Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 447/2018, Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 231/2016 de 27 de Septiembre de 2018

Encabezamiento

RECURSO DE APELACION - 000231/2016
N.I.G.: 46250-33-3-2016-0001035
SENTENCIA Nº 447/2018
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN 2
Iltmos. Sres:
Presidenta
DÑA. Mª ALICIA MILLAN HERRANDIS
Magistrados
D. RICARDO FERNÁNDEZ CARBALLO CALERO
DÑA. ANA PÉREZ TÓRTOLA
En VALENCIA a veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho.
VISTO, el recurso de apelación n.º 231/2016 interpuesto por la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, representada y defendida por la Abogacía General de la
Generalitat Valenciana, contra la Sentencia n.º 435/2015, de 17/diciembre, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo n.º 2 de Alicante dictada en el Procedimiento Abreviado 465/2015, siendo apelado D. Sixto Y
DÑA. Estibaliz , que han comparecido a través de la Procuradora Dña. Rosa Correcher Movilla, defendidos
por el Letrado D. David González Pardo.

Antecedentes

PRIMERO.- Es objeto de apelación la impugnación de la Sentencia n.º 435/2015, de 17/diciembre, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Alicante dictada en el Procedimiento Abreviado 465/2015.



SEGUNDO.-Interpuesto recurso de apelación por la parte demandada, en el mismo, tras argumentar, suplica el dictado por la Sala de sentencia que resuelva el presente recurso de apelación estimándolo y revocando la sentencia se desestimen los recursos contencioso-administrativos interpuestos y se declare la conformidad a Derecho de las resoluciones recurridas denegando el derecho de los recurrentes a la inclusión en el sistema de carrera profesional, no procediendo el abono de diferencia salarial alguna La parte apelada formuló oposición, suplicando, tras argumentar, el dictado por la Sala de sentencia que desestime el recurso de apelación formulado de contrario.



TERCERO.- Tras recibirse las actuaciones, fue señalado el 25/septiembre/2018, como fecha para votación y fallo.



CUARTO.- Se han cumplido las sustanciales prescripciones legales.

Siendo ponente la magistrada Dña. ANA PÉREZ TÓRTOLA que expresa el parecer de la Sala.

Fundamentos

PRIMERO.- Tal como se deduce de los antecedentes de la presente resolución, se recurre en apelación la Sentencia n.º 435/2015, de 17/diciembre, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Alicante dictada en el Procedimiento Abreviado 465/2015, en cuyo fallo se establece: '1.- Que debo ESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D/Dª Sixto y Estibaliz , frente a las resolución/es de la Administración demandada, referidas en el encabezamiento de la presente resolución, actos administrativos que se dejan sin efecto, reconociendo el derecho de los recurrentes a su inclusión en el sistema de carrera profesional con todos los efectos inherentes a dicha declaración.

2.- No procede condena en costas.'

SEGUNDO.- En la sentencia recurrida se exponen las posiciones de las partes en los términos siguientes: '
PRIMERO.- Son objeto de recurso, las resolución/es que desestiman la solicitud presentada por las demandantes de incorporación y reconocimiento del grado de desarrollo profesional en el sistema de carrera administrativa.

No es objeto de controversia que las recurrentes son personal funcionario interino prestando actualmente sus servicios en la Generalitat Valenciana durante el tiempo al que se hace referencia en el expediente administrativo; y, que solicitaron su inclusión en el sistema de carrera profesional, petición que fue desestimada en la resolución objeto de este procedimiento.

Las recurrentes pretenden que se deje sin efecto la resolución recurrida, dada la desigualdad de trato que existe entre las mismas y los funcionarios de carrera que sí tienen acceso al sistema de carrera profesional.

Frente a ello, la Administración demandada interesa que se desestime el recurso por ser la resolución recurrida conforme a derecho.' Y se resuelve diciendo: '

SEGUNDO.- Es objeto de controversia la inclusión del demandante, funcionario interino, en el sistema de carrera profesional. En este sentido, el punto de partida lo encontramos en el artículo 16.2 de la Ley 7/2007 que define la carrera profesional como el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Este artículo señala que la carrera profesional aplicable en cada ámbito podrá consistir en diversas modalidades, entre las que se encuentra la carrera horizontal que consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo y de conformidad con lo establecido en la letra b) del artículo 17 y en el apartado 3 del artículo 20 del EBEB. El número 4 de este artículo 16 dispone que los funcionarios de carrera podrán progresar simultáneamente en las modalidades de carrera horizontal y vertical cuando la Administración correspondiente las haya implantado en un mismo ámbito. El artículo 17 del mismo texto normativo señala que las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público podrán regular la carrera horizontal de los funcionarios de carrera; y, el artículo 19 se refiere a la promoción profesional del personal laboral. A partir de estas disposiciones normativas, la Ley 10/2010 de 9 de julio de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana circunscribe la carrera profesional horizontal en su articulado al personal funcionario de carrera. Y, la regulación del sistema de carrera profesional horizontal se haya contenido en el Decreto 186/2014, texto normativo que tiene una estructura y redacción semejante a los Decretos 66/2006 y 85/2007.

La posición de la Administración es clara al considerar que el sistema de carrera profesional sólo se reconoce a los funcionarios de carrera, quedando excluidos del mismo los funcionarios interinos. En la resolución recurrida, la propia Administración señala que la regulación citada se ajusta a la cláusula 4 del Acuerdo Marco anexo a la Directiva 1999/70/CE, que vienen expresamente referida al concepto de antigüedad y no al de carrera profesional. Expresamente, se dice en la resolución recurrida que 'la carrera profesional únicamente tiene en consideración el elemento tiempo como uno de los requisitos para poder ascender de grado, pero se requiere una evaluación del desempeño y la superación de una serie de objetivos para que se produzca ese ascenso'.



TERCERO.- Sin embargo, pese a la claridad de la posición de la Administración y pese a la dicción literal de los preceptos legales que maneja la Administración, la cuestión controvertida es algo más compleja. En este punto, la Administración considera que la regulación aplicada respeta el contenido de la Directiva 1999/70/ CE, por cuanto esta norma se refiere al concepto antigüedad y no al de carrera profesional. Obviamente, la Directiva citada no se refiere expresamente a la carrera profesional por cuanto la misma no existía al tiempo de su promulgación, pero a lo que se refiere esta norma es que con relación a las condiciones de trabajo, no puede tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener una duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas. Así las cosas, lo que se plantea en este procedimiento es si concurren razones objetivas que permitan dispensar al recurrente, funcionario interino, un trato diferente al de los funcionarios de carrera a quienes se les reconoce el derecho a la carrera profesional. Por tanto, la Directiva 1999/70/CE tiene plena vigencia en el supuesto que nos ocupa, independientemente de que la Administración maneje otras variables junto con el tiempo para reconocer el acceso al sistema de carrera profesional.

Como decíamos, la cuestión controvertida no es tan simple como entiende la Administración, por cuanto el Ordenamiento español viene obligado a respetar las disposiciones del Ordenamiento comunitario.

Recordemos que en virtud del principio de desplazamiento las normas comunitarias tienen que ser observadas por los diferentes Estados miembros, de modo que los textos normativos españoles no pueden ser contrarios al contenido de una Directiva.

La eficacia directa de las normas comunitarias significa que éstas pueden desplegar por sí mismas plenitud de efectos a partir de su entrada en vigor y durante toda la duración de su validez de forma uniforme en los Estados Miembros en los que resulta de aplicación el Derecho Comunitario. Es cierto que a tenor de lo dispuesto en el Tratado son un instrumento regulador que carece de alcance general pues obligan sólo al Estado destinatario que tiene una obligación de transposición, esto es, que tiene una obligación de resultado, que debe ser cumplida en el plazo que fija la propia Directiva.

Para que pueda operar el efecto directo de la Directiva se exige que la norma comunitaria sea clara o suficientemente precisa y que su mandato sea incondicional, de forma que no deje un margen de apreciación discrecional a las autoridades públicas.

La primacía y eficacia directa del Derecho Comunitario en España se desprende de lo dispuesto en el artículo 96.1 del Texto Constitucional, debiendo tenerse en cuenta que las relaciones entre el Ordenamiento interno y el Ordenamiento comunitario deben ser abordadas teniendo presente lo dispuesto en el artículo 93 del Texto Constitucional.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Europea se ha venido pronunciando manteniendo la obligación del juez nacional de aplicar las disposiciones de una Directiva cuyo contenido resulte suficientemente preciso e incondicional una vez expirado el plazo para su trasposición y ante la ausencia, insuficiencia o deficiencia en su adaptación (STJCE 19-01-1982, BECKER) Llegados a este punto, la primera conclusión a la que se llega es que la Directiva 1999/70/CE tiene plena aplicación al caso que nos ocupa, y que la cuestión que debe ser debatida es la de si concurren razones objetivas que justifiquen la diferencia de trato que se ha dispensado al recurrente y a los funcionarios de carrera a quienes se les permite acceder al sistema de carrera profesional.



CUARTO.- En la medida en que la Administración utiliza como argumento favorable a su tesis la situación que afecta al personal licenciado y diplomado sanitario de la Conselleria de Sanidad, a tenor del contenido del Decreto 66/2006 y del Decreto 85/2007, se hace necesario reproducir una parte del contenido de la sentencia de este órgano jurisdiccional dictada en el recurso abreviado 194/2015, con relación a la carrera profesional del los funcionarios interinos en el ámbito del personal estatutario. La sentencia que resuelve dicho procedimiento se pronuncia los siguientes términos:

TERCERO.- La cuestión debatida no es nueva por cuanto ya ha sido tratada con anterioridad. Los demandantes entienden que deben ser incluidos en el sistema de carrera profesional, a tenor de lo dispuesto en el Decreto 66/2006, mientras que la Administración entiende que sólo es posible incluir a los recurrentes en el sistema de carrera profesional desde su primera incorporación definitiva a un puesto de plantilla de personal sanitario adscrito a la Conselleria de Sanidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del referido Decreto 66/2006, por el que se aprueba el sistema de carrera profesional en el ámbito de las Instituciones Sanitarias de la Conselleria de Sanidad.

El debate jurídico tiene que ser analizado nuevamente desde el punto de vista de la doctrina que fija el Tribunal de Justicia en su auto de 9 de febrero de 2012 al resolver una petición de decisión prejudicial presentada por el JCA nº 4 de Valladolid. Dicha cuestión prejudicial se plantea en el marco de un litigio entre la demandante en dicho procedimiento y la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León relativo a la negativa de la Administración a reconocer con efectos retroactivos el derecho a percibir el complemento retributivo por formación permanente (sexenios). Este juzgador ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre dicho complemento, accediendo a la solicitud presentada por los diferentes profesores interinos que cuentan con seis años de antigüedad de acuerdo con la normativa que les es de aplicación. Sin embargo esta cuestión no es objeto del debate actual.

El Tribunal de Justicia, en el citado auto de 9 de febrero de 2012, entiende que con arreglo al artículo 104, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, cabe dictar auto por ser la cuestión prejudicial suscitada por el JCA nº 4 de Valladolid idéntica a otras ya resueltas. En particular, el Tribunal se refiere a las sentencias Del Cerro Alonso (C- 307/05) de 13 de septiembre de 2007, Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres (C- 444/09 y C- 456/09), al auto de 18 de marzo de 2011, Montoya Medina (C-273/10) y a la sentencia de 8 de septiembre de 2011, Rosado Santana (C- 177/10).

El Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la incidencia que tiene el trato que debe dispensarse a los funcionarios interinos, con relación a los funcionarios de carrera, en materia de trienios y de complemento retributivo por formación permanente (sexenios). Antes del pronunciamiento relativo a este último complemento, cabría introducir dudas acerca de la propia naturaleza de los complementos retributivos discutidos, por cuanto el trienio es una retribución básica y el sexenio una retribución complementaria. Así las cosas, antes de que el Tribunal de Justicia se pronunciarse expresamente sobre el derecho de los interinos a la percepción de los sexenios, cabía aducir que no era posible reconocer la inclusión de los interinos en el sistema de carrera profesional al tratarse el complemento de carrera profesional de una retribución complementaria sobre la que el Tribunal de Justicia no se había pronunciado al interpretar la Directiva 199/70. Sin embargo, este planteamiento ya no puede ser admitido a la luz del citado auto de 9 de febrero de 2012.



CUARTO.- La Directiva 199/70, en su artículo 2 recuerda que los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la misma a más tardar el 10 de julio de 2001, o se cerciorarán a más tardar en esa misma fecha de que los interlocutores sociales establezcan las disposiciones necesarias mediante acuerdos debiendo adoptar los Estados miembros todas las disposiciones necesarias para garantizar en todo momento los resultados impuestos por la Directiva.

El artículo 3 de la Directiva estudiada define qué debe entenderse por 'trabajador con contrato de duración determinada' y por 'trabajador con contrato de duración indefinida comparable'. El primero, es el trabajador con un contrato de trabajo o una relación laboral concertados directamente entre un empresario y un trabajador, en los que el final del contrato de trabajo o de la relación laboral viene determinado por condiciones objetivas tales como una fecha concreta, la realización de una obra o servicio determinado por la producción de un hecho o acontecimiento determinado. El segundo, el 'trabajador con contrato de duración indefinida comparable', es un trabajador con un contrato o relación laboral de duración indefinida, en el mismo centro de trabajo, que realice un trabajo u ocupación idéntico o similar, teniendo en cuenta su cualificación y las tareas que desempeña. El referido artículo 3 de la Directiva, con relación a estos trabajadores con contrato de duración indefinida comparable, señala también que en caso de que no exista ningún trabajador fijo comparable en el mismo centro de trabajo, la comparación se efectuará haciendo referencia al convenio colectivo aplicable o, en caso de no existir ningún convenio colectivo aplicable, y de conformidad con la legislación, a los convenios colectivos o prácticas nacionales.

Y, la cláusula 4, apartado 1 del Acuerdo estudiado, bajo el título 'principio de no discriminación' señala literalmente lo siguiente: Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas.

En el ámbito nacional, tanto el artículo 9.5 de la Ley 55/2003 como el artículo 10.5 de la Ley 7/2007, refieren que a los funcionarios interinos les será aplicable el régimen general de los funcionarios de carrera en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición.



QUINTO.- Una vez delimitado el marco normativo que debe ser interpretado, debemos plantearnos si los funcionarios interinos, por el hecho de ser interinos y de no haberse incorporado definitivamente a un determinado puesto de trabajo, tienen derecho a ser incluidos en el sistema de carrera profesional; o, formulado de otra manera, si existen razones objetivas que justifiquen la diferencia de trato que existe en materia de inclusión en el sistema de carrera profesional entre el personal fijo y el personal temporal. El propio Tribunal de Justicia, en su auto de 9 de febrero de 2012, a propósito de los sexenios, refiere que ni la naturaleza temporal de la relación de servicio de determinados empleados públicos ni la inexistencia de disposiciones en la normativa nacional relativas al pago de los sexenios controvertidos puede constituir, por sí solas, razones objetivas que impidan la inclusión de los afectados en el sistema de carrera profesional.

En el caso que nos ocupa, el único criterio que maneja la Administración para rechazar de forma reiterada la inclusión de los funcionarios interinos en el sistema de carrera profesional es precisamente su condición de funcionarios interinos o temporales. De este modo, si un funcionario interino y uno fijo ocupan un puesto de trabajo en el que desarrollan las mismas funciones, exactamente las mismas, ¿concurren razones objetivas que justifiquen la diferencia de trato entre unos y otros? La respuesta es no. Corresponde a la Administración acreditar esas diferencias por razones objetivas que podrían justificar el diferente trato entre titulares o fijos e interinos a la hora de excluir del sistema de carrera profesional a los funcionarios interinos o temporales por el simple hecho de ostentar tal condición temporal.

El Tribunal Supremo en sentencia de 30 de junio de 2014 (recurso de casación 1846/2013) analiza estas cuestiones con relación a la carrera profesional en los centros e instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla y León. El Tribunal Supremo recuerda la posición singular que ostentan los denominados 'interinos de larga duración' es decir, los funcionarios que según la sentencia 2003/2000 del Tribunal Constitucional, mantienen con la Administración una relación temporal de servicios que supera los cinco años. El Tribunal Supremo precisa que al comparar la situación de los interinos con la de los funcionarios de carrera, cabe dar un trato diferenciado a unos y otros, si bien, cuando se trata de un interino que viene prestando servicios a la Administración por más de cinco años no existe razón objetiva y razonable desde la perspectiva del artículo 14 de la Constitución para dar a los funcionarios interinos un tratamiento jurídico diferente y perjudicial respecto del dispensador a los funcionarios de carrera, con el único argumento de que legalmente su relación con la Administración es provisional.

Si proyectamos todo lo dicho hasta ahora sobre el caso que nos ocupa, los recurrentes aspiran a ser incluidos en el sistema de carrera profesional. Téngase en cuenta que según el decreto 66/2006 por el que se aprueba el sistema de carrera profesional en el ámbito de las instituciones sanitarias de la Conselleria de Sanidad, para ser incluido en el grado 1 (artículo 12) es necesario haber prestado servicio al sistema de salud durante al menos cinco años en el grado de base 0. En realidad esta exigencia de haber prestado cinco años en el sistema de salud en el grado 0, no hace más que tener en cuenta lo dicho por el Tribunal Constitucional con relación a los 'interinos de larga duración'. Además, la Administración no justifica las razones objetivas que justifiquen dispensar en materia de inclusión en el sistema de carrera profesional un trato diferenciado a temporales y fijos. El único criterio que maneja la Administración es el carácter provisional de la relación que existe entre el temporal y la Administración. El Tribunal de Justicia explica con claridad que esta circunstancia, aisladamente considerada, no puede justificar diferencia de trato alguno entre funcionarios de carrera e interinos. El Decreto 66/2006, contempla la doctrina que asienta el Tribunal Constitucional con relación a los 'interinos de larga duración' al existir un mínimo de 5 años para optar al grado 1 de carrera profesional. La Administración no establece una separación o discriminación, cualitativa o de cualquier otra naturaleza, que justifique la diferencia de trato entre titulares y temporales a efectos de inclusión en el sistema de carrera profesional. Nada dice la Administración sobre la naturaleza de las tareas que realizan titulares e interinos, a efectos de poder valorar si concurren razones de carácter objetivo que justifiquen la diferencia de trato entre los funcionarios de carrera y los interinos. El Tribunal Constitucional en la sentencia 104/2004, precisa que toda diferencia de tratamiento debe estar justificada por razones objetivas, sin que resulte compatible con el artículo 14 de la Constitución un tratamiento, ya sea general o específico en relación con ámbitos concretos de las condiciones de trabajo, que configure a los trabajadores temporales como colectivo en una posición de segundo orden en relación con los trabajadores con contratos de duración indefinida.

La situación en la que se encuentran los recurrentes y otros compañeros de los mismos es ciertamente compleja, por cuanto llevan mucho tiempo trabajando para la Administración sanitaria, desempeñando las mismas funciones que los funcionarios de carrera, y sin embargo no pueden ingresar en la Administración porque la Administración no convoca los procesos selectivos que permitirían la entrada en la Administración como funcionario de carrera. La Administración pervierte la propia naturaleza del funcionario interino, por cuanto si atendemos al espíritu de la Ley 55/2003 y de la Ley 7/2007, el funcionario interino está pensado para supuestos específicos, tasados y breves en el tiempo. En lo que no está pensando el legislador es en que una persona puede ser funcionario interino durante toda su vida laboral o durante gran parte de la misma.

Así las cosas, la no convocatoria de procesos selectivos impide a los funcionarios interinos ingresar en la Administración, y su condiciones funcionarios interinos les impide ingresar en el sistema de carrera profesional pese a desempeñar las mismas funciones que los funcionarios de carrera y pese a no existir razones objetivas que justifiquen esa diferencia de trato.

Todas estas consideraciones, deben llevarnos a considerar que la Administración infringe el contenido de la Directiva 1999/70 y con ello el artículo 14 de la Constitución al dispensar a los recurrentes un trato discriminatorio con relación a los funcionarios de carrera. La Administración coloca a los recurrentes en una posición de segundo orden con relación a los trabajadores que tienen contratos de duración indefinida con la Administración.

Por lo expuesto, el recurso debe ser estimado, reconociendo el derecho de los recurrentes a su inclusión en el sistema de carrera profesional.



QUINTO.- Las consideraciones contenidas en la sentencia transcrita tienen plena aplicación en este procedimiento. Nótese que el demandante ha desempeñado sus cometidos profesionales como funcionario interino durante nada más y nada menos que 16 años. El artículo 10 del EBEB se refiere a los funcionarios interinos, quienes son nombrados en una serie de supuestos por razones justificadas de necesidad y urgencia.

Si el demandante ha desempeñado las funciones propias de un determinado puesto de trabajo o de varios puestos de trabajo, cabe plantearse si concurren razones objetivas que justifiquen esa diferencia de trato con los funcionarios de carrera. La Administración, en defensa de su posición, invoca también el contenido de sentencias dictadas por los JCA de Valencia (sentencias 229, 243 y 249 todas ellas de 2015 del JCA nº 7, sentencia 258/2015 del JCA nº 8, y sentencias 264 y 287 ambas de 2015 del JCA nº 10 de Valencia).

Todas estas resoluciones son idénticas o semejantes, y con relación a las mismas cabe destacar la referencia que se hace a las diferencias objetivas que existe entre el personal interino y el personal de carrera para no acceder a la inclusión del personal interino en el sistema de carrera profesional. Véase, por ejemplo, el fundamento de derecho cuarto de las sentencias 264 y 287 de 2015 del JCA nº 10 y el mismo fundamento de la sentencia 258/2015 del JCA nº 8, en el que el único elemento diferencial es el de los criterios de provisión de destinos por cuanto el personal interino se rige por una bolsa de trabajo. ¿Realmente este único aspecto de naturaleza personal no retributivo permite concluir que existen razones objetivas que justifican un trato diferenciado entre el personal interino y el personal de carrera? La respuesta es no. Lo relevante, a los efectos que nos ocupan, es valorar si el demandante ha desempeñado las funciones propias del puesto o de los puestos de trabajo que ha venido ocupando durante 16 años como funcionario interino, y si los funcionarios de carrera que con anterioridad o con posterioridad han ocupado el mismo o los mismos puestos de trabajo que ha ocupado el demandante han desempeñado diferentes funciones o funciones de mayor responsabilidad por su condición de funcionarios de carrera. Obviamente, no existe prueba alguna sobre este particular, siendo la Administración la que con base al principio de facilidad probatoria debe acreditar si las funciones del puesto o de los puestos de trabajo desempeñadas por el demandante difieren de las asumidas por los funcionarios de carrera en idénticas circunstancias.

En la sentencia transcrita en el anterior fundamento de derecho, se recuerda que los funcionarios interinos, en un primer momento, vieron cómo se rechazaban todas sus reclamaciones en materia de trienios, y posteriormente cómo sucedía lo mismo con las reclamaciones en materia de educación con los sexenios. Sin embargo, no existe hoy en día discusión alguna sobre el derecho de los funcionarios interinos a la percepción de estos conceptos retributivos, independientemente de la naturaleza jurídica de los mismos, bien como retribuciones básicas, bien como retribuciones complementarias, cuestión que no debe ser analizada en esta resolución.

Pues bien, lo mismo sucede con la carrera profesional. El requisito que maneja la Administración en el Decreto 186/2014 es el de la exigencia de un determinado tiempo en un concreto grupo de desarrollo profesional para poder progresar o ascender al siguiente, con los efectos inherentes a dicha progresión. La Administración está privando al demandante de la posibilidad de acceder al sistema de desarrollo profesional pese a tener el tiempo o período mínimo exigido para el encuadramiento inicial en el grupo de desarrollo profesional que corresponda y, en su caso, la posterior progresión al grado siguiente. No sólo eso, sino que se está privando al demandante de acceder al sistema de carrera profesional sin que concurran razones, circunstancias o causas objetivas que den cobertura a la diferencia de trato existente entre el personal interino y el personal de carrera. La Administración, en el acto de la vista recordó que la sentencia del Tribunal Constitucional 203/2000 que acuña la expresión 'interino de larga duración', no puede ser aplicada al caso que nos ocupa por cuanto la situación que analizó el Tribunal Constitucional en dicha resolución nada tiene que ver con el objeto controvertido. Independientemente de ello, lo que no se puede negar es que el Tribunal Constitucional percibe que existe una situación anómala y que va contra la propia naturaleza del personal que trabaja para la Administración en el caso del personal interino que acumula largos períodos de tiempo como tal. De ahí, la necesidad de referirse a los 'interinos de larga duración', como funcionarios que sin ostentar la condición de funcionarios de carrera acumulan un largo tiempo de servicios para la Administración que les debe hacer acreedores de determinados derechos en consonancia con el personal de carrera. Al igual que sucede con las normas que regulan la carrera y el desarrollo profesional en el ámbito sanitario, en el caso que nos ocupa, el acceso al sistema de carrera profesional, en concreto al Grado 1, exige un período mínimo de servicios de 5 años, tiempo que viene a coincidir con esa denominación de 'interinos de larga duración'.

En suma, lo esencial está en determinar si la Administración acredita que existen diferencias por razones objetivas que podrían justificar el diferente trato entre titulares o fijos e interinos a la hora de excluir del sistema de carrera profesional al demandante. Podrían existir razones funcionales o de responsabilidad que justificasen el trato diferencial que se ha dispensado al demandante y a los funcionarios de carrera, si bien, hasta la fecha se desconocen las mismas.

Todo ello, permite alcanzar la conclusión de que la Administración ha infringido el contenido de la Directiva 1999/70/CE, y con ello el artículo 14 de la Constitución española al dispensar al demandante un trato discriminatorio con relación a los funcionarios de carrera. La Administración ha colocado al demandante en una posición de segundo orden con relación a los funcionarios de carrera. Por ello, el recurso debe ser estimado, reconociendo el derecho del demandante a su inclusión en el sistema de carrera profesional con todos los efectos inherentes a dicho pronunciamiento'-

TERCERO.- Los fundamentos de la apelación se sintetizan en la afirmación de que no procede la inclusión en el sistema de carrera profesional de los recurrentes con arreglo a la normativa aplicable -El Decreto 186/2014 se limita a aplicar las normas legales existentes: EBEP - arts. 16, 17, 24, 10.5 y 25- y la Ley Valenciana 10/2010 -arts. 114, 115, 117, y 76-, entre otras- y al criterio defendido por este TSJ en las sentencias de esta Sala n.º 552/2008, de 06/junio, 1104/2008 y 111/2015, de 17/febrero; así como al Dictamen del Consell Jurídic de 18/junio/2014 dictado en el procedimiento de elaboración del Decreto; a la STC de 28/ mayo/201a (recurso de inconstitucionalidad 2063/2012); y a la del TS, de 30/junio/2014.

Por las demandadas se sostiene la procedencia de la desestimación del recurso.



CUARTO.- Debe partirse de lo que se razona y resuelve en múltiples sentencias de esta Sala y Sección, por todas la n.º 157/2017, de 15/marzo (recurso de apelación 609/2012, - recogida en la dictada asimismo en la sentencia de 30/mayo/2017, recurso de apelación 558/2015, y en la de esta misma fecha recurso de apelación 590/2015) que se reproduce en su parte esencial: '....

SEGUNDO.-Sin embargo esta sección, en sentencia 803/2015, de veintiuno de diciembre, resolvió la impugnación del Decreto del Consell 186/14, de 7 de noviembre, por el que se regula el sistema de carrera profesional horizontal y la evaluación del desempeño, del funcionario de carrera de la Administración de la Generalitat, declarando nulos los preceptos que excluían de su ámbito de aplicación a los funcionarios interinos.

El TS en su sentencia de 8 de marzo de 2017 RC 93/16, confirma el anterior pronunciamiento.

Y nuestra sentencia 14/16, de 15 de enero, resolvió la impugnación del Decreto 99/2014, de 27 de junio, del Consell, por el que se regula el componente retributivo relacionado con la formación permanente del profesorado y la realización de otras actividades para la mejora de la calidad de la enseñanza (DOCV nº 7306, de 30 de junio de 2014), dictado en desarrollo de la disposición adicional vigésimo octava de la Ley 6/2013, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para 2014, anulando su artículo 1 en cuanto excluía a los funcionarios interinos.

Estas sentencias modificaron el criterio anterior de la Sección, entendiendo a partir de las mismas, que la carrera administrativa resultaba de aplicación al funcionario interino o temporal, que hubiera prestado sus servicios en dicha condición más de 5 años en la administración general de la Generalitat, o por periodos de 6 años los docentes.



TERCERO.- Trasladando la anterior doctrina al caso que nos ocupa, hemos de confirmar la anulación de las resoluciones impugnadas, si bien por diferentes argumentos que los empelados por la juez de instancia.

Lo explicamos a continuación.

Se trata de resolver la contraposición de la Directiva 1999/70 con la previsión del art, 28.3) de la Ley Valenciana 10/11, de Presupuestos para 2012, respecto a la percepción del complemento retributivo de carrera y desarrollo profesional sólo por el personal estatutario fijo o de carrera y, con exclusión de cualquier otro personal que tenga reconocido o este percibiendo alguno de dichos complementos retributivos.

El Tribunal Constitucional, en sentencia 232/2015, de 5 de noviembre, ha precisado: 'a) Que dejar de aplicar una ley interna, sin plantear cuestión de inconstitucionalidad, por entender un órgano jurisdiccional que esa ley es contraria al Derecho de la Unión Europea, sin plantear tampoco cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es contrario al derecho a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE) si existe una 'duda objetiva, clara y terminante'sobre esa supuesta contradicción ( STC 58/2004, FFJJ 9 a 14).

b) Sin embargo, dejar de plantear la cuestión prejudicial y aplicar una ley nacional supuestamente contraria al Derecho de la Unión (según la parte) no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva si esa decisión es fruto de una exégesis racional de la legalidad ordinaria, pues solo estos parámetros tan elevados forman parte de los derechos consagrados en el art. 24 CE (así, SSTC 27/2013, de 11 de febrero, FJ 7; 212/2014, de 18 de diciembre, FJ 3, y 99/2015, de 25 de mayo, FJ 3).

c) Ahora bien, sí corresponde a este Tribunal velar por el respeto del principio de primacía del Derecho de la Unión cuando, como aquí ocurre según hemos avanzado ya, exista una interpretación auténtica efectuada por el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En estos casos, el desconocimiento y preterición de esa norma de Derecho de la Unión, tal y como ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia, puede suponer una 'selección irrazonable y arbitraria de una norma aplicable al proceso', lo cual puede dar lugar a una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva ( STC 145/2012, de 2 de julio, FFJJ 5 y 6).

Efectivamente, este Tribunal ya ha declarado que 'el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha desarrollado hasta la fecha una consolidada jurisprudencia que abunda en la obligación que tienen los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros de garantizar que dichas Sentencias se lleven a efecto ( Sentencia de 14 de diciembre de 1982, asunto Waterkeyn, 314-316/81 y 83/82, Rec. 1982 p. 4337)... el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado reiteradamente que 'los órganos jurisdiccionales de [los Estados miembros] están obligados, con arreglo al art. 234 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea [ art. 267 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea], a deducir las consecuencias de la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, bien entendido sin embargo que los derechos que corresponden a los particulares no derivan de esta sentencia sino de las disposiciones mismas del Derecho comunitario que tienen efecto directo en el ordenamiento jurídico interno' ( Sentencias de 14 de diciembre de 1982, asunto Waterkeyn, antes citada, apartado 16, y de 5 de marzo de 1996, asuntos Brasserie du pêcheur y Factortame, C-46/93 y C-48/93, Rec. p. I- 1029, apartado 95)... [C]omo consecuencia de todo lo anterior, los Jueces y Tribunales ordinarios de los Estados miembros, al enfrentarse con una norma nacional incompatible con el Derecho de la Unión, tienen la obligación de inaplicar la disposición nacional, ya sea posterior o anterior a la norma de Derecho de la Unión (véanse, entre otras, las Sentencias de 9 de marzo de 1978, asunto Simmenthal, 106/77, Rec. p. 629, apartado 24; de 22 de junio de 2010, asunto Melki y Abdeli, C-188/10 y C-189/10, Rec. p. I-5667, apartado 43; y de 5 de octubre de 2010, asunto Elchinov, C-173/09, apartado 31).

Esta obligación, cuya existencia es inherente al principio de primacía antes enunciado, recae sobre los Jueces y Tribunales de los Estados miembros con independencia del rango de la norma nacional, permitiendo así un control desconcentrado, en sede judicial ordinaria, de la conformidad del Derecho interno con el Derecho de la Unión Europea [véanse las Sentencias de 17 de diciembre de 1970, asunto Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, Rec. p. 1125, apartado 3; y de 16 de diciembre de 2008, asunto Michaniki (C-213/07, Rec. p. I-9999, apartados 5 y 51)]'( STC 145/2012, de 2 de julio, FJ 5).



CUARTO.- EL Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP, sobre trabajo de duración determinada, incluido como anexo en la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio, y, más concretamente sus cláusulas 1, 2, 3 y 4, disponen.

'Objeto (cláusula 1).

El objeto del presente Acuerdo marco es: a) mejorar la calidad del trabajo de duración determinada garantizando el respeto al principio de no discriminación; b) establecer un marco para evitar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada.

'Ámbito de aplicación (cláusula 2).

1. El presente Acuerdo se aplica a los trabajadores con un trabajo de duración determinada cuyo contrato o relación laboral esté definido por la legislación, los convenios colectivos o las prácticas vigentes en cada Estado miembro.

2. Los Estados miembros, previa consulta con los interlocutores sociales, y/o los interlocutores sociales, podrán prever que el presente Acuerdo no se aplique a: a) las relaciones de formación profesional inicial y de aprendizaje; b) los contratos o las relaciones de trabajo concluidas en el marco de un programa específico de formación, inserción y reconversión profesionales, de naturaleza pública o sostenido por los poderes públicos. ' 'Definiciones (cláusula 3).

A efectos del presente Acuerdo, se entenderá por: 1. 'trabajador con contrato de duración determinada': el trabajador con un contrato de trabajo o una relación laboral concertados directamente entre un empresario y un trabajador, en los que el final del contrato de trabajo o de la relación laboral viene determinado por condiciones objetivas tales como una fecha concreta, la realización de una obra o servicio determinado o la producción de un hecho o acontecimiento determinado; 2. 'trabajador con contrato de duración indefinida comparable': un trabajador con un contrato o relación laboral de duración indefinida, en el mismo centro de trabajo, que realice un trabajo u ocupación idéntico o similar, teniendo en cuenta su cualificación y las tareas que desempeña.

En caso de que no exista ningún trabajador fijo comparable en el mismo centro de trabajo, la comparación se efectuará haciendo referencia al convenio colectivo aplicable o, en caso de no existir ningún convenio colectivo aplicable, y de conformidad con la legislación, a los convenios colectivos o prácticas nacionales. ' 'Principio de no discriminación (cláusula 4).

1. Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas.

2. Cuando resulte adecuado, se aplicará el principio de prorrata temporis.

3. Las disposiciones para la aplicación de la presente cláusula las definirán los Estados miembros, previa consulta con los interlocutores sociales, y/o los interlocutores sociales, según la legislación comunitaria y de la legislación, los convenios colectivos y las prácticas nacionales.

4. Los criterios de antigüedad relativos a determinadas condiciones de trabajo serán los mismos para los trabajadores con contrato de duración determinada que para los trabajadores fijos, salvo que criterios de antigüedad diferentes vengan justificados por razones objetivas'.



QUINTO.- El Tribunal Supremo en su sentencia de 30 de junio de 2014, recurso de casación 1846/2013, declaro no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Comunidad Autónoma de Castilla y León, contra la sentencia que anuló la disposición adicional segunda del Decreto Autonómico 43/2009, que excluía a los estatutarios sanitarios interinos de larga duración de percibir el complemento de carrera profesional, razonando en su fundamento de derecho séptimo: 'En efecto, la de 18 de febrero de 2013 (casación 4842/2011) recogió y siguió los criterios sentados antes por las sentencias de 18 de febrero y 29 de febrero ( casación 1707 y 3744/2009 ) y 21 de marzo (casación 3298/2009), siempre de 2012 , en forma coincidente con la de 23 de mayo de 2011 (casación 4881/2008 ). Y de ellas resulta, tal como dice la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la legalidad de vincular el desarrollo de la carrera profesional al personal estatutario fijo.' En relación con los complementos retributivos por formación permanente el propio Tribunal de Justicia, en Auto de 9 de febrero de 2012, declaró 'que la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que reserva, sin ninguna justificación por razones objetivas, el derecho a percibir el complemento retributivo por formación permanente únicamente a los profesores funcionarios de carrera, excluyendo a los profesores funcionarios interinos, cuando, en relación con la percepción de dicho complemento, ambas categorías de trabajadores se hallan en situaciones comparables.'

QUINTO.-En definitiva, el desempeño con carácter interino, de un puesto en igualdad de condiciones con un funcionario de carrera, comporta que la exclusión de la percepción del complemento retributivo que nos ocupa sea, efectivamente, discriminatoria, puesto que el mismo responde a condiciones objetivas de trabajo y no a derechos estatutarios propios de la condición de funcionario de carrera; por tanto, resulta de aplicación directa y prevalente sobre el derecho interno la cláusula cuarta de la Directiva 1999/70; sin embargo, debe circunscribirse el alcance del fallo exclusivamente a la percepción del complemento retributivo de la carrera profesional una vez constatado por la administración las permanencias previstas reglamentariamente.

En consecuencia, y en coherencia con el criterio que se acaba de exponer procede la estimación parcial del recurso de apelación.



SEXTO.- Al amparo de lo dispuesto en elart. 139 de la Ley 29/1998 Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, no se advierte razón para apartarse de la regla general y procede no imponer las costas causadas en la apelación.

Vistos los preceptos citados, y demás de general y pertinente aplicación

Fallo

1º Estimar en parte el recurso de apelación interpuesto por CONSELLERÍA DE SANIDAD, representada y defendida por la Abogacía General de la Generalitat Valenciana, contra la Sentencia n.º 435/2015, de 17/diciembre, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Alicante dictada en el Procedimiento Abreviado 465/2015, sentencia que se revoca en el solo sentido siguiente: Estimar en lo sustancial el recurso contencioso-administrativo interpuesto por los recurrentes frente a las resoluciones recurridas y reconocer como situación jurídica individualizada su derecho a percibir el complemento retributivo de carrera profesional en la cuantía que pudiera corresponderleuna vez constatadas por la Administración las permanencias previstas reglamentariamente.

2º No imponer las costas causadas.

Esta Sentencia no es firme y contra ella cabe, conforme a lo establecido en los artículos 86 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, recurso de casación ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo. Dicho recurso deberá prepararse ante esta Sección en el plazo de treinta días a contar desde el siguiente al de su notificación, debiendo tenerse en cuenta respecto del escrito de preparación de los que se planteen ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo los criterios orientadores previstos en el Apartado III del Acuerdo de 20 de abril de 2016 de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al Recurso de Casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo (BOE número 162 de 6 de julio de 2016).

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación a los autos, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido leída y publicada en el día de su fecha por la Ilma.

Sra. Magistrada Ponente de la misma, estando constituido el Tribunal en audiencia pública, de lo que, como Secretaria de éste, doy fe.