Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 584/2019, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Rec 182/2018 de 20 de Junio de 2019

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA

SALA DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU

SECCIÓ 3ª

Apel·lació núm. 182/2018

Procedència: Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona

Procediment Ordinari núm. 428/2017 (MC)

Apel·lant: ÁRIDOS GARCÍA, S.L (AGSL)

Apel·lat: DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (DTS)

S E N T È N C I A núm. 584/2018

Magistrats/ades:

IL·LM. SR. MANUEL TÁBOAS BENTANACHS, President

IL·LMA. SRA. ISABEL HERNÁNDEZ PASCUAL

IL·LM. SR. HÉCTOR GARCÍA MORAGO

Barcelona, 20 de Juny de 2019

LA SALA DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU (SECCIÓ 3ª) DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, en nom de S.M el Rei i de conformitat amb allò que disposa l' art 117.1 de la Constitució, ha pronunciat aquesta SENTÈNCIA, a les actuacions del recurs d'apel·lació núm.182/2018, interposat, com a apel·lant, per qui segueix: ÁRIDOS GARCÍA, S.L (AGSL), actuant sota la representacióde la ProcuradoraSRA. MÓNICA RATIA MARTINEZ i amb l'assistènciadel LletratSR. DANIEL GARCIA GIL.

Ha comparegut com a apel·lat: el DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (DTS).

Ha actuat com a Magistrat ponent l'Il·lm. Sr. HÉCTOR GARCÍA MORAGO, el qual expressa el parer de la Sala.

Antecedentes

PRIMER:A la peça de mesures cautelars del procediment ordinari núm. 428/2017, promogut per ÁRIDOS GARCÍA, S.L (AGSL) contra el DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (DTS), el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona dictà la Resolució interlocutòria de 31 de gener de 2018, a través de la qual denegà la mesura cautelar sol·licitada per la part actora.

SEGON:Disconforme amb la decisió que acabem d'esmentar,lapart demandant ha deduït apel·lació en temps i forma, amb l'oposició de la part demandada.

TERCER:Un cop elevades les actuacions a aquesta Sala, es va acordar formar-ne aquest rotlle d'apel·lació i designar Magistrat ponent. I un cop verificats els tràmits processals pertinents s'assenyalà el dia 18 de Juny de 2019 per tal de votar i decidir, la qual cosa es produí en aquests mateixos termes.

QUART:En la tramitació d'aquest recurs d'apel·lació han estat observades les prescripcions legals de rigor.

Fundamentos

PRIMER:A la peça de mesures cautelars del procediment ordinari núm. 428/2017, promogut per ÁRIDOS GARCÍA, S.L (AGSL) contra el DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (DTS), el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona dictà la Resolució interlocutòria de 31 de gener de 2018, a través de la qual denegà la mesura cautelar sol·licitada per la part actora.

Literalment, el Jutjat resolgué en el següent sentit:

NO HA LUGAR A LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES SOLICITADAS consistentes en la suspensión de la ejecutividad la Resolución de 3 de julio de 2017 que desestima recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de 3 de febrero de 2017 de la Directora General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT - ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, que acuerda la ejecución subsidiaria de los trabajos de restauración de la actividad extractiva Ametlla, en el término municipal de L'Ametlla de Mar con cargo a la recurrente, titular de la explotación, y estima un coste de la restauración según precios actualizados a 2015 de 67.297,41 euros, y 2950 euros correspondientes a la redacción del proyecto de restauración. Se imponen las costas a la parte recurrente con un límite máximo de 200 euros por cada parte comparecida.

L'anterior decisió vingué precedida dels raonaments jurídics que passem a transcriure en tot allò que interessa:

PRIMERO.- La suspensión del acto administrativo sólo será procedente cuando, de acuerdo con lo previsto en el artículo 130.1 LJCA, su no adopción pudiera hacer perder al recurso su finalidad, debiendo de acordarse previa valoración y ponderación de los intereses particulares implicados y los intereses públicos generales. En el supuesto de autos solicita ÁRIDOS GARCÍA, S.L. la suspensión de la ejecutividad la Resolución de 3 de julio de 2017 que desestima recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de 3 de febrero de 2017 de la Directora General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT - ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, que acuerda la ejecución subsidiaria de los trabajos de restauración de la actividad extractiva Ametlla, en el término municipal de L'Ametlla de Mar con cargo a la recurrente, titular de la explotación, y estima un coste de la restauración según precios actualizados a 2015 de 67.297,41 euros, y 2950 euros correspondientes a la redacción del proyecto de restauración.

SEGUNDO.- Los criterios jurisprudenciales fijados por el Tribunal Supremo en reiterada jurisprudencia (entre otras, STS de 12 de junio de 2001, 15 de junio de 2011 y 19 de junio de 2001) señalan que la suspensión de la ejecución del acto o de la disposición objeto del recurso es una medida cautelar que tiene como finalidad asegurar las resultas del proceso, así como evitar que la sentencia que en su día recaiga no pueda ser llevada a puro y debido efecto por causar perjuicios de imposible o difícil reparación, lo que ha de realizarse por medio de un juicio de ponderación con el principio de eficacia de la actividad administrativa establecido en el artículo 103.1 de la Constitución y el artículo 57 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que establece la presunción de validez de los actos administrativos, y de los que deriva la regla general de la ejecutividad inmediata de los actos y disposiciones administrativas. El artículo 24 de la Constitución impone la efectividad de la tutela judicial sin que en ningún caso pueda producirse indefensión, y el artículo 106.1 el control jurisdiccional sobre la actividad administrativa. En definitiva, para valorar los intereses en conflicto se ha de tener en cuenta el riesgo de que por la larga duración del proceso se cause un perjuicio al interesado, y la apariencia de 'buen derecho' en la pretensión del recurrente, los cuales han de ser valorados convenientemente por el juzgador en base a las manifestaciones y oferta probatoria del propio recurrente.

TERCERO.- El órgano jurisdiccional sólo puede realizar un análisis meramente indiciario de los intereses enfrentados para decidir esa primacía determinante de cuál ha de ser la solución procedente sobre la medida cautelar, pero ha de ofertarse un mínimo de prueba de los perjuicios irreparables o de muy difícil reparación para apreciar la procedencia de la suspensión de la ejecución, lo que no ha ocurrido en este caso o, más exactamente, los perjuicios alegados, caso de estimarse posteriormente el recurso en sentencia, podrían ser fácilmente reparados por medio, de ser procedente, indemnización por los posibles perjuicios irrogados a ÁRIDOS GARCÍA, S.L.. Sostiene su representación procesal, además de cuestiones de fondo

que han de ser resueltas en la sentencia definitiva, que existe apariencia de buen derecho al faltar base legal en la restauración acordada, por no estar ubicada la cantera en un espacio de interés natural; por haberse peticionario la restauración 18 años después del cese de la explotación en 1997, así como haber sido declarada la mercantil en concurso de acreedores.

En cuanto al peligro en la demora, el abono del coste de la restauración subsidiaria haría inviable la continuidad de la actividad, ya de por sí con pérdidas de explotación, e impediría el posible cumplimiento del convenio de acreedores que previene una espera de cinco años. En definitiva, si la administración ha tardado 18 años en iniciar la restauración subsidiaria desde que tuvo conocimiento, no puede decirse que la medida cautelar de suspensión produzca grave perjuicio a los intereses públicos generales o de terceros.

Pues bien, frente a ello ha de señalarse que la restauración de la legalidad y protección del medio ambiente están afectados por un claro interés público digno de protección, como reiteradamente la jurisprudencia establece, y el hecho de la demora también incide en el más que probable abandono de sus obligaciones en el momento del cese de la explotación, no aceptándose los trabajos realizados por la empresa explotadora.

El impacto ambiental se sigue produciendo y en algún momento han de acometerse las labores para proteger el medio y cumplir el principio de restauración a que se refiere la Ley 12/1981, por lo que ha de rechazarse la suspensión por lo que se refiere al inicio de los trabajos.

En cuanto al aspecto económico de las Resoluciones impugnadas, si bien sobre este aspecto se muestra poco expresiva la solicitud, también ha de rechazarse sin entrar en mayores precisiones por lo que se refiere a la situación concursal de la Sociedad (en todo caso presenta cuestiones procesales y sustantivas a resolver en sentencia).

Puede presuponerse que la situación de concurso voluntaria declarada por Auto de 2 de enero de 2013, así como la sentencia de 6 de noviembre de 2015 que aprueba la propuesta de convenio que presentó la concursada, indican una situación econòmica difícil pero, sin perjuicio de la calificación que merezca la deuda, lo cierto es que no se han ofrecido elementos concretos que nos permitan suspender la valoración económica incluida en la Resolución de 3 de febrero de 2017 de la Directora General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. Ante ello, teniendo en cuenta que los perjuicios que podrían irrogarse a ÁRIDOS GARCÍA, S.L. son de fácil cuantificación para el supuesto de que tuvieran que realizar gastos como consecuencia de la adopción de lo dispuesto en los actos administrativos impugnados, lo que habría de ser valorado en sentencia de resultar estimatoria y contar con justificante la parte recurrente, así como puede preconstituir elementos de prueba en orden a acreditar la situación actual de la explotación previa a la intervención de la Administración, se ha de desestimar la solicitud al deber de prevalecer el interés público.

SEGON:AGSL ha sol·licitat d'aquest Tribunal la revocació de la Resolució interlocutòria d'instància i, alhora, la concessió de la mesura cautelar controvertida.

Als anteriors efectes, la recurrent ha al·legat:

-Que resulta desproporcionat imposar una restauració als quinze anys del cessament de l'explotació.

-Que la Generalitat no es personà en el concurs de creditors a fi i efecte de fer valer el seu crèdit.

-Que es troba acreditada la restauració duta a terme l'any 1998, degudament comunicada a la Generalitat de Catalunya.

-Que la no suspensió dels actes administratius impugnats pot perjudicar de forma irreversible una situació concursal que es troba en la fase de compliment del conveni (i en aquest sentit es porta a col·lació l' art. 142.2 de la Llei concursal).

TERCER:El DTS s'ha oposat a l'apel·lació amb un conjunt d'al·legats que podríem resumir així:

-Els raonaments de l'apel·lant no són expressius d'una aparença de bon dret mínimament sòlida.

-El crèdit de la Generalitat de Catalunya no és un crèdit concursal, perquè l'expedient administratiu s'incoà després de l'aprovació del conveni esmentat per l'apel·lant. Es tracta d'un crèdit derivat directament de l'activitat concernida.

-Amb l'aprovació del conveni concursal la situació d'AGSL tornà a la normalitat i esdevingué alçat el concurs.

-En tot cas, d'acordar aquesta Sala i Secció la suspensió cautelar, s'hauria d'exigir una garantia.

QUART:L'apel·lació no podrà prosperar.

L'apel·lant no ens ha ofert una versió de la situació diferent de la que va haver d'analitzar amb ple encert el Jutjat d'instància, ni unes raons susceptibles d'enervar les serioses consideracions oposades per la defensa lletrada del DTS.

Haurem, doncs, de fer nostres i haurem de donar per reproduïts els sòlids raonaments jurídics de la Resolució interlocutòria apel·lada.

CINQUÈ:Atès allò que disposen els punts 2 i 4 de l'art. 139 LJCA, la desestimació de l'apel·lació haurà de venir acompanyada de la imposició de les costes d'aquesta alçada a la seva promotora; per bé que limitades a un màxim de 500 euros per tots els conceptes, IVA inclòs si és el cas.

Fallo

Per tot allò que ha estat exposat, aquesta Secció 3ª de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya HA DECIDIT:

DESESTIMARel present recurs d'apel·lació núm. 182/2018, promogut per ÁRIDOS GARCÍA, S.L amb l'oposició del DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA i, conseqüentment, CONFIRMAR en tots els seus extrems la Resolució interlocutòria adoptada el 31 de gener de 2018 pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona en la peça de mesures cautelars del procediment ordinari núm. 428/2017.

Amb la imposició de les costes d'aquesta alçada a l'apel·lant, en els termes del fonament jurídic cinquè.

Notifiqui's a les parts la present Sentència, que no és ferma. Contra la mateixa es pot deduir, si s'escau, recurs de cassació a través d'aquesta Sala, de conformitat amb allò que disposa la Secció 3ª, Capítol III, Títol IV de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (LJCA). El recurs haurà de preparar-se en el termini que preveu l' art. 89.1 LJCA.

Alhora, s'adverteix que al BOE núm. 162, de 6 de juliol de 2016, apareix publicat l'Acord de 20 d'abril de 2016, de la Sala de Govern del Tribunal Suprem, sobre l'extensió màxima i altres condicions extrínseques dels escrits processals referits al recurs de cassació .

Aquesta és la nostra Sentència, que pronunciem, manem i signem. Un cop ferma, adjunteu-ne una certificació literal al rotlle d'apel·lació i, als efectes pertinents, lliureu-ne testimoni al Jutjat d'origen junt amb les actuacions rebudes en el seu dia.

PUBLICACIÓ.-El dia d'avui i en audiència pública, el Magistrat ponent ha llegit i ha publicat la Sentència anterior. En dono fe.