Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 42/2020, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 4, Rec 120/2019 de 29 de Enero de 2020

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Cuarta
C/ General Castaños, 1 , Planta Baja - 28004
33009730
NIG: 28.079.00.3-2019/0005065
Procedimiento Ordinario 120/2019
Demandante: D. Amadeo
PROCURADOR Dña. ROSA SORRIBES CALLE
Demandado: DIRECCION GENERAL DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
Sr. ABOGADO DEL ESTADO
SENTENCIA Nº 42/2020
Presidente:
D. CARLOS VIEITES PEREZ
Magistrados:
Dña. MARÍA ASUNCIÓN MERINO JIMÉNEZ
Dña. ANA MARIA JIMENA CALLEJA
En Madrid a veintinueve de enero de dos mil veinte .
Visto por la Sala del margen el Procedimiento Ordinario nº 120/2019, interpuesto por la Procuradora Dñª Rosa
Sorribes Calle en nombre y representación de D. Amadeo contra resolución de la Sra. Directora General de
Relaciones con la Administración de Justicia de 2 de Enero de 2019, que desestima el recurso de reposición
interpuesto contra la Resolución de fecha 1 de septiembre de 2017, que declara que el recurrente no cumple
con los requisitos exigidos para la obtención del Título profesional de abogado según lo previsto en la Orden
PRE 1743/2016, de 27 de octubre, por la que se convoca la prueba de evaluación de aptitud profesional para
el ejercicio de la profesión de abogado para el año 2017.
Habiendo sido parte demandada la DIRECCION GENERAL DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA, representada por la Abogacía del Estado.
Siendo la cuantía del presente recurso indeterminada.

Antecedentes

PRIMERO.- Por la parte actora se presentó, con fecha 28 de febrero de 2019, escrito mediante el cual interesaba se tuviera por interpuesto recurso contencioso administrativo contra el acto que ha que ha quedado reflejado en el encabezamiento de esta sentencia.

Seguido que fue el recurso por sus trámites, se entregó el expediente administrativo a la representación de la parte actora para que formulara la demanda, lo que hizo seguidamente dentro del plazo, por escrito presentado el 1 de julio de 2019.

Aducía los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación y terminaba solicitando que se dictara sentencia por la que se estime el recurso, permitiendo la expedición del citado título profesional al recurrente.



SEGUNDO.- Dado traslado de la demanda a la parte demandada, por la Sra. ABOGADA DEL ESTADO por medio de escrito presentado el 14 de agosto de 2019, contestó a la demanda, oponiéndose a la misma y solicitando que se dicte una sentencia desestimatoria del recurso, con imposición de costas a la parte actora

TERCERO.- Recibido el pleito a prueba, y practicadas las que fueron admitidas, se dió trámite de conclusiones, presentando las partes sus correspondientes escritos, y se señaló seguidamente para la votación y fallo del pleito el día 28 de enero de 2020, fecha en la que tiene lugar.

Siendo Ponente para este trámite la Ilma. Sra. Magistrada DOÑA ANA MARIA JIMENA CALLEJA, quien expresa el parecer de la Sala.

Fundamentos

PRIMERO: El objeto de este recurso es la resolución de la Directora General de Relaciones con la Administración de Justicia de 2 de enero de 2019 desestimatoria de los recursos de reposición interpuestos por el Sr. Amadeo , y 24 personas más, frente a la resolución de 1 de septiembre de 2017, que declara que los interesados no cumplen con los requisitos exigidos para la obtención del Título profesional de abogado según lo previsto en la Orden PRE 1743/2016, de 27 de octubre, por la que se convoca la prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de abogado para 2017.

En la primera de las resoluciones citadas se indica que queda constatado en el expediente que D. Amadeo cursó el máster universitario de acceso a la abogacía durante los cursos 2015-2016 y 2016-2017, coincidiendo exactamente con los mismos periodos en los cuales se realizó la convalidación al grado en derecho: de ello resulta, en primer lugar, que la admisión al máster se realizó con anterioridad a la obtención de la credencial de convalidación, lo que supone que se cursaron las asignaturas del máster con anterioridad a las propias asignaturas complementarias necesarias para obtener la convalidación al Grado en derecho español y, en segundo lugar, que el interesado ha realizado en un solo año un número de créditos muy superior a los establecidos con carácter general por curso académico.

Con esta base, la resolución de 1 de septiembre de 2017, sostiene, en síntesis y de conformidad con los informes previos que cita, que la normativa aplicable al supuesto, es decir, la Ley 34/2006 y el RD 775/2011, configura el acceso a la profesión de abogado mediante cuatro pasos cronológicos que no pueden ser alterados en cuanto a su orden de realización: la obtención del grado en derecho, o el equivalente en caso de estudios realizados en el extranjero; la realización del máster de acceso y de un periodo de prácticas y, finalmente, la prueba de prueba de evaluación de aptitud profesional.

Tras ahondar en dicho argumento básico, concluye que cada uno de los pasos indicados se configura como antecedente necesario del anterior, sin que en el itinerario previsto para el acceso al ejercicio profesional de la Abogacía pueda aplicarse el principio de acceso universal al máster contenido en el artículo 16 del RD 1393/2007.

La resolución que resuelve el recurso de reposición insistiendo en los mismos argumentos, añadiendo siempre en síntesis y tratando de recoger los argumentos principales de la resolución, que el máster de acceso a la abogacía, en tanto máster habilitante a una profesión regulada, se rige por la normativa propia y específica de dicha profesión, que en este caso concreto tiene rango de ley, citando la STC 170/2014.



SEGUNDO: En la demanda se alega, en síntesis, que el recurrente cumple íntegramente los requisitos exigidos en la Orden PRE 1743/2016 y en la legislación a la que se remite para la obtención del Título profesional de abogado, ya que como se reconoce en la misma resolución recurrida a la fecha de la realización del examen la compareciente había superado íntegramente los programas académicos conducentes a la obtención de dos títulos universitarios oficiales españoles: el Título de Graduado en Derecho y el Título de Máster Universitario en Acceso a la Abogacía por la Universidad Antonio de Nebrija, cuya validez y carácter oficial no se cuestiona por la Administración.

Invoca, también en síntesis, que de la normativa aplicable no se desprende la exigencia del orden cronológico al que se refiere la administración, que de esta forma introduce la exigencia del requisito de titulación u homologación antes de realizar los estudios de formación especializada, que no esta previsto por la normativa; añade que en la resolución se cuestiona en realidad la decisión de la Universidad cuando permite realizar los estudios de especialización simultáneamente a la convalidación, pero este aspecto no es una exigencia para el interesado, que formalmente cumple los requisitos que la Orden impone, y sin que la exigencia ex post pueda derivarse de la normativa que se cita.

Como motivos de impugnación invoca la nulidad de pleno derecho de la resolución impugnada, al amparo de lo dispuesto en el Art. 47.1.a) LPAC, por la vulneración de los siguientes derechos: - vulneración del principio de seguridad jurídica consagrado en el Art 9.3 CE así como el principio de legalidad reconocido en los Arts. 9.1 y 103.1 CE; - vulneración del principio de igualdad recogido en el Art. 14 CE; y - por vulneración del Derecho a la Tutela Judicial Efectiva.

Invoca también la nulidad de pleno derecho de la resolución impugnada, por una posible vulneración de la normativa europea en materia de libertad de circulación de personas.

Termina suplicando que se dicte 'sentencia estimatoria del presente recurso jurisdiccional reconociendo el perjuicio de la administración causado a D. Amadeo , permitiendo que al haber cumplido con todos los requisitos exigidos se proponga a D. Amadeo , la expedición del citado título profesional.' El Abogado del Estado se opone a la estimación de la resolución recurrida, negando que concurra ninguna de las vulneraciones invocadas.



TERCERO: Antes de entrar al análisis de las cuestiones debatidas, resulta oportuno exponer la normativa aplicable al supuesto.

El instrumento normativo básico viene constituido por la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales, que confiesa tener como objetivo principal mejorar la capacitación profesional de abogados y procuradores en cuanto colaboradores relevantes de la administración de justicia; para alcanzar dicho objetivo establece un sistema de formación que tiene tres pilares básicos: la realización de un curso formativo específico en el que se han de adquirir un conjunto de competencias profesionales específicas, el desarrollo de un periodo de prácticas externas y la realización de una evaluación de la aptitud profesional que culmina el proceso de capacitación con carácter previo a la inscripción en el correspondiente colegio profesional.

En este caso concreto, la Orden PRE/1743/2016, de 27 de octubre, convocó la prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de abogado para el año 2017, realizada de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre , sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio; esta Orden establece en su artículo 4 los requisitos de los candidatos, en los siguientes términos: 'Podrán concurrir a la prueba de evaluación quienes reúnan los siguientes requisitos a la fecha en que se realice el examen: a) Estar en posesión, del Título de Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título universitario de Grado equivalente que reúna los requisitos establecidos en el artículo 3 del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio o, en su caso, de las certificaciones sustitutorias.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en posesión de la credencial que acredite su homologación o convalidación en su caso.

b) Haber superado los cursos de formación comprensivos del conjunto de competencias necesarias para el ejercicio de la profesión de abogado, y el período de prácticas externas tuteladas, acreditados conjuntamente por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación Cultura y Deporte e inscritos en el Registro Administrativo del Ministerio de Justicia establecido al efecto, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6 a 8 del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio.

c) Ser mayor de edad y no estar inhabilitado para el ejercicio de la profesión de abogado.

Si en algún momento se tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes no cumple los requisitos exigidos en la convocatoria, la Administración acordará motivadamente su exclusión del proceso, previo trámite de audiencia.' Por su parte, el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, dispone: Artículo 2 Requisitos generales 1. La obtención del título profesional de abogado o de procurador de los tribunales requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título universitario de Grado equivalente que reúna los requisitos establecidos en el artículo 3 de este reglamento.

b) Acreditar la superación de alguno de los cursos de formación comprensivos del conjunto de competencias necesarias para el ejercicio de dichas profesiones en los términos previstos en este reglamento.

c) Desarrollar un periodo formativo de prácticas en instituciones, entidades o despachos, relacionados con el ejercicio de esas profesiones.

d) Superar la prueba de evaluación final acreditativa de la respectiva capacitación profesional.

2. La formación y la evaluación de aptitud profesional deberá realizarse conforme a los principios de no discriminación y accesibilidad universal. Asimismo, en los lugares de realización de las prácticas se garantizará a las personas con discapacidad los apoyos tecnológicos necesarios y la eliminación de las posibles barreras físicas y de comunicación.

Artículo 3 Requisitos de titulación 1. Los títulos universitarios de grado a que se refiere la letra a) del artículo 2 deberán acreditar la adquisición de las siguientes competencias jurídicas: (....) 2. La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o los órganos de evaluación de las comunidades autónomas a que se refiere el artículo 24.3 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, incluirán, en su caso, en el informe de evaluación que emiten en el procedimiento de verificación del correspondiente plan de estudios, la acreditación del cumplimiento de las exigencias previstas en el apartado anterior.

3. Se entenderá que cumplen los requisitos previstos en el apartado primero los títulos universitarios de grado que a la entrada en vigor de este reglamento hayan obtenido, de conformidad con lo establecido los artículos 24 y 25 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, resolución de verificación positiva del Consejo de Universidades con la denominación de Graduado en Derecho.' Artículo 4 Cursos de formación 1. La formación a que se refiere el apartado b) del artículo 2, requerida para la presentación a la prueba de evaluación final para la obtención del título profesional de abogado o de procurador de los Tribunales, podrá ser adquirida a través de las siguientes vías: a) Formación impartida en universidades públicas o privadas en el marco de las enseñanzas conducentes a la obtención de un título oficial de Master universitario. (....) b) Cursos de formación impartidos por las escuelas de práctica jurídica creadas por los colegios de abogados y homologadas por el Consejo General de la Abogacía, con arreglo a criterios públicos, objetivos y no discriminatorios.

c ) Formación impartida conjuntamente por las universidades públicas o privadas y las escuelas de práctica jurídica homologadas por el Consejo General de la Abogacía. (....) 2. Las instituciones y entidades habilitadas para impartir formación orientada a obtener los títulos profesionales de abogado y procurador de los tribunales deberán obtener, antes de comenzar su impartición, la acreditación de los cursos prevista en el artículo 2.2 de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, conforme a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de este reglamento.'

CUARTO: Sobre la misma cuestión aquí planteada se ha pronunciado la Sección 6ª de esta misma Sala, en sentencia de 22 de febrero de 2019, autos de PO 126/2018, cuyos criterios compartimos plenamente.

Siguiendo pues el esquema y razonamientos contenidos en esta sentencia, debemos comenzar señalando que en este supuesto, como en el analizado allí, consta en el expediente que el recurrente, de nacionalidad italiana, obtuvo el título de 'Laurea Magistrale in Giurisprudenza' en 2011.

También consta que se matriculó en la Universidad Antonio de Nebrija, en los cursos 2015/2016 y 2016/2017, donde realizó simultáneamente los estudios de 'Grado en Derecho' y de 'Máster Universitario en Acceso a la Abogacía'.

No se cuestiona por la Administración en ningún momento la suficiencia, a los efectos que nos ocupan, de los títulos de los que el recurrente está en posesión; como se ha señalado al principio, la declaración de que no cumple con los requisitos exigidos para la obtención del Título profesional de abogado se basa, exclusivamente, en la interpretación que se realiza sobre el orden cronológico en el que los aspirantes, sin distinción de nacionalidad, deben obtener o realizar los pasos o hitos del sistema de formación previsto legal y reglamentariamente, es decir, y por este orden cronológico: 1- la obtención del título de grado o equivalente en caso de extranjeros; 2- la realización y superación de un máster habilitante y de un periodo de prácticas y 3- la superación de la prueba de acceso.

Así, como se ha señalado al principio, la Administración concluye que el recurrente no cumple los requisitos exigidos según la Orden PRE 1734/2016 exclusivamente por el hecho de que ha simultaneado los estudios de Grado y los de Máster; es cierto que la resolución alude también al número de créditos obtenido en un periodo corto de tiempo, pero no parece que de ello extraiga ninguna consecuencia específica que, por otra parte, no tendría competencia alguna para sentar, ya que el contenido de las materias impartidas y, en general, el sistema que sigue cada Universidad para conceder los títulos oficiales compete únicamente a la Universidad de que se trate.

Pues bien, aunque en general la obtención del título de grado en derecho o equivalente será requisito necesario para la realización del master habilitante, puede concluirse que ni la Ley, ni el reglamento ni la orden de convocatoria, el establecer los requisitos exigidos para el acceso a la profesión de abogado, imponen ningún orden cronológico determinado para su obtención, por lo que la Administración no puede exigir en todos los casos ese determinado orden, configurándolo como un requisito distinto y añadido a los establecidos en la referida normativa, porque ello vulnera, en efecto, el principio de legalidad que debe imperar en la actuación administrativa.

En este sentido, y para determinar si la interpretación realizada por la Administración en las resoluciones recurridas es conforme a derecho, debe acudirse también al RD 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales; este RD dispone en su artículo 3.1 que 'las universidades impartirán enseñanzas de Grado, Máster y Doctorado conducentes a la obtención de los correspondientes títulos oficiales', y en el artículo 4 que 'los títulos universitarios regulados en el presente real decreto tendrán carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, surtirán efectos académicos plenos y habilitarán, en su caso, para la realización de actividades de carácter profesional reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación'.

En concreto, y con carácter general, el artículo 16.1 establece que 'para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster.' Y el punto 2 añade que 'así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.' El siguiente artículo 17 remite a los requisitos específicos y criterios de valoración de méritos que, en su caso, sean propios del título de Máster Universitario o establezca la universidad para la admisión a las enseñanzas oficiales de Máster.

Por tanto, y aunque este no sea el objeto del recurso, no hay en este caso dato alguno que conduzca a suponer que la Universidad no respetó esta normativa cuando admitió al interesado a los estudios de Máster, pues debemos recordar que ya estaba en posesión del título de 'Laurea Magistrale in Giurisprudenza'.

Así pues, ni la ley ni el Reglamento ni la convocatoria exigen que la obtención de los títulos necesarios tenga necesariamente que producirse en un orden concreto ni en este caso particular puede considerarse que la interpretación impuesta por la administración sea conforme con el espíritu de la ley especial o necesario para no quebrantar este espíritu.

En conclusión, y puesto que en este caso, el recurrente podía legítimamente acceder a las enseñanzas conducentes a la obtención del master habilitante, no resulta conforme a derecho imponer un orden cronológico determinado para la obtención de los títulos oficiales precisos para acceder a la prueba de evaluación final acreditativa de su capacitación profesional.

Para concluir, puede señalarse que la convocatoria contenida en la Orden PRA/696/2017, de 25 de julio, por la que se convoca la segunda prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de abogado para 2017, si contiene una norma específica respecto al orden cronológico señalado que, por cierto, ha sido declarada conforme a derecho por la Audiencia Nacional; pero esto no obsta a la solución que venimos manteniendo aquí, puesto que a los requisitos en la Orden PRE/1743/2016, que es la que rige la convocatoria en que se funda la resolución impugnada, no puede añadirse la exigencia específica de un determinado orden cronológico, puesto que tal requisito no consta ni se desprende de manera evidente ni de la ley ni del reglamento ni se establece en la citada Orden de 2006.

Por ello, y sin necesidad de entrar a examinar el resto de los motivos de impugnación invocados en la demanda, debe estimarse en lo sustancial el presente recurso.



QUINTO: A la vista de las indudables dudas de derecho que plantea el supuesto, y conforme a los criterios establecidos en el artículo 139 LJCA, no procede hacer especial declaración sobre las costas procesales.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

Fallo

Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procuradora Sra. Sorribes Calle, en representación de D. Amadeo , contra la Resolución de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia de 2 de enero de 2019 desestimatoria de los recursos de reposición interpuestos por el Sr. Amadeo , y 24 personas más, frente a la resolución 1 de septiembre de 2017, debemos anular y anulamos las citadas resoluciones por no ser conformes a derecho, declarando que el recurrente cumple los requisitos exigidos para concurrir a la prueba de evaluación convocada por la Orden PRE 1743/2016, y por tanto, debe ser propuesta para la expedición del Título profesional de abogado, condenando a la demandada a tal actuación.

Sin especial declaración en cuanto a las costas procesales.

Notifíquese la presente resolución con arreglo a lo dispuesto en el art. 284 de la LOPJ, expresando que la misma es susceptible de recurso de casación que deberá prepararse ante esta Sección en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de su notificación, acreditándose en el escrito de preparación del recuso el cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 89.2 de la LJCA con justificación del interés casacional objetivo que presente.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. CARLOS VIEITES PEREZ Dñª MARIA ASUNCION MERINO JIMENEZ Dñª ANA MARIA JIMENA CALLEJA,