Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 542/2017, Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 242/2013 de 27 de Junio de 2017

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
En Valencia, a veintisiete de junio de dos mil diecisiete.
VISTOS los presentes autos por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, compuesta por los Ilmos. Srs. D. MARIANO
FERRANDO MARZAL, Presidente, D. CARLOS ALTARRIBA CANO, Dª DESAMPARADOS IRUELA JIMÉNEZ
y Dª ESTRELLA BLANES RODRÍGUEZ, Magistrados, ha pronunciado la siguiente:
SENTENCIA Nº: 542
En el recurso de apelación número 242/2013, interpuesto por PROMOCIONES PROINGIS LA
COSTERA S.L. contra la sentencia nº 400/12, de 19 de diciembre de 2012, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número Cuatro de Valencia en el recurso contencioso-administrativo ordinario
número 602/2011 seguido ante ese Juzgado.
Ha sido parte apelada el AYUNTAMIENTO MOIXENT; siendo Magistrada Ponente Dª
DESAMPARADOS IRUELA JIMÉNEZ.

Antecedentes

PRIMERO.- En el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Cuatro de Valencia se siguió el recurso contencioso-administrativo ordinario número 602/2011, deducido por Promociones Proingis La Costera S.L. frente al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Moixent de 27 de julio de 2011.



SEGUNDO.- En el expresado recurso contencioso-administrativo se dictó sentencia nº 400/12 en fecha 19 de diciembre de 2012 desestimándolo, sin hacer expresa imposición de costas procesales.



TERCERO.- Contra la anterior sentencia interpuso Promociones Proingis La Costera S.L., en tiempo y forma, recurso de apelación, solicitando se dictase por la Sala sentencia que revocase la de instancia, estimase íntegramente el recurso y declarase la no conformidad a derecho del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Moixent de 27 de julio de 2011, y reconociese como situación jurídica individualizada la culminación del proceso urbanístico con la tramitación del PAI, con expresa condena en costas a la parte apelada.



CUARTO.- Admitido a trámite por el Juzgado el recurso de apelación, se dio traslado al Ayuntamiento apelado, que formuló oposición, solicitando el dictado por la Sala de sentencia que desestimase expresamente el recurso de apelación, con imposición de costas a la contraparte.



QUINTO.- Elevados los autos a este Tribunal, y una vez recibidos, se formó el presente rollo de apelación, señalándose el asunto para votación y fallo.



SEXTO.- Se han cumplido en ambas instancias las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- El acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Moixent de 27 de julio de 2011, impugnado en el proceso de instancia por la mercantil ahora apelante, dispuso aprobar el expediente de retasación de cargas del PAI de sector 9 (industrial) 'La Milaria' del PGOU de Moixent, y resolver la adjudicación del citado programa, al quedar acreditada la concurrencia de la causa de resolución prevista en el art. 143.2.i) de la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana (LUV), así como declarar la cancelación del programa y la sujeción del suelo incluido en el ámbito de la actuación al régimen del suelo urbanizable sin programación.



SEGUNDO.- La sentencia apelada desestimó el recurso contencioso-administrativo deducido por Promociones Proingis La Costera S.L. frente al anterior acuerdo plenario municipal de 27 de julio de 2011, razonando el Juzgador de instancia, en síntesis, lo siguiente: -en primer lugar, no concurría ninguno de los motivos formales/procedimentales causantes de la nulidad o anulabilidad de la resolución municipal impugnada alegados por la demandante, por cuanto ésta había podido formular en vía administrativa las alegaciones convenientes a su derecho, y en sede jurisdiccional había podido ejercitar en plenitud la impugnación de tal resolución municipal.

-y en segundo lugar, se había producido una circunstancia sobrevenida que el urbanizador no había podido prever al redactar el programa de actuación integrada y que había modificado al alza las cargas urbanísticas fijadas por aquél en dicho programa, circunstancia consistente en el cambio por Iberdrola del punto de conexión propuesto inicialmente por el urbanizador, Desarrollo Urbanístico Mare Nostrum S.L.U., relativo a la ejecución de las infraestructuras necesarias para dotar de suministro eléctrico al sector 9 'La Milaria' de Moixent, y la imposición económica por Iberdrola de la participación en la ejecución de la futura ST de Moixent, Dicha circunstancia, añadía el Juzgador, había quedado acreditada mediante los documentos e informes obrantes en el expediente administrativo, cuyo contenido no había quedado desvirtuado mediante ninguna prueba de la parte actora.



TERCERO.- Frente a la expresada fundamentación jurídica de la sentencia de instancia se alza la mercantil apelante aduciendo, en esencia, los siguientes motivos de impugnación: -el urbanizador conocía la existencia del punto de conexión indicado por Iberdrola en el informe de 22 de mayo de 2006 que esta compañía suministradora emitió a solicitud de Promociones Proingis La Costera S.L., informe que ya anticipaba la conexión de la línea eléctrica del sector a la subestación eléctrica de Alcudia de Crespins, por lo que las consecuencias económicas que de ello se derivaban debieron evaluarse por quien se postulaba como agente urbanizador.

-el urbanizador no estaba legitimado para solicitar la retasación de cargas, dado el incumplimiento de los plazos regulados en el contrato que formalizó con el Ayuntamiento de Moixent, sin que pueda sostenerse que la falta de conocimiento por aquél del coste de la traída de la línea desde la subestación eléctrica de Alcudia de Crespins sea motivo de suspensión de las obligaciones que asumió en dicho contrato.

-la sentencia apelada adolece de falta de motivación en cuanto no da respuesta a la alegación que formuló la recurrente en la primera instancia judicial acerca de la indefensión que le supuso la no constancia en el expediente administrativo del informe del arquitecto municipal relativo al punto quinto del acuerdo plenario de 26 de mayo de 2010.

-la retasación de cargas se aprobó sin tramitar el oportuno expediente de licitación de obras, requisito obligado al superarse el umbral de 5.278.000 € recogido en el art. 120.6 de la LUV .

-por último, alega la apelante que no existió convenio entre el agente urbanizador e Iberdrola, sin que un mero informe emitido por ésta pudiera ser motivo de retasación de cargas.

Se opone el Ayuntamiento apelado a las alegaciones impugnatorias ejercitadas por la apelante y sostiene, en lo sustancial, que tanto los fundamentos jurídicos de la sentencia apelada como el pronunciamiento desestimatorio del recurso a que la misma llega son conformes a derecho.



CUARTO.- Así planteados los términos del debate procesal en esta segunda instancia, ha de comenzarse señalando que el urbanizador era el responsable del cálculo de los costes que por todos los conceptos conformaban los gastos del programa, incluidos los que tuvieran un carácter de mera estimación o previsión, al ser aquél, según lo que disponía el art. 127 de la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana (LUV) -aplicable, por razones temporales, al caso de autos-, el que debía incluir necesariamente en la proposición jurídico-económica del programa el presupuesto de licitación de la obra de urbanización y las cargas que como máximo se comprometía a repercutir a los propietarios afectados. Como principio general, la ejecución del programa se realiza a riesgo y ventura del urbanizador, pero el importe máximo de las cargas urbanísticas contenido en la proposición jurídico-económica repercutible a los propietarios podía ser incrementado en el caso de concurrir un supuesto de retasación de cargas ( art. 168.3 de la LUV). El apartado 4 de este precepto legal especificaba, entre los motivos de retasación de cargas, en lo que a efectos de la presente litis interesa, la aparición de circunstancias sobrevenidas que no hubieran podido preverse por el urbanizador al tiempo de redactar la proposición jurídico-económica del programa (párrafo primero, último inciso, del precepto). En ese supuesto podía considerarse ajustada a derecho la modificación al alza del importe máximo de las cargas de urbanización ofertado en la proposición jurídico-económica y podía repercutirse a los propietarios el resultado de la retasación, con el límite en todo caso del 20% establecido en el párrafo segundo del mencionado art.

168.4 -en el caso ahora enjuiciado, al sobrepasarse ese límite del 20%, el urbanizador solicitó al Ayuntamiento la resolución de la adjudicación del programa al amparo del art. 143.2.i) de la LUV -.

En un sentido similar al contenido expuesto del 168.4 de la LUV, su predecesora la LRAU indicaba en su art. 67.3 que sólo podían ser objeto de retasación de cargas las variaciones que obedecieran a causas objetivas cuya previsión no hubiera sido posible por el urbanizador al aceptar la adjudicación del programa en los términos en que el mismo hubiera sido aprobado. La finalidad perseguida por ambas leyes era, en definitiva, vincular al urbanizador a las determinaciones de la proposición jurídico-económica aprobada en virtud de la cual había sido seleccionado, no pudiendo éste consentir la aprobación del programa de actuación integrada y pretender después alterar los compromisos asumidos al aceptar la adjudicación del programa en sus propios términos y repercutir sobre los propietarios del sector las cargas que habían quedado excluidas de retasación por el acuerdo firme aprobatorio del programa.



QUINTO.- En el supuesto de autos, la Sala, tras el examen del expediente administrativo y de las actuaciones practicadas en la primera instancia judicial, considera, al igual que el Juzgado, que concurre la causa legal de retasación de cargas contemplada en el precitado art. 168.4, párrafo primero, último inciso, de la LUV , al haberse producido un incremento sobrevenido del importe máximo de las cargas de urbanización (5.097.711,44 €, IVA no incluido) ofertado por el urbanizador, Desarrollo Urbanístico Mare Nostrum S.L.U., en la proposición jurídico-económica del PAI del PAI del sector 9 'La Milaria' del PGOU de Moixent aprobado mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 27 de marzo de 2008, siendo debido ese incremento (1.737.267,63 €, IVA no incluido) a la aparición de la siguiente circunstancia que no pudo preverse por el urbanizador en el momento de la redacción de la proposición jurídico-económica: cambio de criterio llevado a cabo por Iberdrola en cuanto al punto de conexión para dotar de suministro eléctrico al sector, que en un primer momento fijó aquélla en la línea 15 denominada 'Renfe-Vallada' (ST Alcudia de Crespins), mientras que en el último informe de 15 de febrero de 2010 impuso la alimentación eléctrica del sector mediante la construcción de una futura S.T. en Moixent cuyo presupuesto ascendía a la aludida suma de 1.737.267,63 €, más el IVA correspondiente, comportando un incremento del importe de las cargas de urbanización fijado por el urbanizador en la proposición jurídico-económica del programa (incremento que, por ser superior al 20% condujo a que el urbanizador, tal como ha sido apuntado, renunciara a su derecho a continuar con la gestión del programa, por no poder repercutir dicho porcentaje a los propietarios, considerándose por el Ayuntamiento esa renuncia como causa de resolución del PAI - art. 143.2.i) de la LUV , antecitado-).

Todo lo anterior consta debidamente acreditado en el expediente administrativo mediante la memoria del documento de retasación de cargas presentado por el urbanizador ante el Ayuntamiento y mediante los documentos que adjuntó con dicha memoria, así como mediante los numerosos informes emitidos por los técnicos municipales, quedando justificado, sobre todo a través de esa documentación presentada por el urbanizador con la memoria, el referido cambio de criterio de la empresa Iberdrola. Sobre este particular cabe reseñar que cuando Desarrollo Urbanístico Mare Nostrum S.L.U. presentó el PAI desconocía el punto de conexión para dotar de suministro eléctrico al sector, ya que Iberdrola no le había notificado aún el informe de 29 de marzo de 2007 que emitió a solicitud suya en el que establecía el punto de conexión en la línea 15 'Renfe-Vallada' (ST Alcudia de Crespins), ante lo cual aquella urbanizadora procedió a incluir en el programa una estimación preliminar de gastos variables del coste de las infraestructuras precisas para el suministro de energía eléctrica al sector por importe de 50.000 €, en concepto de adecuación de la citada S.T. de Alcudia de Crespins. Tras resultar adjudicataria del programa, Desarrollo Urbanístico Mare Nostrum S.L.U. solicitó a Iberdrola en fecha 24 de abril de 2008 que le confirmara el punto de conexión del sector fijado en ese primer informe, emitiendo ésta un segundo informe de 6 de marzo de 2009 que modificó el anterior por cuanto, aunque seguía fijando el punto de conexión en la S.T. de Alcudia de Crespins, añadía la necesidad de realizar una LAAT de 132 KV hasta una futura ST Vallada, equipar esta subestación eléctrica e instalar una LAMT de doble circuito hasta la línea 15 'Renfe-Vallada, y de ahí trazar un simple circuito hasta Moixent, ascendiendo a 534.972 € el coste de todos esos trabajos a ejecutar por Iberdrola. No obstante, posteriormente esta compañía modificó por propia iniciativa el precitado informe y emitió el antes apuntado informe de 15 de febrero de 2010 en el que impuso la alimentación eléctrica del sector mediante la construcción de una futura S.T. en Moixent, cuyo presupuesto ascendía a la expresada suma de 1.737.267,63 €, más el IVA correspondiente.

De lo expuesto resulta indubitado que el incremento de cargas de urbanización por importe de 1.737.267,63 € obedeció a una circunstancia sobrevenida que no pudo prever el urbanizador al redactar el programa y que le impuso la compañía suministradora sin que mediara causa a él imputable. El incremento de cargas se produjo, pues, por una circunstancia ajena a la voluntad del urbanizador y no por su imprevisión.



SEXTO.- La apelante, Promociones Proingis La Costera S.L., se opone a la anterior conclusión argumentando, en primer lugar, que el urbanizador conocía antes de presentar el programa la existencia del punto de conexión fijado por Iberdrola en el informe de 22 de mayo de 2006 que esta compañía emitió dando respuesta a la solicitud que al respecto formuló aquella mercantil antes de iniciarse por el Ayuntamiento la tramitación de la licitación del PAI 'La Milaria', informe que, argumenta la apelante, ya anticipaba la conexión de la línea eléctrica del sector a la ST de Alcudia de Crespins y las consecuencias económicas que de ello se derivaban y que debieron, por tanto, haber sido evaluadas por quien se postulaba como agente urbanizador.

Esta argumentación de la apelante no permite tener por enervada la aludida conclusión de la Sala, puesto que, aun dando por supuesto que Desarrollo Urbanístico Mare Nostrum S.L.U. hubiera tenido conocimiento del informe de 22 de mayo de 2006 con anterioridad a presentar el programa, por constar unido al expediente administrativo, el incremento de cargas de 1.737.267,63 € sobre el importe máximo que hubiera fijado en el programa el urbanizador a partir de ese informe se habría producido igualmente a resultas de la expresada circunstancia sobrevenida que en ningún caso hubiera podido ser prevista por el urbanizador, circunstancia consistente, según ha sido ya explicado, en el ulterior cambio de criterio por Iberdrola en cuanto al punto de conexión impuesto para dotar de suministro eléctrico al sector.

SÉPTIMO.- Alega también la apelante que el urbanizador no estaba legitimado para solicitar la retasación de cargas, ante el incumplimiento por el mismo de los plazos regulados en el convenio que formalizó con el Ayuntamiento de Moixent en fecha 14 de julio de 2008 (en especial invoca la apelante el incumplimiento por aquél del plazo de presentación del proyecto de reparcelación). Tampoco esta alegación puede ser acogida: en lo que a efectos de esta litis interesa, el incumplimiento de plazos por el urbanizador sólo tendría relevancia si ello hubiera sido la causa de la aparición de la circunstancia sobrevenida e imprevisible para el urbanizador que condujo a la retasación, o hubiera coadyuvado a producirla, nada de lo cual ha quedado acreditado por la apelante en el caso de autos.

Por lo que se refiere a la alegación de la apelante acerca de que la retasación de cargas se aprobó por el Ayuntamiento de Moixent sin la previa tramitación del oportuno expediente de licitación de obras de urbanización, requisito obligado al no poder participar en la licitación de las obras el propio urbanizador ( art.

120.6 de la LUV ) y superar el presupuesto de ejecución de las mismas el umbral de 5.278.000 €, excluido el IVA, que establecía el apartado 4 de ese art. 120, se trata de una alegación cuyo necesario rechazo se impone teniendo en cuenta, sin más, que para alcanzarse en el caso ahora enjuiciado dicho umbral de 5.278.000 € a partir del cual se exigía por la ley la subasta de las obras de urbanización era de todo punto necesaria la aprobación de la retasación de cargas, pues en el programa aprobado por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 27 de marzo de 2008 el importe máximo de las cargas de urbanización contemplado (5.097.711,44 €, IVA no incluido) era inferior al citado umbral.

Ha de ser asimismo desestimada la argumentación de la apelante relativa a que no existió convenio suscrito entre el agente urbanizador e Iberdrola, sin que, añade aquélla, un mero informe emitido por Iberdrola en fecha de 15 de febrero de 2010 es el que hubiera servido de base para la suscripción del pretendido convenio y, por tanto, la ausencia del mismo (lógica, por otra parte, teniendo el cuenta que el urbanizador instó la resolución de la adjudicación del programa a tenor del art. 143.2.i) de la LUV ) no es obstáculo para apreciar la existencia del mencionado incremento de 1.737.267,63 € sobre el importe máximo de cargas de urbanización fijado por Desarrollo Urbanístico Mare Nostrum S.L.U en la proposición jurídico-económica del programa en su día aprobado por el Ayuntamiento.

En relación con lo anterior señala la apelante que, ante la ausencia de convenio, ese importe de 1.737.267,63 € no debe imputarse como retasación de cargas que supere el límite del 20% previsto en el art. 168.4 de la LUV , sino que de aquella suma habría que descontar los costes que hubieran sufragado los propietarios para extensiones de las redes de suministro y que hubieran tenido derecho a reintegrarse a cargo de las compañías que prestaran el servicio, excepto en la parte correspondiente a las conexiones propias de la actuación - art. 168.1.a), párrafo segundo, de la LUV -. Pero ese derecho de los propietarios no surge, obviamente, sino una vez se han ejecutado las obras de urbanización, lo que conduce a la desestimación de la alegación de la apelante.

OCTAVO.- Sostiene la apelante, por último, que la sentencia apelada adolece de falta de motivación en cuanto no da respuesta a la cuestión que adujo en la primera instancia acerca de la indefensión que le originó la no constancia en el expediente administrativo del informe del arquitecto municipal relativo al punto quinto del acuerdo plenario de 26 de mayo de 2010.

El Tribunal Constitucional tiene declarado que el vicio de incongruencia omisiva supone una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 de la Constitución cuando el órgano judicial omite toda consideración sobre una pretensión o alegación fundamental planteada oportunamente por las partes, salvo que quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los fundamentos contenidos en la resolución ( STC Sección 3ª, nº 9/2014, de 27 de enero ). Y esto último es precisamente lo que sucede en el caso de autos. La sentencia apelada toma en consideración aquella alegación de la recurrente (el Juzgador la reseña en el penúltimo párrafo del fundamento jurídico segundo, al enunciar las alegaciones impugnatorias planteadas por la parte demandante), y aunque no la desestima de manera expresa y particularizada, en el fundamento jurídico quinto ofrece el Juzgador la razón esencial por la que considera que el aludido motivo formal no puede ser acogido: no concurría ninguno de los motivos formales/procedimentales causantes de la nulidad o anulabilidad de la resolución municipal impugnada alegados por la demandante, por cuanto ésta no había sufrido indefensión, ya que había podido formular en vía administrativa las alegaciones convenientes a su derecho, y en sede jurisdiccional había ejercitado en plenitud la impugnación de la resolución municipal recurrida.

En definitiva, la sentencia de instancia no dejó imprejuzgada la citada cuestión formal suscitada por la apelante, ni ocasionó a ésta indefensión derivada del desconocimiento de los motivos en que se basó el Juzgador para desestimar ese alegato.

En cualquier caso, pasando la Sala a dar una respuesta más contundente a la indicada alegación de la apelante relativa a la no constancia en el expediente administrativo del citado informe del arquitecto municipal, entiende este Tribunal que esa circunstancia no originó efectiva indefensión a la recurrente, quien pudo solicitar en la primera instancia judicial el informe cuya ausencia ahora invoca (informe del arquitecto municipal relativo al punto quinto del acuerdo plenario de 26 de mayo de 2010), bien como compleción del expediente al amparo del art. 55 de la Ley 29/1998 , o bien como diligencia probatoria, y no lo hizo así.

NOVENO.- En conclusión, la retasación de cargas controvertida se produjo por la referida causa sobrevenida e imprevisible ajena a la voluntad del urbanizador, y el incremento de cargas de urbanización que comportó superaba el límite del 20% establecido en el párrafo segundo del art. 168.4 de la LUV , ante lo cual el urbanizador optó por renunciar a su derecho a continuar con la gestión del programa y solicitó al Ayuntamiento de Moixent la resolución de la adjudicación del programa a tenor del art. 143.2.i) de dicha ley , resolución que fue acordada por el Ayuntamiento, previo informe favorable de la Administración Autonómica ( art. 143.4 de la LUV ), mediante acuerdo del Pleno de 27 de julio de 2011 que, a resultas de todo lo fundamentado, es conforme a derecho.

Por consiguiente, procede la desestimación de la apelación y confirmación de la sentencia apelada.

DÉCIMO.- En aplicación del art. 139.2 de la Ley 29/1998 , no ha lugar a hacer expresa imposición de costas procesales de esta segunda instancia -a pesar de que se desestima el recurso de apelación-, por fundar la Sala la desestimación en una fundamentación jurídica más precisa que la contenida en la sentencia apelada, lo que constituye, a criterio del Tribunal, una circunstancia que justifica la no imposición de costas.

Fallo

FALLAMOS 1.- Desestimar el recurso de apelación número 242/2013, interpuesto por Promociones Proingis La Costera S.L. contra la sentencia nº 400/12, de 19 de diciembre de 2012, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Cuatro de Valencia en el recurso contencioso-administrativo ordinario número 602/2011 seguido ante ese Juzgado.

2.- Confirmar la sentencia apelada.

3.- No efectuar expresa imposición de costas procesales de esta segunda instancia.

La presente sentencia no es firme y contra ella cabe, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa , recurso de casación ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo o, en su caso, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Dicho recurso deberá prepararse ante esta Sección en el plazo de treinta días a contar desde el siguiente al de su notificación, debiendo tenerse en cuenta respecto del escrito de preparación de los que se planteen ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo los criterios orientadores previstos en el Apartado III del Acuerdo de 20 de abril de 2016 de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al Recurso de Casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo (BOE número 162, de 6 de julio de 2016).

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que ha sido para la resolución del presente recurso de apelación, estando celebrando audiencia pública esta Sala, de la que como Secretaria de la misma, certifico.