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Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 480/2019, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 5, Rec 36/2017 de 13 de Junio de 2019
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Legislación
Orden: Administrativo
Fecha: 13 de Junio de 2019
Tribunal: TSJ Cataluña
Ponente: BONET FRIGOLA, JAVIER
Nº de sentencia: 480/2019
Núm. Cendoj: 08019330052019100565
Núm. Ecli: ES:TSJCAT:2019:7638
Núm. Roj: STSJ CAT 7638/2019
Encabezamiento
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Recurso ordinario nº 36/2017
SENTENCIA Nº 480/2019
Ilmos. Sres.:
Presidente
DON JAVIER AGUAYO MEGÍA
Magistrados
DON FRANCISCO JOSÉ SOSPEDRA NAVAS
DON JORDI PALOMER BOU
DON JAVIER BONET FRIGOLA
En Barcelona, a 13 de junio de 2019.
LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE CATALUÑA (SECCIÓN QUINTA) ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso contencioso-
administrativo nº 36/2017, interpuesto por ALTODO CATALUÑA, ASOCIACIÓN DE LETRADOS POR UN
TURNO DE OFICIO DIGNO EN CATALUÑA, representada por la procuradora Dª. M. Isabel Santamaría
Fernández y defendida por la letrada Dª. Vanessa González Fornas, contra el DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA,
representada y dirigida por el Letrado de la Generalita y contra los IL·LUSTRES COL.LEGIS D'ADVOCATS
DE CATALUNYA, representados por la procuradora Dª. Berta Jorba Pàmies y dirigidos por el letrado D. Albert
Conesa Bausà.
Ha sido Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. JAVIER BONET FRIGOLA, quien expresa el parecer de
la Sala.
Antecedentes
PRIMERO.- Por Dª. MARÍA ISABEL SANTAMARÍA FERNÁNDEZ, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de ALTODO CATALUÑA, ASOCIACIÓN DE LETRADOS POR UN TURNO DE OFICIO DIGNO EN CATALUÑA, se interpuso contencioso administrativo contra el 'ACORD DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE JUSTICIA I EL CONSELL DELS IL·LUSTRES COL.LEGIS D'ADVOCATS DE CATALUNYA PER A L'ESTABLIMENT DEL MARC D'ACTUACIÓ EN MATÈRIA DE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA GRATUÏTA DURANT L'ANY 2017'.
SEGUNDO.- Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación; en cuyos escritos respectivos en virtud de los hechos y fundamentos de derechos que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de los actos objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos.
TERCERO.- Se abrió la prueba mediante Auto y, verificada la misma según obra en autos, se continuó el proceso por el trámite de conclusiones sucintas que evacuaron las partes y, finamente se señaló día y hora para votación y fallo que tuvo lugar el 2-5-2019.
Fundamentos
PRIMERO.- Por Dª. MARÍA ISABEL SANTAMARÍA FERNÁNDEZ, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de ALTODO CATALUÑA, ASOCIACIÓN DE LETRADOS POR UN TURNO DE OFICIO DIGNO EN CATALUÑA, se interpuso contencioso administrativo contra el 'ACORD DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE JUSTICIA I EL CONSELL DELS IL.LUSTRES COL.LEGIS D'ADVOCATS DE CATALUNYA PER A L'ESTABLIMENT DEL MARC D'ACTUACIÓ EN MATÈRIA DE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA GRATUÏTA DURANT L'ANY 2017'.
SEGUNDO.- La parte actora en la demanda presentada tras lamentarse de la tramitación habida en Acuerdos precedentes al que es objeto del presente procedimiento, afirma que debe ser considerado nulo de pleno derecho por los siguientes motivos: a) El DEPARTAMENT DE JUSTICIA DE LA GENERALITAT ha invadido competencias que correponden exclusivamente a los Colegios de Abogados, tales como decidir cuantos Abogados debe haber de guardia, cuando únicamente debería haberse ceñido a fijar la cuantía de las retribuciones. Asimismo se ha vaariado el horario del inicio de la guardia que ya no será a las 7h de la mañana sinó a las 0:00, por tanto en horario nocturno, con grave perjuicio para muchos colegiados, y sin que se retribuya ni el horario nocturno ni las guardias en determinadas festividades.
b) A la reunión donde se negociaron los módulos no compareció ningún representante electo del ICAB, ni el Presidente del CICAB, acudiendo a la misma una empleada del ICAB.
c) Afirman que en el Acuerdo alcanzado se prevé una discriminación lingüística retributiva al pactarse una retribución expresa por hacer escritos en lengua catalana de 14€ por asunto, lo que consideran contrario al artículo 14 CE.
d) Considera contrario a derecho la inclusión en los módulos de unos criterios para la interpretación de los mismos al considerar que tal competencia no corresponde al DEPARTAMENT DE JUSTICIA.
e) Afirma que el recorte de módulos retributivos son nulos de pleno derecho, pues la partida presupuestaria de 2012 fue recortada sin tener en cuenta otras partidas presupuestarias.
f) Recuerda que el CICAC emitió un informe desfavorable sobre sobre los módulos aprobados, lo que conllevaría que sean nulos de pleno derecho al carecer el DEPARTAMENT DE JUSTICIA de competencia para imponerlos de forma unilateral, y además la Ley 1/1996 dispone que las actuaciones del turno de oficio se retribuirán en base a los Presupuestos del Estado, por lo que dicho DEPARTAMENT no tendría competencia para decidir que actuaciones paga y cuales no.
g) Consideran que no pueden tener efectos retroactivos por impedirlo el artículo 9.3 CE y 2.3 del CoC.
h) Finalmente afirma que todo lo anterior, desde los recortes que no debieron producirse ha generado un derecho a una indemnización por daños y perjuicios, por demora en los pagos y por la reducción en los módulos.
La ADVOCADA DE LA GENERALITAT, considera falta de legitimación a la actora para reclamar una indemnización por daños y perjuicios causados a los Abogados del turno de oficio. Destaca la desviación procesal en que incurre al exceder del marco que impone el Acuerdo del año 2017. Recuerda que el objeto del recurso es un Acuerdo entre la Generalitat y el CICAC, que además no ha provocado una reducción en las retribuciones del turno de oficio, y que el CICAC emitió informe favorable al mismo. Defiende la competencia del Departament de Justicia para adoptar el Acuerdo. Niega cualquier tipo de indefensión en la adopción del Acuerdo. Recuerda que las actuaciones del turno de oficio son ajenas al presente pleito, y niega cualquier vulneración de la Resolución 151 IX del Parlament de Catalunya, o de los principios presupuestarios. Niega también que exista una discriminación lingüística retributiva, que precise una publicación en el DOGC y que restrinja retroactivamente derechos individuales.
TERCERO.- Esta misma Sala y Sección, ha tenido ocasión de examinar y pronunciarse en relación a Acuerdos como el que nos ocupa con motivo de recursos planteados por la recurrente en sus Sentencias de 6-3-2014, 30-1-2015, 9-3-2015, 30-6-2016, o 19-10-2018, a cuya doctrina nos remitiremos necesariamente en función de los motivos alegados por la recurrente.
Sin embargo, examinando con carácter previo los dos primeros motivos de oposición esgrimidos por la ADVOCADA DE LA GENERALITAT, convenimos que, efectivamente, la parte actora carecería de legitimación para reclamar en nombre de todos y cada uno de los colegiados en Cataluña el cobro de una indemnización por daños y perjuicios que ni cuantifica ni identifica. En efecto, el artículo 19 LJCA establece en sus dos primeros apartados que están legitimados ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo: a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo, y b) Las corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos y entidades a que se refiere el artículo 18 que resulten afectados o estén legalmente habilitados para la defensa de los derechos o intereses legítimos colectivos.
En el artículo 2 de los Estatutos de la Asociación, vemos como se detallan sus fines diciendo que son 'la reivindicación del actual sistema de turno de oficio, como el mejor de los sistemas y en consecuencia reivindicar su mantenimiento, la reivindicación de unas condiciones dignas de prestación del servicio de turno de oficio, así como la reivindicación de la participacion democrática, en todos los colegios de abogados de Cataluña y en el CICAC, de sus colegiados'. Pues bien, en ningún apartado encaja la reclamación de un hipotético derecho individual de todos los colegiados que prestan el turno de oficio, o incluso de los Colegios de Abogados de Cataluña, como Corporaciones, bien por lucro cesante, bien por daño emergente en forma de perjuicios, con lo que tal pretensión con la que concluye su demanda debe rechazarse.
En segundo lugar, asiste igualmente la razón a la ADVOCADA DE LA GENERALITAT, cuando afirma que la actora incurre en desviación procesal al traer al presente procedimiento, cuyo objeto es el Acuerdo firmado entre el Departament de Justicia y el CICAC para el establecimiento del marco de actuación en materia de prestación de asistencia jurídica gratuita durante el año 2015, la crítica y valoración de los recortes habidos en años precedentes que han llevado a limitar o rectificar a la baja los módulos correspondientes a años anteriores desde el 2005, algunos de los cuales, por cierto, ya han sido examinados por este mismo Tribunal, con resultado negativo para las pretensiones de la recurrente.
CUARTO.- En relación a que el DEPARTAMENT DE JUSTICIA DE LA GENERALITAT ha invadido competencias que correponden exclusivamente a los Colegios de Abogados, tales como decidir cuantos Abogados debe haber de guardia, o que ha vaariado el horario del inicio de la guardia que ya no será a las 7h de la mañana sinó a las 0:00, por tanto en horario nocturno, con grave perjuicio para muchos colegiados, y sin que se retribuya ni el horario nocturno ni las guardias en determinadas festividades. Recordar que el Acuerdo impugnado establece las anteriores previsiones, sino que las mismas son competencia de los Colegios de Abogados, tal y como dispone el artículo 14 del Decret 252/1996, de 5 de julio, según el cual: 'Les juntes de govern dels col·legis d'advocats regularan i organitzaran els serveis d'assistència lletrada al detingut o pres i de defensa gratuïta d'acord amb els principis d'eficiència, de màxima dedicació professional dels seus integrants, de distribució objectiva i equitativa dels diferents torns i, quan el cens d'advocats ho permeti, d'especialització per ordres jurisdiccionals.' El Acuerdo impugnado se limita a determinar las retribuciones por asistencia pero ni organiza los turnos de guardia, ni establece el horario de los mismos como expone la recurrente.
Por otra parte, y en cuanto a la representación del CICAC ante el DEPARTAMENT DE JUSTICIA, constatamos con el examen de los folios 1 y ss del expediente administrativo, que a la reunión del 26-10-2016, asistieron en representación del CICAC los Sres Isaac , Ismael , Joaquín y la Sra Esperanza , y no únicamente esta última, como se expone en la demanda. Por otra parte, se desprende de los folios 49 y ss del expediente administrativo que el CICAC informó FAVORABLEMENTE el 14-11-2016, la propuesta de Acuerdo de colaboración por el que se establecían los módulos de compensación económica por las actuaciones profesionales de los abogados en materia de asistencia jurídica gratuita para el año 2017, y que la propuesta (folio 3 del expediente), suponía un aumento lineal del 1'30% de los módulos de compensación de las actuaciones profesionales.
QUINTO.- En cuanto al argumento utilizado para impugnar la pretendida discriminación lingüística retributiva contenida en el Acuerdo al pactarse una retribución expresa por hacer escritos en lengua catalana de 14€ por asunto, lo que consideran contrario al artículo 14 CE, resulta en si misma contradictoria, pues afirma que el justiciable tiene derecho a elegir la lengua en la que desea ser asistido, y se afirma que se está discriminando a los abogados por 'usar una lengua sin atender a la voluntad del justiciable' y sigue diciendo que 'lo cierto es que discrimina a quienes utilizan la lengua oficial de España, el castellano que no están en disposición de elegir ya que la lengua en que se hacen los escritos únicamente puede obedecer al justiciable'.
El motivo en los términos planteados tampoco puede ser atendido por dos motivos. En primer lugar por cuanto es evidente que se trata de una medida de fomento del uso de la lengua catalana en un ámbito profesional, lo que aparece amparado en el artículo 37 de la ley catalana 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística. Y las medidas de fomento del uso de la lengua catalana en diferentes ámbitos ha sido considerado constitucional por el Tribunal Constitucional siempre y cuando con las mismas no se impida o se vulnere el derecho que cualquier ciudadano tiene en Cataluña a utilizar asimismo el castellano, lengua oficial del Estado.
En este sentido la STC 7/2018, en el ámbito que afecta a consumidores y usuarios, o la STC 88/2017, en la que podemos leer que 'las medidas de fomento y protección de las lenguas cooficiales, no pueden llevarse al extremo de impedir o vulnerar un derecho elemental como el que los ciudadanos tienen de expresarse en la lengua de su preferencia'.
Y en segundo lugar, por cuanto lo que la Carta de Derechos del Ciudadano ante la Administración de Justicia a que alude la demanda, lo que prevé es el sistema de relación del ciudadano no con su Abogado, sino con la Administración de Justicia, lo que es ajeno a la relación profesional que entre el Abogado y su cliente se pueda establecer.
Por ello, el motivo de impugnación debe ser rechazado.
SEXTO.- La alegación respecto de que la inclusión en los módulos de unos criterios para la interpretación de los mismos es contraria a Derecho al considerar que tal competencia no corresponde al DEPARTAMENT DE JUSTICIA, olvida que los módulos, y en definitiva, la totalidad del Acuerdo, no ha sido impuesto unilateralmente por el DEPARTAMENT DE JUSTICIA, sino que ha sido pactado con el CICAC, y su redacción final ha contado con el informe favorable del mismo.
SEPTIMO.- Retomando la cuestión relativa a la competencia del Departament de Justicia para fijar los módulos, audiencia de los interesados, publicación del Acuerdo, y vulneración de la Resolución del Parlament de Catalunya 151 IX, nos remitimos a nuestra Sentencia de 19-10-2018, que incluso con cita de anteriores da cumplida respuesta a todas las dudas de legalidad planteadas por la recurrente en los siguientes términos: 'Doncs bé, pel que fa a la competència del Departament de Justícia, l'article 37 de la Llei 1/96 d'assistència jurídica gratuïta preveu la subvenció corresponent a la implantació i prestació dels serveis d'assistència jurídica gratuïta, una responsabilitat que s'atribueix a les Administracions públiques competents amb càrrec a llurs pressupostos. En el cas de Catalunya la competència correspon a la Generalitat d'acord amb allò que disposa l'article 106 de l'Estatut d'Autonomia - Llei orgànica 6/06-, sense perjudici que el Ministeri de Justícia mantingui la responsabilitat financera final, havent-se efectuat el traspàs de funcions ja des del Reial Decret 966/90.
En el marc d'aquesta competència la Generalitat va regular l'assistència jurídica gratuïta mitjançat el Decret 252/1996. Disposa l'article 28 d'aquesta norma que els mòduls de compensació els estableix el Departament de Justícia amb informe previ dels Consells de Col legis d'Advocats i de Procuradors de Catalunya i del Departament d'Economia i Finances, sempre en el marc de l'import global de las dotacions pressupostàries.
D'aquest plantejament es dedueix, en primer lloc, la plena competència del Departament de Justícia per fixar els mòduls. En segon lloc, que en el cas que ens ocupa s'ha respectat el procediment atès que consten els informes previs del CICAC i del Departament d'Economia i Finances. Cal afegir que no resulta exigible l'informe del Ministeri d'Economia i Hisenda que l'actora troba a faltar.
Val a dir així mateix que no s'aprecia que l'acord impugnat interfereixi l'organització del servei d'assistència jurídica gratuïta, organització que correspon efectivament als Col legis en els termes de l' article 14 del Decret 252/96 . En aquest sentit, l'acord es limita a establir uns estàndards de qualitat en la prestació del servei, estàndards que afecten la configuració general del servei objecte de finançament i que son plenament compatibles amb la competència del Departament de Justícia i alhora amb la competència organitzativa dels Col legis.
Cal desestimar així mateix les al legacions referides a la manca de publicació de l'acord i la manca d'audiència dels interessats. En el primer cas, la manca de publicació no ha comportat indefensió de l'actora, que va poder conèixer plenament la seva existència i contingut i va poder impugnar-los.
Pel que fa a la manca d'audiència dels interessats, certament la participació dels interessats en el procediment i l'audiència prèvia a la resolució son garanties essencials dels afectats en el procediment administratiu d'acord amb les previsions dels articles 34 , 35 , 79 i 84 de la Llei 30/92 . Tanmateix, en aquest cas els col legiats participen d'acord amb el sistema de representació legalment establert; això és, mitjançant llurs respectius Col legis professionals i el Consell de Col legis en els termes de l' article 59 de la Llei 7/06 , de l'exercici de les professions titulades i els col legis professionals.
Cal precisar que la posició del col legiat front el Col legi professional no és la d'un ciutadà en el marc d'una relació de subjecció general sinó que estem davant una relació de subjecció especial. L' article 36 de la Llei 7/06 atribueix als Col legis la funció d'ordenar els interessos professionals dels col legiats. A aquests efectes, l'article 39 els reconeix la funció de col laborar amb l'Administració pública mitjançant la participació en òrgans administratius quan així es prevegi legalment i emetre els informes que els siguin requerits per òrgans o autoritats administratius i judicials i també la funció d'informar sobre els projectes de disposicions generals que afectin l'exercici de la professió o la institució col legial.
En aquest context la participació dels col legiats en els actes externs del Col legi es canalitza mitjançant la participació democràtica en la presa de decisions i en el control dels òrgans directius - article 45 de la Llei 7/06 -.
Cal desestimar també les al legacions referides a la normativa pressupostària. En efecte, la prorroga del pressupost no afecta l'ordenació de les despeses, només imposa un límit a la seva quantia global. En la nostra sentència de 6 de març de 2014 -recurs núm. 358/11 - varem descartar aquesta mateixa al legació formulada per l'actora en els següents termes que ara reiterem: ' l'actora confon el règim jurídic pressupostari amb el règim aplicable a l'establiment i reconeixement d'obligacions específiques. El pressupost no és més que una mera previsió d'ingressos i despeses; previsió que, en allò que es refereix a les despeses, opera com a límit màxim. L'article 27 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (Decret legislatiu núm.
3/02) és expressiu en aquest sentit: '1. El pressupost de la Generalitat de Catalunya constitueix l'expressió quantificada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, podran reconèixer la Generalitat i les entitats autònomes, i dels drets que podran liquidar-se durant l'exercici corresponent '. Una previsió pressupostària no comporta, en conseqüència, el reconeixement d'un deute ni genera per si sol alguna mena de dret a tercers, al menys en allò que es refereix a partides genèriques. Les despeses han de ser reconegudes o establertes per l'administració a partir d'un règim jurídic estricte, en relació al qual el límit pressupostari no és mes que una condició de validesa. En aquest sentit, l'article 23 de la Llei esmentada disposa el següent: ' 1 Les obligacions econòmiques de la Generalitat i de les entitats autònomes neixen de la Llei, dels negocis jurídics i dels actes i fets que, segons el dret, els generin. 2. El pagament de les obligacions econòmiques de la Generalitat solament es exigible si resulten de l'execució del pressupost, de sentència o resolució judicial fermes o d'operacions de tresoreria.
En definitiva, la previsió pressupostària només podria afectar els drets dels lletrats del torn d'ofici en la mida que la seva previsió sigui menor a la suma de les despeses presumibles per aquest concepte durant l'exercici globalment considerades, això és, comptant alhora la retribució per assistència i el nombre d'assistències. Però és que resulta que si la partida és ampliable, tampoc es produeix aquesta afectació negativa doncs si les despeses es desborden durant l'exercici és possible fer-hi front igualment.
Pel demés, cap incidència te en aquest cas la legislació d'estabilitat pressupostària, que es refereix a un imperatiu d'equilibri general entre els ingressos i les despeses de les Administracions públiques, essent així que l'actora no ha posat de manifest un desequilibri d'aquesta mena. Al contrari, la reducció d'una partida pressupostària més aviat apunta en sentit contrari.
En definitiva, no afecta al cas que el límit pressupostari fos un o un altre doncs aquesta no es una dada determinant en la fixació dels mòduls, al menys no ho és en el sentit que pretén l'associació recurrent, això és, com un obstacle per a la seva disminució .' També vàrem descartar a la sentència esmentada l'al legació referida a la vulneració de la Resolució de Parlament 151 IX en els següents termes: 'Per aquesta mateixa raó cal descartar l'al legació referida a l'incompliment de la resolució 151/IX del Parlament de Catalunya, en el ben entès que aquest tipus de resolucions tenen la seva repercussió en l'àmbit polític i no tant en el jurídic. D'altra banda, va ser el mateix Parlament el que va determinar finalment l'import de la partida pressupostària que ens ocupa en aprovar el pressupost de la Generalitat de Catalunya mitjançant Llei 6/2011.' Y en cuanto a los efectos retroactivos que la demanda atribuye a los módulos aprobados, se trata sin duda de un error de apreciación, pues el Acuerdo segundo de los mismos, prevé con claridad que los módulos aprobados lo son para las actuaciones profesionales que se lleven a cabo en el año 2017, y que se aplicarán con efectos del 1 de enero de 2017.
OCTAVO.-En cuanto a las costas, el artículo 139 LJCA establece que en primera o única instancia el órgano jurisdiccional al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho, lo que no concurre en el caso que nos ocupa.
Por su parte, en uso de la facultad que prevé el artículo 199.4 LJCA, se considera procedente limitar en este caso las costas al importe máximo de 2.000€, por todos los conceptos.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Fallo
HECHOSPRIMERO.- Por Dª. MARÍA ISABEL SANTAMARÍA FERNÁNDEZ, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de ALTODO CATALUÑA, ASOCIACIÓN DE LETRADOS POR UN TURNO DE OFICIO DIGNO EN CATALUÑA, se interpuso contencioso administrativo contra el 'ACORD DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE JUSTICIA I EL CONSELL DELS IL·LUSTRES COL.LEGIS D'ADVOCATS DE CATALUNYA PER A L'ESTABLIMENT DEL MARC D'ACTUACIÓ EN MATÈRIA DE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA GRATUÏTA DURANT L'ANY 2017'.
SEGUNDO.- Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación; en cuyos escritos respectivos en virtud de los hechos y fundamentos de derechos que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de los actos objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos.
TERCERO.- Se abrió la prueba mediante Auto y, verificada la misma según obra en autos, se continuó el proceso por el trámite de conclusiones sucintas que evacuaron las partes y, finamente se señaló día y hora para votación y fallo que tuvo lugar el 2-5-2019.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Por Dª. MARÍA ISABEL SANTAMARÍA FERNÁNDEZ, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de ALTODO CATALUÑA, ASOCIACIÓN DE LETRADOS POR UN TURNO DE OFICIO DIGNO EN CATALUÑA, se interpuso contencioso administrativo contra el 'ACORD DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE JUSTICIA I EL CONSELL DELS IL.LUSTRES COL.LEGIS D'ADVOCATS DE CATALUNYA PER A L'ESTABLIMENT DEL MARC D'ACTUACIÓ EN MATÈRIA DE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA GRATUÏTA DURANT L'ANY 2017'.
SEGUNDO.- La parte actora en la demanda presentada tras lamentarse de la tramitación habida en Acuerdos precedentes al que es objeto del presente procedimiento, afirma que debe ser considerado nulo de pleno derecho por los siguientes motivos: a) El DEPARTAMENT DE JUSTICIA DE LA GENERALITAT ha invadido competencias que correponden exclusivamente a los Colegios de Abogados, tales como decidir cuantos Abogados debe haber de guardia, cuando únicamente debería haberse ceñido a fijar la cuantía de las retribuciones. Asimismo se ha vaariado el horario del inicio de la guardia que ya no será a las 7h de la mañana sinó a las 0:00, por tanto en horario nocturno, con grave perjuicio para muchos colegiados, y sin que se retribuya ni el horario nocturno ni las guardias en determinadas festividades.
b) A la reunión donde se negociaron los módulos no compareció ningún representante electo del ICAB, ni el Presidente del CICAB, acudiendo a la misma una empleada del ICAB.
c) Afirman que en el Acuerdo alcanzado se prevé una discriminación lingüística retributiva al pactarse una retribución expresa por hacer escritos en lengua catalana de 14€ por asunto, lo que consideran contrario al artículo 14 CE.
d) Considera contrario a derecho la inclusión en los módulos de unos criterios para la interpretación de los mismos al considerar que tal competencia no corresponde al DEPARTAMENT DE JUSTICIA.
e) Afirma que el recorte de módulos retributivos son nulos de pleno derecho, pues la partida presupuestaria de 2012 fue recortada sin tener en cuenta otras partidas presupuestarias.
f) Recuerda que el CICAC emitió un informe desfavorable sobre sobre los módulos aprobados, lo que conllevaría que sean nulos de pleno derecho al carecer el DEPARTAMENT DE JUSTICIA de competencia para imponerlos de forma unilateral, y además la Ley 1/1996 dispone que las actuaciones del turno de oficio se retribuirán en base a los Presupuestos del Estado, por lo que dicho DEPARTAMENT no tendría competencia para decidir que actuaciones paga y cuales no.
g) Consideran que no pueden tener efectos retroactivos por impedirlo el artículo 9.3 CE y 2.3 del CoC.
h) Finalmente afirma que todo lo anterior, desde los recortes que no debieron producirse ha generado un derecho a una indemnización por daños y perjuicios, por demora en los pagos y por la reducción en los módulos.
La ADVOCADA DE LA GENERALITAT, considera falta de legitimación a la actora para reclamar una indemnización por daños y perjuicios causados a los Abogados del turno de oficio. Destaca la desviación procesal en que incurre al exceder del marco que impone el Acuerdo del año 2017. Recuerda que el objeto del recurso es un Acuerdo entre la Generalitat y el CICAC, que además no ha provocado una reducción en las retribuciones del turno de oficio, y que el CICAC emitió informe favorable al mismo. Defiende la competencia del Departament de Justicia para adoptar el Acuerdo. Niega cualquier tipo de indefensión en la adopción del Acuerdo. Recuerda que las actuaciones del turno de oficio son ajenas al presente pleito, y niega cualquier vulneración de la Resolución 151 IX del Parlament de Catalunya, o de los principios presupuestarios. Niega también que exista una discriminación lingüística retributiva, que precise una publicación en el DOGC y que restrinja retroactivamente derechos individuales.
TERCERO.- Esta misma Sala y Sección, ha tenido ocasión de examinar y pronunciarse en relación a Acuerdos como el que nos ocupa con motivo de recursos planteados por la recurrente en sus Sentencias de 6-3-2014, 30-1-2015, 9-3-2015, 30-6-2016, o 19-10-2018, a cuya doctrina nos remitiremos necesariamente en función de los motivos alegados por la recurrente.
Sin embargo, examinando con carácter previo los dos primeros motivos de oposición esgrimidos por la ADVOCADA DE LA GENERALITAT, convenimos que, efectivamente, la parte actora carecería de legitimación para reclamar en nombre de todos y cada uno de los colegiados en Cataluña el cobro de una indemnización por daños y perjuicios que ni cuantifica ni identifica. En efecto, el artículo 19 LJCA establece en sus dos primeros apartados que están legitimados ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo: a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo, y b) Las corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos y entidades a que se refiere el artículo 18 que resulten afectados o estén legalmente habilitados para la defensa de los derechos o intereses legítimos colectivos.
En el artículo 2 de los Estatutos de la Asociación, vemos como se detallan sus fines diciendo que son 'la reivindicación del actual sistema de turno de oficio, como el mejor de los sistemas y en consecuencia reivindicar su mantenimiento, la reivindicación de unas condiciones dignas de prestación del servicio de turno de oficio, así como la reivindicación de la participacion democrática, en todos los colegios de abogados de Cataluña y en el CICAC, de sus colegiados'. Pues bien, en ningún apartado encaja la reclamación de un hipotético derecho individual de todos los colegiados que prestan el turno de oficio, o incluso de los Colegios de Abogados de Cataluña, como Corporaciones, bien por lucro cesante, bien por daño emergente en forma de perjuicios, con lo que tal pretensión con la que concluye su demanda debe rechazarse.
En segundo lugar, asiste igualmente la razón a la ADVOCADA DE LA GENERALITAT, cuando afirma que la actora incurre en desviación procesal al traer al presente procedimiento, cuyo objeto es el Acuerdo firmado entre el Departament de Justicia y el CICAC para el establecimiento del marco de actuación en materia de prestación de asistencia jurídica gratuita durante el año 2015, la crítica y valoración de los recortes habidos en años precedentes que han llevado a limitar o rectificar a la baja los módulos correspondientes a años anteriores desde el 2005, algunos de los cuales, por cierto, ya han sido examinados por este mismo Tribunal, con resultado negativo para las pretensiones de la recurrente.
CUARTO.- En relación a que el DEPARTAMENT DE JUSTICIA DE LA GENERALITAT ha invadido competencias que correponden exclusivamente a los Colegios de Abogados, tales como decidir cuantos Abogados debe haber de guardia, o que ha vaariado el horario del inicio de la guardia que ya no será a las 7h de la mañana sinó a las 0:00, por tanto en horario nocturno, con grave perjuicio para muchos colegiados, y sin que se retribuya ni el horario nocturno ni las guardias en determinadas festividades. Recordar que el Acuerdo impugnado establece las anteriores previsiones, sino que las mismas son competencia de los Colegios de Abogados, tal y como dispone el artículo 14 del Decret 252/1996, de 5 de julio, según el cual: 'Les juntes de govern dels col·legis d'advocats regularan i organitzaran els serveis d'assistència lletrada al detingut o pres i de defensa gratuïta d'acord amb els principis d'eficiència, de màxima dedicació professional dels seus integrants, de distribució objectiva i equitativa dels diferents torns i, quan el cens d'advocats ho permeti, d'especialització per ordres jurisdiccionals.' El Acuerdo impugnado se limita a determinar las retribuciones por asistencia pero ni organiza los turnos de guardia, ni establece el horario de los mismos como expone la recurrente.
Por otra parte, y en cuanto a la representación del CICAC ante el DEPARTAMENT DE JUSTICIA, constatamos con el examen de los folios 1 y ss del expediente administrativo, que a la reunión del 26-10-2016, asistieron en representación del CICAC los Sres Isaac , Ismael , Joaquín y la Sra Esperanza , y no únicamente esta última, como se expone en la demanda. Por otra parte, se desprende de los folios 49 y ss del expediente administrativo que el CICAC informó FAVORABLEMENTE el 14-11-2016, la propuesta de Acuerdo de colaboración por el que se establecían los módulos de compensación económica por las actuaciones profesionales de los abogados en materia de asistencia jurídica gratuita para el año 2017, y que la propuesta (folio 3 del expediente), suponía un aumento lineal del 1'30% de los módulos de compensación de las actuaciones profesionales.
QUINTO.- En cuanto al argumento utilizado para impugnar la pretendida discriminación lingüística retributiva contenida en el Acuerdo al pactarse una retribución expresa por hacer escritos en lengua catalana de 14€ por asunto, lo que consideran contrario al artículo 14 CE, resulta en si misma contradictoria, pues afirma que el justiciable tiene derecho a elegir la lengua en la que desea ser asistido, y se afirma que se está discriminando a los abogados por 'usar una lengua sin atender a la voluntad del justiciable' y sigue diciendo que 'lo cierto es que discrimina a quienes utilizan la lengua oficial de España, el castellano que no están en disposición de elegir ya que la lengua en que se hacen los escritos únicamente puede obedecer al justiciable'.
El motivo en los términos planteados tampoco puede ser atendido por dos motivos. En primer lugar por cuanto es evidente que se trata de una medida de fomento del uso de la lengua catalana en un ámbito profesional, lo que aparece amparado en el artículo 37 de la ley catalana 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística. Y las medidas de fomento del uso de la lengua catalana en diferentes ámbitos ha sido considerado constitucional por el Tribunal Constitucional siempre y cuando con las mismas no se impida o se vulnere el derecho que cualquier ciudadano tiene en Cataluña a utilizar asimismo el castellano, lengua oficial del Estado.
En este sentido la STC 7/2018, en el ámbito que afecta a consumidores y usuarios, o la STC 88/2017, en la que podemos leer que 'las medidas de fomento y protección de las lenguas cooficiales, no pueden llevarse al extremo de impedir o vulnerar un derecho elemental como el que los ciudadanos tienen de expresarse en la lengua de su preferencia'.
Y en segundo lugar, por cuanto lo que la Carta de Derechos del Ciudadano ante la Administración de Justicia a que alude la demanda, lo que prevé es el sistema de relación del ciudadano no con su Abogado, sino con la Administración de Justicia, lo que es ajeno a la relación profesional que entre el Abogado y su cliente se pueda establecer.
Por ello, el motivo de impugnación debe ser rechazado.
SEXTO.- La alegación respecto de que la inclusión en los módulos de unos criterios para la interpretación de los mismos es contraria a Derecho al considerar que tal competencia no corresponde al DEPARTAMENT DE JUSTICIA, olvida que los módulos, y en definitiva, la totalidad del Acuerdo, no ha sido impuesto unilateralmente por el DEPARTAMENT DE JUSTICIA, sino que ha sido pactado con el CICAC, y su redacción final ha contado con el informe favorable del mismo.
SEPTIMO.- Retomando la cuestión relativa a la competencia del Departament de Justicia para fijar los módulos, audiencia de los interesados, publicación del Acuerdo, y vulneración de la Resolución del Parlament de Catalunya 151 IX, nos remitimos a nuestra Sentencia de 19-10-2018, que incluso con cita de anteriores da cumplida respuesta a todas las dudas de legalidad planteadas por la recurrente en los siguientes términos: 'Doncs bé, pel que fa a la competència del Departament de Justícia, l'article 37 de la Llei 1/96 d'assistència jurídica gratuïta preveu la subvenció corresponent a la implantació i prestació dels serveis d'assistència jurídica gratuïta, una responsabilitat que s'atribueix a les Administracions públiques competents amb càrrec a llurs pressupostos. En el cas de Catalunya la competència correspon a la Generalitat d'acord amb allò que disposa l'article 106 de l'Estatut d'Autonomia - Llei orgànica 6/06-, sense perjudici que el Ministeri de Justícia mantingui la responsabilitat financera final, havent-se efectuat el traspàs de funcions ja des del Reial Decret 966/90.
En el marc d'aquesta competència la Generalitat va regular l'assistència jurídica gratuïta mitjançat el Decret 252/1996. Disposa l'article 28 d'aquesta norma que els mòduls de compensació els estableix el Departament de Justícia amb informe previ dels Consells de Col legis d'Advocats i de Procuradors de Catalunya i del Departament d'Economia i Finances, sempre en el marc de l'import global de las dotacions pressupostàries.
D'aquest plantejament es dedueix, en primer lloc, la plena competència del Departament de Justícia per fixar els mòduls. En segon lloc, que en el cas que ens ocupa s'ha respectat el procediment atès que consten els informes previs del CICAC i del Departament d'Economia i Finances. Cal afegir que no resulta exigible l'informe del Ministeri d'Economia i Hisenda que l'actora troba a faltar.
Val a dir així mateix que no s'aprecia que l'acord impugnat interfereixi l'organització del servei d'assistència jurídica gratuïta, organització que correspon efectivament als Col legis en els termes de l' article 14 del Decret 252/96 . En aquest sentit, l'acord es limita a establir uns estàndards de qualitat en la prestació del servei, estàndards que afecten la configuració general del servei objecte de finançament i que son plenament compatibles amb la competència del Departament de Justícia i alhora amb la competència organitzativa dels Col legis.
Cal desestimar així mateix les al legacions referides a la manca de publicació de l'acord i la manca d'audiència dels interessats. En el primer cas, la manca de publicació no ha comportat indefensió de l'actora, que va poder conèixer plenament la seva existència i contingut i va poder impugnar-los.
Pel que fa a la manca d'audiència dels interessats, certament la participació dels interessats en el procediment i l'audiència prèvia a la resolució son garanties essencials dels afectats en el procediment administratiu d'acord amb les previsions dels articles 34 , 35 , 79 i 84 de la Llei 30/92 . Tanmateix, en aquest cas els col legiats participen d'acord amb el sistema de representació legalment establert; això és, mitjançant llurs respectius Col legis professionals i el Consell de Col legis en els termes de l' article 59 de la Llei 7/06 , de l'exercici de les professions titulades i els col legis professionals.
Cal precisar que la posició del col legiat front el Col legi professional no és la d'un ciutadà en el marc d'una relació de subjecció general sinó que estem davant una relació de subjecció especial. L' article 36 de la Llei 7/06 atribueix als Col legis la funció d'ordenar els interessos professionals dels col legiats. A aquests efectes, l'article 39 els reconeix la funció de col laborar amb l'Administració pública mitjançant la participació en òrgans administratius quan així es prevegi legalment i emetre els informes que els siguin requerits per òrgans o autoritats administratius i judicials i també la funció d'informar sobre els projectes de disposicions generals que afectin l'exercici de la professió o la institució col legial.
En aquest context la participació dels col legiats en els actes externs del Col legi es canalitza mitjançant la participació democràtica en la presa de decisions i en el control dels òrgans directius - article 45 de la Llei 7/06 -.
Cal desestimar també les al legacions referides a la normativa pressupostària. En efecte, la prorroga del pressupost no afecta l'ordenació de les despeses, només imposa un límit a la seva quantia global. En la nostra sentència de 6 de març de 2014 -recurs núm. 358/11 - varem descartar aquesta mateixa al legació formulada per l'actora en els següents termes que ara reiterem: ' l'actora confon el règim jurídic pressupostari amb el règim aplicable a l'establiment i reconeixement d'obligacions específiques. El pressupost no és més que una mera previsió d'ingressos i despeses; previsió que, en allò que es refereix a les despeses, opera com a límit màxim. L'article 27 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (Decret legislatiu núm.
3/02) és expressiu en aquest sentit: '1. El pressupost de la Generalitat de Catalunya constitueix l'expressió quantificada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, podran reconèixer la Generalitat i les entitats autònomes, i dels drets que podran liquidar-se durant l'exercici corresponent '. Una previsió pressupostària no comporta, en conseqüència, el reconeixement d'un deute ni genera per si sol alguna mena de dret a tercers, al menys en allò que es refereix a partides genèriques. Les despeses han de ser reconegudes o establertes per l'administració a partir d'un règim jurídic estricte, en relació al qual el límit pressupostari no és mes que una condició de validesa. En aquest sentit, l'article 23 de la Llei esmentada disposa el següent: ' 1 Les obligacions econòmiques de la Generalitat i de les entitats autònomes neixen de la Llei, dels negocis jurídics i dels actes i fets que, segons el dret, els generin. 2. El pagament de les obligacions econòmiques de la Generalitat solament es exigible si resulten de l'execució del pressupost, de sentència o resolució judicial fermes o d'operacions de tresoreria.
En definitiva, la previsió pressupostària només podria afectar els drets dels lletrats del torn d'ofici en la mida que la seva previsió sigui menor a la suma de les despeses presumibles per aquest concepte durant l'exercici globalment considerades, això és, comptant alhora la retribució per assistència i el nombre d'assistències. Però és que resulta que si la partida és ampliable, tampoc es produeix aquesta afectació negativa doncs si les despeses es desborden durant l'exercici és possible fer-hi front igualment.
Pel demés, cap incidència te en aquest cas la legislació d'estabilitat pressupostària, que es refereix a un imperatiu d'equilibri general entre els ingressos i les despeses de les Administracions públiques, essent així que l'actora no ha posat de manifest un desequilibri d'aquesta mena. Al contrari, la reducció d'una partida pressupostària més aviat apunta en sentit contrari.
En definitiva, no afecta al cas que el límit pressupostari fos un o un altre doncs aquesta no es una dada determinant en la fixació dels mòduls, al menys no ho és en el sentit que pretén l'associació recurrent, això és, com un obstacle per a la seva disminució .' També vàrem descartar a la sentència esmentada l'al legació referida a la vulneració de la Resolució de Parlament 151 IX en els següents termes: 'Per aquesta mateixa raó cal descartar l'al legació referida a l'incompliment de la resolució 151/IX del Parlament de Catalunya, en el ben entès que aquest tipus de resolucions tenen la seva repercussió en l'àmbit polític i no tant en el jurídic. D'altra banda, va ser el mateix Parlament el que va determinar finalment l'import de la partida pressupostària que ens ocupa en aprovar el pressupost de la Generalitat de Catalunya mitjançant Llei 6/2011.' Y en cuanto a los efectos retroactivos que la demanda atribuye a los módulos aprobados, se trata sin duda de un error de apreciación, pues el Acuerdo segundo de los mismos, prevé con claridad que los módulos aprobados lo son para las actuaciones profesionales que se lleven a cabo en el año 2017, y que se aplicarán con efectos del 1 de enero de 2017.
OCTAVO.-En cuanto a las costas, el artículo 139 LJCA establece que en primera o única instancia el órgano jurisdiccional al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho, lo que no concurre en el caso que nos ocupa.
Por su parte, en uso de la facultad que prevé el artículo 199.4 LJCA, se considera procedente limitar en este caso las costas al importe máximo de 2.000€, por todos los conceptos.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, FALLAMOS 1º.- DESESTIMAR el recurso contencioso administrativo interpuesto por ALTODO CATALUÑA, ASOCIACIÓN DE LETRADOS POR UN TURNO DE OFICIO DIGNO EN CATALUÑA, contra el 'ACORD DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE JUSTICIA I EL CONSELL DELS IL·LUSTRES COL·LEGIS D'ADVOCATS DE CATALUNYA PER A L'ESTABLIMENT DEL MARC D'ACTUACIÓ EN MATÈRIA DE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA GRATUÏTA DURANT L'ANY 2017'.
2º.- IMPONER a ALTODO CATALUÑA, ASOCIACIÓN DE LETRADOS POR UN TURNO DE OFICIO DIGNO EN CATALUÑA las costas causadas en el presente procedimiento, hasta la cuantía máxima de 2.000€.
Notifíquese la presente resolución a las partes en la forma prevenida por la Ley, llevándose testimonio de la misma a los autos principales.
Contra esta sentencia cabe, en su caso, recurso de casación, que se deberá preparar ante esta Sección en el plazo de 30 días desde su notificación, con arreglo al artículo 89.1 LJCA en la redacción conferida por la L.O. 7/2015, en relación con lo previsto en el artículo 86 y siguientes LJCA.
Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su pronunciamiento. Doy fe.