Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 444/2019, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 8, Rec 590/2019 de 12 de Septiembre de 2019

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Octava C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004
33010280
NIG: 28.079.00.3-2017/0000558
Recurso de Apelación 590/2019-E-01
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN OCTAVA
RECURSO APELACION NÚMERO 590/2019
SENTENCIA Nº 444/2019
Ilmos Sres.:
Presidenta:
Dª Amparo Guilló Sánchez Galiano
Magistrados: Don Rafael Botella García Lastra
Doña Juana Patricia Rivas Moreno
Doña María Dolores Galindo Gil
Doña María del Pilar García Ruiz
En Madrid, a 12 de septiembre de 2019
VISTO por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid el Recurso de Apelación que con el número 590/2019 ante la misma pende de resolución,
interpuesto por doña Ascension , representada por la Procuradora doña Marta Murua Fernández, frente al
Auto dictado en fecha 14 de febrero de 2019, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 18
de Madrid, en el Procedimiento de Autorización de entrada en domicilio nº18/2017, promovido por el Letrado
de la Comunidad de Madrid respecto de la ejecución forzosa de la Resolución de la Directora Gerente de la
Agencia de Vivienda Social de la CAM de 22 de abril de 2014 que acordó la recuperación posesoria de la
vivienda sita en la CALLE000 nº NUM000 piso NUM001 , letra NUM002 , de esta Capital.
Ha sido parte apelada la Comunidad de Madrid, representada y asistida por su Letrado.

Antecedentes

PRIMERO.- En fecha 14 de febrero de 2019, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 18 de Madrid y en el Procedimiento de Autorización de entrada en domicilio nº 18/17, se dictó Auto cuya parte dispositiva, literalmente transcrita, dice así: 'Que debo acordar y acuerdo las siguientes medidas: 1º. Autorizar la entrada en la vivienda sita en la CALLE000 , número NUM000 , piso NUM001 letra NUM002 de la ciudad de Madrid, para la recuperación posesoria de la vivienda citada propiedad de la Agencia Social de la Vivienda de Madrid, (antiguo IVIMA), que se encuentra ocupada ilegalmente por doña Ascension , familia y demás ocupantes, al objeto de ejecutar la Resolución 412/DAEA/2014, de 22 de abril de la Directora Gerente del Instituto de la Vivienda de Madrid, que acordó la recuperación posesoria de la vivienda referenciada y que fue acordad por el Auto de 27 de abril de 2015 (aclarado después por Auto de 29 de mayo de 2015) dictado por el Juzgado de lo Contencioso nº 25 y que fue confirmado por la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 3 de noviembre de 2015 y por Sentencia nº 511/2018 de 11 de octubre del TSJ de Madrid.

2º. Informar a la Comisión de Tutela del Menor de la Consejería de Servicios Sociales de la CAM que habrá de adoptar en el supuesto de que sea preciso, las medidas de protección necesarias y adecuadas para la guarda de los menores al producirse el desalojo de la vivienda y en el supuesto de la situación de desamparo de estos, debiendo comunicarse las decisiones que en su caso se adopten a este órgano judicial.

3º. Adoptar las medidas precisas y necesarias al objeto de causar el menor perjuicio posible a los interesados, pudiendo, en su caso, recabarse al efecto el auxilio de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y/0 Policía Municipal competentes. Una vez practicada la entrada en la vivienda referenciada y ejecutada la Resolución Autonómica, comuníquese el resultado a este órgano judicial en el plazo de los quince días siguientes a su ejecución.

4º. Notificar este Auto a la Comisión de Tutela del Menor del Instituto Madrileño de la Familia y el Menor de la Consejería de Servicios Sociales de la CAM así como al Ministerio Fiscal.

5º. Establecer un plazo de vigencia de este Auto de cuatro meses, contados a partir dela fecha en que se reciba en la Agencia Social de la Vivienda de Madrid (antiguo IVIMA) aconsejándose que se pueda ejecutar una vez terminado el curso escolar de los posibles menores de edad afectados, con la finalidad de evitarles en lo posible situaciones traumáticas. En este último caso la vigencia de este Auto podrá prorrogarse hasta la finalización del actual curso académico 20182019.'.



SEGUNDO.- Notificada la anterior resolución a las partes, se interpuso en tiempo y forma, recurso de Apelación que, tras ser admitido a trámite se sustanció por sus prescripciones legales ante el Juzgado de que se viene haciendo mención y elevándose las actuaciones a esta Sala siendo registrada la apelación en fecha 21 de mayo de 2019.



TERCERO.- Recibidas las actuaciones en esta Sección Octava de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se acordó formar el presente rollo de apelación, conferir traslado a las partes personadas por plazo de una audiencia a los efectos de la admisión por cuantía del recurso y dar a los autos el trámite previsto en los artículos 81 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa; y se señaló para la votación y fallo del presente Recurso de Apelación la audiencia del día 11 de septiembre de 2019, fecha en la que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente la Magistrada Ilma. Sra. Dª Amparo Guilló Sánchez Galiano, quien expresa el parecer de la Sección.

Fundamentos

PRIMERO.- El Auto ahora impugnado en apelación autoriza la entrada en el domicilio indicado haciendo alusión a la apariencia de legalidad del acto que se pretende ejecutar para la recuperación de la posesión del inmueble ocupado ilegalmente, así como al debido juicio de proporcionalidad de los intereses en conflicto.

Añade que existe una apariencia de legalidad y competencia en el acto de recuperación posesoria y que la entrada es proporcional e imprescindible para la ejecución del acto.

El recurso de apelación interpuesto solicita la nulidad de lo actuado alegando esencialmente la falta de motivación del Auto impugnado, la infracción por el mismo de la debida proporcionalidad en la medida adoptada y finalmente, con carácter esencial, que la presencia de menores en el domicilio para cuya entrada se requiere autorización, debería haber conducido a la denegación de dicha solicitud, pues además se da la circunstancia de que la vivienda en cuestión es una vivienda social siendo así la situación de necesidad de la recurrente por lo que no se priva a la misma de su vivienda a favor de otro particular sino para reivindicar su titularidad la propia Administración respecto de una vivienda cuya finalidad es por su propia naturaleza atender a situaciones de necesidad social como es la de la actora.



SEGUNDO.- Pues bien, consideramos que el Auto de instancia debe ser confirmado por los siguientes motivos.

Ante todo, se ha de señalar, que la queja de falta de motivación de lo resuelto que se reprocha a la resolución judicial impugnada, se desvirtúa solo con la lectura de la citada decisión judicial.

Conforme venimos manteniendo en resoluciones anteriores sobre similar cuestión -- Sentencias de 13 de noviembre de 2013 recaída en el recurso de apelación nº 1443/2013 y en la de fecha 12 de febrero de 2014 dictada en resolución del recurso de apelación nº268/2014-- que: '...La preceptiva autorización judicial para la entrada en domicilio y demás lugares que requieran el consentimiento previo del titular, como limitación al principio de autotutela administrativa, tiene como único fundamento la protección del derecho a la intimidad proclamado en el art. 18.1 CE ., quedando circunscrita la actuación judicial a examinar la regularidad formal del procedimiento del que dimana la Resolución para cuya ejecución forzosa se insta la autorización - sin valoración alguna de fondo - y la competencia del órgano que la dicta.

Cumplidos tales requisitos por la Resolución para cuya ejecución forzosa se insta la autorización de entrada, procede su otorgamiento....No procede en este momento y a los solos efectos de conceder o denegar la autorización solicitada, controlar la conformidad o disconformidad del acto que se trata de ejecutar, que en su caso ha de efectuarse a través del recurso correspondiente, sino simplemente examinar si se han observado en la vía administrativa los requisitos formales que, como garantía de los administrados, exige la LRJAP y normas complementarias y en todo caso, si la entrada en el domicilio solicitado es una medida adecuada y proporcionada para la efectividad de la actuación administrativa... La puesta en práctica de este medio de ejecución forzosa, exige examinar el agotamiento de todos los demás medios para la ejecución forzosa que no exijan invadir el espacio privado, es decir, asegurarse de que la ejecución de ese acto requiere efectivamente la entrada en el domicilio o lugares asimilados a él, así como que la irrupción en el mismo es necesaria.

Tales valoraciones (de proporcionalidad del medio de ejecución y de necesidad de la misma ejecución ante la falta de cumplimiento voluntario del acto administrativo), se han llevado a cabo en la sentencia impugnada, como se desprende del Fundamento Jurídico citado, sin que la parte apelante las haya desvirtuado en esta instancia...'.

Similares afirmaciones son predicables de la resolución que ahora se recurre en apelación pues en la misma se han ponderado, la existencia del acto administrativo para cuya ejecución se solicita la autorización de entrada en el domicilio correspondiente, la imposibilidad de ejecución por otros medios, la falta de desalojo de los ocupantes y la ejecutividad del acto administrativo fundamentado en la consideración de que se trata de viviendas cuyo destino es precisamente el acomodo de familias con desprotección social.

Esta Sala no ignora la jurisprudencia del TC al respecto, que precisamente confirma tales consideraciones, siendo su exponente la STC 188/2013, de 4 de noviembre, en la que puede leerse lo siguiente: '...En relación con los actos de la Administración cuya ejecución precisa de la entrada en un domicilio, que es el supuesto que ahora interesa, este Tribunal ha señalado, STC 139/2004, de 13 de septiembre, FJ 2:' Que al Juez que otorga la autorización de entrada no le corresponde enjuiciar la legalidad del acto administrativo que pretende ejecutarse. Conviene advertir que esta doctrina, aunque se ha establecido en relación con el Juez de Instrucción, que era quien antes de la reforma efectuada por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (en adelante LJCA), otorgaba este tipo de autorizaciones, resulta igualmente aplicable a los Jueces de lo contencioso-administrativo, que son los ahora competentes para emitir aquéllas en los casos en los que ello sea necesario para la ejecución de los actos de la Administración pública ( art. 8.5 LJCA) -actual 8.6 LJCA- pues, en este concreto procedimiento, las atribuciones de estos Jueces se limitan únicamente a garantizar que las entradas domiciliarias se efectúen tras realizar una ponderación previa de los derechos e intereses en conflicto. Como ha señalado este Tribunal (SSTC 160/1991, de 18 de julio, FJ 8; 136/2000, de 29 de mayo, FJ 3), en estos supuestos la intervención judicial no tiene como finalidad reparar una supuesta lesión de un derecho o interés legítimo, como ocurre en otros, sino que constituye una garantía y, como tal, está destinada a prevenir la vulneración del derecho. De ahí que, para que pueda cumplir esta finalidad preventiva que le corresponde, sea preciso que la resolución judicial que autorice la entrada en el domicilio se encuentre debidamente motivada, pues sólo de este modo es posible comprobar, por una parte, si el órgano judicial ha llevado a cabo una adecuada ponderación de los derechos o intereses en conflicto y, por otra, que, en su caso, autoriza la entrada del modo menos restrictivo posible del derecho a la inviolabilidad del domicilio. En definitiva, ha de concluirse que, desde la perspectiva constitucional, la resolución judicial por la que se autoriza la entrada en un domicilio se encontrará debidamente motivada y, consecuentemente, cumplirá la función de garantía de la inviolabilidad del domicilio que le corresponde, si a través de ella puede comprobarse que se ha autorizado la entrada tras efectuar una ponderación de los distintos derechos e intereses que pueden verse afectados y adoptando las cautelas precisas para que la limitación del derecho fundamental que la misma implica se efectúe del modo menos restrictivo posible. Como decimos, el órgano jurisdiccional debe velar por la proporcionalidad de la medida interesada, de modo tal que la entrada en el domicilio sea absolutamente indispensable para la ejecución del acto administrativo. Pues será justamente en este juicio de proporcionalidad -al que expresamente remiten nuestras Sentencias 50/1995 y 69/1999, como canon de enjuiciamiento de la licitud de la autorización judicial de entrada en el domicilio-, en el de haberse respetado, no se producirá la vulneración del derecho fundamental. Como se ha indicado en los antecedentes de esta Sentencia, nos encontramos ante un caso en el que la Administración intenta ejecutar forzosamente el contenido de una resolución que ha dictado previamente y que el afectado se ha negado a cumplir voluntariamente..... la invocación realizada por el recurrente en amparo de la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 24 de abril de 2012, caso Yordanova y otros c. Bulgaria, no puede resultar de aplicación al caso que ahora contemplamos pues en aquélla se entiende que existe una discriminación étnica, cuya proscripción constituye la motivación de la Sentencia, circunstancia que no acontece en el presente caso, en el que sólo se alude tangencialmente a una posible discriminación con otros moradores de construcciones a quienes en el futuro y eventualmente se puedan otorgar soluciones distintas, cuando se produzca la modificación municipal del planeamiento, término de comparación eventual, futuro e incierto que no puede sustentar la alegación de trato discriminatorio. Otro tanto acontece con la invocación del art. 8 CEDH que establece que '1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. 2. La autoridad pública solamente podrá injerirse en el ejercicio de este derecho en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y sea una medida necesaria, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de los delitos, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades de los demás', que en modo alguno pueden entenderse infringidos por el acto administrativo dictado para la protección de la legalidad urbanística y la ejecución del mismo una vez adquirida firmeza, que requiere inexorablemente la entrada en el domicilio objeto de dicha resolución, para proceder a la demolición en ella acordada y cuya inviolabilidad es el derecho fundamental sobre el que se solicita amparo constitucional, puesto que el respeto al domicilio que proclama el alegado art. 8 CEDH tiene como límite, entre otros supuestos, que la entrada en el mismo sea precisa para la ejecución de un acto administrativo firme y consentido en una ponderación de adecuada proporcionalidad de la inmisión, como ya ha sido analizado. Y por lo que se refiere al derecho del art. 47 CE (que no es de los comprendidos en el art. 53.2 CE), no se observa en el caso la incidencia de tal derecho en la inviolabilidad domiciliaria, cuando sólo se debate la necesidad y proporcionalidad de la entrada en el domicilio del recurrente, pues la demolición de la vivienda fue ya acordada con carácter de firmeza por la Administración municipal....'.

Las anteriores consideraciones que se contienen en la jurisprudencia constitucional determinan, conforme se ha expuesto anteriormente, que con desestimación del presente recurso, haya de confirmarse en su integridad el Auto del Juzgado nº 18 de los de esta Capital objeto del presente recurso de apelación, sin que la falta de motivación que, como primer motivo del recurso se alega por la apelante, sea estimable en esta alzada.

A ello cabe añadir en este supuesto y por lo que respecta al segundo motivo del recurso, consistente en la presencia de menores que determinarían según la apelante la desestimación de la solicitud de entrada instada por la Comunidad de Madrid, que precisamente sobre tal cuestión y de forma motivada, el juez a quo no ha hecho sino aplicar, con expresa referencia, la doctrina de esta Sala y Sección acerca de tal cuestión. Esta Sección ya se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de que tal circunstancia afecta al 'como' ha de efectuarse la entrada en el domicilio y no tanto a la autorización en si misma que no debe verse condicionada por tal circunstancia. Es exponente de tal doctrina nuestra Sentencia de fecha 27 de febrero de 2018 , recurso nº 676/2017, en la que ya dijimos que el Juzgado autorizante deberá exponer en la resolución que acuerda la autorización de entrada en el domicilio las cautelas pertinentes en garantía del interés del menor, adoptando las prevenciones necesarias a tal efecto que no afectan el núcleo de la decisión sino a los aspectos periféricos sobre las condiciones concretas en que deberá desarrollarse la actuación administrativa en el supuesto en que se vean comprometidos derechos de los menores de edad.

Como quiera que el Juzgado de Instancia ya prevé tales cautelas y condiciones, la decisión debe confirmarse. En efecto, el Juzgado ha tenido en cuenta tal circunstancia expresamente en la resolución, adoptando en su parte dispositiva tales cautelas y medidas, y también ha intervenido el Ministerio Fiscal en defensa de los derechos de dichos menores en esta segunda instancia y en la pieza de medida cautelarísima y cautelar tramitadas y resueltas por esta Sala. Por tanto, desde esta segunda perspectiva tampoco cabe estimar el recurso de apelación interpuesto.

Finalmente, señalar que el hecho de que la vivienda cuya recuperación posesoria por parte de la Administración autonómica se reivindica, sea una vivienda social, no determina en modo alguno que sean licitas situaciones de ocupación de hecho ilegales por parte de cualquier particular respecto de dicha vivienda.

Primero, porque no es la legalidad de dicha ocupación lo que se examina en el proceso de autorización de entrada tramitado y resuelto en la instancia, según se ha expuesto más arriba. Y también, porque la Administración destinará dicha vivienda a su función social pero por los cauces legalmente previstos.



TERCERO.- Las costas procesales han de imponerse a la parte apelante de conformidad con lo prevenido en el artículo 139 de la LJCA , si bien estas se limitan a la cantidad de 300 euros.

Vistos los precedentes artículos y demás de general aplicación, en atención a lo expuesto,

Fallo

Que debemos desestimar y desestimamos, el Recurso de Apelación número 590/2019, interpuesto por doña Ascension , representada por la Procuradora doña Marta Murua Fernández, frente al Auto dictado en fecha 14 de febrero de 2019, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 18 de Madrid, en el Procedimiento de Autorización de entrada en domicilio nº 18/2017, promovido por el Letrado de la Comunidad de Madrid respecto de la ejecución forzosa de la Resolución de la Directora Gerente de la Agencia de Vivienda Social de la CAM de 22 de abril de 2014 que acordó la recuperación posesoria de la vivienda sita en la CALLE000 nº NUM000 piso NUM001 , letra NUM002 , de esta Capital; Auto que confirmamos, debiendo estar y pasar por la presente resolución. Las costas de esta apelación se imponen a la parte apelante, si bien se limitan a la cantidad de 300 euros más IVA.

Así por esta nuestra sentencia, frente a la que cabe recurso de casación para ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de 30 días, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Fdo.: Amparo Guilló Sánchez Galiano Fdo.: Rafael Botella García Lastra Fdo.: Juana Patricia Rivas Moreno Fdo.: María Dolores Galindo Gil Fdo.: María del Pilar García Ruiz