència, que pronunciem, manem i signem. Adjunteu-ne una certificació literal al rotlle d'apel lació i lliureu-ne testimoni al Jutjat d'origen junt amb les actuacions rebudes, als efectes de les diligències d'execució que s'escaiguin, així que el present veredicte hagi esdevingut ferm.

PUBLICACIÓ.-El dia d'avui i en audiència pública, el Magistrat ponent ha llegit i ha publicat la Sentència anterior. En dono fe.